La Fiscalía requirió información al Segip (Servicio General de Identificación Personal) y al Serecí (Servicio de Registro Cívico) para conocer los domicilios del expresidente Evo Morales y del exvicepresidente Álvaro García Linera, luego que el gobernador Luis Fernando Camacho solicitó que testifiquen en el caso Golpe de Estado I.

“En relación a los testigos ofrecidos se emita requerimiento al SEGIP y SERECI a efectos de conocer los domicilios de las personas seriatadas y considerara la solicitud del impetrante” (sic), señala el documento, según una publicación de la red Unitel.

Camacho

La petición fue firmada por el fiscal del caso Omar Mejillones, el 13 de marzo.  El requerimiento también incluye al exministro de Gobierno Carlos Romero.

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La pasada semana, el abogado Martín Camacho explicó que las tres exautoridades deberán hacer varias aclaraciones en ese caso.

Por ejemplo, el hecho de “garantizaron”, en 2019, la presencia en La Paz del entonces líder cívico cruceño.

Fiscalía

En su criterio, la declaración de esas personas demostrará que Camacho no contaba con protección policial, como señalan los antecedentes del caso.

El gobernador cruceño guarda detención preventiva en Chonchocoro desde el 30 de diciembre de 2022. Esta acción se asumió luego que fue imputado por el delito de terrorismo, por el caso Golpe de Estado I.

Evo Morales

El caso investiga la supuesta comisión del delito de terrorismo.

El proceso tiene que ver con los hechos que derivaron en la proclamación de Jeanine Áñez. La opositora fue posesionada como presidenta transitoria, el 12 de noviembre de 2019, luego de la renuncia de Evo Morales.

García Linera

Áñez se había proclamado, primero, presidenta del Senado, sin el respectivo quórum, y posteriormente como mandataria, en sendos actos en la Asamblea Legislativa. Según la Fiscalía, no respetó el reglamento del Senado.

En el marco de ese proceso, también figuran otras exautoridades, como los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra. Ellos fueron parte de la administración de Áñez entre 2019 y 2020.

El senador por Cochabamba Leonardo Loza pidió al presidente Luis Arce reunirse con el Pacto de Unidad para que no se afecte al MAS y al proceso de cambio.

“Que se reúna (Arce) con el Conamaq y otros sectores, por el bien y por la salud del instrumento político. Nuestro proceso de cambio saludablemente ha pedido que nuestro presidente pueda llamar, o periódicamente tener reuniones con estos sectores”, dijo el legislador oficialista en conferencia de prensa.

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Crisis

El Pacto de Unidad está compuesto por el Conamaq y otras cuatro organizaciones de pueblos indígenas y campesinos.

El MAS vive una crisis interna que se hizo más evidente cuando legisladores conocidos como “evistas” tildaron a sus colegas denominados “arcistas” o “renovadores”, de traidores y vendidos, cuando fue aprobada la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero y Electoral.

Incluso desde la dirigencia del MAS se planteó la posibilidad de expulsar al presidente Arce y al vicepresidente David Choquehuanca, de las filas del MAS.

Los “renovadores” respondieron a sus colegas afirmando que Evo Morales busca desestabilizar al Gobierno de Arce.

División

Loza acusó a los legisladores “arcistas” de buscar la división del MAS a fin de satisfacer sus apetitos personales.

“Por culpa de algunos traidores, a título de renovación, están detrás de la división del MAS y de nuestras organizaciones sociales», dijo.

«Pero nuestro Gobierno, como sale del MAS y de nuestros movimientos sociales, no puede permitirlo», acotó.

Loza expresó su confianza en la administración de Luis Arce “entederá” estos pedidos y llamará a las reuniones que demandan las bases del MAS.

Para este 26 de marzo está programado el festejo del MAS, en Ivirgarzama, Cochabamba.

El líder nacional del MAS, Evo Morales, invitó a Arce a Choquehuanca a dicha celebración, por la «unidad» del instrumento político.

A la fecha, los mandatarios no confirmaron ni descartaron su asistencia.

En medio de medidas de presión en Potosí, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó que la industrialización de litio es un “proceso transparente”, en el marco de la soberanía.

