Nacional

viernes 23 abr 2021 | Actualizado a 07:05

Cronembold dice que garantiza su oferta con la coordinación Gobernación-Gobierno

El candidato del MAS reivindicó la colaboración antes que la confrontación con el gobierno central; reveló que para esto incluso se prevé cambiar la Ley de Inversiones.

Mario Cronembold conversó con La Razón Radio, este miércoles.

/ 3 de marzo de 2021 / 15:58

El candidato a gobernador de Santa Cruz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Mario Cronembold, aseguró que la alternativa para el desarrollo del departamento es la suya, dada la imprescindible coordinación que debe tener la gobernación con el gobierno central. Luis Fernando Camacho gobernador solo es sinónimo de confrontación, aseguró la mañana de este miércoles en entrevista con La Razón Radio.

Recordó que del presupuesto total que tiene la Gobernación de Santa Cruz para su funcionamiento solo 6% son recursos propios y remarcó la necesidad de una relación de colaboración antes que de confrontación con el gobierno central.

“Nosotros tenemos dos caminos este 7 de marzo: el camino de la confrontación, que inclusive ya lo han anunciado; si ustedes escucharon a Luis Fernando Camacho, él ya ha amenazado a Luis Arce, diciendo que le va pasar lo mismo que a Evo Morales, que él tiene la experiencia y la fórmula para tumbar presidentes. Ése es su camino, de la inestabilidad, de los paros cívicos, de los bloqueos. Nosotros, en cambio, le ofrecemos estabilidad, tranquilidad, inversión, desarrollo”, definió Cronembold las candidaturas con mayor intención de voto en el departamento.

Para el candidato masista, Camacho y sus seguidores tratan de “vender” la idea de que el masismo en la administración pública es sinónimo de ineficiencia y corrupción y que coordinar con el actual gobierno central es tan solo someterse al “látigo” masista, de humillarse ante él.

“¿Qué le venden al cruceño? Votar por el MAS es que Mario Cronembold le va a entregar la llave de Santa Cruz, y van a venir a humillarnos y nos van a hincar, nos van a matar; quieren seguir mintiéndole a la gente”, ilustró el candidato en La Razón Radio.

Para respaldar su perspectiva colaborativa con el gobierno del MAS, Cronembold reveló que ya empezó a trabajar con el nivel central por proyectos del desarrollo cruceño: “Para darle un dato, en la primera reunión que tuvimos con el presidente Arce, logramos la carretera Cotoca-Warnes, que ya ha aprobado el proyecto, el hospital de cuarto nivel para atender problemas renales; tenemos el proyecto ya aprobado de siete hospitales para las provincias, la vía costanera desde La Guardia hasta Warnes; tenemos proyectos reales”.

Lo que Camacho, por el contrario, ofrece es “seguir utilizando a la gobernación como una bandera política, y eso no puede seguir así en Santa Cruz”, dijo el candidato del MAS.

Otra revelación que hizo Cronembold es el consenso que hay en el gobierno del presidente Luis Arce de modificar la Ley de Inversiones. “Uno de los grandes proyectos que tenemos nosotros en coordinación con el gobierno nacional es el cambio de la Ley de Inversiones”, dijo.

La actual ley “tiene muchas limitaciones, mucha burocracia, no funciona”, apuntó Cronembold. “Me senté con el vicepresidente David Choquehuanca, y me dice: ‘Mario, en tres meses vamos a cambiar la Ley de Inversiones’”, contó.

“No podemos hacernos los lindos; necesitamos inyección económica, tanto de nuestros empresarios privados como de inversión extranjera”, insistió.

Acerca del segundo lugar que tiene en las encuestas y a 20 puntos del primero, Camacho (Creemos), Cronembold arriesgó que el domingo 7 de marzo dará la sorpresa: “A nosotros nos va mejor en las urnas que en las encuestas, pero independientemente de eso, tenemos un gran porcentaje de aceptación y estamos seguros de que vamos a ganar la Gobernación por primera vez en Santa Cruz”.

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GOBERNACIONES, EL IMPERATIVO DE CONCERTAR

Los ingresos de las gobernaciones volvieron a bajar. Para salir adelante, urge colaborar con el Gobierno y municipios

Por Iván Bustillos

/ 18 de abril de 2021 / 18:06

EL PUNTO SOBRE LA I

Tras la segunda vuelta de la elección del gobernador en La Paz, Chuquisaca, Pando y Tarija, finalmente está definida la distribución del poder regional: en tres gobernaciones (Oruro, Potosí y Cochabamba) el Ejecutivo departamental estará a cargo del Movimiento Al Socialismo (MAS), y en seis (La Paz, Chuquisaca, Tarija, Pando, Beni y Santa Cruz) en poder de las oposiciones regionales; aunque (como se hizo notar en este mismo espacio la anterior semana), otro es el escenario en las asambleas departamentales: en seis (Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz y Pando), el MAS es mayoría, y en tres (Tarija, Beni y Santa Cruz) hay un práctico empate entre el partido azul y las oposiciones, siendo el bloque indígena (cuyos asambleístas no son electos por voto universal, sino por usos y costumbres) el que determinará cuál sector mayoritario será el que predomine; de hecho, en estos días en la Asamblea cruceña el MAS le ganó de mano al oficialista Creemos, aliándose con los indígenas: de 28 asambleístas, ahora la mayoría la ostenta el bloque MAS-Indígenas, con 16 legisladores.

Ahora, a la complejidad política se añade la limitación económica, presupuestaria. Fue la Fundación Jubileo (¿En qué gastarán el dinero los gobiernos departamentales el 2021?, La Paz, 2021), la que en estos días advirtió acerca de la nueva caída del presupuesto de las gobernaciones en relación al anterior año. Se trata de una disminución del 13% de sus ingresos. El presupuesto asignado a los gobiernos departamentales (incluyendo el Gobierno Regional del Gran Chaco), detalla Jubileo, asciende a Bs 9.520 millones, de los cuales Bs 5.710 millones son efectivamente para la gestión departamental, mientras el saldo corresponde a gastos delegados. “Del total del Presupuesto 2021, Tarija tiene la mayor asignación de recursos, con aproximadamente 25% del total, seguido por Santa Cruz con 23%, La Paz con 11%, Potosí con 10%, Cochabamba y Chuquisaca cada uno con 9%; y los otros tres departamentos reciben, en conjunto, el restante 13% de la torta”, informa.

