Nacional

jueves 22 abr 2021 | Actualizado a 15:57

La UE había validado el reporte de la OEA sobre el presunto ‘fraude’: ‘Es muy claro’

El entonces representante de la UE en Bolivia, el español León de la Torre, dijo que su tarea era contribuir a la “recuperación” y “consolidación” de la democracia.

El otrora representante de la UE en Bolivia, León de la Torre. Foto:

/ 28 de marzo de 2021 / 13:15

En la crisis poselectoral de 2019, la Unión Europea (UE) jugó un papel gravitante, desde la observación de las elecciones, su rol en la conformación del gobierno sustituto, la “recuperación de la democracia” y la validación del criterio de “fraude” instalado por la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En las últimas semanas, a raíz del encarcelamiento de la expresidenta Jeanine Áñez, la opinión pública y los actores políticos se concentraron en un franco debate sobre si hubo “golpe de Estado” y “fraude electoral” o no en 2019.

A través de su entonces representante, el español León de la Torre, la UE lideró las negociaciones y los acuerdos en distintas fases del conflicto. El 17 de noviembre de ese año, el diplomático informó de su participación en la construcción de acuerdos para la convocatoria a nuevas elecciones y la conformación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Entonces, en una comparecencia con los periodistas en la plaza Murillo de La Paz, fue consultado acerca de si hubo o no fraude en las elecciones del 20 de octubre. “Lo ha dicho la OEA, que ha tenido una misión de observación desplegada en todo el territorio”, afirmó en relación al informe preliminar del organismo multilateral que había establecido “graves irregularidades” en el proceso electoral.

“Yo creo que el reporte de la OEA es muy claro”, insistió De la Torre.

La UE había colaborado entonces con la misión de observadores de la OEA y en las posteriores negociaciones para la “pacificación” del país. “Vamos a hacer un esfuerzo especial para acompañar al país para recuperar y consolidar la democracia”, afirmó entonces el representante de la UE.

A más de un año de aquellos sucesos, que terminaron con la renuncia de Evo Morales y la proclamación de la otrora senadora de minorías Jeanine Áñez previo a un paro cívico de 21 días, un motín policial y la sugerencia de dimisión presidencial planteada por las Fuerzas Armadas, el Gobierno cuestionó el papel de entonces de la UE y de De la Torre.

La UE participó de las negociaciones políticas en la Universidad Católica de La Paz, fuera de la Asamblea Legislativa, para la sucesión de Áñez.

En sendas entrevistas con el ‘streaming’ Piedra, Papel y Tinta de La Razón, la exdiputada del MAS Susana Rivero, a la sazón titular de la Cámara de Diputados ante la renuncia de Víctor Borda, y Teresa Morales cuestionaron el papel del funcionario europeo.

Incluso Rivero contó que De la Torre presionaba para apurar los acuerdos y la instalación de la Asamblea Legislativa para el acto de sucesión, que al final no ocurrió: Áñez se proclamó presidenta sin sesión, sin resolución legislativa alguna, sin quorum ni asistencia de la mayoría parlamentaria del MAS.

Incluso contó que De La Torre llegó “desesperado” a la residencia de la Embajada de México, donde se encontraban Rivero y Adriana Salvatierra, para llevarlas hasta la Asamblea Legislativa el martes 12 de noviembre. “No puedo salir hasta hablar con toda la bancada (…) no vamos a salir hoy… y, bueno, se fue, y ya en la tarde vimos en la televisión que Áñez solita se puso la banda con los militares; o sea, ese era el plan B”, relató Rivero.

Según reveló, el “plan B” lo advirtió el jefe de Unidad Nacional (UE), Samuel Doria Medina, ante la posibilidad de alejar al MAS de las negociaciones. “Bueno, apúrense a hablar con su bancada porque con ustedes o sin ustedes tenemos un plan B”, recordó Rivero lo que dijo el también empresario, quien hasta ahora no se expresó sobre esa revelación.

Áñez ya se sabía sucesora desde la noche misma de la renuncia del mandatario, el 10 de noviembre, cuando habló con los medios de información desde Trinidad. El 11, ante la convulsión desatada en las calles de La Paz y el país, a través de un video la senadora —como “presidenta del Senado”, dijo— conminó a las Fuerzas Armadas a plegarse a la Policía Boliviana en el control de las protestas.

En una entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón, el vocero presidencial, Jorge Richter, cuestionó el papel del representante de la UE. “La participación del entonces representante de la UE se encontraba bastante desequilibrada en el sentido de que buscaba rápidamente alcanzar una solución de cambio presidencial”, dijo.

“La mirada que tiene el Gobierno sobre aquella participación (de la UE) no es de un agrado completo, porque propició que el Bolivia se pueda instalar un gobierno no constitucional”, insistió Richter.

El 15 de marzo de este año, la UE emitió un comunicado en el que deslindó sus responsabilidades respecto de las alusiones. “En 2019 y 2020, la Unión Europea participó en apoyo a tareas de mediación bajo el liderazgo de la Conferencia Episcopal y junto con las Naciones Unidas. La mediación contribuyó a evitar más enfrentamiento, abrió puertas a la pacificación del país y permitió los acuerdos que llevaron a la realización de elecciones transparentes en las que fue elegido el nuevo gobierno nacional”, señala el texto.

