Nacional

lunes 26 jul 2021 | Actualizado a 01:47

El exvicepresidente García desacredita declaraciones de exjefe de la FAB e identifica siete ‘falacias’

“Terceros fue el iniciador y el que comandó la parte militar del golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019”, afirmó Álvaro García en respuesta a la declaraciones del general que ahora se encuentra detenido en la cárcel de Palmasola.

Álvaro García Linera en Red Uno. Foto: QNMP.

/ 7 de julio de 2021 / 01:37

El exvicepresidente Álvaro García Linera salió al frente de las declaraciones ante la Fiscalía del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Gonzalo Terceros e identificó al menos siete “falacias”, entre ellas que se haya sostenido la conversación de trasladar y alojar a unas 2.000 personas en cuarteles militares para hacer frente a los llamados “pititas”.

En una entrevista con la red Uno, el exvicepresidente acusó a Terceros de haber “comandado la parte del golpe militar de Estado” de noviembre al negar el uso del avión presidencial para trasladar a Evo Morales de El Alto al Chapare, cuando todavía era Presidente de Bolivia, el 10 de noviembre de 2019.

“Terceros fue el iniciador y el que comandó la parte militar del golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019”, afirmó en respuesta a la declaraciones del general que ahora se encuentra detenido en la cárcel cruceña de Palmasola acusado de delitos como sedición y terrorismo en el caso denominado Golpe de Estado.

García aseguró que el general de la FAB mintió sobre una supuesta reunión a las 08.00 del domingo 10 de noviembre de 2019 entre Morales y el Alto Mando Militar, y de que fue un acto unilateral la conferencia de prensa en la que el comandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman “sugirió” la renuncia de Morales.

“En esa reunión había cinco jefes de fuerza, entre los cinco deliberaron cuatro borradores dicen los coroneles ayudantes de los cuatro comandantes”, reveló sobre el contenido del comunicado.

Otra mentira de Terceros, según García, es sobre la aeronave presidencial que fue retirada por orden del excomandante de la FAB. «La declaración del piloto que nos llevó a Chimoré, a la mala, es que se guardara el avión presidencial y no se autorizara nuestra salida»

Negó que la aeronave mexicana que debía recoger a Morales haya aterrizado a las 18.30 en Chimoré como relató en su declaración el general. Aseguró que aterrizó a las 21.30, lo que es la cuarta mentira, aseguró y la quinta “falacia”, sostuvo, es que el avión militar mexicano terminó entrando a suelo boliviano con la misma orden que en un principio fue observada.

Leer también: General Terceros revela amenazas de Morales y García por operación del avión mexicano en 2019

El sexto cuestionamiento estuvo relacionado a la referencia a Jeanine Áñez. Observó que Terceros se refiere a Áñez el 10 de noviembre como a la presidenta del Senado, cuando ese día no había tomado ese cargo. “Curioso detalle”, porque cómo iba a saber que iba a darse ese hecho, sostuvo.

La séptima falacia, según García, tiene que ver con que Terceros no autorizó la entrada del avión mexicano, el 10 de noviembre, porque supuestamente había presencia de militares extranjeros cuando en realidad eran funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de México, según el orden de ingreso. «Doce horas después, Terceros dice que permitió el ingreso cuando se cambió documentación. Falso, el avión entró con el mismo documento 049”, dijo.

Otra mentira que apuntó el exvicepresidente es esa conversación a la que hace referencia Terceros y en la que supuestamente se hablaba de alojar en instalaciones militares a 2.000 personas que venían a hacer frente a la protesta de las “pititas” en La Paz.

«Hay registros en los regimientos para ver si entraron; no se alojaron en ningún regimiento, esas declaraciones fueron inventadas», indicó.

García acusó al general de ordenar la salida de aviones de guerra K8 para “intimidar y disparar en Challapata a bloqueadores”.

Además reveló que Terceros le dijo en esos momentos de tensión que ‘iba a ir a la cárcel por omisión o acción, y que prefería ir a la cárcel por acción”. Reconoció que se comunicaron con Terceros tras haber dimitido para pedirle agilizar la salida del avión mexicano y no para ordenarle, como pretenden hacer ver.

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Justicia envía a la cárcel al exjefe de Estado Mayor de las FFAA por el caso Senkata

El exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Pablo Arturo Guerra Camacho fue aprehendido el viernes. Formó parte del Alto Mando militar designado por la expresidenta Jeanine Áñez

El exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Pablo Arturo Guerra Camacho. Foto: APG

/ 25 de julio de 2021 / 16:47

El exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Pablo Arturo Guerra Camacho fue enviado a la cárcel por seis meses, en el marco de la investigación por el caso “golpe de Estado”.

Guerra formó parte del Alto Mando de las Fuerzas Armadas que fue posesionado por la expresidenta Jeanine Áñez el 13 de noviembre de 2019. Fue aprehendido la tarde del viernes.

Se lo acusa en el proceso abierto por la violencia y muertes en Senkata, cuando fuerzas combinadas de la Policía y de las Fuerzas Armadas intervinieron el bloqueo por parte de partidarios del expresidente Evo Morales de la planta de hidrocarburos en Senkata.