INVERSIÓN. Jubileo añade que en 2021 los proyectos de inversión aprobados en el presupuesto de las gobernaciones suman 579, “305 menos que el presupuesto 2020, lo que refleja una disminución significativa de la inversión departamental”. Por otro lado, la Fundación revela que “el destino de la inversión de las gobernaciones prioriza el sector Caminos, con 38% de su presupuesto; seguido del Agropecuario, con 23%”. La inversión en Electrificación se lleva 9%, 5% la gestión de Riesgos, entre otros. A Salud se destina solamente 4%.

Es el talón de Aquiles de los gobiernos departamentales: su alta dependencia del ingreso hidrocarburífero, minero y forestal del país, de lo que le transfiere el Gobierno central por dicho ingreso, ratifica el exviceministro de Presupuesto del Ministerio de Economía Jaime Durán (hoy diputado por el MAS): en 2021, las gobernaciones solo por transferencias obtendrán 3.941 millones de bolivianos, “esto es un 9% menos que los 4.340 millones de bolivianos que tenían presupuestado el 2020”, destaca.

Y no se trata solo de los precios internacionales del petróleo o del gas, que éstos suban o bajen, sino también de los volúmenes del hidrocarburo que el país pueda generar; nadie como las gobernaciones debe estar al pendiente de si se encuentran más yacimientos: “en relación a los volúmenes de producción, (las gobernaciones) están sujetas al programa de exploración, de inversiones, que está realizando Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos; una cuestión ajena a las gobernaciones”, apunta el diputado Durán.

Jubileo y el exviceministro coinciden en que 2014 fue el mejor año para las gobernaciones, cuando por transferencias llegaron a recibir 9.821 millones de bolivianos; de ahí a la fecha, sus ingresos (provenientes en lo fundamental de las regalías, del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, IDH, y del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados, IEHD) no han hecho otra cosa que caer: en siete años, entre 2014 y 2021 hay una reducción de entre 54% y 60%.

¿Cómo podrán llevar adelante la gestión los nuevos gobiernos departamentales dado este difícil escenario? Los involucrados en la gestión departamental coinciden: no queda otra que colaborar, “concurrir”, concertar con el Gobierno central y con los municipios, pero también hacia adentro, con las fuerzas opositoras en las asambleas departamentales.

Para el asambleísta departamental (saliente) Fabián Yaksic, la primera medida administrativa de los nuevos gobernadores será revisar el presupuesto, reformularlo no solo en vista de su programa, sino sobre todo por la baja del dinero que le transfiere el Gobierno central. Tendrán, dice, que priorizar los proyectos más importantes. Aquí, un hecho que revela el asambleísta es que uno de los males del presupuesto de las gobernaciones es que éste es muy “rígido”, “el 80% del presupuesto es de continuidad, que quiere decir que ya está comprometido”, para pasar de una gestión a otra; es el caso, por ejemplo, de la construcción de carreteras de magnitud, se las inscribe en el presupuesto para concluirlas en varias gestiones, y hasta dos o más gobernadores, por el “presupuesto anual insuficiente”, destaca. Pero, he aquí que aparece la importancia de “controlar” la Asamblea Legislativa del departamento: cualquier modificación del presupuesto debe contar con el acuerdo de la Asamblea: en serio se deberá llevar a la práctica aquello de “sacarse la camiseta política”. “La recomendación es que primero tienen que concertar sí o sí con sus asambleas”, insiste Yaksic.

CAMISETA. Si bien todos los candidatos, ganadores y perdedores, más bien como un eslogan, enfatizaron en que el 11 de abril (día de la segunda vuelta por gobernadores y cierre del actual ciclo electoral) “se acabaron los colores políticos”, para el buen curso de la gestión departamental, en verdad que es un imperativo dejar a un lado la camiseta política: para encarar grandes proyectos necesitarán concurrir, colaborar, tanto con los municipios como, y especialmente, con el Gobierno central.

Desde distinta perspectiva, lo plantean Durán y Yaksic.

Para el exviceministro, “más allá de afinidades o críticas, lo cierto es que las autoridades elegidas por la población son las autoridades que van a estar con nosotros estos cinco años; entonces, más allá de los colores políticos, lo que se tiene que hacer es un mecanismo de trabajo conjunto”, esto es más imperioso, insiste, en el actual “escenario de recursos escasos”.

Se trata de profundizar el cofinanciamiento entre Gobierno y gobernaciones: “El mecanismo de concurrencia, de cofinanciamiento, tiene que mejorarse”, producto de la colaboración entre Gobierno nacional y departamentales precisamente es, destaca Durán, la construcción de carreteras, el “hecho de que en 15 años hayamos construido más carreteras que en los últimos 50 años tiene que ver con que este mecanismo de cofinanciamiento ha funcionado”.

Para Durán, el espacio natural del desarrollo que deben promover las gobernaciones es el regional, por debajo de lo nacional, por encima de lo municipal. “Hay que dar un mayor peso a lo regional, para avanzar a la diversificación productiva”, y a esto deberían colaborar las bancadas parlamentarias en la Asamblea Legislativa Plurinacional, dice: generar normas que faciliten dicho desarrollo regional diversificado.

Dadas las actuales condiciones de la economía de las gobernaciones, por su lado, Yaksic remarca en la necesidad de los proyectos concurrentes: “Yo recomendaría a los gobernadores que se pongan a pensar en serio en diseñar proyectos que le puedan interesar al Gobierno nacional y a los propios gobiernos municipales”, esencialmente los proyectos de desarrollo regional.

Ahora, reclama, se trata de una colaboración de doble vía: también el Gobierno nacional debería tener la voluntad de “desprenderse del centralismo” de los recursos, de interesarse en financiar proyectos concurrentes en las regiones.

Revivirá el “pacto fiscal”. Yaksic es categórico en señalar que para que dicho pacto tenga alguna viabilidad es imprescindible una “reingeniería de las fuentes de financiación de las autonomías”, una reforma entre técnica y política que, casi acusa el asambleísta, también tiene que alcanzar al Gobierno central: el pacto fiscal, como un sacrificio de todos los niveles.

