Nacional

sábado 14 may 2022 | Actualizado a 15:43

La Fiscalía imputa a un general por la ‘masacre’ de Senkata; Murillo y López también son investigados

Luis Valverde Ferrufino ordenó el retorno de seis carros de asalto, que participaron en el operativo de traslado de carburantes de la planta de Senkata, el 19 de noviembre de 2019, tras lo cual hubo la represión a los movilizados, que se saldó con 10 fallecidos.

/ 9 de febrero de 2021 / 11:40

El fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, reveló este martes que se realizó la primera imputación por la “masacre” de Senkata del 19 de noviembre de 2019. Se trata del general en retiro Luis Fernando Valverde Ferrufino, quien entonces cumplía funciones como director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), del Ministerio de Hidrocarburos.

Según la acusación, ese día Valverde estaba al tanto del operativo militar y policial para el traslado de combustible y gas licuado de petróleo desde la planta de Senkata hasta el regimiento Ingavi de El Alto, bajo el amparo de un decreto de la presidenta Jeanine Áñez que eximia de cualquier cargo penal a los efectivos castrenses para restablecer el orden.

Eran momentos de protestas en el país, tras la renuncia del presidente Evo Morales, el 10 de noviembre, asfixiado por paros cívicos, un motín policial, la sugerencia de las Fuerzas Armadas para su dimisión y un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que alimentó el discurso del fraude electoral. Por ello, Senkata se encontraba bloqueada.

Cossío explicó que el operativo que empezó a las 10.30 fue efectuado con éxito. Sin embargo, ante la rearticulación de las protestas y la amenaza de la gente para voltear el muro perimetral de la planta, se tiene datos de que Valverde dio la orden para el retorno de seis mecanizados blindados que protegían el convoy de cisternas, a la planta engarrafadora de la zona alteña.

“Dispuso ponerse de nuevo su grado de general. Eso nos llama la atención, ya que solo estaba como director de la ANH”. El fiscal señaló que la información fue confirmada por militares que estaban en los carros de asalto. Se estableció que Valverde se comunicó con el entonces ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, para tomar la determinación.

Además, por las pruebas recolectadas se tiene que los disparos que provocaron los 10 decesos y heridos provinieron tanto de estos mecanizados blindados como del interior de la planta de Senkata. Cossío indicó que los delitos por los que se imputa a Valverde son incumplimiento de deberes, asesinato, homicidio, lesiones graves y leves, entre los principales.

Añadió que ya se solicitó al juez que programe una audiencia de medidas cautelares, en la que se pedirá la detención preventiva del general en retiro, quien será notificado en Cochabamba, donde reside. Cossío afirmó que Valverde, en su declaración informativa, dijo que solo cumplió la ley y ordenó el retorno de los blindados para evitar un “mal mayor”.

Eso no es todo. También se amplió la investigación a los exministros Arturo Murillo (Gobierno) y Luis Fernando López (Defensa), quienes están prófugos en Estados Unidos. Se los apunta por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, al haber firmado el decreto que establece el plan del operativo.

(09/02/2021)

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Gustavo Torrico asume como viceministro de Coordinación en lugar de Freddy Bobaryn

Bobaryn había emitido un mensaje crítico en sus redes sociales; sin mencionar nombres, dijo que “Fueron contados quienes lo arriesgaron todo durante el golpe, muchos optaron por huir, asilarse o esconderse”.

La posesión de Gustavo Torrico. Foto: Roberto Guzmán

/ 14 de mayo de 2022 / 09:46

Gustavo Torrico asumió este sábado como viceministro de Coordinación Gubernamental en lugar de Freddy Bobaryn, en un acto en el que fue posesionado por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

Prada le encomendó a Torrico que asuma la responsabilidad de apoyar en la gestión que lleva adelante el Gobierno.

El nombramiento ocurre luego de que Bobaryn publicara un mensaje crítico en sus redes sociales, el 7 de mayo, en el cumpleaños del vicepresidente David Choquehuanca.

“Fueron contados quienes lo arriesgaron todo durante el golpe, muchos optaron por huir, asilarse o esconderse. Hoy festejamos el retorno del sol de nuestro jilada Choquehuanca, qué mejor ocasión para conmemorar junto a él la victoria del pueblo boliviano, y la madurez del instrumento político”, indicó. “Hemos demostrado que el MAS-IPSP ¡NO es una persona!”.

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La Fiscalía imputa a exsubcomandante por traslado ‘irregular’ de armamento de Ecuador en noviembre de 2019

Se acusa a Claudio Z.E.L. por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de armas y tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales en grado de complicidad.

Los pertrechos hallados en ambientes de la Policía. Foto: APG

/ 4 de mayo de 2022 / 13:30

La Fiscalía de La Paz informó este miércoles que se imputó formalmente a Claudio Z.E.L., exsubcomandante de la Policía, por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de armas y tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales en grado de complicidad, en el caso de traslado “irregular” de ese material desde Ecuador, en 2019.

