Nacional

miércoles 21 abr 2021 | Actualizado a 20:38

Comisión legislativa y Defensoría evidenciaron ‘persecución política’ contra Dockweiler

Dos informes apuntan a la Fiscalía, investigadores policiales y los exministros Iván Arias y Yerko Núñez, además de Andrei Bonadona, gerente de Mi Teleférico en la gestión transitoria de Jeanine Áñez.

El candidato a la Alcaldía de La Paz por el MAS y exgerente de Mi Teleférico, César Dockweiler.

/ 3 de marzo de 2021 / 20:13

Una comisión del Senado y la Defensoría del Pueblo hallaron evidencias de que el candidato a la Alcaldía de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), César Dockweiler, fue víctima de persecución política y judicial, hostigamiento y acoso laboral durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, junto a otros exempleados de Mi Teleférico, por parte de los exministros Iván Arias (hoy rival electoral de Dockweiler) y Yerko Núñez, y el exgerente de la estatal Andrei Bonadona.

La primera resolución es de la Defensoría, del 11 de diciembre de 2020. Señala que en una nota del 16 de diciembre de 2019, entre otras, Dockweiler denunció persecución política destinada a lograr su aprehensión, desprestigiarlo y anularlo políticamente, y que fue víctima de amenazas a la integridad física, “fabricación” de denuncias penales, inicio de procesos penales, vulneraciones al debido proceso, uso de medios de comunicación para desprestigio y hostigamiento familiar.

El 12 de noviembre de 2019 llegó al poder Áñez, tras la renuncia obligada del entonces presidente Evo Morales, asfixiado por protestas cívicas, un motín policial, la presión de las Fuerzas Armadas y un polémico informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) que alimentó el discurso del fraude en las elecciones que Morales había ganado el 20 de octubre de ese año, con una diferencia que le garantizaba no ir a segunda vuelta con su rival clave: Carlos Mesa.

Desde entonces, se activó una serie de procesos contra Morales y excolaboradores, en entre ellos Dockweiler. Tal como denuncia Human Rights Watch (HRW) en un documento titulado La justicia como arma: Persecución política en Bolivia, Áñez y su gobierno “abusaron del sistema de justicia” para perseguir a colaboradores y partidarios de Morales con más de un centenar de procesos judiciales, “los cuales parecen responder más a motivaciones políticas”, por lo cual se demandó retirarlos.

Testimonios clave

La Defensoría afirma que en Mi Teleférico, durante el mandato de Áñez, se “coaccionó a su personal para obtener informes y declaraciones” contra Dockweiler. “Los testimonios de trabajadores coinciden en que una vez se posesionó al nuevo Gerente General de la empresa y su equipo, éstos se dedicaron a la tarea de coaccionar al personal con el objetivo de incriminar a la anterior administración (de Dockweiler), bajo amenazas de iniciarles procesos administrativos y penales”.

Esta “persecución” fue de la mano, indica la Defensoría en su resolución, de una orden de aprehensión contra Dockweiler e incluso se solicitó la activación del sello azul de la Policía Internacional (Interpol). Y eso no es todo, ya que hubo vulneración de los derechos de otros exfuncionarios de Mi Teleférico a los que se activaron procesos, con una “presión directa” de Núñez y Arias, quienes fueron ministros de Obras Públicas, lo cual fue determinado por los testimonios recabados.

La Defensoría concluye que se puede evidenciar “hostigamiento generalizado y sistemático a personas identificadas” con el MAS, en especial contra Dockweiler y otros tres empleados de Mi Teleférico; “motivación política en el inicio de procesos”, cuyo principal objetivo era la persecución a Dockweiler; “amplia cobertura mediática sobre los procesos penales seguidos a (Dockweiler) que afectaron su imagen”; “pronunciamientos estigmatizantes de altas autoridades de Gobierno y la Policía”.

