Nacional

miércoles 18 may 2022 | Actualizado a 16:22

Masacre de Sacaba: Hubo ejecuciones sumarias, agentes del Estado dispararon en contra de los manifestantes

“El GIEI evalúa que la reacción de los militares y de la policía fue desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones de los manifestantes”, remarca el documento conclusivo.

/ 17 de agosto de 2021 / 12:24

Ejecuciones sumarias, militares fuertemente armados, disparos contra los manifestantes que provocaron 10 fallecidos y al menos 36 heridos… son conclusiones de lo ocurrido en la masacre de Sacaba (Cochabamba), según el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentado este martes, sobre la violencia y la violación de derechos humanos en el país en 2019.

El 15 de noviembre de ese año, una movilización de cocaleros del Chapare intentó llegar al centro de la ciudad de Cochabamba, reclamando por el derrocamiento del expresidente Evo Morales y la proclamación de Jeanine Áñez, el 12 de noviembre.

Fue intervenida por un operativo militar y policial, y los efectivos castrenses actuaron bajo el amparo del Decreto Supremo 4078, promulgado el 14 de noviembre por Áñez y su gabinete, que los eximía de responsabilidad penal en sus acciones para el “restablecimiento del orden”.

El GIEI relata que aproximadamente 5.000 pobladores del Chapare participaron de la marcha, y a las 14.00 de ese 15 de noviembre, los movilizados fueron “bloqueados” por la Policía y las Fuerzas Armadas, a la altura del puente Huayllani.

“Quienes encabezaban la marcha y algunas mujeres del Chapare intentaron negociar con el Comandante Departamental de la Policía, que se encontraba presente en lugar, para que los dejara continuar hacia Cochabamba. Días antes, el comandante de Policía había informado que no permitiría el ingreso de los y las manifestantes a la ciudad. Las negociaciones resultaron infructuosas”, señala el documento proporcionado por el GIEI a La Razón.

Según el relato del grupo de expertos, un avión caza sobrevoló ese momento la zona y comenzó la represión con gases lacrimógenos. Eso estuvo a cargo de la Policía, ya que posteriormente los efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea se le unieron. Dos helicópteros volaron sobre los manifestantes. “La mayoría de las personas huyeron en dirección contraria al puente y por las calles aledañas. Sin que existiera razón alguna que lo justificara, agentes del Estado dispararon en contra de manifestantes”.

“La investigación verificó que las tropas de las Fuerzas Armadas se encontraban fuertemente armadas. Oficiales y alumnos del Ejército portaban fusiles SIG y FAL, además de armas de dotación individual, mientras que los soldados estaban dotados con pistolas lanza gases, escopetas Mossberg 12 mayor, granadas de gases y escudos. Efectivos de la Fuerza Aérea boliviana portaban fusiles GALIL y granadas de gas”, remarca el grupo de especialistas.

Así, se desencadenó la persecución contra los manifestantes que huían de la represión, y que para hacer frente a los gases encendieron neumáticos y solo se defendieron lanzando piedras. Las fuerzas de seguridad avanzaron por la avenida Villazón con destino a Sacaba y detuvieron a los campesinos que se resguardaban en casas de vecinos.

“Producto de los disparos, nueve personas resultaron fallecidas y una décima quedó con graves heridas, que provocaron su muerte en junio del año siguiente. Por lo menos otras 98 personas resultaron heridas. El GIEI logró documentar 36 personas heridas con proyectiles de arma de fuego”.

En contraparte, el documento subraya que no se hallaron pruebas del uso de armas de fuego por parte de los manifestantes o que amenazaran la vida de otros movilizados, de los uniformados de la Policía o de las Fuerzas Armadas. O sea, se cae la tesis del entonces ministro Arturo Murillo, de que las balas provinieron de los movilizados. “No hubo informes de lesiones graves a ningún miembro de las fuerzas del orden”, zanja el informe conclusivo.