PACTO. En algo que les compete también a los alcaldes, “se va a tener que abrir un nuevo proceso de negociación, abrir un nuevo diálogo, distinto, sobre un nuevo pacto fiscal, sobre los recursos fiscales”, acaso considerando “transferencias excepcionales” (fondos extraordinarios) para las entidades autónomas, plantea el asambleísta Yaksic; aunque —la experiencia enseña— no habría mucho que esperar del presidente Luis Arce Catacora, dice, que cuando era ministro de Economía nunca había demostrado voluntad para aumentar nada a las autonomías. (Entre los técnicos de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia-FAM, durante los gobiernos de Evo Morales se bromeaba que al ministro Arce se le conocía como el “Doctor No”).

Y es que, para el asambleísta, el problema de la norma que hace imperativo el pacto fiscal es estructural: la actual forma de financiamiento de las autonomías es anacrónica, que ni la propia Asamblea Constituyennte ni las leyes de desarrollo de la Constitución pudieron resolver.

“Hay que hacer una reingeniería de la fuente de recursos con las que se financian las autonomías. El régimen económico y financiero vigente data de hace más de 30 años; lo que ha hecho la Ley Marco de Autonomías ha sido ratificar el régimen que está en la Ley de Participación Popular, que está en la Ley 843 (de Reforma Tributaria de mayo de 1986); toda la gama de impuestos y la modalidad de asignación de los mismos data de hace más de 30 años”.

Aquí el asambleísta plantea la reflexión: siendo tan volátil la principal fuente de recursos de las gobernaciones (la exportación de recursos naturales), por qué no se le puede dar el mismo tratamiento que a los municipios, que como principal fuente tiene a la coparticipación tributaria (que es el 20% de los ingresos nacionales, por renta y aduana, que cada año automáticamente va a los tesoros municipales). Mal que bien, insiste Yaksic, la coparticipación tributaria es una fuente más estable, segura, de recursos.

Ahora, como contraparte, para Durán no solo es el tema de que las gobernaciones mejoren su inversión, sino que las entidades ajusten su gasto corriente (el gasto para funcionamiento, principalmente el salario de los funcionarios). “Las burocracias que actualmente tienen las gobernaciones deberían ajustarse, priorizando los programas y proyectos de mayor importancia, con el fin de que se pueda aumentar la inversión pública y de esa manera se tenga mejores resultados”.

El exviceministro no deja de recordar como un problema recurrente de las gobernaciones los llamados “recursos en caja y bancos” ( fondos que no se pudieron gastar) que cada año se registran al final de la gestión. Según Durán, a fines de 2019 las gobernaciones tenían 1.805 millones de bolivianos en caja y bancos; a fines de 2020, 1.832 millones, y hasta abril de este año, 1.640 millones, más o menos 250 millones de dólares.

“Lo que ocurre es que tienen problemas de eficiencia en el gasto”, y eso en buena medida se debe, asegura el diputado, a que “los mecanismos de planificación que tienen las gobernaciones no se han perfeccionado”.

Especialmente para las gobernaciones, siempre fue un problema la generación de recursos propios. Al respecto, Durán ve como una fuente aún inexplorada a la “generación de empresas públicas departamentales y establecer el desarrollo de complejos productivos industriales”.

“Las gobernaciones tienen que constituirse en espacios de desarrollo productivo en virtud a que tienen un mayor alcance que los municipios; ahora, esto naturalmente implica (otra vez) una alta coordinación entre el nivel central y los departamentos y municipios”, destaca el diputado del MAS.

En cambio, para el asambleísta Yaksic, la implementación de empresas públicas departamentales es inviable, dado que las gobernaciones no cuentan con fuentes de financiamiento para sostenerlas, no tienen el “crédito fácil” del Banco Central con que cuenta el Gobierno nacional, asegura.

Acaso una salida financiera alternativa para las administraciones departamentales más bien sea, dice, ampliar su “dominio tributario”: “el camino definitivamente pasa por generar mejores condiciones para dominios tributarios autónomos (impuestos), que sean más importantes de lo que ahora les otorga la Ley de clasificación de impuestos”.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Departamentos, los gobiernos complejos

En seis asambleas departamentales, el MAS es mayoría; en tres, los indígenas tienen el ‘voto de oro’

Por Iván Bustillos

/ 14 de abril de 2021 / 14:57

EL PUNTO SOBRE LA I

Hoy, 11 de abril, en cuatro departamentos se define en segunda vuelta quién será el gobernador: La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando. Gana quien obtenga así sea un solo voto más que su adversario, con el porcentaje que sea. En los cuatro departamentos la contienda es entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y sus oposiciones: Jallalla en La Paz, Chuquisaca Somos Todos (CST) en Chuquisaca, Unidos por Tarija (UPT) en Tarija, y el Movimiento Tercer Sistema (MTS) en Pando. En tres departamentos el MAS ganó en primera vuelta la gobernación: Oruro, Potosí y Cochabamba. También en primera vuelta, la oposición se hizo con la gobernación en dos: Beni con el MTS, y Santa Cruz con Creemos.

Pero el gobierno departamental no solo es el Ejecutivo, el gobernador, sino que está además, como un contrapeso, su órgano legislativo y fiscalizador, la Asamblea Departamental; y los miembros de las asambleas ya fueron elegidos el 7 de marzo, ya hay una distribución del poder en su interior, una correlación de fuerzas que no siempre se corresponde con quien ganó la silla de gobernador (que la mayoría de la asamblea departamental la tenga el partido del gobernador).

Y he aquí las sorpresas. De las nueve asambleas departamentales ya electas, en cuatro (Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca) hay una franca hegemonía del MAS, pues cuenta con dos tercios o incluso más de los asambleístas; y en dos, de La Paz y Pando, tiene mayoría absoluta (50 por ciento más uno).

