La red de ciberestafas desarticulada en Santa Cruz movía cada mes al menos Bs 400.000, según las investigaciones del Ministerio Público. El costo mensual de la planilla de sueldos alcanzaba a Bs 240.000.

El sábado, un juez determinó la detención preventiva por seis meses de ocho de los 10 principales implicados; mientras que los otros dos recibieron arresto domiciliario, para lo cual tendrán que pagar primero una fianza.

El miércoles, un megaoperativo en la zona de Equipetrol, en el segundo anillo de la capital oriental, detuvo a más de un centenar de trabajadores de la empresa fachada, Legend Global, que operaba mediante un “call center”.

Desde allí se realizaban estafas y extorsiones mediante aplicaciones, redes sociales y llamadas telefónicas. La compañía figuraba, en los documentos “legales”, como una que realizaba estudios de mercado y encuestas de opinión pública.

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El personal, principalmente jóvenes universitarios con conocimientos en informática, era capacitado por los administradores de esta organización criminal para extorsionar a víctimas de cuatro países: Chile, Ecuador, México y Perú.

El sábado, tras una audiencia cautelar de casi cinco horas, el fiscal Cándido Blanco afirmó que se demostró “de manera precisa, específica y detallada los suficientes elementos de convicción de la probabilidad de autoría de los delitos”.

Un ciudadano chino, Lei Z., está en la mira por ser supuestamente el cabecilla de esta banda que comenzó sus operaciones en Colombia, para posteriormente asentarse en Perú, donde fue descubierta y migró a Bolivia, Santa Cruz, en diciembre.

Red de ciberestafadores

Los delitos que están en la carpeta de investigaciones son enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito. La defensa de los sindicados anunció que apelará las detenciones preventivas.

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Blanco explicó que la empresa fachada nació con un capital de Bs 70.000, el 50% de las acciones lo tenía Lei Z. y la otra mitad, una ciudadana colombiana de 19 años, Sofía P.; ambos se encuentran entre los que fueron enviados al penal de Palmasola.

Eso no es todo. El viernes, el comandante general de la Policía, Álvaro Álvarez, reveló que la firma bajo la pantalla de un “call center” pagaba un salario mínimo de Bs 2.500 a los trabajadores que reclutaba y tenía una planilla de Bs 240.000 al mes.

El sábado, el fiscal a cargo del caso indicó que las ganancias tenían buen color para estos ciberdelincuentes, ya que el “movimiento real” era de Bs 400.000 cada mes, o sea, si se hacen números, sobraban Bs 160.000 mensuales para ganancias y otros gastos.

Bajo préstamos con intereses de entre 30 y 40%, y el acceso a información de los celulares de los deudores (imágenes, contactos, cuentas de banco…), se procedía a la extorsión con hasta amenazas de muerte, inclusive a familiares y amigos.

La Policía estableció que cada empleado tenía la misión de cobrar al menos a 10 víctimas por día, es decir, al menos 1.080 personas de Chile, Ecuador, México y Perú eran contactadas diariamente desde las oficinas del “call center” cruceño.

Una publicación del vocero presidencial, Jorge Richter, ha provocado remezón, ya que sugeriría que abandona el barco del Gobierno. Sin embargo, él aseguró a La Razón que no se alejó de la administración gubernamental de Luis Arce.

“No he dicho que me alejé”. Fue la respuesta de Richter ante la consulta de La Razón mediante un mensaje de texto, tras el artículo de opinión publicado en medios y ante la consulta de Urgente.bo sobre si esto significa la despedida de sus funciones.

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“Los últimos años de mi vida he pensado mucho en las formas que tenemos y debemos tener las personas para dirigirnos al otro, para dignificar el espacio en el que estamos. Es, sin duda, un esfuerzo continuado y diario, corresponde también empezar y saber despedirse del lugar donde estoy”, afirmó a Urgente.bo.

En su texto publiado, Richter señala: “Hoy de lo aprendido en este discurrir de los últimos tres años y medio de mi vida, tengo intención de marcar, públicamente, algunas conclusiones iniciales para ayudar aún, a que se comprenda la importancia de disociar lo profundo de lo superficial. Las iré listando y detallando para dejar esclarecida la importancia de todas y cada una de ellas”.

La red de ciberestafadores descubierta en Santa Cruz utilizaba una empresa fachada, Legend Global, que nació con Bs 70.000 de capital y tenía una planilla mensual de sueldos de al menos Bs 240.000. El salario mínimo del personal llegaba a Bs 2.500.

Así lo revelan las investigaciones realizadas por la Policía y el Ministerio Público. El comandante general de la entidad del orden, Álvaro Álvarez, indicó que “a cada empleado se le pagaba el sueldo mínimo de 2.500 bolivianos y, obviamente, los beneficios sociales. Sin embargo, esos montos de dinero aparentemente nunca ingresaban a las arcas de la compañía”.

