De los 30.659 reos en las 46 cárceles del país, el 44% (13.441) está encerrado por los delitos de violación a menores, narcotráfico y robo. Además, hay una alta tasa de detenidos preventivos y la sobrepoblación sigue siendo un dolor de cabeza para las autoridades.

Según el último reporte de Régimen Penitenciario al que accedió La Razón, hasta abril, el 15,89% (4.872 internos) está en las prisiones por procesos vinculados con violaciones a niños y adolescentes, el 14,89% (4.565) por narcotráfico y el 13,06% (4.004) por robo y robo agravado (ver más datos en el cuadro de la siguiente página).

Santa Cruz registra la mayor cantidad de privados de libertad vinculados con el delito de violación de menores de edad, con 1.986, le siguen La Paz con 853; Cochabamba con 596; Tarija con 424; Beni con 226; Chuquisaca con 277; Potosí con 201; Oruro con 159 y en Pando llegan a 150.

Cárcel

PROCESOS. En el caso de los reos por la Ley 1008, por sustancias controladas, también Santa Cruz concentra la mayor cantidad con 1.206, y luego están Cochabamba, 843; La Paz, 791; Oruro, 696; Tarija, 238; Potosí, 237; Beni, 233; Chuquisaca, 208 y Pando, 113.

En cuanto al tema de robos, nuevamente en el departamento cruceño está la mayoría de internos, con 2.107, le siguen La Paz con 666; Cochabamba, 417; Beni, 334; Tarija, 189; Oruro, 105; Pando, 90; Potosí, 62 y Chuquisaca, 34.

De los 30.659 reclusos en el país, el 62,5% (19.163) tiene detención preventiva y el 37,5% (11.848), sentencia condenatoria.

Asimismo, el informe señala que 21.909 de los privados de libertad se encuentran en el eje del país, es decir en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. De ese guarismo, 14.434 cumplen con la detención preventiva y solo 7.475 cuentan con una sentencia condenatoria.

Privados de libertad

El departamento de Santa Cruz es la región que alberga la mayor cantidad de reos preventivos, con 6.673, frente a 4.568 sentenciados. “Este fenómeno se demuestra en los demás departamentos donde la población preventiva es superior a la población sentenciada en la mayor parte del país”, dice el documento de la Dirección de Régimen Penitenciario.

Tras Santa Cruz, se encuentra La Paz con 4.286 detenidos preventivos y 1.910 sentenciados; mientras que Cochabamba tiene 3.475 y 997, respectivamente (más datos en la infografía de esta página). 

En enero, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ya advirtió que el uso de la detención preventiva “está degenerando” esta figura legal, al convertirla en un instrumento de sanción previa, lo que provoca una debilidad que deviene en “posibles” hechos de tortura y de malos tratos en las cárceles.

“El uso desmesurado de la detención preventiva como un mecanismo punitivo previo, está atentando la dignidad del ser humano (…) porque el hacinamiento, la sobrepoblación, provocan debilidad en la atención de los servicios en los centros penitenciario”, afirmó la autoridad.

Delitos

La pasada semana, la Defensoría del Pueblo reiteró que es necesario el tratamiento de una ley de indulto y amnistía como una política pública que pueda resolver el problema del hacinamiento y la sobrepoblación en los centros penitenciarios.

Precisamente con el fin de disminuir la tasa de sobrepoblación en los penales, el mandatario Luis Arce remitió a la Asamblea el decreto presidencial 5173, referido a la “Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias”, para su tratamiento y aprobación.

Sin embargo, el jueves 6, en una controvertida sesión dirigida por el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, del bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), se sancionó la norma y pasó a Arce para su promulgación, aunque un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró la nulidad de la convocatoria y por ello hay incertidumbre sobre este asunto.  

Más todavía, una jornada después, el presidente nato del Legislativo, el vicepresidente David Choquehuanca, solicitó al TCP que emita un pronunciamiento sobre las decisiones que se asumieron en la referida sesión, si son o no válidos, lo que todavía se encuentra pendiente. 