“Los ex Ministros de Obras Públicas y Vivienda Yerko Núñez Negrete e Iván Arias, así como el Gerente Ejecutivo de Mi Teleférico Andrei Bonadona, ejercieron una presión social y mediática y realizaron actos reservados a la policía y la fiscalía, ya sea a través de pronunciamientos en los medios de comunicación, o en la participación activa en actos investigativos” (sic), lo que va en contra la división de poderes establecido por la Constitución Política, remarca el informe defensorial.

Por ello, la entidad pide acciones disciplinarias a la Fiscalía General, y que el Fiscal Departamental de La Paz active investigaciones contras las personas que son apuntadas por hostigamiento, acoso laboral y persecución política; aparte, que el Comandante de la Policía instruya pesquisas y acciones disciplinarias y penales contra los policías que vulneraron derechos, y que Mi Teleférico verifique los testimonios sobre actos de hostigamiento contra Dockweiler y otros exfuncionarios.

Aparte, el 22 de diciembre de 2020, tras la presentación de dos denuncias y otras notas por parte de Dockweiler a la Asamblea Legislativa, sobre que es procesado y perseguido ilegalmente por “delitos infundados de corrupción” y otros relacionados contra la seguridad del Estado como terrorismo y sedición, la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral presentó un informe sobre este tema, en medio de pedidos para inhabilitar al candidato.

Conclusiones

Tras la investigación, la comisión concluyó que la Fiscalía General admitió procesos penales a denuncia de Mi Teleférico, pero omitió pronunciarse y brindar información bajo una supuesta “confidencialidad” que resulta “injustificada e ilegal”. Pese a ello, se consiguió la documentación y se “presume la existencia de injerencia” de exautoridades del gobierno transitorio y la designación de abogados exclusivos para que hagan una seguimiento de estas investigaciones del Ministerio Público.

“Se presume la vulneración de los principios de objetividad y legalidad del Ministerio Público, al haberse establecido con precisión el incumplimiento de formalidades, plazos y sobre todo la falta de una revisión de los cuadernos procesales, haciendo que todo ello se convierta en una investigación penal que adoleció de vicios procesales y procedimentales durante toda su tapa investigativa, además vulnerando el principio de independencia del Órgano Judicial”, asevera la comisión.

Asimismo, la comisión legislativa apunta a investigadores policiales por no cumplir las formalidades de ley, y señala que las órdenes de aprehensión y resoluciones de imputaciones formales adolecieron también de legalidad, sin respetar los derechos, principios y garantías del denunciante. Y complementa que “se ha evidenciado una presumible participación y actuación de las autoridades del Órgano Ejecutivo dejando de lado y pisoteando la división de los Órganos de Poder”.

En ese marco, lanza los dardos contra Arias, Núñez y Bonadona, quienes “manipularon información, establecieron de forma sistemática la construcción de pruebas a través de informes y declaraciones, así como actos investigativos que incumplieron plazos una vez efectuada la denuncia contra Dockweiler en su calidad de exgerente de Mi Teleférico”, lo cual “contaminó la investigación y el proceso penal, generando la vulneración de garantías constitucionales del denunciante”.

El informe legislativo avaló así la “persecución política” contra Dockweiler y ordenó la emisión de minutas de comunicación para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los Tribunales Electorales Departamentales, para que garanticen que Dockweiler no sea inhabilitado en su candidatura; además de la Procuraduría General, los ministerios de Gobierno y de Justicia, “recomendando la restauración de los derechos fundamentales vulnerados” al exgerente de Mi Teleférico por los procesos.

El 12 de febrero, el Legislativo aprobó el Decreto Presidencial 4461 de amnistía e indulto por razones humanitarias en favor de más de 1.000 personas procesadas en el gobierno de Áñez, entre noviembre de 2019 y octubre de 2020. Además, la anterior semana, el Tribunal Constitucional aclaró al TSE que ningún candidato puede ser inhabilitado si certifica, mediante una entidad nacional o internacional, que fue víctima de persecución política, o que fue refugiado o asilado político.

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En Naciones Unidas, Morales plantea agenda de 12 puntos para una ‘América Plurinacional’

La conferencia “América Plurinacional, de los pueblos para los pueblos” contó con la participación de organizaciones, dirigentes y entidades de Latinoamérica y el mundo.

