Nacional

martes 30 nov 2021 | Actualizado a 02:50

Masacre de Sacaba: Hubo ejecuciones sumarias, agentes del Estado dispararon en contra de los manifestantes

“El GIEI evalúa que la reacción de los militares y de la policía fue desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones de los manifestantes”, remarca el documento conclusivo.

/ 17 de agosto de 2021 / 12:24

Ejecuciones sumarias, militares fuertemente armados, disparos contra los manifestantes que provocaron 10 fallecidos y al menos 36 heridos… son conclusiones de lo ocurrido en la masacre de Sacaba (Cochabamba), según el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentado este martes, sobre la violencia y la violación de derechos humanos en el país en 2019.

El 15 de noviembre de ese año, una movilización de cocaleros del Chapare intentó llegar al centro de la ciudad de Cochabamba, reclamando por el derrocamiento del expresidente Evo Morales y la proclamación de Jeanine Áñez, el 12 de noviembre.

Fue intervenida por un operativo militar y policial, y los efectivos castrenses actuaron bajo el amparo del Decreto Supremo 4078, promulgado el 14 de noviembre por Áñez y su gabinete, que los eximía de responsabilidad penal en sus acciones para el “restablecimiento del orden”.

El GIEI relata que aproximadamente 5.000 pobladores del Chapare participaron de la marcha, y a las 14.00 de ese 15 de noviembre, los movilizados fueron “bloqueados” por la Policía y las Fuerzas Armadas, a la altura del puente Huayllani.

“Quienes encabezaban la marcha y algunas mujeres del Chapare intentaron negociar con el Comandante Departamental de la Policía, que se encontraba presente en lugar, para que los dejara continuar hacia Cochabamba. Días antes, el comandante de Policía había informado que no permitiría el ingreso de los y las manifestantes a la ciudad. Las negociaciones resultaron infructuosas”, señala el documento proporcionado por el GIEI a La Razón.

Según el relato del grupo de expertos, un avión caza sobrevoló ese momento la zona y comenzó la represión con gases lacrimógenos. Eso estuvo a cargo de la Policía, ya que posteriormente los efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea se le unieron. Dos helicópteros volaron sobre los manifestantes. “La mayoría de las personas huyeron en dirección contraria al puente y por las calles aledañas. Sin que existiera razón alguna que lo justificara, agentes del Estado dispararon en contra de manifestantes”.

“La investigación verificó que las tropas de las Fuerzas Armadas se encontraban fuertemente armadas. Oficiales y alumnos del Ejército portaban fusiles SIG y FAL, además de armas de dotación individual, mientras que los soldados estaban dotados con pistolas lanza gases, escopetas Mossberg 12 mayor, granadas de gases y escudos. Efectivos de la Fuerza Aérea boliviana portaban fusiles GALIL y granadas de gas”, remarca el grupo de especialistas.

Así, se desencadenó la persecución contra los manifestantes que huían de la represión, y que para hacer frente a los gases encendieron neumáticos y solo se defendieron lanzando piedras. Las fuerzas de seguridad avanzaron por la avenida Villazón con destino a Sacaba y detuvieron a los campesinos que se resguardaban en casas de vecinos.

“Producto de los disparos, nueve personas resultaron fallecidas y una décima quedó con graves heridas, que provocaron su muerte en junio del año siguiente. Por lo menos otras 98 personas resultaron heridas. El GIEI logró documentar 36 personas heridas con proyectiles de arma de fuego”.

En contraparte, el documento subraya que no se hallaron pruebas del uso de armas de fuego por parte de los manifestantes o que amenazaran la vida de otros movilizados, de los uniformados de la Policía o de las Fuerzas Armadas. O sea, se cae la tesis del entonces ministro Arturo Murillo, de que las balas provinieron de los movilizados. “No hubo informes de lesiones graves a ningún miembro de las fuerzas del orden”, zanja el informe conclusivo.