“El GIEI evalúa que la reacción de los militares y de la policía fue desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones de los manifestantes. De acuerdo con la terminología adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las muertes de las víctimas de Sacaba constituyen ejecuciones sumarias y los hechos pueden ser descritos como una masacre. Además, el GIEI constató que varios manifestantes fueron detenidos ilegalmente y sometidos a torturas o a tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la policía”.

Aparte, los expertos hacen un llamado de atención al Estado, más concretamente al Ministerio Público, ya que “no ha cumplido con su deber de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de los responsables, si bien, en los últimos meses, se observan avances importantes en el esclarecimiento de los hechos”.

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Gustavo Torrico asume como viceministro de Coordinación en lugar de Freddy Bobaryn

Bobaryn había emitido un mensaje crítico en sus redes sociales; sin mencionar nombres, dijo que “Fueron contados quienes lo arriesgaron todo durante el golpe, muchos optaron por huir, asilarse o esconderse”.

La posesión de Gustavo Torrico. Foto: Roberto Guzmán

/ 14 de mayo de 2022 / 09:46

Gustavo Torrico asumió este sábado como viceministro de Coordinación Gubernamental en lugar de Freddy Bobaryn, en un acto en el que fue posesionado por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

Prada le encomendó a Torrico que asuma la responsabilidad de apoyar en la gestión que lleva adelante el Gobierno.

El nombramiento ocurre luego de que Bobaryn publicara un mensaje crítico en sus redes sociales, el 7 de mayo, en el cumpleaños del vicepresidente David Choquehuanca.

“Fueron contados quienes lo arriesgaron todo durante el golpe, muchos optaron por huir, asilarse o esconderse. Hoy festejamos el retorno del sol de nuestro jilada Choquehuanca, qué mejor ocasión para conmemorar junto a él la victoria del pueblo boliviano, y la madurez del instrumento político”, indicó. “Hemos demostrado que el MAS-IPSP ¡NO es una persona!”.

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La Fiscalía imputa a exsubcomandante por traslado ‘irregular’ de armamento de Ecuador en noviembre de 2019

Se acusa a Claudio Z.E.L. por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de armas y tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales en grado de complicidad.

Los pertrechos hallados en ambientes de la Policía. Foto: APG

/ 4 de mayo de 2022 / 13:30

La Fiscalía de La Paz informó este miércoles que se imputó formalmente a Claudio Z.E.L., exsubcomandante de la Policía, por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de armas y tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales en grado de complicidad, en el caso de traslado “irregular” de ese material desde Ecuador, en 2019.

Se lo acusa de haber solicitado los agentes químicos que se requerían para la Policía por intermedio de sus direcciones dependientes, y que habría realizado el seguimiento del transporte para la correspondiente distribución a la Policía, apenas iniciado el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, señala una nota institucional del Ministerio Público.

“En este caso, la comisión de fiscales emitió la imputación formal en contra de esta exautoridad policial quien, en su calidad de subcomandante de la Policía, habría participado de la reunión en Palacio de Gobierno el 15 de noviembre de 2019, a horas 16.30, aproximadamente, junto con el excomandante de la Policía Rodolfo M. T. Además, habría realizado el seguimiento y supervisión de los dos funcionarios que viajaron al país del Ecuador y trasladaron los agentes químicos a Bolivia que, posteriormente, fueron distribuidos a las direcciones dependientes de la Policía Boliviana”, indicó el fiscal departamental de La Paz, William Alave.

Mientras que el fiscal anticorrupción, Eddy Flores, remarcó que el imputado es acusado de haber convocado al jefe del Departamento Nacional de Armamento y Equipo, William F. H., para que asista al Palacio de Gobierno y se traslade al hangar de los Diablos Negros de El Alto. “El exjefe policial habría realizado la supervisión el 16 de noviembre de 2019, sobre la distribución equitativa con las Fuerzas Armadas de los agentes químicos, lo que establece su presunta participación en calidad de complicidad debido a que facilitó y cooperó en la ejecución del hecho”.

