¿Desliz verbal? Calvo advierte que el paro ‘no es el único instrumento de represión’
Ante el anuncio del presidente Luis Arce en torno a la abrogación de la Ley 1386, Calvo celebró que “esta medida ha tenido sus frutos y (sin embargo) hay muchos desafíos”.
En un aparente desliz verbal, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, aseguró este domingo que el “paro nacional” indefinido “no es el único instrumento de represión” y convocó a quienes se movilizaron en demanda de la abrogación de la Ley 1386 a “seguir en la lucha”.
“Tenemos que ser conscientes que este paro indefinido no es el único instrumento de represión y que lo importante es preservar la lucha”, dijo Calvo en un aparente desliz verbal en la masiva concentración en la rotonda del Cristo Redentor de esa ciudad.
“No es un solo paro, la resistencia tiene que ser ordenada y sostenible en el tiempo”, agregó poco antes de asegurar que las movilizaciones que bloquearon parcialmente a ese departamento continuarán.
Ante el anuncio del presidente Luis Arce de la abrogación de la Ley 1386, Calvo celebró que “esta medida ha tenido sus frutos y (sin embargo) hay muchos desafíos”.
El líder cívico, que comandó las medidas de protesta en ese departamento, pidió al mandatario “gobernar para todos los bolivianos” y no solo para un sector de la sociedad.
Santa Cruz fue el escenario de protestas y bloqueos en demanda de la abrogación de la Ley 1386, que los cívicos y manifestantes de esa ciudad llaman “ley maldita”, desde el lunes 8 de noviembre. Incluso, el sábado ocurrió un enfrentamiento en la zona Plan Tres Mil de esa ciudad, que dejó el saldo de 10 policías heridos y 17 detenidos.
El presidente Arce anunció la noche del sábado la abrogación de la ley en cuestión, acción que no fue aceptada plenamente por el movimiento cívico liderado Calvo.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani convocó la tarde de este domingo a sus colegas a una sesión para para analizar el proyecto que abrogará la cuestionada Ley 1386. Dicha sesión se instalará este lunes 15 a las 18.00.
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De 737 OTB en La Paz, 506 están en zonas de riesgo
La Alcaldía de La Paz destina Bs 150 millones para prevención
de riesgos en la ciudad
La Paz. Deslizamiento afectó viviendas en Auquisamaña
El municipio de La Paz cuenta con 737 Organizaciones Territoriales de Base (OTB) en todo su territorio. De ellas, 506 se encuentran en ocho zonas de riesgo “alto”, “muy alto” y “alto y muy alto”, según un reporte al que accedió La Razón.
La información fue proporcionada por el titular de la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos de la Alcaldía de La Paz, Juan Pablo Palma.
El secretario municipal informó que 210 OTB se encuentran en las zonas consideradas con riesgo “alto”, una en “muy alto” y 295 en “alto y muy alto”.
Además, en cuanto a la organización del territorio paceño, Palma explicó que La Paz está dividida en nueve macrodistritos, siete de ellos urbanos y dos rurales, y que éstos, a su vez, están comprendidos en 23 distritos.
Las zonas que están contempladas en riesgo por las autoridades municipales son ocho: Valle Metropolitano, Valle de las Flores “B” Amor de Dios, Ciudad del Niño, Antenas Entel, Said Cruz Pata, Valle de las Flores A, Urbanización Cervecería y Urbanización Cervecería.
Actualmente, esa unidad del gobierno local no cuenta con un detalle del número de viviendas apostadas en las ocho zonas de riesgo que tiene la sede de gobierno. Sin embargo, brindó a este diario el reporte de cuántos manzanos están comprendidos en esas áreas urbanas.
Manzanos
Son 4.004 manzanos con cierto grado de vulnerabilidad. De ellos, 1.245 tienen “riesgo alto”; 43, “riesgo muy alto” y 2.716, “riesgo alto y muy alto”.
—¿Qué factores provocan los riesgos en esas zonas?
