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Wednesday 21 Feb 2024 | Actualizado a 04:25 AM

Arce devuelve la wiphala a la banda presidencial e incorpora el patujú y la kantuta

Aunque la bandera andina estaba plantada en oficinas públicas en el casi un año de régimen transitorio, Jeanine Áñez la retiró de la emblemática prenda.

/ 10 de noviembre de 2020 / 17:43

El presidente Luis Arce devolvió a la banda presidencial el diseño de la wiphala, emblema andino que su antecesora, Jeanine Áñez, lo había retirado de la prenda, a tono con su antiguo discurso contra las manifestaciones indígenas.

En sus apariciones oficiales, como la posesión del domingo y las celebraciones departamentales de Potosí de este martes, el mandatario no solamente repuso la wiphala, sino también incorporó las flores del patujú, que representa a ls naciones indígenas de tierras bajas, y la kantuta.

Evo Morales ya había incluido la wiphala en la banda presidencial. Sin embargo, en el gobierno transitorio desapareció.

En los conflictos políticos de noviembre de 2019, algunos policías se despojaron de los uniformes la insignia de la wiphala y muchos manifestantes quemaron el emblema en varios puntos del país.

El uso o no de la wiphala había generado graves conflictos políticos en la crisis, cuando había renunciado el entonces presidente Evo Morales. Los detractores de éste, entre ellos algunos policías, habían vinculado al emblema con el expresidente y su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS).

El 12 de noviembre, una multitudinaria marcha llegó de El Alto a la Plaza Mayor de La Paz para hacer un desagravio a la wiphala, además de desconocer a la presidenta recién proclamada.

Incluso, Luis Fernando Camacho, que entonces como presidente del Comité pro Santa Cruz, había liderado las protestas, dijo que no conocía el significado de esa enseña. Pero ante la gravedad del agravio, afirmó aquel 12 de noviembre: “Hoy día sucedieron hechos que no debieron suceder, como la quema de la wiphala en el Palacio de Gobierno; tenemos que aprender que esta bandera representa a los indígenas”.

El 13 de noviembre, la propia Policía Boliviana rindió un acto de desagravio. Y la entonces mandataria también se había sumado en un video a ese sentimiento. “He instruido que junto a nuestra sagrada tricolor se mantenga nuestra wiphala; somos un país plural y diverso”, afirmó.

Aunque la bandera andina estaba plantada en oficinas públicas en el casi un año de régimen transitorio, Áñez la retiró de la banda presidencial.

Su actuación coincidió con un discurso que había pronunciado en la Asamblea Legislativa (2006-2008), cuando era constituyente de oposición. “En mi región, no queremos ser el Kollasuyu, no queremos una bandera como la wiphala; queremos siempre Bolivia, queremos la bandera rojo, amarillo y verde”, dijo entonces.

El artículo 6 de la Constitución Política del Estado establece como símbolos patrios la bandera tricolor, el Himno Nacional, el escudo de armas, la wiphala, la escarapela, la flor de la kantuta y la flor de patujú.

(10/11/2020)

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Asambleístas del MAS en Santa Cruz piden a la Justicia llevar el juicio oral de Camacho de forma virtual

Este martes se conoció la notificación del Tribunal Sentencia Octavo de la Capital al gobernador de la cárcel de Chonchocoro en La Paz, mayor Marco González, para el traslado de Camacho a Santa Cruz y así asegurar su presencia en el juicio oral por el caso Decretazo, que empieza el lunes 11 de marzo a las 13.30.

Luis Fernando Camacho.

/ 21 de febrero de 2024 / 01:35

Tras conocer la notificación para el traslado de Luis Fernando Camacho a Santa Cruz, los asambleístas departamentales por el Movimiento Al Socialismo (MAS) solicitaron al Tribunal de Sentencia Octavo de la Capital que se lleve la audiencia de juicio oral en contra de la autoridad cruceña de formar virtual.

De acuerdo al petitorio de los asambleístas Clemente Ramos, Dilfe Rentería y Raquel Valencia, esta resolución les “causa alarma y genera un agravio” que merece una «rectificación y enmienda» por parte de ese tribunal. 

“De persistir la decisión de que se lleve a cabo la audiencia de juicio oral de manera presencial, con seguridad se puede generar caos social existiendo al parecer en ese sentido una oscura y mal intencionada actitud y un direccionamiento, debido a que al ordenarse el traslado del acusado se va a provocar la imposibilidad de llevar el juicio oral, porque el mismo está detenido preventivamente en otro recinto penitenciario y dentro de otro caso”, señala parte de la argumentación del documento enviado por los asambleístas. 

