Nacional

sábado 19 jun 2021 | Actualizado a 13:34

Acusan por el motín policial de 2019 a la sargento Cecilia Calani, exdirigenta de Annsclapol

“En los hechos ocurridos durante los conflictos sociales, ella siempre enarboló la bandera blanca de paz y llamó a sus camaradas a apaciguar los ánimos”, indicó Freddy Paita, abogado de la sargento Calani

La sargento Cecilia Calani

/ 12 de mayo de 2021 / 19:12

La exdirigenta de la Asociación de Sargentos Cabos y Policías (Annsclapol) sargento Cecilia Calani fue notificada formalmente para defenderse en el proceso disciplinario abierto en la Policía por su participación en el motín que en 2019 derivó, junto a otros hechos, en la renuncia del expresidente Evo Morales.

El proceso fue abierto en Sucre. “En los hechos ocurridos durante los conflictos sociales, ella siempre enarboló la bandera blanca de paz y llamó a sus camaradas a apaciguar los ánimos”, indicó su abogado Freddy Paita en entrevista radial con Fides Sucre.

Un video del 8 de noviembre de 2019 la muestra a Calani apoyando el motín policial enarbolando la bandera tricolor y pidiendo la renuncia del expresidente Evo Morales.

En diciembre de 2020 y ante los anuncios de procesos disciplinarios Calani dijo: “Las autoridades que lo analicen bien y no prendan fuego, porque eso sería un paso más muy difícil para todo el país”.

El jueves 26 de noviembre de 2020, la Policía, a través de su Fiscalía, abrió causa contra los denunciados de haber instigado y conducido el motín policial de noviembre de 2019; el punto de partida es la denuncia presentada por el exministro Carlos Romero.

Leer además: Del Castillo sobre el motín policial: ‘Fue un grupo de la Policía que se alejó de los intereses de la Patria’

En declaración a La Razón, el director nacional de ese entonces de la Dirección General de Investigaciones Internas de la Policía (Digip) coronel Néstor Villca señaló que la investigación fue abierta con base en la denuncia que presentó el exministro Romero.

En enero de 2021, el viceministro de Descolonización y Despatriarcalización, Pelagio Condori, formalizó una denuncia contra 26 efectivos de la Policía que participaron del motín policial de noviembre de 2019 por la comisión de faltas graves.

Debido a la denuncia de Condori, se procesó e imputó en la vía disciplinaria en La Paz al suboficial Daniel Castelú. Fue uno de los primeros uniformados llevado a juicio policial.

Paita informó que su defendida ya había sido sobreseída de un proceso similar y anunció la presentación de un amparo constitucional.

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CC defiende sucesión de Áñez y dice que Mesa calló en la Fiscalía para no ser ‘malinterpretado’

La senadora Andrea Barrientos afirma que la reconciliación en el país pasa por una reforma de la Justicia.

/ 18 de junio de 2021 / 11:18

La senadora por Cochabamba de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, ratificó este viernes que la sucesión presidencial de Jeanine Áñez tras la renuncia de Evo Morales fue constitucional y que el jefe de su partido, Carlos Mesa, se acogió al silencio el jueves en la Fiscalía para evitar que sus declaraciones sean “malinterpretadas”.

“El reglamento de la Cámara de Senadores dice que en ausencia del presidente y el primer vicepresidente de la Cámara de manera inmediata asume la presidencia de manera automática el segundo vicepresidente. El reglamento no dice solo podrá asumir la presidencia del Estado un miembro del oficialismo. Ante el vacío (de poder) que teníamos (tras la renuncia de Morales a la presidencia, el 10 de noviembre de 2019), esa vicepresidente de la Cámara que teníamos era Jeanine Áñez; por lo tanto, para evitar el vacío de poder, quien tenía que asumir era Jeanine Áñez”, justificó la legisladora en entrevista con La Razón Radio.

Advirtió que “no se puede llamar régimen de Áñez, sino el gobierno constitucional de Áñez porque su transición estuvo enmarcada en las normas vigentes de la Cámara de Senadores”.