Esta organización criminal dedicada a estafas y extorsiones mediante aplicaciones, redes sociales y telefonía, fue descubierta mediante un megaoperativo, el miércoles en el segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz. Más de un centenar de personas fueron aprehendidas, pero al menos 10 quedaron en la mira como jefes, subgerentes, administrativos y “brazos operativos” de esta banda.

PAÍSES

Los delincuentes ya recorrieron tres países para llevar a cabo sus fechorías. Las pesquisas indican que germinaron en Colombia para migrar a Perú, donde fueron descubiertos y huyeron para instalarse en la capital oriental desde diciembre del año pasado. Desde allí realizaban extorsiones a víctimas de cuatro países: Chile, Ecuador, México y Perú.

En conferencia y con cuadros y audios, Álvarez expuso el viernes el modus operandi de este grupo delictivo. Contrataba a jóvenes, sobre todo universitarios con conocimientos en informática, para que sean capacitados. Desde el call center hallado en la zona de Equipetrol, cada empleado debía cobrar al menos a 10 deudores y se calculó que 1.080 víctimas al día eran mínimamente abordadas por estas personas.

En apariencia, Legend Global era una firma para “estudios de mercado, realización de encuestas de opinión pública”, según la documentación “legal” secuestrada. Contaba con su Número de Identificación Tribuntaria (NIT), pero en todo su tiempo de vida no realizó siquiera un sondeo.

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Los empleados recibían una capacitación. Usaban cuatro aplicaciones para ofrecer préstamos. Los interesados accedían a una cláusula que, al ser aceptada, permitía acceder a todos los datos de sus teléfonos celulares: imágenes, contactos, cuentas de banco… Los préstamos tenían un interés altísimo, de 30 a 40%. Eso sí, cuando se otorgaba el dinero prestado a la víctima, el monto ya contemplaba el descuento del primer interés.

Cuando no se cumplía con los pagos, comenzaba la maquinaria de la extorsión. No bastaba con bloquear el número de la empresa fachada o deshacerse del número de teléfono, porque los ciberextorsionadores asediaban a los contactos de los prestatarios, sobre todo familiares y amigos. Más aún, cuando el deudor cumplía con su obligación, se le asignaba automáticamente otro monto y volvía a entrar al “círculo vicioso” de los intereses.

Los primeros mensajes de texto o llamadas telefónicas tenían tono amigable y si la víctima no cedía, comenzaban las agresiones y las amenazas inclusive de muerte. Para demostrar ello, Álvarez reveló un audio de un supuesto funcionario colombiano: «Es plata o es plomo, te estoy diciendo de pecho y de frente. Tome una buena decisión”.

 Ocho de 10 implicados van a la cárcel

Acusados de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, ocho de los 10 principales implicados en la red de ciberestafadores descubierta en Santa Cruz de la Sierra, fueron enviados por seis meses a la prisión de Palmasola con detención preventiva; los otros dos recibieron medidas sustitutivas.

La audiencia cautelar se llevó a cabo ayer y duró casi cinco horas en el Palacio de Justicia. El fiscal Cándido Blanco señaló que el ciudadano chino que está en la mira por supuestamente ser el cabecilla de esta organización criminal, se encuentra entre los encarcelados, al igual que tres colombianos, dos peruanos y dos bolivianos; mientras que otros dos bolivianos cumplirán arresto domiciliario tras el pago de fianza.

“El Ministerio Público demostró de manera precisa, específica y detallada los suficientes elementos de convicción de la probabilidad de autoría de los delitos”, explicó el representante del Ministerio Público tras el acto judicial sobre esta banda desarticulada el miércoles en un megaoperativo en la zona de Equipetrol, en el segundo anillo de la urbe cruceña.

De acuerdo con las investigaciones, esta red utilizaba una compañía fachada, Legend Global, que aparentemente estaba dedicada a “estudios de mercado, realización de encuestas de opinión pública”, según la documentación “legal” secuestrada por las autoridades. Contaba con su Número de Identificación Tribuntaria (NIT), pero en todo su tiempo de vida no llevó a cabo siquiera un sondeo.

El abogado del ciudadano chino Lei Z., Sebastián Paz, objetó la determinación del juez y habló de un “retroceso” en la administración de justicia boliviana, ya que, según su versión, no se comprobó la autoría de su defendido en el caso y pese a que se dio garantías para que permanezca en el país y no obstaculice las investigaciones; por ello, anunció una apelación.

Mediante un call center, esta organización criminal extorsionaba a víctimas de cuatro países: Chile, Ecuador, México y Perú.  

Acusados de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, ocho de los 10 principales implicados en la red de ciberestafadores descubierta en Santa Cruz de la Sierra, fueron enviados por seis meses a la prisión de Palmasola con detención preventiva; los otros dos recibieron medidas sustitutivas.

La audiencia cautelar se llevó a cabo el sábado y duró casi cinco horas en el Palacio de Justicia. El fiscal Cándido Blanco señaló que el ciudadano chino que está en la mira por supuestamente ser el cabecilla de esta organización criminal, se encuentra entre los encarcelados, al igual que tres colombianos, dos peruanos y dos bolivianos; mientras que otros dos bolivianos cumplirán arresto domiciliario tras el pago de fianza.