“Es un proceso transparente y, sobre todo, con toda la responsabilidad que amerita para nuestro país y el departamento de Potosí. Es un proceso transparente, que lo ha llevado Yacimientos de Litio Boliviano (YLB)”, dijo la autoridad.

“Vamos a entrar en la era de la industrialización con la implementación de estas dos plantas (Uyuni y Coipasa) y el Gobierno tiene tuición, participación y soberanía en todo el proceso de producción y comercialización del litio”, agregó.

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En enero, YLB firmó un convenio con la empresa China CATL BRUNP & CMOC (CBC) para construir dos plantas industriales con tecnología EDL (Extracción Directa de Litio) en los salares de Uyuni y Coipasa.-

La primera está ubicada en el departamento de Potosí y la segundo, en Oruro. En ambas se invertirá $us 1.083 millones.

Al respecto, Alcón informó que se está socializando las características del modelo boliviano para la industrialización.

Potosí

De acuerdo con información oficial, en el primer semestre de este año el consorcio chino trabajará en el diseño e ingeniería de las plantas. Cada una tendrá una capacidad de producción de 25.000 toneladas.

Se prevé la conclusión de las obras para finales de 2024, por lo que las operaciones iniciarían durante el primer semestre de 2025.

La información de la viceministra se registra en momentos que el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) llevó a cabo medidas de presión en ese departamento, para que se apruebe un proyecto de ley del litio, consensuado.

Este jueves, la presidenta del Comcipo, Roxana Graz, dijo que Potosí no se opone a la industrialización del litio, pero exigen información transparente sobre el proyecto normativo.

Alcón

Aseguró, además, que no se cierran a sentarse a dialogar con el Gobierno.

“Hemos pedido con documentación, con cartas, resoluciones y no nos informan nada, no conocemos nada”, lamentó durante una entrevista en La Razón Radio.

“Le hemos pedido que vengan a explicarnos el proyecto de ley y no vienen, nos responden que están ocupado con otras prioridades. No hay voluntad”, añadió.

Graz recordó que entre los principales pedidos de Comcipo están un directorio que esté por encima de la empresa Yacimientos del Litio Boliviano (YLB). Además, que esté conformado por representantes de las gobernaciones de Oruro y Potosí y de las regiones productoras.

Asimismo, un comité científico conformado por profesionales que lleguen al cargo con meritocracia.

Litio

Entre el lunes y miércoles se llevó a cabo en Potosí un paro de 72 hora reclamando la aprobación de una ley de recursos evaporíticos.

Tras esa medida, Graz anunció que el 23 de marzo se reunirá el Consejo Consultivo para definir los pasos a seguir.

“El 23 de marzo tenemos un Consejo Consultivo, ahí deben venir nuestros representantes nacionales, senadores, diputados, a informar qué es lo que está sucediendo. A partir de eso se definirá si iniciamos con movilizaciones”, explicó.

La Dirección General Régimen Penitenciario garantizó que el exdirigente cocalero Cesar Apaza recibirá la debida atención médica en Chonchocoro. Retornó al penal tras el alta del Hospital de Clínicas. La Defensoría del Pueblo espera el informe médico.

“Correspondía a la administración penitenciaria devolverlo al centro penitenciario». «Porque él está con una detención preventiva, en el Penal de Chonchocoro”, informó el director nacional del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

Informe

En ese marco, garantizó que en el penal recibirá “la respectiva atención médica”. Ratificó que no hubo “atropellos” en la determinación de devolverlo a esa cárcel.

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“En ningún momento, desde que el privado de libertad ha estado en el Hospital de Clínicas, hubo un atropello. (Se realizó) todos los análisis y estudios que ha solicitado la familia”, afirmó.

“Una junta médica que se ha realizado el día de ayer, en la mañana, ha determinado a través de los médicos individuales dar la alta médica”, remarcó Limpias.

Régimen Penitenciario

En tanto, Miriam Apaza, hermana del dirigente cocalero, afirmó que el privado de libertad no puede desarrollar sus actividades por sí solo. Dijo que en su traslado se vulneró sus derechos.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo envió una delegación a Chonchocoro para las verificaciones correspondientes. Aguarda el informe de la junta médica para conocer el estado de salud actual de Apaza.