—El riesgo es el producto de la combinación de dos factores; la amenaza (un deslizamiento) y la condición de vulnerabilidad de un elemento expuesto (en este caso la vida de las personas, sus bienes y sus medios de vida).
En su explicación, Palma recordó “la construcción social del riesgo”, de Allan Lavell. Dijo que existe elementos relacionados a la pobreza, marginalidad o condición social, entre otros, “que incrementan las condiciones por las cuales un elemento se pone en condición de vulnerabilidad”.
“Es así que la ocupación del territorio en espacios no aptos o identificados como de alta amenaza ocurre, dando lugar a las condiciones propicias para generar e incrementar en el tiempo los niveles de riesgo que estos elementos expuestos van construyendo. A esto se le aumenta la infiltración de conexiones en mal estado y sobre carga de terrenos que incrementan el riesgo”, señaló Palma a este diario.
Alarma
Recientemente, una alerta de deslizamiento movilizó a los vecinos del macrodistrito San Antonio. La Alcaldía de La Paz admitió que la situación, principalmente en dos barrios, es “crítica”, mientras que dirigentes vecinales llamaron a la calma y anunciaron “acciones” para evitar ese evento.
“El nivel de peligrosidad de deslizamiento de esta zona es alto. Tenemos dos barrios —Cervecería y Metropolitano— que ya los hemos declarado en emergencia hace más de dos meses; pero que la situación es crítica. El nivel de deslizamiento hace dos meses era de dos centímetros por semana; hoy, cada dos semanas se están deslizando 18 centímetros”, in formó el alcalde de La Paz, Iván Arias, el 9 de noviembre.
Ante eso, la unidad de Palma anunció una serie de acciones para la prevención de problemas. “Entre ellas, la construcción de un tramo del embovedado del Río Kachuañajahuira, manejo de aguas superficiales en los ríos Kiswaras I y II, conformación de banquinas en la parte superior del talud para reducir la sobrecarga, construcción de cerca de 1 kilómetro de galerías filtrantes y la construcción de 132 pilotes antideslizantes a iniciarse próximamente. También acciones de fiscalización predial y territorial a cargo de la Subalcaldía; y medidas de preparación y alerta en coordinación con la sociedad civil”, dijo a este medio a través de un cuestionario enviado a sus redes.
Además, dijo que el gobierno municipal implementó una estrategia integral de identificación y monitoreo del riesgo en todas las zonas altamente vulnerables.
“Esa estrategia contempla también procesos de gestión territorial y legal sobre los predios construidos de manera ilegal. Sin embargo, el objetivo principal por sobre todo es el cuidado de la vida de los habitantes de estas áreas”, explicó a este medio.
Datos
Palma También identificó dos grupos de “factores que detonan el riesgo en las zonas con vulnerabilidades”. Se trata de cuatro causas “socioeconómicas” y de seis “físicas”. (Ver cuadro)
El secretario Palma también informó a La Razón que la unidad que lidera cuenta con un presupuesto anual de Bs 150 millones.
Esos recursos están destinados a diferentes obras de prevención y reducción de riesgos en zonas altamente vulnerables.
Además, dispone de un monto adicional “para el monitoreo continuo y alerta temprana con el fin de evitar o mitigar los impactos de los posibles deslizamientos”.
Palma advirtió de la “imperiosa” necesidad de implementar ciertas acciones para mejorar el trabajo del monitoreo de los riesgos. Entre ellas, la actualización del mapa de riesgos con el que actualmente trabaja la Alcaldía, dicho elemento data desde 2021 y está publicado en su página web institucional. Señaló que esa herramienta debe mostrar “la realidad actual del territorio y se constituya como instrumento clave para una mejor comprensión del riesgo de desastres”.
Esa tarea se encuentra en ejecución desde 2022, según apuntó el funcionario municipal, con base en un “análisis y evaluaciones exhaustivas, que abarcan el riesgo de manera más holística”.
La Alcaldía, a través de la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos (SMGIR) y otras unidades desarrolla un conjunto de actividades tanto estructurales como no estructurales, es decir, la identificación y monitoreo de zonas en riesgo, concientización a la población y organización.