Añade “solicito respetuosamente se revierta la decisión del traslado del mencionado acusado desde Chonchocoro de la ciudad de La Paz hasta la cárcel de Palmasola de esta ciudad de Santa Cruz, pidiendo que la audiencia señalada de juicio oral en el presente proceso en la fecha indicada se celebre de manera virtual en razón de los argumentos expuestos”.

Este martes se conoció la notificación del Tribunal Sentencia Octavo de la Capital al gobernador de la cárcel de Chonchocoro en La Paz, mayor Marco González, para el traslado de Camacho a Santa Cruz y así asegurar su presencia en el juicio oral por el caso Decretazo, que empieza el lunes 11 de marzo a las 13.30.

Lea más: Tribunal de Sentencia notifica al gobernador de Chonchocoro para traslado de Camacho a Santa Cruz

“Ordenando al gobernador de San Pedro de ‘Chonchocoro’ de la ciudad de La Paz, coordinar con Régimen Penitenciario para el traslado de Luis Fernando Camacho Vaca, de la ciudad de La Paz a la ciudad de Santa Cruz, debiendo ser puesto bajo custodia del gobernador del Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola un día antes de la celebración de la audiencia de juicio oral”, señala el documento que data del 31 de enero y fue publicado por el abogado defensor Martín Camacho, en su cuenta de la red X.

En octubre del año pasado, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra el Gobernador cruceño en el caso Decretazo. Es acusado por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. La Fiscalía pide una sentencia de seis años de cárcel contra la autoridad departamental que cumple detención preventiva en Chonchocoro desde diciembre de 2022.

En marzo de 2022, cuando viajó a Brasil a un encuentro de gobernadores de la región, el Gobernador encargó sus funciones al entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, en vez de hacerlo al vicegobernador Mario Aguilera. Con ese fin, promulgó el Decreto Departamental 373.

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Primer día de inscripciones, sin postulantes para las judiciales

El proceso de preselección y elección de las nuevas autoridades del Órgano Judicial se realizará en un plazo máximo de 230 días.

Comisiones Mixtas de Constitución y de Justicia Plural en la apertura de recepción de postulantes al TCP y Órgano Judicial.

Por Boris Góngora

/ 20 de febrero de 2024 / 23:28

El primer día de registro para las elecciones judiciales terminó sin postulaciones, ante las dos comisiones a cargo de este proceso en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Las inscripciones se reciben de 08.30 a 12.00 y de 14.30 a 18.00.

El secretario técnico de la Comisión Mixta de Constitución, Marcelo Maldonado, informó este martes que aún no hay interesados para postular a los altos cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Esta mañana se hizo la apertura a través de los libros notariados para que los postulantes a magistrados del Tribunal Constitucional o Tribunal Supremo de Justicia puedan venir e inscribirse. Empezó a las 08.30 y se cerró a las 18.00. No hemos tenido participación para inscribirse, pero si vino gente a preguntar cuáles son los requisitos comunes y los específicos”.

Dijo que se explicó que el 10 de marzo es el último día para el registro, tal como establece la convocatoria para la preselección de candidatos para las judiciales. 

“Este plazo incluye pedir algunos documentos, como el caso de la Contraloría General del Estado, creo que es una solvencia fiscal. Lleva un tiempo poder hacerlo. Consideramos que el jueves ya podría haber postulantes a lo que va a ser el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo”.

Complementó que al tratarse de otra etapa de preselección, diferente a la que se dio en 2023 con la resolución 07, los documentos que presentaron entonces los postulantes, como el certificado del Registro de Antecedentes Judiciales Penales (REJAP), debe volver a tramitarse porque tiene vigencia de un año. 

Lea más: Se abre el registro de postulantes y corren los 230 días para las elecciones judiciales

“Esta es una nueva convocatoria y obedece al marco normativo de la Ley 1549. Hoy se han aproximado a la Comisión Mixta tres abogados, los cuales han pedido la devolución de la documentación que presentaron en marzo y abril del año pasado, en ese sentido se los ha orientado de que tienen que presentar nuevamente en este plazo, hasta el 10 de marzo”. 

Mientras que un funcionario de la Comisión Mixta de Justicia Plural subrayó también que en esta jornada no se recibieron postulantes para el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

“No ha venido ninguna persona a registrarse, pero sí han venido varios abogados a hacer consultas respecto a la vigencia de la documentación y la legalidad de algunos documentos. Hay todavía algunas dudas al respecto”, dijo, a Cadena A.

La etapa de presentación de postulaciones tiene una duración de 20 días, para ingresar a la verificación de requisitos comunes y específicos por un periodo de cinco días, los cuales deberán ser aprobados por dos tercios de los miembros de cada comisión.