También fustigó al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, “por no haber abierto proceso contra Áñez en cuanto asumió el poder del Estado”.

“¿Por qué si hubo golpe de Estado, Lanchipa no inició proceso de manera inmediata?, porque cuando quiere es altamente cumplidor de la norma y cuando quiere es manipulador de la norma”, refirió.

Dijo además que la reconciliación en el país pasa por la reforma de la justicia que en este momento quiere “lavar la cara a gente indefendible”, como es el caso de Evo Morales.

Aclaró que tanto su persona como Carlos Mesa, además de su partido, no defienden ni a Áñez, ni a los exministros Arturo Murillo y Fernando López. “Lo que defendemos es una transición constitucional”, aclaró. Luego aseguró que “con estos temas, el Movimiento al Socialismo (MAS) mete una cortina de humo para tapar su ineficacia para solucionar la crisis de salud que vive el país”.

Asimismo, Barrientos se declaró “una perseguida política del MAS”, porque “dice cosas en contra de Evo Morales en su rol de senadora”.

Al ser consultada sobre el silencio que guardó Carlos Mesa cuando se presentó en la Fiscalía Departamental de La Paz para declarar sobre el caso Golpe de Estado, la senadora opositora aseveró que el jefe de su partido quiso evitar que sus declaraciones sean “malinterpretadas”.

“Carlos Mesa ha leído un documento, le ha explicado al Fiscal todos los motivos del porqué no iba a responder las preguntas. Es mentira que un testigo no pueda acogerse al silencio, tanto la Constitución Política del Estado como el Código de Procedimiento Penal le permiten a cualquier testigo abocarse al silencio, sobre todo si sus declaraciones pueden ser malinterpretadas, distorsionadas, para iniciarle cualquier acción penal de manera intencionada, como lo hace el MAS con los opositores”, puntualizó.

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La Defensora afirma que la Iglesia miente sobre las ‘masacres’ de Sacaba y Senkata

Nadia Cruz asegura que el informe de la Conferencia Episcopal de Bolivia es ‘humillante porque habla de enfrentamiento en Sacaba y Senkata’.

/ 17 de junio de 2021 / 21:54

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, afirmó ayer que la Iglesia Católica miente respecto a los hechos violentos acaecidos en Bolivia en noviembre de 2019, porque en su “Informe-Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia” presentado el martes se afirma que las masacres de Sacaba y Senkata fueron “enfrentamientos”.

“Pondremos en conocimiento del Vaticano estas mentiras en que ha ingresado la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) y seguramente internamente el papa (Francisco) verá si asume o no una acción de vigilancia y de fiscalización de lo ocurrido en Bolivia durante el 2019 y 2020”, afirmó Cruz durante una entrevista en el streaming de La Razón Radio.

La Defensora fustigó asimismo la posición del clero boliviano durante el conflicto político-social tras las elecciones de octubre de 2019 y aseguró que en su informe “tratan de tapar los delitos de quienes promovieron asesinatos” en Sacaba y Senkata.

“El documento carece de fundamentación. Lo que nos ha convocado no solo la atención sino también la indignación desde la Defensoría del Pueblo es que respecto a las masacres de Sacaba y Senkata no solo las invisibilizan, sino que continúan con una línea discursiva del gobierno de Jeanine Áñez impuesta por Arturo Murillo y Fernando López”, remarcó.

Protestó porque en el caso de las masacres se habla de enfrentamientos, “y eso nos parece algo para denostar, para repudiar porque no solamente es mentira esta afirmación, sino que es atentatoria contra la dignidad de los hombres que fueron asesinados”.

En el informe se señala que el 15 de noviembre de 2019 “se suscita un hecho lamentable: los enfrentamientos violentos en Sacaba. La Parroquia del lugar prestó atención a quienes sufrieron agresiones y acogió a los muertos y heridos. Estos eventos forzaban a los facilitadores a apresurar el proceso de diálogo”.