El material estaba constituido por 5.000 unidades de granadas de mano GL-302, 1.000 unidades de proyectiles de largo alcance calibre 37mm, 560 unidades de proyectiles de corto alcance calibre 37mm, y 500 unidades de granadas de sonido y destello para exteriores.

“La comisión de fiscales que investiga el caso solicitará en la audiencia de medidas cautelares la detención preventiva del exjefe policial para asegurar su presencia mientras dure la investigación, además se continuarán realizando los actos investigativos necesarios que ayuden a esclarecer el hecho, como continuar citando a más testigos”, añade la nota.

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El juicio contra Áñez se suspende hasta que el TCP responda a recurso; la Fiscalía ve una medida dilatoria

Los abogados de la expresidenta transitoria presentaron una acción de inconstitucionalidad en el caso Golpe de Estado II.

Una de las audiencias del juicio contra Jeanine Áñez. Foto: Álvaro Valero

/ 4 de mayo de 2022 / 12:06

Al final, el juicio contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez fue suspendido hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se pronuncie sobre un recurso presentado por los abogados de la exmandataria y otros acusados. La Fiscalía considera que esto puede tardar entre 10 y 15 días y calificó que la acción de inconstitucionalidad es una medida dilatoria.

El fiscal Omar Mejillones indicó este miércoles que la suspensión se da por un recurso de reposición de los acusados. “Existe esa acción de inconstitucionalidad en trámite. El procedimiento dice que no se puede emitir sentencia hasta que ello se resuelva. En virtud de ello, el tribunal ha considerado que esto es viable y ha suspendido la audiencia”.

Temprano, la expresidenta señaló que en la audiencia convocada para este miércoles, destinada a los alegatos finales, se planeaba que el tribunal emita sentencia en el caso Golpe de Estado II, por el cual el Ministerio Público la acusa de haberse proclamado mandataria, en noviembre de 2019, sin respetar la Constitución ni el reglamento de la Asamblea Legislativa.

“El juicio express, basado en ilegalidad, indebido proceso y condena anticipada contra #JeanineAñez por delitos inexistentes fraguados por el Gobierno del MAS, planificó dictar sentencia a continuación de los alegatos de hoy. La ex Presidenta cumple 417 días de prisión política” (sic), publicaron los administradores de las redes sociales de la exsenadora.

Asimismo, indicaron que “El tribunal sin competencias que la juzga, ha hecho caso omiso a la acción de inconstitucionalidad concreta presentada por #JeanineAñez, la cual debía ser tratada por el Tribunal Constitucional antes de cualquier sentencia. Funesto precedente de indefensión para los bolivianos” (sic).

No obstante, Mejillones confirmó que el tribunal no tomó esa determinación y consideró que el TCP puede emitir una respuesta en entre 10 y 15 días, todo sujeto a la carga procesal de los magistrados. El martes “se nos ha notificado con esta acción y tenemos tres días para contestar, y luego el tribunal considerará su remisión, si la acepta o rechaza, y con esa decisión remitirla al Tribunal Constitucional para que la resuelva”, remarcó el representante.

Asimismo, catalogó al recurso como dilatorio, empleado solamente para alargar el juicio. “Por eso pediremos que se lo rechace. Teníamos programados para este miércoles los alegatos finales y según el artículo 357 del Código de Procedimiento Penal, tras ello se debe emitir la sentencia. Pero ello no podrá ser hasta que se resuelva la acción de constitucionalidad”.

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Ante posible sentencia, Áñez denuncia que rechazo a un recurso es un ‘funesto precedente de indefensión’

“El juicio express, basado en ilegalidad, indebido proceso y condena anticipada contra #JeanineAñez por delitos inexistentes fraguados por el Gobierno del MAS, planificó dictar sentencia a continuación de los alegatos de hoy”, indicó en Twitter.

Foto: Redes sociales de Jeanine Áñez

/ 4 de mayo de 2022 / 11:14

Ante la previsión de una sentencia en el caso Golpe de Estado II para este miércoles, la expresidenta transitoria Jeanine Áñez denunció un “funesto precedente de indefensión” que el tribunal rechace un recurso de inconstitucionalidad presentado por sus abogados.

