Nacional

miércoles 8 dic 2021 | Actualizado a 12:14

Sectores cierran filas en torno a Arce y se declaran en emergencia ante ‘proceso de desestabilización’

“Hoy estamos ratificando una vez más, firmemente, nos declaramos en estado de emergencia, nos declaramos en alerta ante cualquier intento de desestabilización", dijo el ejecutivo de la COB

El Pacto de Unidad y la COB con el presidente Luis Arce.

/ 18 de octubre de 2021 / 21:28

Los sectores sociales del Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana (COB) cerraron filas en torno al gobierno del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca y se declararon en emergencia ante los “procesos de desestabilización de la derecha fascista”.

“Hoy estamos ratificando una vez más, firmemente, nos declaramos en estado de emergencia, nos declaramos en alerta ante cualquier intento de desestabilización a nuestro proceso, a nuestro gobierno y por ende a nuestra democracia”, sostuvo el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi.

Los dirigentes sociales se reunieron con Arce y Choquehuanca en la Casa Grande del Pueblo. Al final emitieron un pronunciamiento.

Los dirigentes del Pacto de Unidad y de la COB hicieron público un pronunciamiento desde las escalinatas en Casa Grande del Pueblo, con Arce y Choquehuanca presente. Arce agradeció el respaldo y se comprometió a seguir avanzando en la reconstrucción de la economía nacional.

“Para que de una vez no exista desempleo en nuestro país, para que los micro, pequeños y grandes productores sigan generando riqueza (…) es importante mencionar que las organizaciones acá reunidas están en desacuerdo de que se utilice siquiera el nombre de nuestras organizaciones para otro tipo de actividades desestabilizadoras, acá está el pueblo”, sostuvo Arce.

El bloque de oposición cívica-política anunció que se plegará a las movilizaciones y paro anunciado por los gremiales para esta semana en contra de la ley de estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Además, sumó una serie de demandas como la liberación e “presos políticos” y la renovación de la Justicia y Fiscalía.

“La unidad de todas las organizaciones sociales va a ser para poder sacar adelante este país que ha sido saqueado, ultrajado, humillado con actos de racismo, de discriminación. El pueblo boliviano con sus organizaciones sociales le está diciendo basta con estos actos de racismo, de discriminación y basta de estos actos de intentos de desestabilización”, insistió Huarachi.

El Pacto de Unidad, la COB y Arce evaluaron la gestión gubernamental y en un pronunciamiento resolvieron mantener y forjar “la unidad”, garantizar el trabajo estatal productivo y reconocer y valorar la reconstrucción económica.

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Abogado de Áñez: juez no considera nueva evidencia para darle detención domiciliaria

“No hay juez que tenga el valor y la hidalguía” para ejercer el proceso debido, afirma su abogado defensor.

Luis Guillén en una entrevista con La Razón Radio.

Por Iván Bustillos

/ 8 de diciembre de 2021 / 11:29

Luego de que ayer por sexta vez se negó la detención domiciliara a la expresidenta Jeanine Áñez, su abogado Luis Guillén protestó porque ahora el juez no consideró nueva evidencia de que ella no obstaculizará la investigación en su contra, evidencia como la de tener un trabajo y domicilio ciertos.

A punto de cumplir Áñez diez meses de detención en la cárcel, su abogado señaló que dado el paso de tiempo y el cambio de condiciones sociales en el país, las “causales de riesgo procesal” de antes hoy día ya no existen.

La situación en que ella fue aprehendida, o “los elementos que se tenían en el momento en que ella fue aprehendida”, cuando se la detuvo, pasado el tiempo, “que ya es considerable, obviamente desaparecen”; esto es lo que el juez se niega a reconocer, señaló este miércoles Guillén en entrevista con La Razón Radio, programa por streaming de esta casa periodística.

Independientemente de las pruebas que se aportó, de que “ella cuenta con domicilio, con un trabajo, con una familia dentro del país, lo que se constituye en elementos arraigadores naturales, estos elementos no son considerados (por el juez)”, manteniendo la detención en prisión, detalló Guillén sobre el parecer de la defensa de Áñez.

El abogado vio como un hecho paradójico que habiendo pasado considerable tiempo de investigación del caso por parte de los fiscales, ahora se le niegue la detención domiciliaria a la acusada argumentando que ella puede obstaculizar dicha investigación.

Y es “que no hay juez que tenga el valor y la hidalguía para aplicar lo que corresponde en este caso”, deploró el jurista.

