Tras el inicio del juicio oral por el caso Gases Lacrimógenos de Ecuador, el Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz declaró la rebeldía de los exministros de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, Arturo Murillo, Luis Fernando López y Roxana Lizárraga y otros dos acusados. Además, determinó que se les asigne abogados de oficio para asistir a las audiencias.

“Se ha instalado y lógicamente se ha suspendido para el 28 de mayo, en vista de que no se han hecho presentes cinco coimputados, entre ellos, el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, el de Defensa, Fernando López, y de Comunicaciones, (Roxana Lizárraga). Son cinco que han nombrado rebeldes. Ha ordenado la admisión de la orden de aprehensión y les han nombrado abogados de oficio”, dijo Oswaldo Rojas, defensa de uno de los acusados.

El jurista señaló que el juicio oral continúa y éste debe tener su procedimiento, en razón que en el inicio del juicio oral se presentará “algunas” excepciones, incidentes o una mención de las acusaciones.

La Fiscalía Departamental de La Paz informó sobre el inicio del juicio oral e indicó que el Ministerio Público presentará todas las pruebas colectadas en etapa de investigación. Señaló que se pedirá la pena máxima de 30 años de cárcel para las tres exautoridades y otras siete personas por los delitos de tráfico ilícito de armas e incumplimiento de deberes.

Según los antecedentes de la investigación, el caso Gases Lacrimógenos de Ecuador se refiere al 15 de noviembre de 2019, periodo en el que se llevó adelante una reunión entre los exministros de Gobierno, Defensa y Comunicación con el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el excomandante General de la Policía Boliviana y otras autoridades que determinaron solicitar los préstamos de materiales antidisturbios para enfrentar la crisis social en el país.

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Inmediatamente, partió de Bolivia un avión a Ecuador para recoger el armamento solicitado en calidad de préstamo.

Tres días más tarde, el 19 de noviembre de 2019, las Fuerzas Armadas y la Policía reprimieron una manifestación. Ese hecho desencadenó en la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto. El saldo fue de 10 civiles muertos y al menos 78 heridos.

De acuerdo con las declaraciones testificales, la solicitud la hicieron el exministro de Defensa y de Gobierno a iniciativa de la exministra de Comunicación, quien habría coordinado el préstamo de agentes antidisturbios con la República del Ecuador.

El fiscal Bladimir Bolívar informó que durante la investigación se colectaron pruebas como el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador, los planes de vuelo, de aterrizaje y despegue del avión Hércules C-130, donde viajaron a Ecuador policías y militares de Bolivia.

Además, dijo que está la solicitud de devolución de los agentes químicos de la República del Ecuador, lo que hace presumir la participación de los acusados en la internación ilícita de agentes químicos al país (granadas, gases y proyectiles de largo y corto alcance), como préstamo de la República del Ecuador, durante la crisis social de 2019.

“Los exministros de Gobierno y Defensa coordinaron con los comandantes del Ejército y de la Policía para designar personal de ambas instituciones, que habrían sido trasladados desde Palacio de Gobierno en helicóptero hasta el Hangar de los Diablos Negros de la ciudad de El Alto, para viajar a la República de Ecuador, recoger los agentes químicos y traerlos a Bolivia, para luego repartirlos entre militares y policías”, señala una nota de prensa de la Fiscalía General del Estado.

El presidente en ejercicio de la Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, rechazó este lunes las declaraciones del presidente de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, vocal Israel Campero, quien señaló que el fallo a favor del Movimiento Al Socialismo (MAS) afín al presidente Luis Arce se debe a un “error de origen” que cometió el Órgano Electoral Plurinacional.

“Rechazamos las declaraciones del vocal de la Sala Constitucional Primera de La Paz, que, sin ningún respaldo técnico, ni jurídico, culpa al TSE de un ‘error’ de inicio en el proceso de supervisión a una organización política”, escribió Vargas desde su cuenta de X.

El fin de semana, el vocal Campero señaló a la red Erbol que “el primer error y el error de origen lo cometió el Órgano Electoral. El Órgano Electoral es un órgano técnico, no es un conjunto de amigos que se reúnen para decidir una cuestión. (…) Es absolutamente inaceptable que un Tribunal Supremo Electoral (TSE), al momento de autorizar o no un congreso, no advierta que dentro de la inscripción normativa existe una cláusula que es de difícil inobservancia”.

