Bolivia, como signatario de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la solicitud de intervención sobre las acciones, flagelos y crímenes de genocidio en contra del pueblo palestino en la Franja de Gaza.

“Hoy presentamos, en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, la intervención en la CIJ sobre el genocidio en contra del pueblo palestino en la Franja de Gaza. Seguiremos condenando, en todos los escenarios, la ocupación ilegal de Israel y la ejecución de miles de inocentes”, afirmó la canciller Celinda Sosa.

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A través de una nota de la Cancillería, Bolivia reafirma el propósito humanitario y civilizador de la Convención sobre el Genocidio, donde “como Estado parte tiene el deber de tomar todas las acciones necesarias para la prevención, denuncia y represión de actos de genocidio, como es el caso de lo que actualmente ocurre en Palestina, con la ocupación ilegal de Israel”.

De esta forma, se constituye en el décimo país en intervenir con el objetivo común de prevenir y sancionar acciones que pueden conducir al genocidio. En el caso también intervinieron: Nicaragua, Colombia, Libia, México, Palestina, España, Turquía, Chile y Maldivas.

El proceso se inició en diciembre del 2023, cuando Sud África presentó la denuncia contra Israel, a quien acusa de violar sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, por los actos llevados a cabo en Gaza.

Desde entonces, se emitieron tres órdenes por la CIJ instando a Israel a salir del territorio de Palestina y el proceso sigue en curso; a la espera de las memorias y contra memorias para emitir un fallo.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo informó que un can de la Fuerza Especial del Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) frustró el envío de 2.950 gramos de clorhidrato de cocaína que pretendía ser transportados a través de una empresa fuera del país.

“Informamos a la población que efectivos de la Policía Boliviana ejecutaron labores de interdicción al narcotráfico en instalaciones del aeropuerto internacional de Viru Viru en el departamento de Santa Cruz”, escribió desde sus redes sociales la autoridad.

La autoridad informó que el caso fue abierto por autoridades del Ministerio Público. La droga fue secuestrada por uniformados de la Policía Boliviana.

La droga estaba escondida es una especie de repuestos de tipo cilindros, por lo que la FELCN inició una investigación para identificar a la persona que dejó el ilícito en calidad de encomienda.

Luego de un encuentro con el presidente Luis Arce en la Casa Grande del Pueblo, el Gabinete Social definió una línea de lucha contra el agio, la especulación y el contrabando de alimentos desde los tres niveles de gobierno.

“En el encuentro se definió la “coordinación con gobernadores y alcaldes para control del agio y especulación (…). Esta lucha contra el Contrabando, agio y especulación es de todo el pueblo boliviano, poque sí afecta a la canasta familiar”, dijo el dirigente campesino Vidal Gómez, al salir del encuentro.

Asimismo, indicó que el acuerdo incluye, por parte de las organizaciones sociales, el control de los precios y las denuncias ante posibles casos de acopio.

Gabinete Social

Ante varias denuncias de contrabando de productos bolivianos hacia otros países, especialmente  Perú, el presidente Luis Arce instruyó la militarización de las fronteras, con el fin de frenar la salida de productos, que se traduce en un incremento en el precio en el mercado nacional.

Liderado por el presidente Luis Arce, al encuentro asistieron 51 persona, incluidos ministros de todo el gabinete del Mandatario, excepto los titulares de Tierras y de Medio Ambiente, que se encuentran en Santa Cruz, dirigiendo tareas contra los incendios.

Además, estuvo presente el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi.

Precisamente, los incendios fue el segundo tema en el que giró la conversación del Gabinete Social. Los asistentes comprometieron esfuerzo para apoyar en la lucha contra el fuego que arrazó más de 7 millones de hectáreas en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando.

Incendios

De hecho, la mañana de este martes, el presidente Luis Arce entregó en Santa Cruz el segundo avión Elektra Tanker y un Hércules para apoyar en la lucha contra los incendios.

Ambas aeronaves apoyarán a las tareas de los más de 5.000 efectivos que operan en la región desde el 3 de julio, a los cuales se incorporan otros 1.457 miembros para intensificar las labores de mitigación.

Las organizaciones sociales que respaldan al presidente Luis Arce pidieron a los ministerios de Gobierno y de Justicia que “acompañen” el proceso que envuelve al expresidente Evo Morales en un caso de supuesto estupro, con el fin de “garantizar” la integridad de las víctimas.

“Nosotros, como organizaciones sociales hemos dicho que tanto el Ministerio de Justicia, como el Ministerio de Gobierno deben acompañar y resguardar la integridad de las víctimas”, dijo el dirigente de la Confederación Sindical de Comunidad Indígenas Originarias de Bolivia (CSCIOB), Vidal Gómez.

Evo Morales

Vidal abordó el tema luego de ser consultado por el Gabinete Social que se reunió con el presidente Luis Arce en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz. Aclaró que el proceso de Morales no fue tema de conversación en el encuentro, para “no politizar el tema”.

“La Justicia debe mostrar la verdadera cara (de Evo Morales). No es un tema político. La justicia debe defender a las víctimas y no parcializarse al poder (que tuvo el expresidente) por más de 14 años”, agregó.

Por el caso de supuesto estupro, Morales debe presentarse a declarar ante la Fiscalía de Tarija el jueves. Junto con él, los padres de la presunta víctima deberán asistir.

Notificado, Morales dijo que se defenderá y “ganará la batalla”.

Estupro

Por su parte, las organizaciones sociales que respaldan al jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) anunciaron con “convulsión” si Morales es detenido. Incluso, las regionales de su partido se declararon en “alerta” por lo que pueda ocurrir con su líder.

Morales denunció que ese y otros procesos que se abrieron contra él responden a un intento del Gobierno por proscribir al MAS, al movimiento campesino e inhabilitar su candidatura a las elecciones nacionales de 2025.

“A los evistas, por más que traten de culpar al Gobierno o de ocultar algo de los delitos que se haya cometido, la justicia debe determinar las acciones correspondientes. Es una victimización”, dijo Gómez.

La Fiscalía de La Paz apelará la sentencia contra los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López que recibieron una sentencia de ocho años de prisión, luego de ser hallados culpables en el caso Gases Brasil.

Rosario Venegas, fiscal departamental de La Paz en suplencia legal, confirmó la información. En su criterio, la pena privativa de libertad contra las exautoridades “es muy corta”.

“La Fiscalía solicitó la pena máxima de 10 años para cada acusado por delitos de corrupción, pero los miembros del tribunal determinaron condena de sólo tres, siete y ocho años; por ello, vamos a presentar el recurso de apelación cuando seamos legalmente notificados con esa sentencia”, indicó la fiscal a los periodistas.

La fiscal justificó esa apelación y dijo que “durante la investigación se obtuvieron pruebas contundentes que demuestran la participación de los implicados”.

Fiscalía

Por su parte, el fiscal Omar Yucra, consultado sobre el tema, ratificó que pedirán la ampliación del tiempo de la pena.

“El Ministerio Público no va a permitir que se deje en la impunidad ningún acto delincuencial que se ha cometido en contra del Estado boliviano”, dijo en una improvisada conferencia de prensa.

El caso Gases Brasil investigó los delitos de negociaciones incompatibles y contratos lesivos al Estado, por la adquisición irregular de material antidisturbios en noviembre de 2019.

SI bien Murillo y López fueron sentenciados a ocho años, otros tres acusados también fueron sentenciados entre tres, cinco y siete años de privación de libertad y uno fue absuelto de culpa.

Los sentenciados están acusados de delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, entre otros.