 Pero, lo verdaderamente novedoso es que en las asambleas de Tarija, Beni y Santa Cruz, ante el práctico empate entre los dos grandes bloques partidarios (el MAS frente a sus oposiciones), los asambleístas indígenas tienen lo que se puede considerar los “votos de oro”, dirimidores, la llave para que uno de los dos grandes bloques, mayoritarios, se imponga al otro.

Aquí es preciso aclarar que mientras los asambleístas de partido (territoriales o por población) son electos mediante el voto universal, lo que pasó el 7 de marzo, los asambleístas indígenas son elegidos, designados, directamente por usos y costumbres propios de cada pueblo indígena; excepto Potosí, en todos los departamentos hay representación indígena en la asamblea departamental. 

HEGEMONÍA. Las asambleas de “extrema” hegemonía del MAS son las de Oruro, Potosí y Cochabamba, pues en ellas, como se puede apreciar en los gráficos adjuntos, los asambleístas masistas no solo alcanzan los dos tercios del legislativo departamental, sino que llegan a 7475%, los tres cuartos.

En Oruro, donde en primera vuelta ganó el candidato a gobernador por el MAS, su legislativo lo conforman 33 asambleístas: 16 por territorio (uno por cada una de las 16 provincias que tiene el departamento), 16 por población y 1 indígena; de los 33, 25 son del MAS. Buena parte de la supremacía masista se debe a que este partido ganó en las 16 provincias orureñas. También logró la mayoría de los escaños por población, 9 de 16; pero, he aquí un hecho que se repetirá en prácticamente todos los departamentos: si las oposiciones al MAS tienen alguna presencia en las asambleas, sobre todo es por sus asambleístas por población, aquellos que se asignan según la votación obtenida en el departamento, proporcionalmente, por cada partido. En Oruro, las oposiciones suman 7.

Similar situación es la potosina: de los 32 miembros que tiene su asamblea, 24 (75%) son del MAS, y de las 16 provincias que también hay en el departamento, en 15 ganó el MAS; solo en una, en la provincia Tomás Frías (donde está el municipio de Potosí), se hizo de la victoria el Partido de Acción Nacional Bolivia (PAN-Bol). Aquí aparece otro rasgo de la distribución del voto: las oposiciones al MAS ganan asambleístas sobre todo en las provincias en que está la capital del departamento. Para gobernador, en Potosí ganó el MAS en primera vuelta.

En Cochabamba, la hegemonía del MAS en su asamblea nuevamente se expresa en contar con más de dos tercios de los asambleístas departamentales, 25 de 34, lo que equivale a 74%. Lo mismo que en los anteriores departamentos, en Cochabamba en 15 de las 16 provincias ganó el MAS; la única provincia en que triunfó la oposición (la agrupación Súmate de Manfred Reyes Villa), es Cercado, la que alberga al municipio de Cochabamba; y solo de esta forma obtuvo  5 de 16 asambleístas por población.

Pero, sin duda, el caso más llamativo es Chuquisaca. Allí, en la primera vuelta ganó Damián Condori de Chuquisaca Somos Todos (CST), con 45,62% de los votos válidos, contra 39,12% del segundo, Juan Carlos León, del MAS; como la distancia entre ambos es de solo 6,5 puntos porcentuales, irán a segunda vuelta hoy. Lo peculiar pasa en la Asamblea Legislativa: pese a su derrota, el MAS logra dos tercios de los miembros del legislativo departamental, de un total de 21 asambleístas, el MAS sumó 14, CST 5, y 2 escaños los indígenas. ¿Cómo pudo pasar este inusual hecho, perder la elección de la cabeza de la Gobernación y ganar, de lejos, la elección de los asambleístas? La primera sospecha estaría en un alto índice del “voto cruzado” (voto por el CST para gobernador, pero voto por el MAS para asambleísta). En una parte de la votación al parecer ocurrió eso, el voto cruzado, pues mien

tras CST le ganó al MAS en el voto para gobernador (por 45,62% a 39,12%), en la votación de los asambleístas por población, fue el MAS el que ganó, con 43,10%, contra 35,20% de CST.  Pero nuevamente se impone el voto por territorio (por provincia). Así, de las 10 provincias que tiene el departamento (un asambleísta territorial por provincia), en 9 ganó el MAS; como en los anteriores casos, y confirmando que en las ciudades capitales al partido de gobierno no le va bien, perdió en la provincia Oropeza, que tiene a Sucre como su principal municipio.

MAYORÍA. Como se ilustra en los gráficos adjuntos, en la asamblea legislativa de La Paz, de 45 miembros, 25 (56%) son del partido azul. Se enfrenta a tres minorías de algún peso: Jallalla, que tiene 8, Por el Bien Común Somos Pueblo (PBCSP) 5, y la representación indígena 5 asambleístas departamentales. Las minorías de un solo asambleísta cada una son Sol.bo y el MTS. Hoy se define la gobernación entre el MAS y Jallalla.  

También aquí es necesario hacer notar que si hay algo que sube la hegemonía del MAS en el legislativo paceño es que de sus 25 asambleístas, 16 fueron elegidos por territorio, ganó en 16 de las 20 provincias de La Paz. En cambio, la oposición de alguna manera es más fuerte entre los legisladores por población; de los 20 asambleístas por población paceños, 11 son opositores. PBCSP (de Rafael Quispe), por ejemplo, que sin tener ningún representante por territorio (lo que significa que no ganó en ninguna provincia), sí logra tener 5 asambleístas por población.

En Pando, si bien al MAS en su asamblea le falta un solo asambleísta para tener los dos tercios de voto, tiene un práctico predominio del legislativo departamental.

Lo peculiar es que en Pando hubo un práctico empate por la Gobernación: el MAS ganó con 41,08% contra 39,07% del MTS, apenas 2 puntos porcentuales de distancia, que por eso hoy en el departamento se va a segunda vuelta. Pero he aquí que su Asamblea Departamental nuevamente presenta una supremacía del MAS “desmedida” en relación a ese cuasi-empate: de 21 legisladores departamentales, 13 pertenecen al MAS, 5 a sus oposiciones y 3 a los indígenas.

