La Defensoría del Pueblo informó este jueves que inició una investigación sobre las circunstancias en que se aprehendió a Mario Antonio “Tonchy” Bascopé Revuelta, miembro de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), el 20 de julio “para verificar el respeto de sus derechos humanos”.
“Asimismo, (se) espera el informe médico forense para establecer si existió vulneración a su derecho a la integridad física y psicológica durante su aprehensión y posterior traslado a la ciudad de Sucre”, cita un comunicado de la institución.
Además, dio a conocer que personal defensorial evidenció que Bascopé se encuentra, actualmente, acompañado de sus familiares y recibiendo atención médica.
Se conoce que Bascopé cumplía una detención por el delito de sustancias controladas en el penal de Palmasola en Santa Cruz y el pasado martes logró su libertad, pero inmediatamente fue otra vez aprehendido a la salida de la cárcel por el daño ocasionado al frontis de la Fiscalía General del Estado en Sucre durante una protesta de la RJC el 6 de octubre de 2020.
Es así que la pasada jornada, el procesado fue trasladado de Santa Cruz a la ciudad de Sucre y sus allegados durante varias horas desconocían su paradero, por lo que denunciaron, a través de algunos medios de comunicación, que fue “secuestrado”.
Y cuando finalmente se supo que ya estaba en Sucre, también denunciaron que había sido golpeado y que no podía ni caminar.
Sin embargo, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, en una conferencia de prensa, aseguró que son “falsas las acusaciones realizadas por miembros de la delincuencia juvenil cochala” y que Bascopé fue “plenamente identificado” como partícipe de “situaciones de zozobra y de afectaciones a bienes del Estado con actos vandálicos y delictivos”.
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No obstante, la Defensoría del Pueblo recordó que el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos establece la presunción de inocencia como un derecho humano y una garantía judicial hasta que, luego de un proceso garantista, se demuestre la culpabilidad.
“En ese marco, la Defensoría del Pueblo exige que se respete la presunción de inocencia durante el desarrollo del proceso, el cual debe llevarse adelante en el marco de la objetividad y la celeridad, para cuyo efecto exhorta al Ministerio Público cumplir su labor investigativa dentro los plazos legales”, cita otro párrafo del comunicado.
Del mismo modo, la Defensoría exige a las autoridades competentes investigar las circunstancias de la aprehensión de Bascopé en Santa Cruz, así como las denuncias de “malos tratos y posible tortura”.