Guillén precisó que la audiencia de ayer, en que se le volvió a negar la detención domiciliaria a Áñez, fue por el caso en que se le acusa de terrorismo, sedición y conspiración. La fiscalía especialmente en la sindicación de “terrorismo” no ha podido demostrar nada, “que haya existido un hecho de terrorismo”, aseveró.

Si bien la fiscalía aquí maneja el argumento de que en octubre de 2019, tras las elecciones del 20, hubo quema de tribunales electorales o el propio amotinamiento policial, el Ministerio Público, dijo, no ha podido demostrar, “no tiene ningún elemento que pueda sustentar que evidencie que esto haya sido organizado” por la acusada.

Además, los hechos de violencia en ese momento fueron espontáneos y el “terrorismo” en lo básico implica una organización criminal, lo que no hubo en 2019, alegó el abogado Guillén.

La defensa de Áñez continuará presentando recursos para que la expresidenta se defienda en libertad condicionada al domicilio, destacó su abogado.

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Una mujer le dice en vía pública a Calvo que ‘no representa a nadie’ en Santa Cruz

Rómulo Calvo estaba dentro de su vehículo y fue abordado por dos mujeres cuando se detuvo un momento. Solo atinaba a responder: “No he hecho nada”.

Calvo, en su vehículo, en increpado por una de las dos mujeres.

/ 7 de diciembre de 2021 / 22:56

“¡No representa a Santa Cruz!, quiere ir otra vez al golpe de Estado”, increpó una mujer al presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en una avenida de la capital cruceña, según un video difundido este martes en redes sociales.

Calvo estaba dentro de su vehículo y fue abordado por dos mujeres cuando se detuvo un momento. Solo atinaba a responder: “No he hecho nada”.

Mientras que una de las mujeres elevaba el tono del reclamo.

“Usted es el muerto de Senkata y Sacaba, usted ha sido el que estaba en el golpe de Estado, usted no sabe el dolor que he tenido por los muertos, usted me ha gasificado, usted llama a la confrontación (…) me ha dejado sin comer, usted Calvo me ha dejado sin comer, usted no representa a nadie, no representa a Santa Cruz, quiere ir otra vez al golpe de Estado”, increpa una de las mujeres a Calvo.

Video: RRSS

A pocos días de que Jeanine Áñez tomara el poder, tras la dimisión del expresidente Evo Morales, fuerzas policiales y militares intervinieron protestas en favor al exmandatario con el saldo de una veintena de muertos y decenas de heridos de bala en Sacaba y Senkata.

Según las imágenes del video, Calvo acelera cuando una de las que le increpaba echa al vehículo parte de la gaseosa que consumía.

Calvo tomó control de la protesta que gremiales y el transporte pesado declararon en contra de la hoy derogada ley de estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. A convocatoria cívica, se cumplió nueve días de paro.

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Dan de baja a capitán de la Policía y superan los 10 los sancionados por el motín de 2019

El capitán José Vargas Barrón fue dado de baja sin derecho a reincorporación por su participación en el motín policial de 2019

Policías en una unidad en Cochabamba en el motín de noviembre de 2019.

/ 7 de diciembre de 2021 / 21:31

El capitán José Vargas Barrón fue dado de baja de la Policía, por su participación en el motín policial de 2019 que derivó, junto a otros hechos, en la dimisión del expresidente Evo Morales. A la fecha suman 11 los uniformados sancionados en procesos disciplinarios.

El viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, informó del número de policías sancionados disciplinariamente por su participación en el motín que empezó en Cochabamba y se replicó en diferentes ciudades capitales, principalmente.

“A la fecha son 11 efectivos policiales que fueron dados de baja de forma definitiva por el caso motín policial”, explicó en parte de su informe de gestión.

Vargas aparece en fotografías junto a miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), grupo operativo que actuó con violencia en la crisis de 2019 contra personas que se manifestaban en favor del expresidente Morales.

Hasta el 5 de octubre fueron sancionados con la baja sin derecho a reincorporación el mayor Jorge Salazar Ramírez; el mayor Edwin Silva García; la capitán Ivonne Barrenechea; el coronel Aníbal Rivas; el mayor Jhamil Jhasmany Sandy Gonzales; el capitán Marcelo Gutiérrez; el coronel Nelson Flores Claros, el exdirector de la FELCC Iván Rojas y el excomandante de la Policía Yuri Calderón.

