El exmandatario y jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, acusó este domingo al presidente Luis Arce de querer destruir su imagen para “eliminarlo políticamente”.

Dijo que Arce “quiere poner en vigencia mañosamente un caso rechazado por la justicia hace 4 años, luego viola la jurisdicción para que declare en Tarija, cuando vivo en Villa Tunari”.

El expresidente es investigado por la Fiscalía Departamental de Tarija por la supuesta comisión de los delitos de estupro agravado y trata de personas.

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Según la investigación, Morales es señalado de haber mantenido una relación amorosa con una adolescente de 15 años, de la que nació una bebé en 2016, mientras era presidente.

La Resolución Fiscal de Aprehensión señala que, en 2018, el entonces presidente Evo Morales y la adolescente inscribieron ante el Registro Civil del municipio de Yacuiba, en Tarija, a una menor de iniciales E. S. N. V. Entonces, la madre, C. S. V. P., ya contaba con 18 años de edad.

‘INHABILITACIÓN’

El nacimiento de la niña tiene el registro de 8 de febrero de 2016; es decir, cuando la joven tenía 16 años. “Lo que a su vez significa que en el momento la misma procreó a la menor E. S. N. V. con el señor Juan Evo Morales Ayma cuando tenía 15 años de edad”, describe la resolución de aprehensión.

De acuerdo con Morales, Arce es “capaz de violar todas las leyes” para inhabilitarlo a las elecciones generales de 2025.

“A tal extremo llega la ambición de Luis Arce que, para forzar mi inhabilitación a las elecciones nacionales, proscribir al MAS-IPSP y detenerme, sin ningún escrúpulo y vergüenza, es capaz de violar todas las leyes”, escribió Morales en X.

Afirmó que el “único interés” que tiene el Presidente “es destruir al MAS-IPSP y también destruir mi imagen para eliminarme políticamente y así, cumplir el mandato de la derecha: destruir el proceso de cambio”.

El ministro de Justicia, César Siles, dijo este domingo que la denuncia contra el presidente Luis Arce, presentado el viernes por diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS), del ala radical, tiene el objetivo de acortar su mandato y que huya del país.

“Este tipo de denuncias, que primera vez se intenta involucrar al presidente ante posibles hechos de corrupción, incumplimiento de deberes y otra serie de acusaciones que alegremente se emiten es que se acorte su mandato y que huya del país como lo hicieron en el pasado ellos”, afirmó la autoridad.

Denuncia

El martes, una joven denunció al presidente Arce por acoso y abuso de poder; pero además aseguró que mantuvo “una relación” con el jefe de Estado cuando tenía 21 años. Dijo que fruto de esa relación quedó “embarazada”, pero que lo perdió tras un accidente de tránsito.

La denunciante estuvo acompañada del diputado evista Héctor Arce, que la presentó como víctima y, en algunos momentos, le decía qué tenía que responder.

El viernes, seis diputados del ala evista formalizaron la denuncia en la Fiscalía General del Estado para que se investigue el hecho por los delitos de uso indebido de influencias y uso indebido de bienes del Estado.

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El ministro Siles indicó que se afrontará cualquier denuncia “infundada” y señaló que todas las denuncias de legisladores del MAS evista no fueron presentadas en el Ministerio Público, pese a que se pidió que la formalice. 

“En este caso, si se presenta (es) porque hay un trasfondo mayor que no solo es dañar la imagen (del Presidente), sino ahora es tratar que el Gobierno llame a elecciones anticipadas y acorte su mandato”.

Denuncia irrisoria

Añadió que el evismo está tratando de instrumentalizar a la Justicia con fines políticos, esto debido a que se presentó una denuncia “totalmente irrisoria” que saben que la Fiscalía tendrá que rechazar.

“Seguramente van a salir con el discurso que nosotros hemos influido para que el Fiscal General rechace el recurso. Ya estoy escuchando a que esos diputados van a salir de esa forma, lo cual no es cierto”.