/ 21 de abril de 2021 / 10:45

En el marco de la conferencia de Naciones Unidas “América Plurinacional, de los pueblos para los pueblos”, del vigésimo Foro Permanente de Cuestiones Indígenas, el expresidente Evo Morales planteó una agenda de 12 puntos bajo la premisa de que “el siglo XXI es el siglo de la defensa de la Pachamama.

El evento se desarrolló hasta el martes y contó con la participación de organizaciones, dirigentes y entidades de Latinoamérica y el mundo que “coincidieron en la imperiosa necesidad de revalorizar las identidades nativas, y de modificar estructuras económicas de saqueo territorial”, indica el portal canalabierto.com.ar

El documento con las conclusiones de la cita remarca que “Actualmente vivimos en un mundo unipolar, hegemonizado por el capitalismo y el imperialismo, que promueven el Vivir Mejor, la desnaturalización, el culto al dinero, el consumo inconsciente y una excesiva acumulación material depredando la Madre Tierra”.

En su intervención, publica canalabierto.com.ar, Morales afirmó que “El siglo XXI es el siglo de la defensa de la Pachamama, y ello amerita un cambio estructural de los Estados, pero sobre todo un cambio de la estructura mental, espiritual e ideológica que nos impuso el sistema capitalista. Hoy debemos preguntarnos: ¿Dejaremos que el capitalismo continúe destruyendo a la Madre Tierra, a la Vida?, o asumiremos nuestra responsabilidad generacional”.

Y posteriormente leyó los 12 puntos de su planteamiento:

1. Promover procesos de descolonización regional, reconstituyendo nuestra identidad cultural y reconectándonos con nuestras raíces y nuestra historia milenaria.

2. Migrar de los Estados Nación (Repúblicas) hacia los Estados Plurinacionales, a través de las Asambleas Constituyentes que promoverán un nuevo Pacto Social y un nuevo diseño constitucional e institucional basada en la cosmovisión de la cultura de la vida.

3. Retornar al sistema comunitario desde la Diplomacia de los Pueblos para que emerja un espacio de equilibrio, complementariedad e integración de los pueblos, generando un territorio de paz con justicia social.

4. Desmantelar la industria armamentística que es una industria de la muerte que necesita de la guerra para enriquecer a unos pocos. Solamente con esos recursos acabaríamos con el hambre en todo el mundo.

5. Reconstituir la “Economía Comunitaria” bajo el principio de distribución y redistribución de nuestros recursos naturales, para ello se deberá iniciar un proceso de nacionalización, para que los recursos naturales regresen a los pueblos.

6. Construir puentes de integración donde el libre desplazamiento de las personas de un territorio a otro constituya un elemento fundamental para la Ciudadanía Universal, es decir todos los seres humanos deben gozar de igualdad de derechos y deberes en cualquier parte del mundo en convivencia con la Madre Tierra.

7. Promover los derechos de la Pachamama para garantizar la vida, garantizar un hogar para las futuras generaciones. La Madre Tierra puede vivir mejor sin el ser humano, pero el ser humano no puede vivir sin la Madre Tierra.

8. Reconstituir el Paradigma Comunitario de la Cultura de la Vida hacia el Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.

9. Fortalecer la Diplomacia del Agua, ya que el agua es la sangre de la Madre Tierra que alimenta a todos los seres, por lo tanto, el agua no puede comercializarse, no puede estar en manos privadas, porque el acceso al agua es un derecho de los pueblos, es un derecho que tiene nuestra Madre Tierra para producir los alimentos que nos garantizan una Alimentación Digna y con Identidad.

10. Liberarnos del sistema educativo colonial que se sustenta en la lógica, antropocentrista, individual y competitiva, para recuperar nuestra Educación Comunitaria que implica reconstituir nuestra lógica complementaria desde la identidad cultural, respetando la Madre Tierra.

11. Los servicios básicos como la electricidad, la comunicación, el saneamiento básico y otros son derechos humanos, por lo tanto no deben ser mercantilizados.