Hacinamiento

Los datos de Régimen Penitenciario evidencian que el hacinamiento en las prisiones del territorio nacional alcanza a 191%. En abril de 2023 se registraron 25.940 privados de libertad, pero la cifra en el mismo mes de este año se incrementó a 30.659.

El departamento que tiene mayor porcentaje de hacinamiento es Beni, con 364%, teniendo una capacidad prevista para albergar a 308 reclusos, le siguen Santa Cruz con 291%; Cochabamba con 205%; La Paz con 193%; Chuquisaca con 163%; Oruro con 146%; Tarija con 111%; Potosí con 53%  y Pando, con 19% (ver infografías).

Los 20 centros penitenciarios urbanos cuentan con una capacidad para 8.579 internos, empero, hasta abril habían 25.186, lo que representa un 191% de hacinamiento. Similar situación es la que afrontan los otros 26 reclusorios provinciales, en los cuales se tiene una capacidad para acoger a 1.942 reos, sin embargo, hasta abril se registraban 5.473, lo que implica un 182% de hacinamiento.

Propuestas y Cárcel

Sobre esta problemática, la criminóloga Gabriela Reyes remarca que el hacinamiento se puede resolver de dos modos. En un corto plazo, dijo que mediante la construcción o la ampliación de las cárceles que ya existen, pero es algo “paliativo” porque no arregla el verdadero problema de fondo.

“No nos olvidemos que la crisis carcelaria, que incluye el hacinamiento, es un resultado también de la crisis de la Justicia que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo”. Añadió que la reforma judicial que se necesita, tiene que pensar en una reforma en el sistema carcelario, lo que también representa mayores fondos y financiamiento, pero debe ir de la mano del diseño de una política carcelaria y pospenitenciaria.

“En el caso de la reducción del hacinamiento, va a depender mucho de la eficiencia con la que el sistema de justicia pueda actuar. Mientras más eficiente tengamos a una justicia, menos personas van a estar privadas de libertad de manera preventiva, y se van a tener ya casos de personas con condena”, subrayó la especialista.

Ante las denuncias del expresidente Evo Morales de que el Gobierno puso en ejecución el “Plan Boquerón” con la intención de militarizar el país, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, desmintió las aseveraciones del jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) y señaló que ya se conoce el libreto de la “oposición interna” que tiende a tergiversar y generar preocupación en la población.

Desde sus redes sociales, Morales señaló que “el gobierno con las FF.AA. pusieron en ejecución el denominado ‘Plan Boquerón’, ante los anuncios de movilizaciones de varios sectores desde este lunes”, cuya intención es militarizar el país.

El expresidente agregó que “ya comenzó en alguna medida, con la presencia de soldados en las estaciones de gasolina, a pesar de que las FFAA no tienen esa misión. Menos mal algunos comandantes pidieron nota escrita y se opusieron a esa medida, no quieren ser responsables de ninguna represión”.

El titular de Defensa aclaró que ese trabajo de apoyo a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) es para el control de la venta de combustible en los surtidos y sobre todo para evitar el contrabando.

“Se tiene el objetivo de detectar algún desvío de este combustible. En ese entendido, este trabajo es de apoyo y de servicio a la población, de ninguna manera es para amedrentar o estar intimidando o intervenir movilizaciones, (es) absolutamente falso”, dijo Novillo.

Añadió “queremos desmentir, aclarar que ese denominado Plan Boquerón, para reprimir a los compañeros, no existe, no se va a dar y las fuerzas armadas no están para reprimir al pueblo”.

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Señaló que esto de los supuestos planes son “una estrategia” ya conocida para atacar al Gobierno con el fin de victimizarse. Indicó que este tipo de medidas no son nuevas ya que esto también fue usado contra su persona, luego de acusarle que iba a militarizar el Trópico de Cochabamba.