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Campero justificó de esa forma el fallo emitido por la Sala Constitucional que instruyó al TSE realizar la supervisión del congreso del MAS arcista en El Alto, pese a que, precisamente, en la anterior semana, la entidad electoral rechazó el acompañamiento de este encuentro.

La cláusula a la que hace referencia la autoridad judicial es la resolución emitida por la Sala Constitucional en diciembre de 2023, en la que se ordena que el congreso del MAS debe ser convocado “previo consenso” con sus organizaciones matrices.

Vargas también indicó que el TSE, en la supervisión del congreso, verifica el cumplimiento de la norma y del estatuto del partido político. “En este caso, la división dentro de las organizaciones sociales reconocidas en el estatuto del partido político ha derivado en complicaciones internas en este proceso”.

El instrumento político oficialista está marcado por la división de su liderazgo entre evistas y arcistas. Por un lado, está el Pacto de Unidad que respalda al presidente Luis Arce y realizó desde el viernes hasta el domingo un congreso en El Alto para elegir una nueva directiva; por el otro, se encuentra la dirección nacional, a la cabeza del expresidente y jefe del partido, Evo Morales; que convocó a otro congreso para el 10 de julio en Villa Tunari, Cochabamba.

La autoridad electoral dijo que el ente electoral emitió todas sus resoluciones en el marco de la Constitución Política del Estados, las leyes y los reglamentos que regulan su accionar, pero, además, exigió el “respeto al Órgano Electoral y que se garantice la independencia de los órganos del poder público, como establece nuestra CPE”.

El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, descartó este lunes que se esté vulnerando los derechos a la visita del gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho, recluido preventivamente en la cárcel de Chonchocoro de La Paz.

“No hay ninguna vulneración de derechos, más bien creo que hemos sido personas que hemos respetado absolutamente sus derechos y el derecho sobre todo a la visita de su familia (para) que puedan acompañar (en) la privación de libertad (de Camacho)”, dijo Limpias.

La mañana de este lunes se conoció una carta enviada por Camacho a Limpias, en el que pide se “exime el cese a vulneraciones a derechos por parte su autoridad”.

En el documento, el gobernador encarcelado señala que “siendo esta la tercera vez que denuncio ante su autoridad la tortura blanca a la que estoy siendo sometido, pongo en conocimiento que no voy a permitir mayores vulneraciones a mis derechos y hago conocer a su persona sobres acciones ordinarias e internacional en su contra”. 

Ante estas declaraciones de Camacho, el director de Régimen Penitenciario recordó que, incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un pronunciamiento de cómo está y vive el gobernador cruceño en el centro penitenciario de Chonchocoro. “Nos ha dicho que esas medidas que ha admitido la administración penitenciaria son medidas asertivas y que continuemos esas medidas”.

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Respecto a los exámenes clínicos de la autoridad cruceña, limpias también señaló que desde la administración penitenciaria fueron serios, esto en razón que no solo fue elaborado por esta entidad, sino que participaron médicos externos del Hospital Alto Sur de El Alto y del Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz, cuyos miembros no son “funcionales” a Régimen Penitenciario, por el contario pertenecen a la gobernación y municipio.

“Entonces son médicos que han venido y que han valorado todo lo que corresponde los exámenes periciales que se han realizado. El IDIF que es una instancia investigativa pericial ha estado viendo todo lo que se ha hecho. Creo que en base a todo eso la CIDH se ha manifestado que bueno hay una atención del Estado a un privado de libertad”, manifestó.

Camacho cumple detención preventiva en el penal de Chonchocoro, acusado en el caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos precedentes al derrocamiento del presidente Evo Morales, en noviembre de 2019.

Desde su aprehensión el pasado 28 de diciembre de 2022, a la fecha, son seis los procesos abiertos en su contra y ya cuentan con una acusación formal los casos Golpe I, Decretazo y Carro bombero, según los antecedentes que maneja su abogado Martín Camacho.

Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz y detenido en Chonchocoro, se refirió a la situación interna del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuya ala arcista eligió una nueva directiva, el domingo, en su congreso nacional.