12. Complementar la sabiduría ancestral con los estudios científicos que garantizan y protegen la vida, porque los conocimientos y tecnologías deben ser utilizadas para derrotar las enfermedades y mejorar la calidad de vida de todas y todos en armonía con la Madre Tierra.

“América Plurinacional implica cambiar la estructura capitalista, depredadora, consumista, deshumanizadora y competitiva, para vivir en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, promoviendo la complementariedad, la diversidad y paridad, es decir retornar a nuestro modelo comunitario de vida”, complementó el exmandatario.

Y culminó su discurso indicando que “porque somos naciones y no etnias; tenemos una diversidad cultural y no costumbres, poseemos idiomas originarios, milenarios y no dialectos; por tanto, hermanas y hermanos es nuestra responsabilidad recuperar nuestra identidad, porque es nuestra riqueza, nuestra fuerza y nuestra dignidad”.

El documento del evento complementó que “Ante esta disyuntiva, los Pueblos Indígenas, afrodescendientes y movimientos sociales del Sur consideramos que el siglo XXI es el siglo de la defensa de la Pachamama, y ello amerita un cambio estructural de los Estados, pero sobre todo un cambio de la estructura mental, espiritual e ideológica que nos impuso el sistema capitalista”.

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Siete embajadores entregan sus credenciales al presidente Arce

El acto se desarrolló en la Casa Grande del Pueblo, luego de que el domingo, el canciller Rogelio Mayta recibió las Copias de Estilo de los representantes diplomáticos y sostuvo reuniones con ellos.

El presidente Luis Arce y el embajador de Argentina, Ariel Basteiro. Fotos. ABI, APG, Rodwy Cazón

/ 19 de abril de 2021 / 13:09

El presidente Luis Arce recibió este lunes las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Argentina, Cuba, Chipre, Eslovenia, República Dominicana, Rumania y Rusia.

El embajador de Cuba, Danilo Sánchez, entrega sus credenciales al presidente Luis Arce.
El embajador de Rusia, Mikhail Nikolaevich, en el acto en la Casa Grande del Pueblo.

El acto se desarrolló en la Casa Grande del Pueblo, luego de que el domingo, el canciller Rogelio Mayta recibiera las Copias de Estilo de los representantes diplomáticos y sostuvo reuniones con ellos.

La embajadora de Rumania, Camelia Ion-Radu, junto al presidente Luis Arce y el canciller Rogelio Mayta.
El embajador de Eslovenia, Gorazd Rencelj, en la Casa Grande del Pueblo.

Los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios son Ariel Basteiro (Argentina), Danilo Sánchez (Cuba) y Mikhail Nikolaevich (Rusia), mientras que Evagoras Vryonides (Chipre), Gorazd Renčelj (Eslovenia), Marte González (República Dominicana) y Camelia Ion-Radu son embajadores concurrentes.

El embajador de República Dominicana, Marte González.
El embajador de Chipre, Evagoras Vryonides, presenta sus documentos diplomáticos.

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El INE proyecta que Bolivia tendrá 11.842.000 habitantes este 2021

El departamento más poblado es Santa Cruz, con 3.363.400 pobladores. El 50,2% de la población nacional son varones, y 49,8%, mujeres.

/ 8 de abril de 2021 / 15:25

El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó este jueves sus proyecciones de población, en las cuales Bolivia tiene este año 11.842.000 habitantes, 164.594 más que lo previsto en 2020, cuando llegaron a 11.677.406.

Las proyecciones por departamento ponen en primer lugar a Santa Cruz, con 3.363.400, seguido por La Paz, con 3.023.800; Cochabamba, 2.086.900; Potosí, 907.700; Chuquisaca, 654.000; Tarija, 591.800; Oruro; 548.500; Beni, 507.100, y Pando, con 158.700.

En cuanto a la población por sexo, de los 11.842.000 habitantes, 5.942.700 (50,2%) son varones y 5.899.300 (49,8%), mujeres.