“El GIEI evalúa que la reacción de los militares y de la policía fue desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones de los manifestantes. De acuerdo con la terminología adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las muertes de las víctimas de Sacaba constituyen ejecuciones sumarias y los hechos pueden ser descritos como una masacre. Además, el GIEI constató que varios manifestantes fueron detenidos ilegalmente y sometidos a torturas o a tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la policía”.

Aparte, los expertos hacen un llamado de atención al Estado, más concretamente al Ministerio Público, ya que “no ha cumplido con su deber de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de los responsables, si bien, en los últimos meses, se observan avances importantes en el esclarecimiento de los hechos”.

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Federalismo: El MAS ve un ‘sistema peligroso’ y en CC afirman que continúa el centralismo

El diputado Jerges Mercado señaló que la propuesta de Camacho intenta tapar su mala gestión en la Gobernación de Santa Cruz; mientras su colega Marcelo Pedrazas indicó que la aplicación de la autonomía es uno de los fracasos del MAS.

/ 23 de noviembre de 2021 / 12:52

La propuesta sobre el federalismo lanzada por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, genera reacciones contrapuestas. En el Movimiento Al Socialismo (MAS) advierten que puede ser un “sistema peligroso” que abriría las puertas a la “atomización” del país, mientras que en Comunidad Ciudadana (CC) plantean un debate, ya que el centralismo continúa pese a la vigencia de las autonomías.

Los diputados Jerges Mercado (MAS) y Marcelo Pedrazas (CC) debatieron este martes sobre el tema en el programa Piedra, papel y tinta, conducido por la directora de La Razón, Claudia Benavente, un día después del planteamiento que hizo el excívico cruceño Camacho, como forma de contrarrestar y acabar —como él señaló — con la hegemonía y el centralismo impulsado por el MAS desde el Órgano Ejecutivo.

Para empezar, ambos coincidieron en que la propuesta no es nueva, ya que hubo episodios en la historia del país donde fue enarbolada. Mercado remarcó que la demanda de más autonomía surgió ante dos errores: el desconocimiento del poder regional y de la población indígena. Mientras que Pedrazas indicó que un pedido de debate federalista no debe tomarse como una intención divisionista o secesionista.

Eso sí, el diputado masista advirtió que la iniciativa de Camacho —que postuló una campaña para instalar la discusión sobre el tema — tiene la intención de tapar su mala gestión en la Gobernación cruceña y su derrota en los comicios presidenciales de 2020, y ante los intereses de grupos de poder de su región. “No le temo a este debate, pero ahora se debe buscar unidad y evitar una posible atomización del país”.

Para el asambleísta de CC no hay que tener miedo al debate, sobre todo porque el centralismo continúa concentrando el poder en el nivel central, incluso mediante la Ley Marco de Autonomías. “La población no entendió las autonomías, por ello fue un fracaso del gobierno” del expresidente Evo Morales y del actual mandato de Luis Arce. Ante ello, subrayó que ante la propuesta debe haber una reflexión de la sociedad.

Más aún, Pedrazas sostuvo que se deben analizar bien los pasos para una posible aceptación del sistema federalista, ya que implicaría inclusive una Asamblea Constituyente. Y admitió que los gobiernos subnacionales tienen su parte de culpa en la no aplicación de las autonomías, pero matizó ello echando responsabilidades en exautoridades del MAS, como en el caso de los exgobernadores de Chuquisaca.

Mercado aclaró que no se puede sindicar al MAS de no haber impulsado las autonomías y afirmó que fueron más bien una excusa de los grupos de poder desplazados que las usaron como bandera, sobre todo en Santa Cruz, que pese a haber asumido el gobierno departamental hicieron poco o nada por impulsarlas. “Hubo una incapacidad de gobernaciones y alcaldías para aplicar hasta ahora las autonomías”.

Asimismo, el legislador oficialista indicó que el federalismo puede ser peligroso, contraproducente, en un país como Bolivia, ya que continúa en el tránsito de construir unidad regional. Por su parte, su colega opositor insistió en que no se debe cerrar las puertas a la discusión y, como posición personal, señaló que ello debe darse en el marco de la Constitución Política, con la perspectiva de una Constituyente.