Posteriormente, se llevarán a cabo las impugnaciones, la revisión de éstas, las evaluaciones orales y de méritos, y se emitirá un informe por parte de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural al pleno de la Asamblea Legislativa.

Al final, se tendrá una lista de entre 36 y 72 postulantes para cada tribunal, garantizando la equidad de género y la representación indígena originaria campesina.

El proceso de preselección y elección de las nuevas autoridades del Órgano Judicial se realizará en un plazo máximo de 230 días.

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Tribunal de Sentencia notifica al gobernador de Chonchocoro para traslado de Camacho a Santa Cruz

La defensa legal de la autoridad cruceña, Martín Camacho, indicó que “el traslado del @ElgobernadorLfc es un hecho por que corresponde por ley"(sic).

El gobernador Luis Fernando Camacho cuando fue trasladado a la cuidad de La Paz desde Santa Cruz.

Por Boris Góngora

/ 20 de febrero de 2024 / 23:00

Desde Santa Cruz, el Tribunal de Sentencia Octavo de la Capital notificó al gobernador de la cárcel de Chonchocoro en La Paz, mayor Marco González, para el traslado de Luis Fernando Camacho a Santa Cruz y así asegurar su presencia en el juicio oral por el caso Decretazo, que empieza el lunes 11 de marzo a las 13.30.

“Ordenando al gobernador de San Pedro de ‘Chonchocoro’ de la ciudad de La Paz, coordinar con Régimen Penitenciario para el traslado de Luis Fernando Camacho Vaca, de la ciudad de La Paz a la ciudad de Santa Cruz, debiendo ser puesto bajo custodia del gobernador del Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola un día antes de la celebración de la audiencia de juicio oral”, señala el documento que data del 31 de enero y fue publicado por el abogado defensor Martín Camacho, en su cuenta de la red X.

El jurista indicó que “el traslado del @ElgobernadorLfc es un hecho por que corresponde por ley. En juicio oral deben respetarse los principios de oralidad, inmediación, inmediatez, contradicción y publicidad, así como la garantía del debido proceso, la defensa y la correcta administración de justicia” (sic).

Lea más: Juez ordena libertad para Camacho en un caso, pero no podrá salir de Chonchocoro

En octubre del año pasado, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra el Gobernador cruceño en el caso Decretazo. Es acusado por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. La Fiscalía pide una sentencia de seis años de cárcel contra la autoridad departamental que cumple detención preventiva en Chonchocoro desde diciembre de 2022.

En marzo de 2022, cuando viajó a Brasil a un encuentro de gobernadores de la región, el Gobernador encargó sus funciones al entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, en vez de hacerlo al vicegobernador Mario Aguilera. Con ese fin, promulgó el Decreto Departamental 373.

Según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, en ausencia del Gobernador, el cargo debe ser ocupado por el Vicegobernador. Entonces, la medida fue cuestionada por el mismo Aguilera, quien dijo que no fue notificado con el reemplazo y que el decreto había sido “bajado” después de la Gaceta Departamental.

Este extremo fue considerado ilegal por los asambleístas opositores del Movimiento Al Socialismo (MAS), mientras la Gobernación de Santa Cruz alegó que fue un “error” el retiro digital del decreto y anunció una investigación.

El Gobernador está detenido en el marco de las investigaciones del caso denominado Golpe de Estado I, que investiga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, quien renunció asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas por Camacho como dirigente cruceño, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.

Actualmente, Aguilera es el gobernador suplente, tras un fallo del Tribunal Constitucional que ordenó su posesión ante la imposibilidad de Camacho para dirigir la Gobernación. Esto fue cumplido a regañadientes por la Asamblea Legislativa Departamental y la alianza política Creemos.

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Molina reivindica judiciales para cambio de magistrados y dice que se irá con la ‘conciencia tranquila’

El presidente del Consejo de la Magistratura dijo que la prórroga de mandato “no deja de ser una situación bastante incómoda”, la cual se hubiera solucionado “sobre todo” respetando las reglas de la Constitución Política.

El presidente del Consejo de la Magistratura (CM), Marvin Molina, en un acto protocolar.

Por Boris Góngora

/ 20 de febrero de 2024 / 22:52

El presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, reivindicó las elecciones judiciales para el cambio de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y las otras instancias del Órgano Judicial, e indicó que se irá con “la conciencia tranquila”. 

“Yo estoy con la conciencia muy tranquila y lo único que estoy aguardando es a ver a qué autoridad le voy a hacer entrega de la oficina. Y, de verdad, que vamos a dejar un Consejo de la Magistratura por lo menos en mejores condiciones de las cuales hemos encontrado”, indicó, en el programa “La mañana en directo” de Erbol.