 En la presencia masiva del MAS en la asamblea pandina, definitivamente tiene que ver el número de asambleístas por territorio: de los 15 asambleístas por territorio que hay en el departamento, 11 son del MAS y 4 de sus oponentes. En relación a los asambleístas por población, en Pando ocurre un hecho peculiar: solo hay 3 asambleístas por población, provenientes de las dos provincias más pobladas, Nicolás Suárez (dos asambleístas) y Madre de Dios (un asambleísta, de los cuales 2 son del MAS.

INDÍGENAS. Son los casos de Tarija, Beni y Santa Cruz que presentan la más peculiar correlación de fuerzas y la nueva importancia dirimidora que tendrán los indígenas en las asambleas departamentales.

En los tres departamentos, el rasgo común es la fuerte presencia del MAS: tiene la primera mayoría en Tarija (13 de 30 legisladores departamentales) y en Beni (12 de 28 asambleístas) y, con 11 legisladores, iguala el número de asambleístas que tiene Creemos en la asamblea cruceña.

En Tarija, donde el MAS ganó la primera vuelta a gobernador por apenas 358 votos, que por eso allí hoy también hay segunda vuelta, la preferencia electoral está más equitativamente dividida: si el MAS tiene 13 legisladores, Unidos por Tarija (UPT) cuenta con 12, la grupación Todos tiene 2, y los indígenas suman 3 escaños. Si bien las oposiciones al MAS (UPT y Todos) sumadas ya hacen mayoría frente al MAS, pues suman 14 asambleístas, son los indígenas, con 3 votos, quienes podrán decidir si se consolida esta mayoría opositora al MAS, sumando 17 votos en total, o si hacen del MAS la mayoría relativa, con 16 votos (13 del MAS y 3 de los indígenas). En Beni, donde ya es gobernador el candidato del MTS, aparte de que de 28 asambleístas, el MAS cuenta con 12, es llamativo que el MTS, el partido del futuro ejecutivo de la Gobernación, apenas tenga 7; a ello se agrega que la agrupación Todos cuenta con 5 asambleístas y 4 indígenas.

En resumidas cuentas, si el MAS tiene 12 asambleístas, sus oposiciones unidas sumarían otros 12 legisladores; y aquí nuevamente la llave la tendrán los 4 votos indígenas, que inclinarán la balanza a uno u otro lado.

Pese a que en Beni, el MTS ganó la gobernación con un contundente 41,79% contra 22,21% del MAS, en asambleístas, el MAS casi le dobla el número al MTS. Y es que otra vez pesó la representación territorial: en el departamento hay 24 asambleístas por territorio, pero, cuando en el resto de los departamentos el territorio a representar es la provincia, en Beni más bien son los municipios: un asambleísta por cada uno de los 24 municipios que hay allí. Y he aquí que de los 24 escaños en 12 gana el MAS, y como en Beni no hay asambleístas por población, pues lo que manda es la representación territorial.

Santa Cruz, lo mismo. Luis Fernando Camacho, de Creemos, ganó la elección de gobernador con un significativo 55,64% contra 38,17% del MAS, nada menos que 17 puntos porcentuales de distancia; pero, paradoja, esa mayoría absoluta no se refleja en la composición de la asamblea. Y aquí ya no se puede hablar tanto del voto cruzado, pues son de muy similar porcentaje las votaciones tanto por gobernador como por asambleísta por población, con Creemos como claro ganador.

La diferencia nuevamente la establece el voto territorial. El órgano legislativo cruceño está compuesto por 15 asambleístas por territorio, 8 por población y 5 indígenas. Pues bien, de los 15 asambleístas territoriales, el MAS se lleva 8, Creemos tiene 6 y Alianza Solidaria Popular (ASIP) 1; entre los asambleístas por población, que solo son 8, el MAS tiene 3 y Creemos 5. Si bien Creemos puede hacer una alianza natural con ASIP, como frente antimasista, y lograr la mayoría relativa ante el MAS, sumando 12 legisladores, pasa que son los legisladores indígenas los que tendrán los llamados “votos de oro”, pues con sus 5 votos pueden inclinar la balanza o hacia el lado del MAS o hacia el polo de Creemos.

El gobernador es de Creemos, y de darse la eventual alianza MAS-Indígenas, tendría mucho trabajo para llevar adelante su gestión con una óptima gobernabilidad.

Finalmente. Algo pasa con el voto en blanco por los asambleístas por población, pues en todos los departamentos registra inusuales altos porcentajes, tratándose en promedio de un tercio de los votos emitidos: 35% en La Paz, 31% en Oruro, 41% en Potosí (aquí, si se le suma los votos nulos, se llega a 46%: poco menos de la mitad de los electores se apartaría de elegir representantes), 20% en Cochabamba, 32% en Chuquisaca, un promedio de 24% en Tarija, entre 29 y 30% en Pando, y 28% en Santa Cruz.

 (*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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EL IPSO FACTO Y LA ASAMBLEA

Dos temas para entender 2019: el funcionamiento de la Asamblea y el comunicado del TCP

Por Iván Bustillos y Susana Rivero Guzmán

/ 7 de abril de 2021 / 13:45

EL PUNTO SOBRE LA I

Si la proclamación de Jeanine Áñez como presidenta fue o no constitucional es un debate de mucho tiempo todavía. Buena parte de la discusión jurídica, sin embargo, según nuestros entrevistados, se concentra en dos hechos: la fuerza legal que tuvo o no el  comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) del 12 de noviembre de 2019, y la existencia o no de un vacío de poder y la forma en que se lo “llenó” en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Antes, urge tener clara conciencia, reclama el ministro de Justicia, Iván Lima, de que la condición del debate jurídico sobre la sucesión-posesión de Áñez en 2019 fueron las acciones de hecho, la violencia que se usó en esos días para presionar a dar determinada salida jurídica a la crisis.

La renuncia del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, por ejemplo, recuerda el ministro, se produce a la misma hora en que su hermano “era torturado y que casi lo matan en la plaza de Potosí”. Con este antecedente, por decir algo, se puede cuestionar lo “voluntario” de dicha renuncia, si en rigor se la puede considerar como tal.