Áñez guarda detención preventiva por seis meses en la cárcel de Miraflores de La Paz. En su condición de exsenadora, es acusada por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración a instancias de la exdiputada del MAS Lidia Patty, quien instaló el proceso contra “Luis Fernando Camacho y otros”, en referencia a la crisis poselectoral de 2019 y la consiguiente cuestionada sucesión de Áñez.

Además de Áñez, están implicados otros nueve colaboradores de la exmandataria, entre ellos los exministros de Energía Rodrigo Guzmán y de Justicia Álvaro Coímbra, también bajo detención preventiva en la cárcel San Pedro de La Paz.

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Jallalla propone que todas sus autoridades electas ganen solo el sueldo mínimo

El salario mínimo es de Bs 2.122 y entre las autoridades electas por Jallalla se encuentran Eva Copa y Santos Quispe.

Por Edwin Condori

/ 22 de abril de 2021 / 13:44

El líder de Jallalla, Leopoldo Chui, planteó este jueves que todas las autoridades electas por esta agrupación política perciban solo el salario mínimo y que el resto de la remuneración que les corresponde sea destinado a los sectores más vulnerables.

La propuesta será oficializada la próxima semana en un encuentro de las autoridades electas de Jallalla en las elecciones subnacionales.

Es así que en ese encuentro se pondrá “a consideración de todos los candidatos electos (para que) desde el momento que asuman sus funciones se establezca un sueldo mínimo y que el resto de lo que van a percibir los concejales, asambleístas (y otras autoridades electas se destine) a sectores vulnerables, como los niños, los adultos mayores y otros”, ratificó.

Incluso, para dar ejemplo, Chui tomó una Biblia en sus manos y se comprometió públicamente a ganar solamente el sueldo mínimo porque también fue electo como asambleísta por Jallalla en las subnacionales.

El salario mínimo del país es de Bs 2.122 y entre las autoridades electas por Jallalla se encuentran Eva Copa (Alcaldesa de El Alto) y Santos Quispe (Gobernador de La Paz). (22/04/2021)

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La Asociación de Víctimas de Senkata declara persona no grata a Amparo Carvajal

Aclara que ‘no es de su interés el saber si hubo fraude o golpe de Estado en el 2019', lo que buscan —afirma— es justicia por sus familiares asesinados.

/ 22 de abril de 2021 / 09:48

La Asociación de Víctimas de Viudas, Huérfanos y Heridos de la Masacre de Senkata, a través de un voto resolutivo, determinó declarar “persona no grata” a la “activista por los Derechos Humanos Amparo Carvajal” por considerar que “miente respecto a los acontecimientos de 2019”. En el documento se repudia asimismo a Nadeshda Guevara y Freddy Rojas, por no representar a los intereses del grupo.

“Repudiamos y declaramos persona no grata a la Sra. Amparo Carvajal que siendo activista de los Derechos Humanos, descaradamente miente sobre nuestros esposos asesinados y heridos a bala. Rechazamos su nominación al Premio Nobel por encubrir los asesinatos en las masacres de 2019”, indica el punto 4 del voto resolutivo.

A fines de febrero, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) anunció una campaña para postular a Carvajal, actual presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), a que reciba esta distinción mundial que se hará conocer a fines de octubre y que este año cuenta con 329 candidaturas en el mundo. Desde entonces, la posibilidad fue rechazada por varios sectores que consideran que Carvajal “nunca ha reconocido las muertes en Senkata y Sacaba y tampoco ha reconocido el golpe de Estado instaurado en 2019”.

En tanto, la Asociación de Víctimas aguarda el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) que concluyó la fase de entrevistas y recepción de testimonios y al momento redacta las conclusiones para hacer conocer sus resultados ante el gobierno boliviano a fines de mayo o principios de junio.

“Afirmamos nuestro derecho irrenunciable a exigir justicia por las graves vulneraciones a los Derechos Humanos, juicios extrajudiciales, torturas y masacres cometidos por los servidores públicos del gobierno transitorio de Jeanine Áñez”, reza el voto resolutivo.

El 19 de noviembre de 2019, en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto, 10 personas perdieron la vida por impacto de bala en enfrentamiento con fuerzas militares y otras 65 resultaron heridas. También hubo decenas de detenidos.

“No es de nuestro interés si hubo o no hubo fraude electoral o golpe de Estado, lo real es que se cometieron asesinatos, procesos extrajudiciales, torturas y masacres en la vida de aimaras y quechuas”, concluye el documento. (22/04/2021)

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Desde EEUU, diputada dice que la CIDH rechaza a la repostulación indefinida

Una comisión de legisladores de oposición se encuentra en Estados Unidos para denunciar ante organismos internacionales una supuesta vulneración de derechos humanos y persecución policía en Bolivia

Por Karina Pérez

/ 21 de abril de 2021 / 23:36

Desde Estados Unidos, la diputada de Comunidad Ciudadana Luisa Nayar informó que en la reunión que sostuvo la misión de legisladores de oposición con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se hizo conocer su posición de que la repostulación no es un derecho humano.