Añadió que la prórroga de mandato “no deja de ser una situación bastante incómoda”, la cual se hubiera solucionado “sobre todo” respetando las reglas de la Constitución Política.

El Tribunal Constitucional dictaminó la extensión de las funciones de los magistrados y los consejeros que cumplieron su mandato constitucional el 31 de diciembre de 2013, hasta que se lleven a cabo los comicios judiciales. 

“La única forma de reemplazar a las altas autoridades constitucionales es mediante elecciones judiciales, dice la Constitución, y nosotros, por lo menos en mi institución, hemos recibido con beneplácito la promulgación de la Ley 144 y la convocatoria a judiciales, que considero es la forma más democrática y más correcta del relevamiento de autoridades”.

Indicó que la única norma vinculante que tienen como autoridades judiciales es la Declaración Constitucional 049/2023, que determinó la prórroga de mandato, la cual está enmarcada en el procedimiento de la Ley 254 del Código Procesal Constitucional y la Constitución.

“Es la única norma vinculante que en este momento se ha generado para darle respuesta a este tipo de vacío de poder que ha quedado ante la falta de convocatoria y de ley que vaya a reemplazar a las autoridades judiciales, lo cual obviamente no es de nuestra competencia”.

Agregó que pretender “cerrar de forma parcelada” las máximas entidades judiciales implicaría paralizar parte del funcionamiento del Estado, una “ruptura institucional” que no le hará bien al Estado de derecho.

Así, se pronunció sobre la intención en la Asamblea por parte del bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos de aprobar los proyectos de ley 073 y 075 para suspender los plazos procesales y cesar a los magistrados.

Lea más: En busca de magistrados y consejeros, surgen nombres y Rodríguez dice no, ‘gracias’

“En lo particular, en el caso de mi institución a la cual regento, es un poco más complejo porque todas las competencias señaladas en la Ley 025 están relacionadas al funcionamiento de la Sala Plena y eso pasa con todas las entidades judiciales. Qué quiere decir eso, si hay una proyección de suspender el funcionamiento de nuestras entidades y hacerlas quedar simplemente como receptoras de documentación, no solo es una ley que se debe proyectar, sino se deben modificar muchas otras leyes y ahí hay que ser bastante claros, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) ha determinado que la denegación de justicia para una sola persona o para cuantas quieran desde ya pone en una situación incómoda al país”, advirtió.

El 2 de febrero, las tres fuerzas en el Legislativo (MAS, CC y Creemos) alcanzaron un acuerdo para garantizar la ley de las judiciales, empero, también se acordó el tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075, además de otros referidos a créditos externos.

Desde el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales departamentales se emitieron posiciones que defienden la prórroga de mandato y se alertó sobre las posibles consecuencias en la Justicia en caso de suspenderse el trabajo de las máximas entidades del Órgano Judicial.

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Dos dirigentes del fútbol boliviano son citados a declarar dentro el caso Marset

El fiscal reiteró que ambos dirigentes declararán en calidad de testigos, de manera personal y “no como institución” a la que regentan.

La captura de televisión del adelanto de la entrevista a Sebastián Marset.

/ 20 de febrero de 2024 / 19:02

La Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico extendió citaciones en calidad de testigos para dos altos dirigentes del fútbol boliviano dentro las investigaciones del caso Sebastián Marset Cabrera por el delito de tráfico de sustancias controladas.

El fiscal asignado al caso, Julio César Porras, indicó que los dos altos dirigentes deberán comparecer ante la comisión de fiscales en la fecha y hora fijada.

“La comisión el día de ayer (lunes) ha emitido comparendo, citaciones a dos personas, que es el señor Noel (Montero, presidente de la Asociación Cruceña de Fútbol) y (Fernando) Costa de la Federación (Boliviana de Fútbol). Uno es para el día miércoles a las 10 de la mañana y el otro del señor Costa para el jueves 10 de la mañana”, informó Porras a Clave 300. 

El fiscal reiteró que ambos dirigentes declararán en calidad de testigos, de manera personal y “no como institución” a la que regentan.

Lea más: Viceministro Ríos asegura que no se detectó a policías que hayan protegido a Marset

“Voy a escuchar a esas dos personas para ver algunas inquietudes o preguntas que le va a realizar la comisión”.

Marset ingresó desde 2018 a Bolivia. En septiembre de 2022 se registró con un nombre falso, Luis Amorim Santos, con el que incluso se hizo pasar por un futbolista del club Los Leones FC de El Torno.

El narco es el hombre más buscado en Bolivia desde que salió indemne de un megaoperativo el 29 de julio. El plan era capturarlo en su lujosa vivienda en la ciudad de Santa Cruz, pero logró fugar junto a su esposa, sus hijos y su equipo de seguridad.

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