Para Lima, el vacío de poder es una figura forzada, pues, tal como señala la exdiputada Susana Rivero en estas mismas páginas, en el día crítico, el 12 de noviembre, ella fungía como presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados. Y, aplicando el artículo 169 de la Constitución, ya renunciada la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, Rivero era la depositaria automática de la sucesión, pues “ella sí representaba a la fuerza de mayoría”; en ella “terminaba la sucesión”: y, como último eslabón en la cadena de sucesión, no le quedaba sino convocar a la Asamblea, discutir las renuncias de los mandatarios y llamar a elecciones.

Por el contrario, en la perspectiva del jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, aparte de que hubo un vacío de poder, éste tuvo que ser resuelto con la sucesión en el mismo Senado, con base en el Reglamento General de la Cámara: “No es verdad el argumento de que siempre la presidencia del Senado debe recaer en alguien de la mayoría, porque claramente el Reglamento dice que cuando no hay la presidenta ni la primera vicepresidenta en el Senado, la que reemplaza, en calidad de presidenta, es la segunda, de manera automática” (artículo 41 del Reglamento).

MAYORÍA. Lima remarca que la sucesión dispuesta en el artículo 169 de la Constitución prevé precisamente que el cargo debe mantenerse en manos de la mayoría de la Asamblea: “cuando asume como presidenta alguien que solo tiene 4% de apoyo de la gente, estamos hablando de que no se ha respetado el derecho. Áñez jamás podría haber sido elegida presidenta de la Asamblea” (según los artículos 33 del Reglamento de Diputados, y 35 del de Senadores, apunta).

Otro tema central en el debate de la constitucionalidad o no de la posesión de Áñez, es la contundencia legal del comunicado del TCP.

Alarcón insiste en que si bien el comunicado no tiene fuerza legal por sí mismo (no es ni sentencia ni declaración ni auto constitucional), sí la tiene la norma a que hace referencia: la Declaración Constitucional 0003/01 del 31 de julio de 2001. En lo principal, el considerando III.3, que cita el referido comunicado del TCP, dice: “Frente a una sucesión presidencial en la vacancia de la presidencia de la República, ocasionado por el jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no requiere de ley ni de resolución congresal para que el vicepresidente asuma la presidencia”. Alarcón no deja de señalar que apelar a la carencia legal del comunicado del TCP es una inconsecuencia del MAS, que en el pasado usó, dice, también un comunicado para instaurar juicios de responsabilidades por los petrocontratos a Carlos Mesa y Jorge Quiroga.

Aquí, para Lima, “el TCP no ha avalado nada, un comunicado no es una sentencia y el Tribunal ya lo ha aclarado (se refiere a la declaración del magistrado Petronilo Flores ante una comisión de Diputados, en febrero de 2020, que dijo que el referido comunicado “no tiene ninguna relevancia jurídica”).

En lo relativo a la Declaración Constitucional 0003/01, Lima es enfático al afirmar que la misma, por estar enmarcada en la Constitución anterior, no es aplicable hoy. “Esa jurisprudencia está basada en la Constitución de 1995, por tanto la posibilidad de aplicarse a hechos de la Constitución de 2009 no es válida, no es posible”, destacó.

VIGENCIA. La discusión va para largo, pero he aquí que recobra vigencia jurídica y política. En el plano jurídico, por la instauración en la Fiscalía del llamado caso “golpe de Estado”, y en lo político, por el planteamiento que hizo Comunidad Ciudadana (CC) en su reciente comunicado “Bases para la reconciliación nacional”.

“Nosotros hemos dicho que hay que trascender esta polémica; es una polémica que a estas alturas de lo que necesita el país resulta un lastre, es estéril; entonces no queremos alimentarla, por el contrario, la queremos trascender, ir más allá para tener un escenario de paz en el país, lo que no quiere el MAS, éste quiere un escenario de guerra”, defiende Alarcón el comunicado de CC.

Insistiendo en que la propia elección del presidente Luis Arce es consecuencia “de un proceso electoral encauzado y desarrollado por el gobierno de la señora Áñez”, dice el diputado de CC, el “elemento superador político y jurídico de todo eso han sido las elecciones de 2020”.

Para Lima, por el contrario, la posesión de Áñez es una cuestión pendiente: “El momento que se ha cometido un delito es cuando la señora Áñez sesiona ante una Cámara vacía, en el Senado, luego baja a la de Diputados y se proclama a sí misma Presidenta. Ese es el hecho que debe explicarle al país, por qué lo ha hecho y con el respaldo de quién lo ha hecho; esas son las preguntas que se deben resolver en un juicio penal”.

En cuanto a que la posesión de Áñez sea un hecho superado, Lima apela a que esclarecer los hechos, juzgar a los responsables y reparar a las víctimas solo son un acto de justicia; que luego la democracia se haya podido reencauzar solo expresa lo que se tuvo que hacer para reparar el daño, pero que hubo delito, lo hubo. Cuando se comete un delito, los actos de reparación, de desagravio, de restablecimiento a la víctima, no se pueden considerar como actos que eliminan el ilícito, concluye.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

LA NO SUCESIÓN CONSTITUCIONAL DE 2019

Por Susana Rivero G

El 10 de noviembre de 2019 hubo renuncias públicas y bajo presión —pedidos de renuncia por parte de altos mandos policiales y militares, vejaciones físicas, cercos y quemas de viviendas propias y de familiares— de Víctor Borda que estaba en Potosí, Evo Morales y Álvaro García en Cochabamba, Rubén Medinacelli en Oruro y Adriana Salvatierra en La Paz, en ese orden.

Ese domingo por la noche escuchamos a la senadora Jeanine Áñez, de Demócratas, desde Trinidad afirmar por teléfono a Unitel: “Hemos visto hoy día finalmente lo que todos los bolivianos esperábamos, las renuncias del presidente, del vicepresidente y hemos visto muchas otras renuncias de quienes acompañaban al presidente Morales… y obviamente, lo que sucede en la sucesión constitucional es que cuando han renunciado la presidenta del Senado, el primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, ha renunciado el presidente de la Cámara de Diputados, yo obviamente funjo como oposición y como lo establece nuestro Reglamento interno de debates de la Cámara de Senadores, yo estoy en la segunda vicepresidencia y en ese orden constitucional pues me correspondería asumir este reto con el único objetivo de llamar a nuevas elecciones, pacificar el país y que todo vuelva a la normalidad. Espero que podamos convocar a una asamblea”… “tendría que convocarse a una asamblea para poner en consideración las renuncias de los primeros mandatarios”.