La Paz está asentada en muchas áreas de tierra deleznable.
Ocho zonas en riesgo por 1.091 edificaciones irregulares
Juan Pablo Palma, titular de la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos de la Alcaldía de La Paz, informó que existen 1.091 edificaciones “irregulares” distribuidas en las ocho OTB (Organización Territorial de Base) declaradas en riesgo.
Las OTB que cuentan con más construcciones irregulares en el municipio son: Valle de las Flores “B” Amor de Dios, con 358; le sigue Valle Metropolitano con 222; Ciudad del Niño con 155; Valle de las Flores “A” con 144; Urbanización Cervecería con 98; Antenas Entel con 48; Said Cruz Pata con 41; y Santa Rosa de Callapa con 25.
Las construcciones irregulares, según dijo Palma, es una de las causas que deja en vulnerabilidad a esas zonas. Los predios, según Catastro, “que incluyen con certificado, observados y con deslinde”, son 320, mientras que las construcciones “sin ningún tipo de registro” suman 771.
Sin embargo, dichas edificaciones son solo uno de los 10 “elementos” que identificó la unidad de riesgos dirigida por Palma como “causantes” de la vulnerabilidad de esos sectores del área urbana del municipio.
Identificadas, las construcciones observadas están dispersas en 4.004 manzanos según el mismo informe, cuya clasificación de riesgo varía entre “alto”, “muy alto y “alto y muy alto”, según el peligro que presente el terreno en el que se encuentran.
Las amenazas de ese tipo de construcciones tienen que ver con posibles deslizamientos, movimientos de tierras y la afectación a viviendas vecinas.
Sin embargo, la oficinas de gestión de riesgos también atribuyó ese tipo de edificaciones a situaciones como “pobreza, educación, migración campo-ciudad; además del uso de materiales inadecuados en la construcción, asentamientos, sobrecarga de tierras y redes de agua y alcantarillados en mal estado.
La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Susana Rivero presentó ayer su libro “Caso Golpe II: proceso penal y jurisprudencia de algo que nunca debió suceder”, y resaltó la importancia de su contenido como aporte a la historia del país.
“Hay que dejar la historia escrita, y este es un libro que contiene no solo los hechos, sino todas las pruebas que se judicializaron. Están no solo los testimonios como el de Jeanine Áñez al inicio y al final del juicio, sino de los testigos”, dijo la exasambleísta nacional en entrevista en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.
Rivero describió parte del texto y dijo que “pretende recoger todo lo que sucedió en el caso Golpe II; es el proceso en sí mismo”.
El texto tiene que ver con lo ocurrido el 10, 11, 12 y 13 de noviembre de 2019, es decir, desde el día que Evo Morales renunció a la Presidencia del país, en medio de una fuerte crisis social y política, que cobró fuerza con un motín policial y la sugerencia militar para que el además líder cocalero dimita a su cargo.
Rivero señaló que la mayoría de los datos de su libro fue revisada en documentos del Ministerio Público, a los que pudo acceder.
Adelantó también que el lector podrá encontrar en las páginas del libro amplia información de lo ocurrido en las reuniones extralegislativas en la Universidad Católica, encuentro convocado y liderado por la Iglesia Carólica, en las que se definió la sucesión que recayó en Áñez. En ese encuentro, participó Susana Riveros (primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados en 2019), Adriana Salvatierra (presidenta de la Cámara de Senadores, en 2019) y Teresa Morales, las tres de las filas políticas del MAS.
“Muchos decían: ‘son unas traidoras por reunirse con la oposición’. Pero fuimos, y esa es la prueba de que no hubo vacío de poder, porque nosotros estábamos ahí”.
Otro contenido que destacó Rivero tiene que ver con el proceso que siguieron las autoridades judiciales, cuyo fallo derivó en la condena de 10 años de prisión para la exmandataria. “Es una sentencia vital y fundamental que sostiene el juicio del caso Golpe II”, señaló la exasambleísta.