«(La CIDH) se pronunció de forma contundente respecto a que no existe el derecho humano a la reelección indefinida, sobre esta posición institucional, señaló que será remitida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos», destacó la legisladora.

A su juicio, la posición del organismo es importante porque la declaratoria de que la repostulación indefinida de autoridades sería un derecho humano desencadenó «una crisis policial e institucional en Bolivia».

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) avaló la repostulación del expresidente Evo Morales amparado en el Pacto de San José de Costa Rica que fija como un derecho humano los derechos políticos.

También hubo una reunión con representantes de Human Right Watch. En la reunión “aseguró su compromiso en la observación de la crisis boliviana, en particular respecto de las vulneraciones a los derechos humanos por parte del órgano político a través del Órgano Judicial y del Ministerio Público».

Este jueves se desarrollará la reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

La comisión que viajó a Estados Unidos está compuesta por los legisladores de CC, Marcelo Pedrazas, Enrique Urquidi y Luisa Nayar, además de los asambleístas de Creemos, Walthy Eguez, Erwin Bazán, Mariel Marin, Henry Montero, Centa Rek, Richard Ribera, Maria Rene Álvarez y Ericka Chavez.

El viaje de los legisladores fue duramente criticado por el oficialismo y catalogado como un viaje de «paseo».

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Tras un año de pronunciarse, el TCP hace público rechazo de demanda contra la repostulación de Morales

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hizo conocer el miércoles un auto constitucional que había emitido hace un año sobre la demanda de inconstitucional del fallo que avaló la repostulación

Evo Morales. Foto: APG.

/ 21 de abril de 2021 / 20:00

A pesar de que se pronunció hace un año, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) recién notificó el martes a las partes con el auto constitucional que rechazó la nulidad de la sentencia 084/2017 que avaló la repostulación del expresidente Evo Morales.

El fallo fue conocido en una audiencia de Acción de Amparo Constitucional presentada para, justamente, exigir el pronunciamiento del control constitucional sobre la demanda de inconstitucionalidad contra el fallo que viabilizó la postulación de Morales. Esa audiencia también demoró más de seis meses.

La demanda fue planteada el 2019, por los abogados Angelica Siles, José Antonio Rivera Santibáñez, William Bascopé, Gilberto Cortez, William Herrera, Arturo Yáñez y otros que exigían al TCP la nulidad de la sentencia de la repistulación, reportó la versión digital de Correo del Sur.

El abogado Arturo Yáñez lamentó la forma cómo se maneja la justicia constitucional, que notifica fallos con más de un año de retraso de la supuesta fecha de emisión.

Tras que perdiera en un referéndum la repostulación, el MAS acudió al control constitucional para habilitar una nueva candidatura de Morales. Se lo habilitó y terció en las elecciones de octubre de 2019, que fueron anuladas tras denuncias de fraude electoral, sumadas a un paro cívico, un motín policial y la “sugerencia” militar de dimitir.

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Creemos de Camacho le gana la pulseta al MAS y se hace de la presidencia del Legislativo cruceño

El MAS no logró consolidar el pacto de unidad que había firmado con la bancada indígena. Zvonko Matkovic es el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz

Zvonko Matkovic

Por Carlos Corz

/ 21 de abril de 2021 / 16:48

La agrupación Creemos se hizo de la presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, pese a los intentos del MAS de formar un bloque de oposición con asambleístas indígenas para presidir la directiva. Zvonko Matkovic es el presidente del ente deliberativo y anunció que su elección respetó las normas internas.

Las sesiones preparatorias estuvieron marcadas por incidentes, entre ellos la filtración de un audio en el que aparentemente un asambleísta del MAS habla de “pinchar” teléfonos para saber quiénes apoyan a Creemos del gobernador electo Luis Fernando Camacho, quien reveló que acordó con indígenas.

Clemente Ramos, jefe de bancada del MAS, evitó hacer comentarios sobre el audio y denunció que los miembros de su bancada fueron “hostigados” y que fueron perseguidos. No estuvieron en la sesión.

Matkovic aseguró que la sesión en la que fue electo se desarrolló en el marco de la legalidad y el quórum respectivo.

“Ahora que hemos salido de este impasse queda sentarnos y trabajar en las leyes que proponga el Ejecutivo”, anunció quien fuera uno de los acusados en el anulado caso Terrorismo, en el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez.

La estrategia del MAS para hacerse de la presidencia del legislativo departamental no prosperó. Clemente informó el 14 de abril de la firma de un “pacto de unidad” con los asambleístas indígenas para una gestión conjunta y entregarles la presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental.

Con el acuerdo, el MAS y los indígenas sumaban 16 votos y la agrupación Creemos de Camacho se queda como la bancada de minoría con 11 representaciones logradas en las subnaciones del 7 de marzo. Sin embargo, Creemos logró la mayoría para controlar el legislativo.

Camacho acudió al Legislativo Departamental para felicitar a Matkovic, quien renunció a la suplencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional para optar por un curul en las justas del 7 de marzo.

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