Mientras que según la edad, 2.833.100 (23,9%) tienen entre 0 y 11 años; 1.391.300 (11,7%), entre 12 y 17 años; 2.333.400 (19,7%), entre 18 y 28 años; 4.055.600 (34,2%), entre 29 y 59 años, y 1.228.500 (10,4%, tienen 60 años o más.

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Por acoso, Fiscalía de España pide un año de cárcel para el periodista Entrambasaguas

El español es acusado de hostigar a los hijos del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y su esposa Irene Montero, ministra de Igualdad de España. La Fiscalía Provincial de Madrid indica que obtuvo información ocultando su condición de periodista.

/ 8 de abril de 2021 / 11:27

El polémico periodista español Alejandro Entrambasaguas, quien estuvo en el país durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, es acusado del delito de acoso en su país, contra los hijos del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. La Fiscalía Provincial de Madrid pidió un año de cárcel.

La noticia fue publicada por elsaltodiario.com, y señala que el reportero de OK Diario afrontará pronto el juicio oral por estar involucrado en el hostigamiento de los hijos de Iglesias y Montero, cuando tenían 17 meses de edad, entre noviembre y diciembre de 2019, cuando fue identificado por agentes de servicios de seguridad.

“El escrito de la Fiscalía Provincial detalla cómo, entre noviembre y diciembre de 2019, Entrambasaguas, espió y obtuvo informaciones ocultando su condición de periodista sobre la persona contratada para el cuidado de los dos niños… Accedió a las zonas comunes de la urbanización en la que residía la cuidadora, una vez allí, requirió informaciones a vecinos y menores de edad, portando incluso material de grabación”.

La publicación añade: “Los días 26 de noviembre y 3 de diciembre, Entrambasaguas fue identificado por agentes de servicios de seguridad después de que la cuidadora renunciara a salir a los espacios de la urbanización tras ser avisada de que el periodista estaba esperándola. Como refiere la Fiscalía, la cuidadora terminó renunciando a su trabajo como consecuencia del hostigamiento por parte de este periodista”.

Entrambasaguas habló con La Razón en mayo de 2020 sobre este caso. “(Iglesias) acudió a los tribunales y puso la querella de acoso. En el momento que yo le hago el seguimiento, él llevaba a sus dos hijos en un carrito. Yo jamás me acerco a sus hijos y el interés periodístico nunca fueron sus hijos, por lo tanto fue una manera de victimizarse”.

El periodista español cobró notoriedad en Bolivia por la publicación de material relativo a contratos presuntamente irregulares que vinculaban a la agrupación política de Iglesias con el gobierno de Evo Morales, principalmente en el caso denominado Neurona. Asimismo, tuvo una relación cercana con el ministro de Gobierno en el mandato de Áñez, Arturo Murillo, quien se encuentra prófugo de la Justicia en Estados Unidos.

Según la publicación de El Salto, la Fiscalía Provincial de Madrid pide un año de cárcel y “la condena en costas”, además de que Entrambasaguas no pueda acercarse a una distancia menor a los 500 metros a los hijos de Iglesias y Montero. Sin embargo, el abogado de los demandantes solicitó una condena de dos años de prisión y que la prohibición para acercarse a los menores sea por cinco años como mínimo.

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Becker: Hay oportunidad de abrir otro juicio a Goni y Sánchez Berzaín, por homicidio culposo

El abogado estadounidense impulsó el proceso civil abierto en Estados Unidos y cataloga como un “ejemplo muy poderoso” la victoria judicial que ratifica una indemnización para las ocho familias bolivianas por lo sucedido en la masacre de octubre de 2003.

Foto: ABI

/ 7 de abril de 2021 / 09:48

Thomas Becker es más que un abogado para las víctimas de la masacre de octubre de 2003, es un familiar más. Él impulsó el proceso civil abierto en Estados Unidos desde el empiezo y cataloga como un “ejemplo muy poderoso” la victoria judicial que ratifica una indemnización para las ocho familias que demandaron a Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) y Carlos Sánchez Berzaín. Más aún, dice que ahora depende de ellas abrir otro proceso por homicidio culposo. El profesor de la Red Universitaria para los Derechos Humanos habló con La Razón tras conocer el fallo.