En cuanto a Senkata, la CEB afirma en su documento: “todos quienes participaban del diálogo (el 19 de noviembre de 2019) quedaron consternados por la violencia desatada en Senkata (Planta engarrafadora donde están los principales almacenes de gas licuado de petróleo de Bolivia). La Iglesia acogió a los muertos y heridos en la parroquia de la zona, donde el párroco y la población clamaban paz y justicia (…)”.

Cruz también anunció que se “recomendará al Ministerio Público no tomar en cuenta el informe de la Iglesia para las investigaciones en los diferentes procesos judiciales que están en curso”. Aclaró que como Defensoría del Pueblo, no tiene la competencia para abrir procesos.

“Esperemos que el sistema de justicia en Bolivia cambie, porque en el pasado vimos mucha retardación o en algunos casos ni siquiera fueron tomados en cuenta”, reclamó.

Indicó que los hechos acaecidos en Sacaba y Senkata fueron catalogados como “masacres” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Hubo 27 asesinatos a bala y esto está confirmado”, recordó.

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Asociación de Víctimas de Senkata y APDH El Alto repudian el informe de la Iglesia Católica

Critican la ‘falta de sentido humanitario, solidario y fraterno’ de la jerarquía católica y dicen que ‘como Pedro, negaron tres veces a las víctimas’.

Por Ghilka Sanabria

/ 17 de junio de 2021 / 11:44

La Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata y la Asamblea permanente de los Derechos Humanos (APDH) de El Alto hicieron conocer, a través de un comunicado, su “repudio” al informe presentado por la Iglesia Católica donde “deslindan cualquier responsabilidad a los pacifistas”.

“La APDH de El Alto, junto a las víctimas de noviembre de 2019, (familiares de los Asesinados, Heridos y Torturados) expresamos nuestro repudio por la falta de sentido humanitario, solidario y fraterno, por parte de la jerarquía católica en contra de las Víctimas de las Masacres, de las víctimas de los juicios extrajudiciales, de las victimas heridas a bala y de las víctimas que fueron torturados”, dice parte del documento.

Aseguran que esta memoria responde a justificar pecados, porque “solo se refiere de Senkata o Sacaba como hechos aislados, sin trascendencia, dónde la iglesia recibió a heridos, a fallecidos y realizaron misas. El documento de la jerarquía de la Iglesia Católica no se manifiesta por los asesinatos, por los heridos de bala o por las personas torturadas”, dice.

Se hace notar que en la memoria de 25 páginas se hace énfasis en el vacío de poder y se olvida detallar lo que se hizo “para determinar las graves violaciones a los derechos humanos, como las masacres de Senkata, Sacaba, sobre los juicios extrajudiciales cometidos por las autoridades de la pacificación y por el genocidio cometido contra aymaras y quechuas”.

Finalmente se afirma que las víctimas existen en la vida real y que no son imaginación intelectual ni creación imaginaria de un laico.

“Las dos posiciones de ‘fraude o golpe’ menosprecian la dignidad de las víctimas reales, hasta la fecha la jerarquía católica no asumido la opción por los pobres, como Pedro, tres veces negaron a la víctima”, concluye el documento.

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Asambleísta Leopoldo Chui dona parte de su sueldo a niños necesitados

El presidente de la agrupación Jallalla cumplió con su compromiso de entregar parte de su sueldo a organizaciones de niños. Entregó Bs 10.000.

Leopoldo Chui, jefe de Jallalla, en la transmisión La Razón Radio.

/ 16 de junio de 2021 / 17:08

El asambleísta departamental y presidente de la agrupación Jallalla, Leopoldo Chui, confirmó a La Razón que la mañana de este miércoles entregó Bs 10.000, parte de su remuneración, en beneficio de niños necesitados. Similar actividad realizará este jueves en El Alto.

“Hoy hemos entregado alrededor de Bs 10.000 a entidades de niños y mañana entregaremos otra parte en El Alto y así sucesivamente”, declaró.

En abril pasado, Chui se comprometió a bajar su sueldo al mínimo nacional Bs 2.122 y dijo que Bs 9.800 irá a sectores necesitados como los lustrabotas.