Veamos si la norma se cumplió, si la Constitución fue respetada a través de la aplicación de los reglamentos del Senado y de Diputados.

Opción 1: Permitir que cada una de las cámaras considere las renuncias de Adriana Salvatierra y Víctor Borda, y en caso de rechazo, cualquiera de los dos podía haber asumido la conducción del país, pues sus renuncias verbales para tener validez debían ser presentadas por escrito en sesiones de sus cámaras para consideración del pleno, como lo mandan los artículos 28 y 31 de los reglamentos de las cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente.

Estas renuncias no fueron ni leídas y menos tratadas hasta después del 12 de noviembre en que se produjo la autoproclamación de Áñez.

Opción 2: Convocatoria a sesión de la Asamblea Legislativa por la presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, como última autoridad de la fuerza mayoritaria en la línea sucesoria, para admitir o negar las renuncias de Morales y García:

Artículo 161 CPE: Las cámaras se reunirán para: 3. Admitir o negar la renuncia del Presidente y del Vicepresidente del Estado. Áñez, sin competencia alguna, interpretó y cesó en sus mandatos a Morales y García escogiendo de entre las cinco formas de cesación contempladas en el artículo 170 de la Constitución, la ausencia o el impedimento definitivo, bajo la especulativa argumentación de que ya habían salido del país, inobservando que no habían transcurrido los 10 días de ausencia permitidos por el artículo 173 de la CPE.

Artículo 170 CPE: El Presidente cesará en su mandato: por “muerte, por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa, por ausencia o impedimento definitivo, por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal y por revocatoria de mandato”. Artículo 173 CPE: “El Presidente podrá ausentarse del territorio boliviano por misión oficial, sin autorización de la Asamblea Legislativa, hasta un máximo de 10 días”.

Por otro lado, ¿con qué facultad jurídica podía Áñez instalar una sesión de la Asamblea, sin el quórum necesario en la directiva y en el Pleno, desconociendo los artículos 9 y 73 del Reglamento de Diputados? Artículo 9: “La Asamblea y la Cámara de Diputados sesionarán con la mayoría absoluta de sus miembros”. Artículo 73: “Toda sesión plenaria se efectuará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros”.

Opción 3: Convocatoria a sesión en cámaras separadas, para la elección del presidente o vicepresidente o vicepresidenta del Senado, carteras a ser ocupadas por representantes de la mayoría. Y para la ratificación de la presidencia en ejercicio o nueva elección en Diputados, pues en este caso la vicepresidencia sí estaba ocupada por la fuerza de mayoría. En estricto apego a los artículos 35 y 33 de los reglamentos del Senado y Diputados, respectivamente. 

Artículo 35: (Senado): II. Para asegurar la participación y pluralidad política de la Cámara, la Presidencia, Primera Vicepresidencia, Primera y Tercera Secretaría corresponderán al bloque de mayoría; y la Segunda Vicepresidencia y la Segunda Secretaría al bloque de minoría. Artículo 33: (Diputados): La Presidenta o el Presidente, la Primera Vicepresidenta o el Primer Vicepresidente, la Primera y Segunda Secretarias o el Primer y Segundo Secretarios, corresponderán al bloque de mayoría; la Segunda Vicepresidenta o el Segundo Vicepresidente, la Tercera y Cuarta Secretarias o el Tercer y Cuarto Secretarios, al bloque de minoría.

Como se puede ver, el reglamento del Senado no permitía a la minoría hacerse de la presidencia de la Cámara, menos instalar sesiones sin quórum de mayoría absoluta para el Pleno camaral y de tres miembros en el quórum de la directiva.

Artículo 75: (Senado): “Para instalar válidamente una sesión del Pleno es necesaria la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros”.

Artículo 76: (Senado): “I. La instalación del Pleno Camaral deberá contar con la presencia de la Presidenta o Presidente o Vicepresidenta o Vicepresidente, con la asistencia de por lo menos dos miembros de la Directiva. II. Previa verificación del quórum, el Presidente de la Cámara instalará la sesión a la hora señalada en la convocatoria. III. De no existir quórum, se postergará el inicio de la sesión por 30 minutos, al cabo de los cuales se verificará nuevamente el quórum. IV. Si luego de la postergación persiste la falta de quórum, la sesión será suspendida”.

Opción 4: Aplicar textualmente el artículo 169 de la Constitución y permitir que la presidencia en ejercicio de Diputados convoque a sesión de Asamblea para discutir las renuncias y convocar a elecciones en el plazo máximo de 90 días, tomando en cuenta que ella sí representaba a la fuerza de mayoría y que según el artículo 169 de la CPE con ella termina la sucesión en esta instancia, obligando a llamar a elecciones cuando se llega a este punto. No habla de volver arriba a recomponer directivas y elegir presidente o presidenta.

Artículo 169 CPE: “I. En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o Presidente, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días”.

Como se puede ver, existían varias alternativas legales, independientes e incluso combinadas entre sí que pudieron y debieron aplicarse; sin embargo, a ellas se antepuso el asalto irregular tanto del Senado como de la Asamblea Legislativa y hasta hoy los únicos argumentos para refutarlos o anteponer otra línea interpretativa son un comunicado de prensa sin firmas del Tribunal Constitucional Plurinacional y que Evo y Álvaro ya habían partido con asilo a México.

(**) Susana Rivero G. es abogada

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Lula, Mujica, Rousseff y Lugo, entre otros, fustigan la injerencia de Almagro en Bolivia

El comunicado de la OEA sobre Bolivia y su Justicia irrespeta el mandato que ostenta, afirman. La Cancillería se congratuló relievando la “diplomacia de los pueblos”.

El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro. Foto: AFP

/ 1 de abril de 2021 / 19:11

Doce expresidentes, ocho excancilleres y 22 personalidades suscribieron la declaración «Rechazo a la injerencia en Bolivia» contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

En el documento, que se lo hizo conocer este jueves, los firmantes deploran los comunicados que la Secretaria General de la OEA emitió hace dos semanas, en el que se permite descalificar a la Justicia boliviana, proponiendo crear una Comisión Internacional que investigue la corrupción en el país y que establezca el camino para una reforma del sistema judicial boliviano.