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Cox admite percances en el caso Las Londras, pero garantiza su esclarecimiento

Hay cuatro órdenes de aprehensión contra personas del grupo armado que secuestró a periodistas, policías y otras personas a fines de octubre, en el predio que es objeto de pugna entre empresarios e interculturales en la provincia Guarayos.

/ 18 de noviembre de 2021 / 11:05

El viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, admitió que la investigación en el caso Las Londras sufre retrasos, pero garantizó el esclarecimiento sobre el secuestro de periodistas, policías y otras personas en la provincia Guarayos, en un predio que es objeto de pugna por parte de empresarios e interculturales, a fines de octubre.

Cox ratificó a La Razón Radio que en la zona hay grupos armados al mando de los dos sectores en conflicto. Asimismo, indicó que los abogados de los interculturales les presentaron fotografías que demostrarían que empresarios contrataron este tipo de grupos en esa región del departamento de Santa Cruz, donde impera la pugna por la tierra.

Eso sí, la autoridad aceptó que hay un retraso en las investigaciones y lo atribuyó a que el personal policial a cargo del caso fue priorizado para brindar seguridad y realizar operativos en la capital oriental, en medio de las protestas que empezaron el 8 de noviembre para pedir la abrogación de la Ley 1386, que acabaron el martes.

En un contacto con los medios, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ratificó este jueves que hay cuatro órdenes de aprehensión y señaló que la unidad de Inteligencia está detrás de las personas involucradas en el secuestro de octubre, las cuales se habrían internado en el bosque para evitar su traslado a la Fiscalía.

El fiscal general, Juan Lanchipa, anunció en una conferencia de prensa, a fines de octubre, que la investigación penal es por la presunta comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones graves y gravísimas, portación ilícita de armas de fuego, secuestro, robo agravado, daño calificado y privación de libertad.

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El exministro Óscar Ortiz es nombrado rector de la UCB en la sede de Santa Cruz

Es administrador de empresas. Fue senador, candidato a la presidencia por Bolivia Dice No y, primero, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, y luego, de Economía y Finanzas Públicas en el gobierno transitorio de Áñez.

/ 15 de noviembre de 2021 / 11:55

Óscar Ortiz, exsenador de Unidad Demócrata (UD) y exministro del mandato transitorio de Jeanine Áñez, fue nombrado rector de la sede en Santa Cruz de la Universidad Católica Boliviana (UCB) “San Pablo”, según un comunicado de esa institución.

“Damos la bienvenida y fraterna acogida al Mgr. Óscar Ortiz Antelo… El Rector Nacional, las Autoridades Nacionales, Rectores de Sedes, Autoridades de Sedes y toda la comunidad universitaria de la UCB, le desean el mayor de los éxitos en las funciones asumidas”, indica el pronunciamiento.

Ortiz es administrador de empresas. Fue senador, candidato a la presidencia por Bolivia Dice No y, primero, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, y luego, de Economía y Finanzas Públicas. Fue pieza clave en la proclamación de Áñez como presidenta transitoria en 2019.

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Comcipo condiciona al Gobierno: Si quiere paz, abrogue la Ley 1386

El cívico Juan Carlos Manuel relató que se movilizó a campesinos para hostigar a quienes realizan protestas contra la norma y que fueron convocados por gremiales liderados por Francisco Figueroa y cívicos de Santa Cruz.

Foto: APG

/ 10 de noviembre de 2021 / 09:13

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel, culpó a sectores campesinos de amedrentar y causar destrozos el martes en la ciudad de Potosí, lo que derivó en la muerte de uno de sus integrantes. Asimismo, advirtió al Gobierno que si quiere paz, debe abrogar la Ley 1386 contra ganancias ilícitas.

En entrevista con La Razón Radio, Manuel relató que se movilizó a campesinos para hostigar a quienes realizan protestas contra la norma y que fueron convocados por gremiales liderados por Francisco Figueroa y cívicos de Santa Cruz. Asimismo, señaló que fue vana su petición de un diálogo con el gobernador Jhonny Mamani.