—¿Qué significa esta sentencia, qué puertas abre?

—En 2018 ganamos un juicio con un veredicto unánime de 10 miembros del jurado, que dijeron que ambos son responsables. Un mes después, el juez cambió el veredicto por razones técnicas, y dijimos que había errores en su análisis. Apelamos y la Corte, en agosto del año pasado, dijo que el juez sí cometió errores y mandó el caso al juez original para que pueda implementar el análisis correcto. Lo que pasó el lunes es que el juez dijo que más o menos había cometido errores y que ratifica el veredicto de 2018. O sea, en este momento somos los ganadores del juicio. Goni y Sánchez Berzaín son responsables por el delito de ejecuciones extrajudiciales, por matar a la gente.

—Esto se aplica específicamente a la indemnización…

—Sí, porque es un caso civil, fue la única opción, no hay la posibilidad de un caso penal en Estados Unidos por hechos que pasaron en otros países. Hay un juicio de responsabilidades abierto en Bolivia, pero Goni, Sánchez Berzaín y otros no podían ser juzgados en ausencia, y las familias tuvieron que venir aquí a Estados Unidos. En teoría, las familias reciben una indemnización, pero para ellas esto es sobre la Justicia, mandar un mensaje muy claro que uno no puede matar a su propia gente.

—¿Cómo se demostraron las ejecuciones extrajudiciales?

—Hemos presentado muchísimas pruebas de que soldados dispararon y mataron a la gente que no estaba armada. Goni y Sánchez Berzaín estaban a cargo de esas tropas. Hemos presentado testigos que estaban en reuniones con ellos, incluso una donde Sánchez Berzaín habló sobre cuántas personas iban a matar. Hemos presentado testigos que confirmaron que Sánchez Berzaín estaba en un helicóptero disparando a la gente. Hemos demostrado que hubo soldados que disparaban no solo a las víctimas, sino a los soldados que no querían matar a otra gente. Entonces, hubo leyes para criminalizar las protestas y matar a la gente. Ambos estaban a cargo de estas masacres y por eso fueron procesados.

—¿Están abiertas las puertas para otro proceso?

—Pedimos en un inicio un juicio por dos delitos: ejecuciones extrajudiciales y homicidio culposo, que es más o menos una ejecución extrajudicial. Lo que pasó es que ganamos el juicio sobre ejecuciones, pero no el del otro delito. Habían errores del juez y el Tribunal de Apelaciones del Onceavo Circuito dijo que éste aceptó prueba que no es relevante y tenemos la oportunidad de traer otro juicio. Entonces, ganamos el primer juicio, pero tenemos otra oportunidad de activar otro juicio. Podemos ganar dos veces, si las víctimas deciden avanzar con otro proceso.

—Sería otro proceso civil…

—Exacto, no hay la posibilidad de un juicio criminal, lamentablemente.

—¿Puede apelar la otra parte?

—Sí, pueden tratar de ir a la Corte Suprema, es muy probable, pero la Corte no acepta muchos casos, más aún cuando tenemos un jurado diciendo que Goni y Sánchez Berzaín son responsables, un juez diciendo que son responsables, y una corte de apelación diciendo que son responsables. Por eso no es muy probable que vayan a aceptar su caso, pero ellos pueden abrir esta puertita.

—¿En qué puede servir este fallo para el juicio en Bolivia y la extradición de los acusados?

—Es difícil decirlo, la extradición es un proceso político. Hay muchas pruebas sobre las masacres y la responsabilidad de ambos. El Gobierno de Bolivia tiene que pedir la extradición, ya lo hizo, y el Gobierno de Estados Unidos no ha respondido, según la información que tenemos. El Gobierno puede tratar una vez más, me imagino que va a hacerlo porque Rogelio Mayta, el actual canciller, ha trabajado muy duro con las víctimas de 2003 por muchos años, y probablemente va a intentar hacer esto. Todo depende de la política, lamentablemente.

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