“El juicio express, basado en ilegalidad, indebido proceso y condena anticipada contra #JeanineAñez por delitos inexistentes fraguados por el Gobierno del MAS, planificó dictar sentencia a continuación de los alegatos de hoy. La ex Presidenta cumple 417 días de prisión política” (sic), publicaron los administradores de las redes sociales de la exmandataria.

Asimismo, indicaron que “El tribunal sin competencias que la juzga, ha hecho caso omiso a la acción de inconstitucionalidad concreta presentada por #JeanineAñez, la cual debía ser tratada por el Tribunal Constitucional antes de cualquier sentencia. Funesto precedente de indefensión para los bolivianos” (sic).

Para este miércoles se tiene programada la audiencia del Tribunal de Sentencia en la que las partes emitirán sus alegatos finales en el caso por el que la Fiscalía acusa a Áñez de haberse proclamado presidenta, en noviembre de 2019, sin respetar la Constitución ni el reglamento de la Asamblea Legislativa. El Ministerio Público pedirá entre 12 y 15 años de cárcel.

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Murillo desde la cárcel: Acepto la extradición si hay arresto domiciliario para Áñez y la entrega de Dávila

Mediante una carta, el exministro encarcelado en Estados Unidos revela que pidió a la expresidenta transitoria Jeanine Áñez que huya del país y califica de “farsa” el juicio en su contra. Acusa a actores clave de noviembre de 2019 de “no dar la cara”.

Jeanine Áñez y Arturo Murillo, en el gobierno transitorio.

/ 4 de mayo de 2022 / 08:29

Mediante una carta publicada en el periódico digital Okdiario, el exministro Arturo Murillo, encarcelado en Estados Unidos, condicionó su aceptación a una extradición a que el presidente Luis Arce conceda arresto domiciliario a la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y a que entregue al coronel Maximiliano Dávila, investigado por narcotráfico en Estados Unidos.  

La exautoridad del gobierno de Áñez está detenida por lavado de dinero y sobornos en una penitenciaría estadounidense, investigada por la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos. Además, reveló que pidió a la exmandataria que huya del país. “No me hizo caso. Hizo caso a otra gente”. Y dijo que ahora la “destrozan” en un falso juicio.

La exsenadora que se proclamó presidenta en noviembre de 2019 se encuentra en prisión desde marzo de 2021 y uno de los procesos abiertos en su contra en la vía ordinaria, el caso Golpe de Estado II, está a punto de tener sentencia. La Fiscalía la acusa de no haber respetado la Constitución y el reglamento de la Asamblea Legislativa para su nombramiento.

“Viendo que lo que busca el MAS es eliminar a la expresidenta Áñez, quiero hacer llegar al Gobierno de Bolivia una propuesta firme y contundente: acepto una extradición al país si el presidente Luis Arce concede arresto domiciliario a la expresidenta Áñez y, al mismo tiempo, envía una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que remita la entrega del coronel Maximiliano Dávila, investigado por el Departamento de Estado de EEUU por narcotráfico en un intercambio de prisioneros” (sic), señala la carta firmada por Murillo.

La misiva fue enviada al periodista español Alejandro Entrambasaguas, quien llegó al país durante el mandato de Áñez bajo el paraguas de Murillo. Asimismo, acusa de “farsa” al juicio contra la expresidenta, y que “muchos excolegas senadores y jefes de partidos políticos”, así como la Iglesia Católica y la comunidad internacional que fueron parte de las negociaciones del proceso de transición, e integrantes del MAS, “no están dando la cara”.

El exministro es investigado por un abanico de hechos de corrupción en el país. En Estados Unidos, para noviembre está programado el juicio en que se dictará sentencia en el caso en que sus cómplices ya se declararon culpables, por la adquisición de material antidisturbios con un sobreprecio estimado en $us 2,3 millones cuando Murillo fungía como ministro de Gobierno, dinero que lavó mediante entidades bancarias estadounidenses.

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