Guerra Camacho se convierte en el cuarto procesado por el caso Senkata, luego del excomandante de la División Mecanizada del Ejército general Franko Suárez Gonzales, del exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) general Luis Fernando Valverde, y del excomandante del Ejército Iván Patricio Inchauste Rioja.

El domicilio del general de División Aérea fue allanado por un grupo de efectivos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) en cumplimiento a una orden del Ministerio Público.

En una audiencia de medidas cautelares, se lo envió a la cárcel por seis meses.

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El Fiscal General asegura que el gobernador Camacho será citado por caso ‘golpe de Estado’

Camacho, cuando era cívico de Santa Cruz y lideró las protestas que derrocaron a Evo Morales en noviembre de 2019.

/ 25 de julio de 2021 / 11:40

El excívico y gobernador cruceño Luis Fernando Camacho será citado a declarar en el marco de las investigaciones por el caso “golpe de Estado”, informó el fiscal General, Juan Lanchipa.

“Es una decisión de la comisión de fiscales que, dentro de la estrategia investigativa, está desarrollando la citación correspondiente (para Camacho) y con seguridad lo van a citar”, informó, según la estatal ABI.

Camacho lideró en 2019 las protestas cívicas alentadas por denuncias de fraude electoral que, sumadas al motín policial, la “sugerencia” militar de dimisión al expresidente Evo Morales, derivaron en la renuncia de Morales.

Su nombre figura en la denuncia interpuesta por la exdiputada del MAS Lidia Patty para establecer responsabilidades en los hechos que derivaron en la renuncia de Morales, en noviembre de 2019.

Camacho aseguró en reiteradas oportunidades que acudirá a cualquier citación fiscal sobre su participación en los hechos de noviembre.

En un video que circuló en redes sociales, el excívico reveló que su padre gestionó con la Policía y las Fuerzas Armadas para que no obedezcan al mando civil. Una vez consolidado los acuerdos, dijo, dio un plazo de 48 horas a Morales para renunciar.

Por el caso “golpe de Estado”, están en la cárcel la expresidenta Jeanine Áñez, dos exministros y parte del mando militar de ese entonces.

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El secretario del GIEI ratifica que su informe incluirá un plan de investigación y de reparación

El secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal, informó en Twitter que, tal como establece el acuerdo, “el GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo”.

Operativo militar-policial en Sacaba, Cochabamba, el 15 de noviembre de 2019.

/ 24 de julio de 2021 / 12:08

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó al gobierno de Luis Arce, el viernes, el “borrador” de su informe sobre la crisis y la violencia entre septiembre y diciembre de 2019 en Bolivia, y ratificó que incluirá un plan de investigación y otro de reparación para las víctimas.

Fuentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmaron a La Razón que el documento fue entregado a la misión de Bolivia en la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, al mando del embajador Héctor Arce. Ahora, el Gobierno tiene 10 días para revisarlo.

El secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal, informó este sábado en Twitter que: “El #GIEIBolivia entregó ayer, 23 de julio, su informe final al Estado Plurinacional de Bolivia. Según el Acuerdo firmado entre la @CIDH y el Estado, el informe del GIEI debe investigar los hechos de violencia y vulneración a derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. El GIEI debe incluir un plan de investigación y un plan de reparación integral a las víctimas”.

“Ya entregado el informe al Estado, el Protocolo de Actuación anexo al Acuerdo señala que: ‘El GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo’”, complementó. “Transcurrido ese periodo, el GIEI hará público su informe final, dando a conocer al conjunto de la sociedad boliviana sus hallazgos sobre los hechos ocurridos en 2019”.

El ministro de Justicia, Iván Lima, adelantó el viernes que el contenido del documento será público recién en agosto. “A partir de la entrega, el Gobierno de Bolivia tiene 10 días hábiles para revisarlo. Esa revisión no implica que se pueda hacer algún cambio, es simplemente tomar conocimiento y poder precisar si hay alguna información o alguna precisión que tengamos que hacer como gobierno”.

Según Lima, en esos 10 días el gobierno comunicará a la CIDH su postura acerca del informe y “ellos podrían aceptar o negar las precisiones que realicemos y una vez que nos contesten recién tendríamos un documento oficial a publicar, estimo que eso pasaría alrededor del 5 de agosto”.

Consultado sobre si el informe será vinculante o no, Lima respondió que “en algunas partes” es vinculante y en otras tiene carácter de recomendación. “Por ejemplo, es vinculante la reparación integral del daño a las víctimas, es algo que nosotros hemos aceptado que tengamos que hacer una reparación a las víctimas y hay otros aspectos que van a ser a título de reparación, entenderán que una reparación no es una sentencia, por eso cuando hay una sentencia, opinión consultiva, un instrumento jurídico de otra naturaleza puede hablarse de vinculatoriedad, pero si hay una recomendación ésta es sujeta a evaluación por el Estado y aplicación en los tiempos que vea necesario el Estado cumplir”.

