Víctimas y familiares de los muertos en noviembre de 2019 en Sacaba, Cochabamba, llegaron hasta la Asamblea Legislativa Plurinacional, entregaron a la presidenta del Senado, Eva Copa, documentos y videos de los luctuosos hechos para iniciar un proceso contra el gobierno de Jeanine Áñez por delitos de genocidio y de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI).
“En mi calidad de presidenta (del Legislativo), lo que me queda es hacerles caso, es hacer cumplir las atribuciones que tengo dentro de la Constitución Política del Estado, que es la fiscalización y control”, respondió Copa al dirigirse a los familiares y las víctimas de Sacaba, en el salón Andrés Ibáñez del Senado, según un boletín institucional.
En noviembre, cocaleros y miembros de otros sectores sociales marcharon con rumbo a Cochabamba para respaldar a Evo Morales, que ya había renunciado en medio de una conflicto político y social derivado de denuncias de fraude electoral. Fuerzas combinadas de la Policía y de las Fuerzas Armadas tendieron un cerco para evitar el paso de la movilización.
Bachelet expresa preocupación por la falta de esclarecimiento de muertes en Sacaba y Senkata
Se desató la violencia que se saldó con nueve muertos por herida de bala. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseguró en ese entonces que las balas que mataron a los movilizados no salieron de las armas de las fuerzas combinadas.
Ricardo Leclere, abogado de los familiares de las víctimas de Sacaba, informó que no hay avance sustancial en las investigaciones sobre lo ocurrido hace cerca de un año.
“Básicamente la demanda que se está presentando es por los delitos de genocidio y de lesa humanidad en contra de la señora Áñez, Arturo Murillo, Fernando López, el Alto Mando Militar, Alto Mando Policial, comandante departamental de la Policía de ese entonces en Cochabamba», explicó.
El representante de la Federación del Trópico, Gerardo Puma, informó que se entregó a Copa una importante documentación que sustenta la demanda.
“La demanda es de 59 páginas, consiste en 85 videos y redacciones de prensa del hecho del 15 de noviembre de 2019, cronológicamente; está, por ejemplo, la declaración del ministro Arturo Murillo literal y luego viene su video que son pruebas fehacientes recabadas de los hechos del Gobierno, además estas pruebas están tipificadas y legalizados por la Fiscalía de Sacaba”, anunció.
El Legislativo formó la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre los Sucesos Acaecidos a partir del 21 de octubre de 2019, con el propósito de establecer responsabilidades intelectuales y materiales de la violenta intervención militar y policial que causó muertes en Sacaba y Senkata, en noviembre del año pasado.
El fiscal General, Juan Lanchipa, reveló que las Fuerzas Armadas se niegan a dar información, pese a una orden judicial, sobre los operativos de ese entonces, bajo el argumento de que es información secreta.
Durante los operativos estaba vigente un decreto que eximía de responsabilidad penal a los militares que actuaron en los operativos de control social.
(15/10/2020)