“Evo está tomando una cucharada de su propia sopa (…), lo que ayer (domingo) le hicieron a Evo Morales usando a la justicia sometida, él nos lo hizo a los bolivianos el 2016. Pero a él le quitaron un partido; a nosotros, en cambio, nos robó la democracia”, criticó el lunes en su cuenta de X.

El 2016, Morales convocó a un referéndum para consultar a la población si se debía modificar el artículo 168 de la Constitución para su eventual tercera relección.

En dicha ocasión, el No a la modificación se impuso por un estrecho margen, 51,3% de los votos frente al 48,7% del Sí.

Sin embargo, Morales y el MAS acudieron al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con su sentencia de noviembre de 2017, permitió al entonces presidente postularse como candidato en 2019, consideradas luego “fraudulentas”. En medio de una convulsión social, Morales tuvo que renunciar a la presidencia y salir del país el 10 de noviembre de ese año.

El congreso arcista concluyó el domingo y renovó la directiva del partido, que había estado precedida por Morales desde 2017. Fue supervisado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) luego de una instrucción directa del Órgano Judicial, pese a que el Tribunal Electoral había rechazado en reiteradas oportunidades la convocatoria.

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El ala evista y Morales fustigó este hecho, denunció que Arce gobernaba a través de la Justicia. Advirtió con tomar medidas legales y medidas de presión.

“Morales y sus militantes anuncian resistencia en las calles y en las carreteras; los bolivianos que amamos la democracia salimos con nuestras pititas a las calles y las rotondas contra el fraude que él nos hizo”, recalcó Camacho, líder de Creemos.

Justamente, a raíz de esos hechos en 2019, Camacho se encuentra detenido en Chonchocoro, La Paz, desde 2022, como principal acusado del caso denominado Golpe de Estado I. El caso investiga los hechos precedentes a la renuncia de Morales.

Durante esa crisis social y política, el otrora gobernador cruceño tuvo un rol protagónico, como él mismo reconocería posteriormente. Convocó a cabildos, financió movilizaciones, pactó con militares y policías, e irrumpió en Palacio Quemado con una Biblia en mano.

“Cuando hay injusticia, la indignación es un combustible que anima a la protesta y la resistencia. Hoy la realidad seguramente le hará entender (a Morales) que nuestra lucha era lo único que nos quedaba ante el abuso”, afirmó.

Asimismo, Camacho considera que las pugnas que vive el partido de gobierno son una prueba de que su “hegemonía se está deteriorando”. Avista un posible cambio en la política y en el modelo de Estado y, en su criterio, los bolivianos están cansados del MAS.

En enero, el gobernador electo fue relegado de la Gobernación al ser sustituido por el vicegobernador Mario Aguilera.

En marzo, el Comité pro Santa Cruz criticó a los “camachistas” y afirmó no tener “patrones”.  Y el pasado viernes, Zvonko Matkovic, fiero aliado de Camacho, fue sustituido en la presidencia de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz Antonio Talamás.

El abogado del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Wilfredo Chávez afirmó este lunes que el congreso de ese partido, convocado por las organizaciones que respaldan al presidente Luis Arce para el fin de semana pasado, carece de legalidad.

“Indicar que la ilegalidad y el tono en que se ha actuado en ese pseudo congreso es alarmante por la forma en que se conducen estas personas y la forma en que el sistema judicial, particularmente una sala constitucional, rompió todo el esquema previamente debatido”, dijo en una entrevista con radio Éxito.

Asimismo, advirtió que la medida cautelar emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que instruyó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) acompañar el congreso del ala arcista del MAS, no quiere decir que ese encuentro haya sido aprobado, porque aún se debe esperar el informe del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde).

MAS

“Eso no implica que ya hay un reconocimiento al congreso al cumplir una decisión judicial, pero todavía tiene que haber un informe por parte del Sifde, que no podría ser otro que el de no aprobar de ninguna manera ese congreso, porque no ha cumplido ningún parámetro legal”, agregó.

Por su parte, la facción evista del MAS se declaró en emergencia. Anunció un ampliado para el 18 de mayo; en él definirán medidas de presión luego de que el ala arcista eligió a un nuevo jefe de ese partido.

Por su parte, el líder de esa facción, Evo Morales, anunció que agotará una lucha legal para defender a su partido; eso luego de la elección de un nuevo jefe en el congreso arcista del 3, 4 y 5 de mayo.