“En un inicio se acusó del plan negro que era una forma de atacar al gobierno victimizándose, indicando de que el Gobierno tenía un plan con los militares para defenestrar supuestamente a nuestro expresidente Morales. Nadie le ha creído y este plan es inexistente. Ahora sale con este denominado Plan Boquerón en un momento en el que él mismo está asustando y promoviendo movilizaciones y confrontación”, mencionó.

La autoridad aclaró que las Fuerzas Armadas no están para reprimir al pueblo y cuando este se movilice será junto al pueblo como se hizo para cambiar el modelo económico y el modelo neoliberal, pero nunca se movilizará “para apoyar una candidatura a presidente” o para ir contra alguna disposición constitucional.

En el marco de la agenda firmada entre Bolivia y Brasil a fines de enero, la ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, confirmó este domingo la vista oficial del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al país para el 9 de julio en la ciudad de Santa Cruz.   

“Primero estará en la reunión de jefes de Estado del Mercosur que se va a celebrar en Paraguay el 8 de julio. Luego tendremos la visita en Bolivia. Los temas a abordar son en el marco de la agenda firmados a fines de enero. Son cuatro memorandos en temas de desarrollo, infraestructura productiva, caminero y marco comercial”, señaló Sosa.

El 30 de enero, como parte de una visita oficial a la República Federativa del Brasil, Sosa junto a los ministros de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales; de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina y la presidenta de Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), Karla Calderón se reunieron con autoridades de ese país para fortalecer y profundizar las relaciones bilaterales.

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Entonces, la Canciller a su llega al país destacó el acuerdo entre Bolivia y Brasil para el reconocimiento recíproco de licencias de conducir, el Memorándum de Entendimiento para desarrollar e innovar cadenas productivas agropecuarias y de agroindustria, y el Memorándum de Entendimiento para estimular el desarrollo de la industria y el comercio de insumos para la agricultura, ganadería y otros como fertilizantes e insumos para la nutrición vegetal.

La autoridad destacó el potencial del vecino país para el área comercial, inversión en materia de industria, principalmente enfocado en la urea. “Están muy interesados en invertir, también en la hidroeléctrica y el tema de la integración de la ruta bioceánica, que es algo que nos va a fortalecer”, dijo en el programa Los Hechos Cuentan de Bolivia TV.

Añadió “que el tema de biodiesel es otro que importante y que en esa área Brasil avanzó muchísimo, por lo que consideramos de mucho apoyo y complementariedad los desafíos que está llevando a cabo el presidente Luis Arce”.

Las buenas relaciones entre ambos países lograron importantes avances luego de que Lula asumiera la presidencia de Brasil el 1 de enero de 2023. Gracias a las gestiones del presidente brasileño, el congreso de ese país dio su visto bueno a la adhesión de Bolivia al Mercosur.

El expresidente Evo Morales denunció este domingo en redes sociales que el Gobierno del presidente Luis Arce pactó hace mucho tiempo con el fascismo y la derecha; señaló tres ejemplos para justificar esa alianza.

Morales manifestó que su frente del “masismo” fue varias veces acusado de ser aliado de la derecha nacional. Pero afirma que Arce y compañía son los que acordaron un acuerdo con la oposición.

Mencionó tres ejemplos, que según él comprueban esa alianza con sectores que siempre atacaron al Movimiento al Socialismo (MAS).

Dijo que todo comenzó cuando dividió la Asamblea Legislativa, también mencionó la ley del oro, el Censo y los convenios con Manfred Reyes Villa.

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Fascismo

“Su alianza surgió primero con dividir nuestra bancada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, luego con la Ley del Oro. Después con el Censo, sus acuerdos con Manfred Reyes Villa al hacerlo candidato y liberarlo de sus procesos por corrupción. Al margen de que este se convirtió en el vocero y defensor del gobierno”, escribió Evo en la red social “X”.