Sin embargo, el martes, Mamani denunció que más bien él buscó sin éxito un encuentro con Comcipo para evitar la violencia desatada en medio del paro indefinido de sectores opositores al Gobierno. Manuel respondió que se pretendió una cita con el Gobernador para que campesinos no lleguen a la ciudad como una provocación.

Manuel remarcó que aún se espera la información oficial sobre el campesino fallecido que, según datos tras una evaluación médica, perdió la vida por broncoaspiración, al haberse ahogado con la coca que masticaba. El cívico aclaró que la víctima no fue agredida, y que a la par hay un joven en terapia intensiva.

“Es una mentira que los campesinos venían para los actos por los 211 años de la gesta libertaria de Potosí”, subrayó. La Gobernación anunció ayer que se suspende todo el programa de festejos y pidió que se declare duelo por el fallecimiento. El vocero Jorge Richter informó que el presidente Luis Arce desistió de asistir a cualquier acto.

Manuel ratificó sus observaciones a la Ley 1386 contra la legitimación de ganancias ilícitas. “Todo el mundo se acopla a nuestra demanda”, afirmó. “Si el Gobierno quiere paz, que abrogue la ley para luego sentarse a dialogar sobre normas que beneficien a la población, que la saquen de la pobreza”, dijo el presidente del Comcipo.

Además, adelantó que este miércoles se realizará una marcha desde las 09.00 en la Villa Imperial, con otros sectores que se sumaron a su pliego de peticiones, lo que desembocará en un cabildo en el que se analizará la situación y que definirá el curso de las protestas.

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Educación verificará presencia de maestros de La Paz en aulas, Arias critica la decisión

Desde este lunes, los profesores de La Paz deberán impartir las clases desde las unidades educativas, tanto para los alumnos presentes como para los que recurren a la educación a distancia. La asistencia de estudiantes no es obligatoria.

Las clases en tiempos de pandemia. Foto: Álvaro Valero

/ 8 de noviembre de 2021 / 01:29

Tras el anuncio de la Dirección Departamental de Educación de La Paz, sobre la presencia obligatoria de los maestros en las aulas desde este lunes, para impartir tanto clases presenciales como a distancia, el alcalde paceño, Iván Arias, indicó que es una irresponsabilidad que atenta contra la salud de los menores de edad.

No obstante, el burgomaestre no menciona que la decisión —publicada el domingo en la edición impresa de La Razón— solo involucra a los profesores, ya que, según los datos oficiales, el 96% de los integrantes del magisterio ya se encuentra vacunado. Además, la presencia de los estudiantes es voluntaria, definida por sus progenitores.

El director departamental de Educación, Carmelo López, dijo que la finalidad de esta política es evitar la reprobación de alumnos que no tienen internet en sus hogares o no cuentan con buena cobertura, y que, tras una evaluación de sus padres, pueden ser beneficiados por un contacto directo con los maestros en las unidades educativas.

Asimismo, los profesores deberán brindar las clases presenciales a los estudiantes que vayan a las aulas y, de manera paralela, aplicar la educación a distancia. López dijo que este lunes se realizarán verificaciones en colegios fiscales, particulares y de convenio sobre el cumplimiento de la disposición, a un mes del cierre del año escolar.

Arias recurrió a las redes sociales para protestar. “Ministro de Educación: obligar al retorno a clases presenciales en el municipio de La Paz es una irresponsabilidad técnica y política que atenta contra nuestros niños en plena cuarta ola del COVID-19. Envío nuestra propuesta para proteger la vida” (sic), escribió el alcalde en Twitter.

Publicó un arte de la Alcaldía, en la cual se propone la exigencia del carnet de vacunación o pruebas PCR negativas para realizar trámites y transacciones; carnet de vacunación para viajes nacionales; ampliar vacunación en tercera dosis; vacunar a la población de 5 a 15 años; y vacunación masiva a jóvenes de 16 y 17 años.

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