El documento tiene tres partes y un anexo y, según consideró Rivero, es útil para entender la jurisprudencia del caso y lo recomendó para abogados y estudiantes de derecho, principalmente.
“No es un libro testimonial, es un libro de lo que sucedió en el proceso judicial en la etapa preparatoria, en el juicio oral, las apelaciones, lo que recurrieron a instancias internacionales y hasta la admisión del recurso de casación, el 31 de octubre (…). El libro no especula, te muestra el proceso judicial en el que Áñez ha tenido cinco abogados para defenderla”, aclaró la también exministra.
El caso Golpe de Estado II tuvo sentencia el 10 de junio. Además de la exmandataria, el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) Williams Kaliman, y el excomandante general de la Policía Vladimir Calderón recibieron una pena de 10 años. Mientras que los comandantes Jorge Elmer Fernández Toranzo y Sergio Orellana Centellas recibieron una sentencia de cuatro años; y Pastor Mendieta y Flavio Arce, a tres y dos años respectivamente.
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Activista reclama falta de coordinación con víctimas en caso Golpe de Estado I
‘Tiene que haber una coordinación entre las víctimas y la Fiscalía’, dice David Inca.
El activista David Inca, en entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón.
El activista David Inca cuestionó ayer que los familiares y víctimas de Senkata no hayan sido considerados por la Fiscalía para acusar a la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y otras 17 personas por supuesto “genocidio” en 2019.
En su justificación, el defensor de derechos humanos y representante de las víctimas caídas el 19 de noviembre evocó una de las recomendaciones del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) que señala que las investigaciones que realice la Fiscalía en torno a ese tema deben ser coordinadas con el grupo de familiares y víctimas de las jornadas de violencia.
“Tiene que haber una coordinación entre las víctimas y la Fiscalía; es decir, la Fiscalía tiene que informar (a las víctimas sobre) qué está haciendo, qué es lo que va a hacer o cómo lo va a hacer. Las víctimas no pueden estar aisladas de las decisiones”, reclamó Inca en entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón.
La segunda observación del activista tiene que ver con la ausencia en la acusación de los ministros que dieron luz verde al Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidades a los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas por el uso desmedido de la fuerza en los conflictos poselectorales de 2019.
“A las víctimas les interesa saber quién ordenó matar y quién mató; quién ordenó disparar y quién disparó; quién ordenó torturar y quién torturó”, añadió.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dijo que este proceso se ventilará en el ámbito ordinario y no en un juicio de responsabilidades, como exige la defensa de la exmandataria. “La vía ordinaria o de responsabilidades es debate político”, añadió.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, afimó ayer que la avioneta con droga siniestrada en Argentina fue liberada por el Ministerio Público de Santa Cruz a pesar de estar precintada.
Informó que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó una denuncia penal contra los presuntos autores del ilícito, para esclarecer “cuáles han sido los factores y motivos para que esta aeronave, que estaba siendo investogada, sea devuelta, cuando ni siquiera había concluido la etapa de investigación”.
En la transmisión digital La Razón Radio, Mamani identificó ayer dos momentos, desde que la avioneta, primero, fue detectada por radares en mayo, en un “supuesto vuelo irregular”.
Relató que el 23 de mayo los radares identificaron la aeronave en cuestión, con matrícula de control CP-3123, pero no había información sobre su plan de vuelo. Así, los miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) realizaron las investigaciones y dieron con el aparato en el aeropuerto de Puerto Suárez, en Santa Cruz, y el Ministerio Público lo precintó.
“Por ese motivo, la aeronave fue devuelta por el Ministerio Público, el 28 de junio, a Nilo L.T., que es el propietario de la aeronave”, dijo a La Razón Radio.
Lo llamativo del caso —dijo Mamani— es que la revisión haya sido realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), con un resultado negativo a cocaína, y sin microaspirado, en vez de pedir que la realice el Centro de Investigaciones Técnico Científico en Toxicología y Sustancias Controladas (Citesc), de la FELCN.
El funcionario explicó que las investigaciones por el hecho conocido por una publicación del diario argentino Clarín comenzaron la tarde del miércoles.