También corrió la misma suerte la suboficial Cecilia Calani.

El proceso fue abierto a denuncia del viceministro de Descolonización Despatriarcalización, Pelagio Condori. La autoridad denunció a 26 uniformados por haber participado en el motín policial de 2019.

Durante la crisis de 2019, a la protesta cívica alentada por denuncias de fraude electoral, después puestas en cuestión por diferentes estudios, se sumaron el motín policial y la “sugerencia” militar a Morales de dimitir.

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La Justicia niega cesación a la detención de Áñez por el caso Golpe de Estado I

La expresidenta Jeanine Áñez se encuentra en la cárcel desde marzo. Antes del fallo, le pidió al juez actuar con valor y concederle libertad

La expresidente Jeanine Áñez en una fotografía de archivo.

/ 7 de diciembre de 2021 / 19:26

Se le volvió a negar a la expresidenta Jeanine Áñez la solicitud de cesación a la detención preventiva en el caso Golpe de Estado I. El juez Luis Fernando García tomó la decisión a la conclusión de una audiencia de más de cuatro horas.

La defensa solicitó la detención domiciliaria de la expresidenta, quien se encuentra en la cárcel desde marzo. Fue detenida, justamente, por el caso Golpe de Estado I, planteado por la exdiputada del MAS Lidia Patty y que hace a una acusación por sedición, terrorismo y conspiración.

Antes de la decisión judicial, demandó al juez tomar una determinación apegada a la norma y devolverle su libertad, por su condición de detenida política.

“Me queda pedir a su autoridad que actúe con valor y a derecho ante esta crisis de objetividad y lealtad, donde se soslaya la Constitución Política del Estado, las leyes y tratados, donde existe un total sometimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público al gobierno. Soy una presa política y quiero que me devuelva mi libertad”, afirmó en su intervención.

También tiene en su contra otro proceso y detención preventiva por otros seis meses por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes debido a que tomó la Presidencia del Senado, lo que luego le permitió tomar la Presidencia de Bolivia, sin cumplir con los preceptos constitucionales y el Reglamento de Debates, según la acusación fiscal formal.

La defensa de la expresidenta apeló la decisión. De habérsele dado la libertad, hubiera permanecido en la cárcel en cumplimiento a la orden de detención preventiva en el caso Golpe de Estado II.

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Envían a la cárcel de Trinidad al contralmirante Bravo Méndez por el caso Senkata

Suman al menos 11 militares procesados hasta el momento por las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas a días de que tomara el poder Jeanine Áñez

El exinspector de las Fuerzas Armadas contralmirante Aldo Bravo Méndez a su ingreso a dependencias de la FELCC en La Paz. Foto: Roberto Guzmán

/ 7 de diciembre de 2021 / 19:19

El exinspector de las Fuerzas Armadas contralmirante Aldo Bravo Méndez fue enviado por seis meses con detención preventiva a la cárcel de Mocoví, en Trinidad, en el marco de la investigación sobre la masacre de Senkata, ocurrida en noviembre de 2019 durante el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez.

Bravo Méndez fue sacado la tarde de este martes de celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, para su traslado a Trinidad, Beni, donde fue aprehendido el 2 de diciembre en un operativo policial-fiscal.

El contralmirante fue inspector de las Fuerzas Armadas cuando estaba bajo el mando del general Sergio Orellana, designado en el cargo por la expresidenta Áñez y hoy prófugo de la Justicia.

Se lo acusó en el proceso abierto por los hechos de noviembre de 2019, cuando militares y policías intervinieron las protestas sociales en Senkata en apoyo al expresidente Evo Morales, con el saldo de 10 muertos y decenas de heridos por impactos de bala. Días antes, similar acción militar-policial se dio en Sacaba, con el saldo de 11 muertos por impactos de bala.

Con Bravo Méndez suman al menos 11 los militares procesados por lo que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) calificó de masacres de 2019 lo de Sacaba y Senkata. Este grupo de expertos formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigó todo lo que pasó antes durante y después de la dimisión del expresidente Evo Morales.

Fuerzas policiales y militares intervinieron el 19 de noviembre de 2019 un cerco tendido en apoyo a Morales a la planta de hidrocarburos de Senkata, en El Alto, lo que acabó con 10 muertos y decenas de heridos. Días antes, el 15, ocurrió algo parecido en Sacaba, cuando se intervino con el saldo de 11 muertos por bala la marcha de cocaleros.

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