La detención de Arturo Murillo en Estados Unidos, acusado de soborno e intento de lavado de dinero, sigue causando remezón político. ¿Quién lo puso en el gabinete de Jeanine Áñez? Samuel Doria Medina “fue uno de los padrinos”, develó Roxana Lizárraga, su otrora colega.
El empresario, jefe de Unidad Nacional (UN), “fue uno de los padrinos para pedirle a la presidenta Áñez que sea Arturo Murillo el ministro de Gobierno; no solamente eso, Arturo Murillo era amigo personal de Jeanine Áñez”, contó la noche de este lunes la exministra de Comunicación a radio Fides.
Doria Medina, por cuya alianza, Unidad Demócrata (UD), era senadora Áñez, fue uno de los principales impulsores del gobierno transitorio. La noche de este lunes negó las alusiones de Lizárraga. «Acepté la candidatura vicepresidencial en enero de 2020. Ahí comenzó mi relación política con Añez. ¿Cómo podía haber sugerido ministros antes? Murillo dejó UN en 2018. ¿Por qué lo querría como ministro?», respondió en su cuenta de Twitter.
En las negociaciones al margen de la Asamblea Legislativa que la Iglesia Católica y la Unión Europea propiciaban luego de la renuncia del presidente Evo Morales, el dirigente fue quien conminó a delegadas del Movimiento Al Socialismo (MAS) a tomar una decisión sobre la fallida sucesión constitucional. “Bueno, apúrense a hablar con su bancada porque con ustedes o sin ustedes tenemos un plan B”, citó a Doria Medina la exdiputada Susana Rivero en el ´’streaming’ Piedra, Papel y Tinta de La Razón.
Lizárraga —quien nada más al llegar al gabinete el 14 de noviembre de 2019 dijo que el gobierno “va a actuar conforme a ley” en casos de “periodistas o pseudoperiodistas que estén haciendo sedición”— se encuentra en Washington desde marzo.
Contó que se fue de Bolivia “porque hay una dictadura que no solamente es manejada por el masismo, sino por un comunismo fracasado” y porque, en su criterio, su libertad “estaba en riesgo”.
La otrora periodista contó detalles de la llegada de Murillo al gabinete. “No tenía el respaldo de muchos de los ministros; los ministros conocíamos de las limitaciones de Arturo Murillo. Ahí empezaron los impasses con Murillo, porque creía que siendo ministro de Gobierno tenía todo el poder del mundo, cuando no es así”, comentó Lizárraga, que inicialmente fue acogida en Perú.
Dijo que uno de esos impasses ocurrió precisamente con ella, cuando la tarde del 15 de noviembre comenzaba a reportarse las muertes de la “masacre” de Senkata, como llamó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Bolivia (CIDH).
“Él llega muy sofocado al gabinete; lo primero que dice, refiriéndose a mí: ‘No nos pueden hacer corretear por todo y por nada, por cinco muertos estoy aquí, tengo tanto trabajo’”, contó Lizárraga, quien —según recordó— había comentado su preocupación por los sucesos de Senkata con Áñez.
Murillo había reaccionado así delante de todos los ministros. Entonces le dije: “Prepare su despacho, el salón de conferencias del Ministerio de Gobierno, para dar el conteo de muertos, porque en el Palacio de Gobierno no va a dar el conteo de muertos, de ninguna persona”, dijo en la entrevista vía Zoom Lizárraga.
Al principio del gobierno de Áñez, una mayoría opositora al MAS había respaldado el gobierno transitorio, como los expresidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, el entonces dirigente cívico Luis Fernando Camacho y el gobernador Rubén Costas.
Detenido Murillo en Estados Unidos, Doria Medina marcó distancia con el exministro, quien fue antes militante y legislador de UN. “Arturo Murillo dejó UN el 2018, su visión autoritaria generó desavenencias en la oposición democrática. Varias veces observé públicamente su accionar como ministro. La corrupción indigna venga de donde venga”, dijo el empresario la noche del 26 de mayo.
Fugado desde el 4 de noviembre del año pasado, Murillo fue detenido entre el 20 y 21 de mayo en Estados Unidos, acusado junto a su otrora jefe de gabinete, Sergio Méndez, por soborno, conspiración e intento de lavado de dinero.
El Departamento de Seguridad Nacional de aquel país estableció que los ilícitos fueron perpetrados en la adquisición de material antidisturbios en 2019, por el que el Estado de Bolivia pagó $us 5,6 millones a la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS) en cuentas en Estados Unidos. El negociado tuvo un sobreprecio de $us 2,3 millones.