El GIEI comenzó su trabajo en noviembre del año pasado, consistente en la investigación de los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019, entre ellos los conflictos que derivaron en una veintena de muertos y decenas de heridos de bala en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) tras la intervención de policías y militares en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

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El Gobierno ya recibió en Washington el ‘borrador’ del informe del GIEI y ahora tiene 10 días para su revisión

La misión de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), al mando del embajador Héctor Arce, recibió el documento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis y violencia de entre septiembre y diciembre de 2019.

Los miembros del GIEI-Bolivia que investiga los hechos violentos de 2019. Foto: Álvaro Valero

/ 24 de julio de 2021 / 10:03

La misión de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, al mando del embajador Héctor Arce, recibió ya el “borrador” del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y ahora el Gobierno tiene 10 días para revisarlo.

Fuentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que acordó con el Gobierno boliviano la llegada de este equipo a Bolivia para averiguar los conflictos y la violencia de entre septiembre y diciembre de 2019, confirmaron la entrega.

El secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal, también informó este sábado sobre la entrega, mediante su cuenta de Twitter: «El #GIEIBolivia entregó ayer, 23 de julio, su informe final al Estado Plurinacional de Bolivia. Según el Acuerdo firmado entre la @CIDH y el Estado, el informe del GIEI debe investigar los hechos de violencia y vulneración a derechos humanos» (sic)

«Ya entregado el informe al Estado, el Protocolo de Actuación anexo al Acuerdo señala que: ‘El GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo'», complementó. «Transcurrido ese periodo, el GIEI hará público su informe final, dando a conocer al conjunto de la sociedad boliviana sus hallazgos sobre los hechos ocurridos en 2019», finalizó.

El ministro de Justicia, Iván Lima, adelantó el viernes que el contenido del documento será público recién en agosto. “A partir de la entrega, el Gobierno de Bolivia tiene 10 días hábiles para revisarlo. Esa revisión no implica que se pueda hacer algún cambio, es simplemente tomar conocimiento y poder precisar si hay alguna información o alguna precisión que tengamos que hacer como gobierno”.

Según Lima, en esos 10 días el gobierno comunicará a la CIDH su postura acerca del informe y “ellos podrían aceptar o negar las precisiones que realicemos y una vez que nos contesten recién tendríamos un documento oficial a publicar, estimo que eso pasaría alrededor del 5 de agosto”.

Consultado sobre si el informe será vinculante o no, Lima respondió que “en algunas partes” es vinculante y en otras tiene carácter de recomendación. “Por ejemplo, es vinculante la reparación integral del daño a las víctimas, es algo que nosotros hemos aceptado que tengamos que hacer una reparación a las víctimas y hay otros aspectos que van a ser a título de reparación, entenderán que una reparación no es una sentencia, por eso cuando hay una sentencia, opinión consultiva, un instrumento jurídico de otra naturaleza puede hablarse de vinculatoriedad, pero si hay una recomendación ésta es sujeta a evaluación por el Estado y aplicación en los tiempos que vea necesario el Estado cumplir”.

El GIEI comenzó su trabajo en noviembre del año pasado, consistente en la investigación de los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019, entre ellos los conflictos que derivaron en una veintena de muertos y decenas de heridos de bala en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) tras la intervención de policías y militares en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

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Relator de la ONU expresa preocupación por cambios en los TED de los vocales designados por el Ejecutivo

"Son preocupantes los actos que vienen afectando la integridad de los tribunales electorales en Bolivia. Esto es grave para el Estado de Derecho", posteó el relator Especial.

El relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados Diego García Saya

/ 23 de julio de 2021 / 22:33

El relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados Diego García Saya expresó su preocupación por la remoción de autoridades electorales y advirtió que la “remoción abrupta” es “grave” para el Estado de Derecho.

“Bolivia: Son preocupantes los actos que vienen afectando la integridad de los tribunales electorales en Bolivia. Esto es grave para el Estado de Derecho. Sigo con atención acciones que podrían socavar la esencial independencia de estos órganos judiciales”, escribió.

El 30 de junio, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, posesionó a ocho nuevos vocales electorales departamentales designados por el presidente Luis Arce. Reemplazaron a los que designó la expresidenta Jeanine Áñez.

Según la normativa legal, el Ejecutivo designa delegados en los TED y en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Dina Chuquimia representa al Ejecutivo en el TSE.

Asimismo, García Sayan consideró: “La remoción abrupta de vocales de tribunales electorales afectan garantías jurídicas y democráticas. Sus integrantes fueron designados a partir de un mandato para renovar las autoridades electorales que había sido establecido por unanimidad en la Asamblea Legislativa el 2020”.

En el Legislativo se eligió a vocales electorales del TSE, quienes permanecen en sus cargos. Se posesionó a Chuquimia en reemplazo de Salvador Romero, quien fue designado por Áñez.

Según García Saya, los principios de inamovilidad, así como de debido proceso son esenciales para proteger las instituciones judiciales.
“Se debe garantizar un clima propicio para que los integrantes de los tribunales electorales desarrollen su labor con las debidas garantías”, siguió.

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