Se lo acusa de haber solicitado los agentes químicos que se requerían para la Policía por intermedio de sus direcciones dependientes, y que habría realizado el seguimiento del transporte para la correspondiente distribución a la Policía, apenas iniciado el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, señala una nota institucional del Ministerio Público.

“En este caso, la comisión de fiscales emitió la imputación formal en contra de esta exautoridad policial quien, en su calidad de subcomandante de la Policía, habría participado de la reunión en Palacio de Gobierno el 15 de noviembre de 2019, a horas 16.30, aproximadamente, junto con el excomandante de la Policía Rodolfo M. T. Además, habría realizado el seguimiento y supervisión de los dos funcionarios que viajaron al país del Ecuador y trasladaron los agentes químicos a Bolivia que, posteriormente, fueron distribuidos a las direcciones dependientes de la Policía Boliviana”, indicó el fiscal departamental de La Paz, William Alave.

Mientras que el fiscal anticorrupción, Eddy Flores, remarcó que el imputado es acusado de haber convocado al jefe del Departamento Nacional de Armamento y Equipo, William F. H., para que asista al Palacio de Gobierno y se traslade al hangar de los Diablos Negros de El Alto. “El exjefe policial habría realizado la supervisión el 16 de noviembre de 2019, sobre la distribución equitativa con las Fuerzas Armadas de los agentes químicos, lo que establece su presunta participación en calidad de complicidad debido a que facilitó y cooperó en la ejecución del hecho”.

El material estaba constituido por 5.000 unidades de granadas de mano GL-302, 1.000 unidades de proyectiles de largo alcance calibre 37mm, 560 unidades de proyectiles de corto alcance calibre 37mm, y 500 unidades de granadas de sonido y destello para exteriores.

“La comisión de fiscales que investiga el caso solicitará en la audiencia de medidas cautelares la detención preventiva del exjefe policial para asegurar su presencia mientras dure la investigación, además se continuarán realizando los actos investigativos necesarios que ayuden a esclarecer el hecho, como continuar citando a más testigos”, añade la nota.

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El juicio contra Áñez se suspende hasta que el TCP responda a recurso; la Fiscalía ve una medida dilatoria

Los abogados de la expresidenta transitoria presentaron una acción de inconstitucionalidad en el caso Golpe de Estado II.

Una de las audiencias del juicio contra Jeanine Áñez. Foto: Álvaro Valero

/ 4 de mayo de 2022 / 12:06

Al final, el juicio contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez fue suspendido hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se pronuncie sobre un recurso presentado por los abogados de la exmandataria y otros acusados. La Fiscalía considera que esto puede tardar entre 10 y 15 días y calificó que la acción de inconstitucionalidad es una medida dilatoria.

El fiscal Omar Mejillones indicó este miércoles que la suspensión se da por un recurso de reposición de los acusados. “Existe esa acción de inconstitucionalidad en trámite. El procedimiento dice que no se puede emitir sentencia hasta que ello se resuelva. En virtud de ello, el tribunal ha considerado que esto es viable y ha suspendido la audiencia”.

Temprano, la expresidenta señaló que en la audiencia convocada para este miércoles, destinada a los alegatos finales, se planeaba que el tribunal emita sentencia en el caso Golpe de Estado II, por el cual el Ministerio Público la acusa de haberse proclamado mandataria, en noviembre de 2019, sin respetar la Constitución ni el reglamento de la Asamblea Legislativa.

“El juicio express, basado en ilegalidad, indebido proceso y condena anticipada contra #JeanineAñez por delitos inexistentes fraguados por el Gobierno del MAS, planificó dictar sentencia a continuación de los alegatos de hoy. La ex Presidenta cumple 417 días de prisión política” (sic), publicaron los administradores de las redes sociales de la exsenadora.

Asimismo, indicaron que “El tribunal sin competencias que la juzga, ha hecho caso omiso a la acción de inconstitucionalidad concreta presentada por #JeanineAñez, la cual debía ser tratada por el Tribunal Constitucional antes de cualquier sentencia. Funesto precedente de indefensión para los bolivianos” (sic).

No obstante, Mejillones confirmó que el tribunal no tomó esa determinación y consideró que el TCP puede emitir una respuesta en entre 10 y 15 días, todo sujeto a la carga procesal de los magistrados. El martes “se nos ha notificado con esta acción y tenemos tres días para contestar, y luego el tribunal considerará su remisión, si la acepta o rechaza, y con esa decisión remitirla al Tribunal Constitucional para que la resuelva”, remarcó el representante.