Lea más: Ciberestafadores contactaban más de 1.000 víctimas al día en cuatro países

“El Ministerio Público demostró de manera precisa, específica y detallada los suficientes elementos de convicción de la probabilidad de autoría de los delitos”, explicó el representante del Ministerio Público tras el acto judicial sobre esta banda desarticulada el miércoles en un megaoperativo en la zona de Equipetrol, en el segundo anillo de la urbe cruceña.

De acuerdo con las investigaciones, esta red utilizaba una compañía fachada, Legend Global, que aparentemente estaba dedicada a “estudios de mercado, realización de encuestas de opinión pública”, según la documentación “legal” secuestrada por las autoridades. Contaba con su Número de Identificación Tribuntaria (NIT), pero en todo su tiempo de vida no llevó a cabo siquiera un sondeo.

El abogado del ciudadano chino Lei Z., Sebastián Paz, objetó la determinación del juez y habló de un “retroceso” en la administración de justicia boliviana, ya que, según su versión, no se comprobó la autoría de su defendido en el caso y pese a que se dio garantías para que permanezca en el país y no obstaculice las investigaciones; por ello, anunció una apelación.

Mediante un call center, esta organización criminal extorsionaba a víctimas de cuatro países: Chile, Ecuador, México y Perú.

Más de un millar de víctimas al día. Diez personas al mando de la empresa fachada. La red de ciberestafas descubierta el miércoles en Santa Cruz aplicaba préstamos, cobros y extorsiones que incluso recurrían a amenazas de muerte, en cuatro países.

El comandante general de Policía, Álvaro Álvarez, explicó el “modus operandi” de esta organización que operó primero en Colombia, pasó por Perú y desde diciembre se asentó en la capital cruceña, en el barrio de Equipetrol, en el segundo anillo, bajo una empresa fachada: Legend Global.

Fue el mayor operativo contra una banda de estas características en el país. De las instalaciones intervenidas se aprehendió a más de un centenar de personas, la mayoría trabajadores, generalmente universitarios con conocimientos en informática. Del total, quedaron 10, quienes son parte del esqueleto de esta compañía hilvanada perfectamente para la estafa y la extorsión mediante aplicaciones, redes sociales, telefonía y más.

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“Estas 117 personas obedecían a una estructura organizacional de un grupo debidamente estructurado, que permitía no solamente captar a las personas, sino generar un proceso de capacitación y además esos empleados desarrollaban actividades día a día a través de imposiciones de matrices que esta organización criminal les asignaba”, explicó Álvarez.

En apariencia, Legend Global era una firma para “estudios de mercado, realización de encuestas de opinión pública”, según la documentación “legal” secuestrada. Contaba con su Número de Identificación Tribuntaria (NIT), pero en todo su tiempo de vida no realizó siquiera un sondeo.

Los empleados recibían una capacitación. Usaban cuatro aplicaciones para ofrecer préstamos. Los interesados accedían a una cláusula que, al ser aceptada, permitía acceder a todos los datos de sus teléfonos celulares: imágenes, contactos, cuentas de banco… Los préstamos tenían un interés altísimo, de 30 a 40%. Eso sí, cuando se otorgaba el dinero prestado a la víctima, el monto ya tenía el descuento del interés.

Cuando no se cumplía con los pagos, comenzaba la maquinaria de la extorsión. No bastaba con bloquear el número de la empresa fachada o deshacerse del número de teléfono, porque los ciberextorsionadores asediaban a los contactos de los prestatarios, sobre todo familiares y amigos. Más aún, cuando el deudor cumplía con su obligación, se le asignaba automáticamente otro monto y volvía a entrar al “círculo vicioso” de los intereses.

Los primeros mensajes de texto o llamadas telefónicas tenían tono amigable y si la víctima no cedía, comenzaban las agresiones y las amenazas inclusive de muerte. Para demostrar ello, Álvarez reveló un audio de un supuesto funcionario colombiano perteneciente a esta red: «Es plata o es plomo, te estoy diciendo de pecho y de frente. Tome una buena decisión”.

“Esto generaba una psicosis en la persona que se veía obligada a pagar de cualquier forma. Les reitero, ahí están los registros que se han mostrado de las llamadas telefónicas y de que cada persona tenía aproximadamente 10 deudores para cobrar cada día. Lo que implica aproximadamente una cantidad de 1.080 personas que eran contactadas todos los días en el exterior de ese lugar”, señaló el comandante policial.

Este “call center” realizaba los contactos a víctimas de Chile, Ecuador, México y Perú. Pero también había deudores bolivianos a esta organización criminal, los cuales eran presionados desde oficinas en Ecuador. Las pesquisas continúan y hasta ahora hay 10 imputados por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Hoy será su audiencia cautelar.