Chui dijo en aquella oportunidad que “esta determinación es el inicio del cumplimiento a las promesas electorales y una de las primeras medidas del partido ganador de la Gobernación paceña Jallalla los Pueblos”.

Asimismo, en abril, pidió que sus correligionarios, la alcaldesa electa de El Alto, Eva Copa, y el gobernador de La Paz, Santos Quispe, concejales y asambleístas de su partido, hagan lo mismo. Copa lo descartó.

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Exministro Díaz dice que Áñez tenía un minigabinete y ‘seguro trabajaba mucho más de cerca con ellos’

El exministro de Planificación para el Desarrollo Carlos Díaz afirmó que Arturo Murillo era una persona muy allegada a Jeanine Áñez y que siempre se mostró dinámico y activo dentro del gabinete

El exministro Carlos Melchor Díaz Villavicencio después de declarar ante el Ministerio Público en La Paz

Por Ghilka Sanabria

/ 16 de junio de 2021 / 16:56

El exministro de Planificación para el Desarrollo, Carlos Díaz, declaró este miércoles en la Fiscalía en el marco del caso “Gases lacrimógenos” y confirmó que en el gobierno de Jeanine Áñez «existía» “un minigabinete” formado por el entorno de confianza de la expresidenta.

“La presidenta tenía un grupo de ministros de confianza y seguramente ella trabajaba mucho más de cerca con ellos. En lo personal yo no me sentí excluido porque estaba desarrollando mi trabajo, mis funciones dentro de lo que mandaba el ministerio de Planificación para el Desarrollo”, explicó.

Exministros como de Gobierno, Arturo Murillo, de Defensa, Fernando López y de la Presidencia, Yerko Núñez, formaron parte del círculo de confianza de Áñez. López y Murillo son citados como los principales responsables en la denuncia de sobreprecio de $us 2,3 millones en la compra de gases lacrimógenos en 2020.

El Ministerio Público investiga desde diciembre la compra de gases lacrimógenos con presunto sobreprecio, tras denuncias de los hoy exdiputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) Elvira Rojas, Sonia Brito, Edgar Montaño, Ayda Villarroel, Juana Quispe, Remberto Calani y Franklin Flores.

El exministro en la calle Potosí tras declarar en la Fiscalía. Foto: Álvaro Valero

Murillo fue detenido en Estados Unidos por la corrupción vinculada a la compra de la munición no letal y López se encuentra en Brasil.

El fiscal Alexis Vilela citó en el caso como testigos a los exministros de Desarrollo Rural Mauricio Ordoñez; de Minería Carlos Fernando Huallpa; de la Presidencia Yerko Núñez; de Deportes Milton Navarro; de Trabajo Oscar Mercado; de Salud Aníbal Cruz; de Desarrollo Productivo Wilfredo Rojo; de Medio Ambiente María Pinckert; de Economía José Luis Parada; y de Planificación Carlos Díaz. Y en la víspera también fue incluida la exministra de Comunicación Roxana Lizárraga.

“Murillo era el ministro de Gobierno, una persona muy allegada a la presidenta y era una persona bastante activa”, refirió Díaz.

“La Fiscalía me preguntó cómo se trataron los decretos (que viabilizaron la compra de los gases lacrimógenos) y luego si es que sabía yo cómo se habían hecho las compras que son de estricta responsabilidad de los entes que las realizan, por lo tanto yo desconocía cualquier tipo de procedimiento o cualquier tipo de acciones que se hubiera hecho en el proceso de adquisición”, sostuvo en un contacto con la prensa a la conclusión de su declaración.

Respecto a la firma de los tres decretos para la compra de material no letal para la Policía, Díaz aseguró que solo participó en la firma de dos.

“Yo no percibí en su momento ningún tipo de presión para la firma de los decretos que autorizaban la compra, simplemente se presentaron en el gabinete por la vía rápida y estos decretos solicitaban que el material se lo debía comprar en el exterior dado que no existía en el país, de acuerdo a la información del Ministro de Defensa”, relató.

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