“Se ha procedido al arresto, para fines investigativos, a tres ciudadanos. Este proceso está en investigación”, reveló Mamani.
Según contó, se ejecutó una orden de allanamiento al hangar 101 del aeropuerto El Trompillo, de la capital cruceña. En él se secuestraron documentos, DVR (discos que almacenan imágenes de cámaras de seguridad) y dos aeronaves, una con matrícula de control CP-2809 y otra, CP-3008.
Lo mismo ocurrió en el hangar 112, “cerca de las 17.00”, en la misma terminal aérea, aunque esta vez no se secuestró aeronaves.
Se identificó al propietario de la aeronave siniestrada como Nilo L. T., y su domicilio, en la zona en la calle Nataniel Aguirre, en la zona cerca al aeropuerto El Trompillo, también fue allanado.
Por su parte el director de la Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), Elmer Pozo, señaló este jueves que la aeronave, hallada volcada y con más de 300 kilos de cocaína, tiene su base de operación en el aeropuerto de El Trompillo de Santa Cruz.
Según reportó, el último plan de vuelo “legal” que se conoce, data del 18 de julio desde el aeropuerto de El Trompillo.
Informes oficiales señalan que que la nave estaba autorizada de volar ese día a Asención de Guarayos y volver al día siguiente.
El Gobernador cruceño dio a conocer una carta en la que habla de gastos absurdos, libertad, incentivos, inversiones y coordinación. Un politólogo ve un afán de Camacho por mantener una imagen de protagonismo.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, envió al presidente Luis Arce una propuesta de cinco puntos para superar, lo que él considera, una crisis económica. La propuesta fue planteada luego de la reunión del mandatario y su gabinete ampliado, el sábado, en medio de críticas y cuestionamientos al manejo de la economía nacional.
El documento fue leído por el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, y el asesor de Gestión Institucional de la Gobernación, Efraín Suárez.
La propuesta de Camacho gira en torno a los siguientes ejes:
1. Democracia y unidad. “La estabilidad económica necesita, previamente, estabilidad política y reglas claras. Esta crisis económica solo puede revertirse si nuestro país retoma el camino a la democracia y apuesta por la unidad de los bolivianos. Las dictaduras no arreglan crisis, empeoran la situación porque crean inestabilidad y división”.
2. Atraer inversión desde las regiones. “El Estado central ha agotado sus capacidades para atraer inversión. Hoy el Gobierno está optando por el endeudamiento, a costo muy alto, y por la enajenación de las reservas en oro”.
3. Coordinación con las regiones para fomentar a medianos y pequeños empresarios. “Impulsando una política de Alianzas Público Privadas en las regiones y ampliando la capacidad de endeudamiento de los gobiernos departamentales, podremos coordinar con el Gobierno nacional planes urgentes de creación de empleos; impulsando a los pequeños y medianos productores”.
4. Luchar contra la corrupción y los gastos absurdos del Gobierno. “Es necesario implementar un plan inmediato para luchar frontalmente contra la corrupción estatal, donde se pierden miles de millones de dólares”.
5. Incentivo a la producción y exportación para generar divisas. “La Gobernación de Santa Cruz propone impulsar a los productores liberando las exportaciones”.
El exministro de Autonomías y politólogo Hugo Siles considera que la propuesta de Camacho “son consignas que forman parte del ideario que tiene la oposición. La consigna no constituye en sí una propuesta y tiene como principal objetivo apelar al desastre. No tiene otro fin que mantener una narrativa del desgaste, de la convulsión, de la desestabilización”. Siles sostiene que se trata de “un intento de arremetida que tiene la oposición política del país junto a algunos sectores para oponerse a lo que llaman ‘paquete de leyes’. Es para no quedar fuera”, de las protestas que se tienen anunciadas.
Sobre las mismas, el exministro afirmó que “los partidarios de Creemos están siendo parte de esos bloqueos esporádicos (en Santa Cruz de la Sierra), para incluirse en el escenario que propone la oposición. Camacho intenta ser parte de la agenda del conflicto”.