Asimismo, catalogó al recurso como dilatorio, empleado solamente para alargar el juicio. “Por eso pediremos que se lo rechace. Teníamos programados para este miércoles los alegatos finales y según el artículo 357 del Código de Procedimiento Penal, tras ello se debe emitir la sentencia. Pero ello no podrá ser hasta que se resuelva la acción de constitucionalidad”.

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Ante posible sentencia, Áñez denuncia que rechazo a un recurso es un ‘funesto precedente de indefensión’

“El juicio express, basado en ilegalidad, indebido proceso y condena anticipada contra #JeanineAñez por delitos inexistentes fraguados por el Gobierno del MAS, planificó dictar sentencia a continuación de los alegatos de hoy”, indicó en Twitter.

Foto: Redes sociales de Jeanine Áñez

/ 4 de mayo de 2022 / 11:14

Ante la previsión de una sentencia en el caso Golpe de Estado II para este miércoles, la expresidenta transitoria Jeanine Áñez denunció un “funesto precedente de indefensión” que el tribunal rechace un recurso de inconstitucionalidad presentado por sus abogados.

“El juicio express, basado en ilegalidad, indebido proceso y condena anticipada contra #JeanineAñez por delitos inexistentes fraguados por el Gobierno del MAS, planificó dictar sentencia a continuación de los alegatos de hoy. La ex Presidenta cumple 417 días de prisión política” (sic), publicaron los administradores de las redes sociales de la exmandataria.

Asimismo, indicaron que “El tribunal sin competencias que la juzga, ha hecho caso omiso a la acción de inconstitucionalidad concreta presentada por #JeanineAñez, la cual debía ser tratada por el Tribunal Constitucional antes de cualquier sentencia. Funesto precedente de indefensión para los bolivianos” (sic).

Para este miércoles se tiene programada la audiencia del Tribunal de Sentencia en la que las partes emitirán sus alegatos finales en el caso por el que la Fiscalía acusa a Áñez de haberse proclamado presidenta, en noviembre de 2019, sin respetar la Constitución ni el reglamento de la Asamblea Legislativa. El Ministerio Público pedirá entre 12 y 15 años de cárcel.

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Murillo desde la cárcel: Acepto la extradición si hay arresto domiciliario para Áñez y la entrega de Dávila

Mediante una carta, el exministro encarcelado en Estados Unidos revela que pidió a la expresidenta transitoria Jeanine Áñez que huya del país y califica de “farsa” el juicio en su contra. Acusa a actores clave de noviembre de 2019 de “no dar la cara”.

Jeanine Áñez y Arturo Murillo, en el gobierno transitorio.

/ 4 de mayo de 2022 / 08:29

Mediante una carta publicada en el periódico digital Okdiario, el exministro Arturo Murillo, encarcelado en Estados Unidos, condicionó su aceptación a una extradición a que el presidente Luis Arce conceda arresto domiciliario a la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y a que entregue al coronel Maximiliano Dávila, investigado por narcotráfico en Estados Unidos.  

La exautoridad del gobierno de Áñez está detenida por lavado de dinero y sobornos en una penitenciaría estadounidense, investigada por la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos. Además, reveló que pidió a la exmandataria que huya del país. “No me hizo caso. Hizo caso a otra gente”. Y dijo que ahora la “destrozan” en un falso juicio.

La exsenadora que se proclamó presidenta en noviembre de 2019 se encuentra en prisión desde marzo de 2021 y uno de los procesos abiertos en su contra en la vía ordinaria, el caso Golpe de Estado II, está a punto de tener sentencia. La Fiscalía la acusa de no haber respetado la Constitución y el reglamento de la Asamblea Legislativa para su nombramiento.

“Viendo que lo que busca el MAS es eliminar a la expresidenta Áñez, quiero hacer llegar al Gobierno de Bolivia una propuesta firme y contundente: acepto una extradición al país si el presidente Luis Arce concede arresto domiciliario a la expresidenta Áñez y, al mismo tiempo, envía una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que remita la entrega del coronel Maximiliano Dávila, investigado por el Departamento de Estado de EEUU por narcotráfico en un intercambio de prisioneros” (sic), señala la carta firmada por Murillo.

La misiva fue enviada al periodista español Alejandro Entrambasaguas, quien llegó al país durante el mandato de Áñez bajo el paraguas de Murillo. Asimismo, acusa de “farsa” al juicio contra la expresidenta, y que “muchos excolegas senadores y jefes de partidos políticos”, así como la Iglesia Católica y la comunidad internacional que fueron parte de las negociaciones del proceso de transición, e integrantes del MAS, “no están dando la cara”.

El exministro es investigado por un abanico de hechos de corrupción en el país. En Estados Unidos, para noviembre está programado el juicio en que se dictará sentencia en el caso en que sus cómplices ya se declararon culpables, por la adquisición de material antidisturbios con un sobreprecio estimado en $us 2,3 millones cuando Murillo fungía como ministro de Gobierno, dinero que lavó mediante entidades bancarias estadounidenses.

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