Defensoría

“Si el médico que lo atendió o la junta médica establece que el señor Apaza necesita estar en un hospital internado». «Nosotros vamos a accionar lo que corresponde”, informó Francisco Rodríguez, coordinador defensorial de La Paz.

El jueves, la abogada Evelyn Cossío denunció que Apaza fue trasladado al penal de Chonchocoro, a pesar que su estado de salud aún es delicado.

“Fue de forma sorpresiva. Bomberos y personal de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) llegaron al Hospital de Clínicas». «Lo trasladaron a Chonchocoro de forma abusiva y sin presentar justificativo”, denunció a los periodistas.

Apaza, procesado por la toma violenta del mercado de la coca de Villa El Carmen (8 de septiembre de 2022). Fue aprehendido y derivado con detención preventiva al penal de San Pedro.

Apaza

Pero en noviembre se dispuso su traslado a la cárcel de Chonchocoro.

El 15 de febrero fue hospitalizado de emergencia en el hospital de Clínicas debido a una embolia que le paralizó medio cuerpo.

Días después, su defensa legal solicitó la cesación de la detención preventiva.

La abogada Evelyn Cossío presentará una serie de acciones legales ante instancias internacionales para denunciar las vulneraciones de los derechos del exdirigente cocalero César Apaza.

Denunció el “ilegal” trasladado de Apaza al penal de Chonchocoro, desde el Hospital de Clínicas de La Paz, “a pesar que su estado de salud es aún delicado”, hecho que considera un atentado contra su vida.

“Bajo esas condiciones estamos recurriendo a instancias internacionales. Se van a presentar todas las acciones legales para denunciar que el Estado boliviano vulnera todos sus derechos y expone su vida”, dijo a los periodistas.

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Traslado

El miércoles por la tarde, bomberos y personal de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) trasladaron a Apaza a Chonchocoro. El exdirigente de los Yungas recibía atención médica por una embolia que sufrió el 15 de febrero.

“Hoy (jueves) estamos concluyendo ese trabajo referido a ese traslado arbitrario porque no se notificó a la familia ni a su defensa sobre el alta médica», indicó.

«No sabemos quién ha solicitado y quién ha ordenado el traslado”, aseguró Cossío.

La jurista indicó que se desconoce en qué condiciones está porque no se les dijo si volverá a su celda antigua o se acondicionará un área para ser asistido.

“César Apaza no puede valerse por sí mismo. La familia y los abogados desconocemos el informe clínico, que lo hemos solicitado hace un mes, pero hasta ahora no lo han entregado”, afirmó.

Proceso

Apaza está procesado por la toma violenta del mercado de la coca de Villa El Carmen, el 8 de septiembre de 2022. Fue aprehendido y enviado con detención preventiva al penal de San Pedro, pero en noviembre se dispuso su traslado a la cárcel de Chonchocoro.

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que la decisión de traslado la tomó una junta especializada que otorgó el alta médica en base a “estudios pertinentes”.

Aseguró que desde su dirección se respetó en todo momento los protocolos habituales y derechos de Apaza.

«Sin incurrir en arbitrariedad alguna ni poner en riesgo al paciente”, dijo.

Detención

La detención preventiva de Apaza concluye este 23 de marzo; sin embargo, Cossío lamentó que la Fiscalía haya solicitado una ampliación de cuatro meses, al igual que del exdirigente cocalero Freddy Machicado.

La solicitud de ampliación se presentó en el Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal de La Paz.

Ello porque hay 18 personas involucradas en la investigación por la presunta comisión de 14 delitos.

“La audiencia se realizará el 23 de marzo. La Fiscalía dice que se tiene que ampliar la detención preventiva porque la investigación es compleja, pero en ningún momento se ha tomado en cuenta su estado de salud”, aseveró.

Los familiares y la defensa de Apaza impulsan una acción de libertad.

Ello a fin de que pueda cumplir con la determinación judicial en su domicilio, mientras recibe atención médica.