El año pasado, Evo Morales cuestionó la cantidad de reservas de oro, conocidas en los últimos días, y dijo que la economía nacional carece de estrategias de sostenibilidad y crecimiento.

Oro

La Asamblea boliviana aprobó en mayo del año pasado una ley que permite que el Banco Central venda 21 toneladas de sus reservas de oro, equivalentes a unos 1.260 millones de dólares. Una suma destinada para pagar los vencimientos de la deuda externa y respaldar el tipo de cambio.

Argumentó que, por esos acuerdos, todos están unidos para confabular contra él, inhabilitarlo como candidato a la presidencia y proscribir la sigla del MAS-IPSP.

“Esa es la mejor prueba de que el gobierno está aliado a la derecha, por eso, entre todos, prácticamente dedican a hablar y acusarme de todo y están apoyando al gobierno para proscribir al MAS-IPSP e inhabilitarme como candidato”, acotó el político.

Al contrario, el Gobierno y el ala arcista del MAS ponen como prueba de la alianza de Evo Morales con Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa el acuerdo de 10 puntos que Andrónico Rodríguez firmó con los senadores de Creemos y CC y las últimas actuaciones conjuntas en la Asamblea Legislativa, incluida una sesión de la Asamblea convocada por Rodríguez.

(16/06/2024)

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi anunció que se convocará a una cumbre política de alto nivel con el fin de anular las primarias y permitir que este año se realicen las elecciones judiciales.

“Estamos convocando, como institución, a una cumbre de alto nivel con los partidos políticos y las presidencias de diputados y de senadores. ¿Con qué fin?, uno de los fines es justamente dialogar y coordinar mediante una ley, ojalá sea así, y podamos anular la elección primaria. Ese es uno de los objetivos que tiene esta cumbre de alto nivel con partidos políticos”, dijo.

Aclaró que no es objetivo del Órgano Electoral que no se realicen las primarias, empero, explicó que se ingresa una coyuntura “muy especial”, por lo que desde agosto comenzará una agenda electoral intensa que empezaría con estos comicios internos en las organizaciones política y terminará al año, en octubre, con la entrega de las credenciales de las autoridades elegidas en las elecciones generales.

Para la actual gestión, indicó que todavía están pendientes las judiciales y, de acuerdo con el artículo 182 de la Constitución Política, para su realización no puede haber otro proceso electoral. “También el artículo 87 de la Ley 026 del Régimen Electoral señala que el Órgano Electoral no podrá realizar procesos electorales cuando se sobrepongan. Es decir, no podemos realizar procesos electorales a la misma vez”, remarcó en Cadena A.

El proceso de las judiciales está paralizado desde abril en la Asamblea, tras la presentación de una serie de amparos constitucionales de postulantes inhabilitados y una acción popular. Pese a que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) otorgó al Legislativo la tutela para que se retome el proceso de preselección, la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas impidió su continuidad.

El presidente de la Comisión de Justicia Plural en la Cámara de Diputados, Froilán Mamani, informó que el proceso de preselección para las judiciales se retomará desde el martes y se trabajará por tiempo y materia hasta culminar y enviar el informe correspondiente al pleno de la Asamblea Legislativa.

PREDISPOSICIÓN.

El vocal Tahuichi advirtió que los tiempos se están acortando y subrayó que si hay predisposición y voluntad política se podrá allanar el camino para la realización de las judiciales en esta gestión.

“Uno de los planteamientos que voy a adelantar es que no repitamos el ejercicio de elección primaria realizado el año 2019. Gastamos 29 millones de bolivianos. Entonces, cuando esa elección primaria se dio con un solo candidato, eso no es ejercicio democrático, eso es una simple ratificación, es una imposición. No hagamos ese gasto insulso del año 2019”.

Asimismo, puso como ejemplo lo asumido para los últimos comicios generales. “El año 2020, mediante la Ley 1266, se dejó sin aplicación las elecciones primarias y todos los bolivianos concurrimos directamente a una elección general sin elecciones primarias”.  

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