Según el texto, en dichos comunicados Almagro manifiesta una abierta «intromisión en los asuntos internos en Bolivia» y sus declaraciones «exceden, largamente su misión como Secretario General del organismo regional e ignoran el funcionamiento del sistema interamericano».

«El Secretario General debe abstenerse de  realizar pronunciamientos unilaterales en los cuales involucra a todos los miembros de la organización, sin respetar el carácter colegiado de su mandato y no debe intervenir en los asuntos internos de los estados miembros de la OEA», reclaman las exautoridades y personalidades.

Entre los firmantes están los expresidentes Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff de Brasil, Fernando Lugo de Paraguay, José Pepe Mujica de Uruguay, Rafael Correa de Ecuador, Ernesto Samper de Colombia, Evo Morales de Bolivia, Leonel Fernández de República Dominicana, Manuel Zelaya de Honduras, Salvador Sánchez Ceren de El Salvador, Álvaro Colom y Vinicio Cerezo de Guatemala.

Algunos de los exministros de Exteriores son: Celso Amorín de Brasil, Ricardo Patiño y Guillaume Long de Ecuador, además del excanciller de Bolivia Diego Pary.

Entre las personalidades destacan el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; Óscar Laborde, presidente del Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur; Alejandro Moreno, presidente de la Copppal, entre otros.

Los firmantes, tras recordar la responsabilidad que tuvieron la OEA y Almagro en la crisis poselectoral de 2019, «denuncian y rechazan con vehemencia» esta «nueva maniobra contra un gobierno elegido democráticamente».

La Cancillería de Bolivia se congratuló del mensaje con un la frase en Twitter de que es la “diplomacia de los pueblos”.

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Candidatos en Chuquisaca: La gestión dependerá de la relación con el Gobierno

Pese a perder la elección de gobernador, el MAS en Chuquisaca controla la Asamblea Departamental: tiene 14 de 21 asambleístas.

Juan Carlos León y Damián Condori hablaron por separado con La Razón Radio.

/ 1 de abril de 2021 / 12:46

Los candidatos a la Gobernación de Chuquisaca en segunda vuelta, Damián Condori de Chuquisaca Somos Todos (CST) y Juan Carlos León del Movimiento Al Socialismo (MAS), entrevistados en La Razón Radio, dejaron entrever que una cuestión clave en la futura gestión departamental será la relación con el Gobierno, hoy día en manos del MAS.

Ambos candidatos irán a segunda vuelta el 11 de abril en virtud de que en la primera Condori ganó con 45,62% de los votos válidos, en tanto que León obtuvo 39,12%; una distancia de poco más de seis puntos porcentuales, insuficiente para una victoria en primera vuelta.

En la plática vía zoom con La Razón Radio, Condori, disidente del MAS y su rival desde las anteriores elecciones departamentales, apuntó enfático que el Gobierno, antes que un favor, tiene la obligación de asistir a Chuquisaca.

“Damián Condori, como autoridad del departamento, está en su obligación de buscar financiamiento, cooperación, pero el Gobierno central también está en su obligación; no es un favor que va a hacer a los departamentos, sino que es su deber de equilibrar la inversión pública en los nueve departamentos”, destacó el candidato opositor al MAS.

Reclama: Lo que el gobierno central dé para la Gobernación bajo el mando de Condori “no va a ser para Damián, va a ser para los municipios, las regiones, el departamento, para la ciudad de Sucre”. Si se le “bloquea” los recursos, los primeros en ser cuestionados por la gente serán los asambleístas departamentales y los diputados chuquisaqueños del MAS, advirtió el candidato.

Por su lado, el candidato del oficialismo nacional, Juan Carlos León, al reivindicar que hay una mejor gestión departamental si existe afinidad política con el Gobierno central, cuestionó que en la práctica la oposición más hace política que gestión siendo autoridad departamental.

“Ustedes saben que los de la oposición se dedican a pelear. Cuando Evo presidente iba a entregar a los alcaldes recursos de Bolivia Cambia Evo Cumple, por el hecho de que no era de su partido, por el temor de que Evo crezca políticamente, se lo devolvían; varios proyectos han sido paralizados. La gente (opositora) entra a enfrentarse, no entra a trabajar”, recordó León de las gestiones pasadas.

Precisamente, el candidato del MAS dejó entrever que por esta razón la población no debería votar por Condori, pues se vendría una gestión más de oposición política. Con el MAS en la Gobernación habrá estabilidad, “eso tiene que entender nuestra ciudadanía”, concluyó León.

Si es que Condori gana la segunda vuelta del domingo 11, un problema que se viene en la gobernación de Chuquisaca será la gobernabilidad.

Pese a la victoria de Condori el 7 de marzo (aunque insuficiente para serlo en primera vuelta), de los 21 asambleístas departamentales que hay en Chuquisaca, el MAS logró 14, CST tendrá solo 5 y la Nación Guaraní (que elige a sus asambleístas por sus propios usos y costumbres) contará con 2 representantes.

El propio Condori lo reconoció en el programa radial por internet de La Razón, que incluso su gestión será un tanto complicada, toda vez que de las 29 alcaldías que existen en el departamento, 21 están en manos del MAS.

“Para mí, desde el día en que voy asumir como gobernador, sean del MAS, sean del blanco, de otro color, son iguales autoridades electas;  trabajaré con todas las autoridades sin discriminación, sin miramiento, porque el color político se tiene que acabar el 11 de abril”, insistió Condori.

Ambos candidatos, con todo, coincidieron en que uno de los puntales de desarrollo del departamento es la construcción de infraestructura caminera, de conexión con el norte del país y hacia el sur.

Mientras Condori habló de incentivar al pequeño y mediano productor, por ejemplo, no cobrándole impuestos durante los primeros cuatro años de su emprendimiento, León (como también ofreció Álvaro Ruiz, candidato del MAS en Tarija) más bien dijo que la reactivación económica se la impulsará con un bono anual de 500 bolivianos.

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