El ministro de Justicia, César Siles, informó este domingo que la denuncia contra el presidente Luis Arce debe ser rechazada, debido a que los delitos por los que se le acusa no están catalogados para un juicio de responsabilidades, además que se incumplió varios requisitos.

“Hemos exhortado al Ministerio Público que cumpla estrictamente la Ley 044. Los requisitos para presentar una proposición acusatoria como dice la ley no se han cumplido. Corresponderá seguramente su desestimación. Y en el caso que se subsane la denuncia, en el fondo, corresponderá su rechazo”, indicó Siles.

La autoridad argumentó que uno de los delitos por los que se denuncia al mandatario es uso indebido de bienes y servicios públicos, delito que no está catalogado para juicio de responsabilidades en la Ley 044. “No puedes juzgar ni iniciar un juicio sin tipicidad”.

Asimismo, dijo que el delito de uso indebido de influencias deber ameritar como requisito un beneficio económico patrimonial que “no está demostrado”.

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Explicó que lo llamativo de la denuncia es que no firma la “supuesta víctima”. “Es cierto que una denuncia puede presentar cualquier persona, es de conocimiento público, pero aquí no estamos ante una simple denuncia, estamos ante una proposición acusatoria contra el máximo mandatario del país”.

Denuncia

El martes, una joven denunció al presidente Arce por acoso y abuso de poder, pero además aseguró que mantuvo “una relación” con el jefe de Estado cuando tenía 21 años. Dijo que fruto de esa relación quedó “embarazada”, pero que lo perdió tras un accidente de tránsito.

La denunciante estuvo acompañada del diputado evista Héctor Arce, que la presentó como víctima y, en algunos momentos, le decía qué tenía que responder.

El viernes, seis diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala evista formalizaron la denuncia para que se investigue el hecho.

“Estamos formalizando la denuncia por la comisión de graves delitos de corrupción con afectación al Estado (…), nos hemos constituido a la Fiscalía General del Estado por dos tipos penales: uso indebido de influencias y el uso indebido de bienes del Estado”, explicó el diputado Héctor Arce.

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, advirtió este domingo que las elecciones judiciales corren el riesgo de ser paralizadas por una acción constitucional presentada en un tribunal constitucional de Beni.

“Hoy se cumple una actividad hito en el calendario de las elecciones judiciales, con la publicación de la lista preliminar de ciudadanos habilitados e inhabilitados. Sin embargo, advertimos que este proceso electoral corre el riego de ser paralizado por una acción constitucional”, escribió Vargas desde su cuenta de X.

Amparo

El amparo fue presentado contra el TSE por el abogado Hugo Vargas; inhabilitado en la preselección, pese a que, según afirmó, obtuvo un alto puntaje en su postulación.

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“No tomaron en cuenta que ese proceso estaba encomendado al pleno de la Asamblea Legislativa. Solamente deberían remitir las listas de todos los postulantes que obtuvieron mínimo 130 puntos, tal como establece la norma”, dijo Vargas el viernes.

La autoridad electoral recordó también a las autoridades judiciales que la Ley 026 prohíbe la obstaculización de los procesos electorales, “por cualquier medio que impida su desarrollo”.

Además, advirtió de un daño económico al Estado, debido a que ya “erogaron gastos para la organización de las elecciones judiciales”.

“Exhortamos a los vocales de la Sala Constitucional del Beni a precautelar el derecho constitucional que tienen todos los bolivianos de elegir a las autoridades del Órgano Judicial y el TCP mediante el voto. La paralización del proceso electoral sería nefasto para la democracia”.

Comicios

El 1 de diciembre serán elegidos 23 magistrados de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Agroambiental (TA) y Constitucional Plurinacional (TCP), y tres miembros del Consejo de la Magistratura. En ambos casos, serán elegidos titulares y suplentes.

En ese contexto, el TSE publicó este domingo la lista de personas habilitadas, inhabilitadas y no habilitadas para participar en el proceso electoral.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este domingo la lista de personas habilitadas, inhabilitadas y no habilitadas para participar en las elecciones judiciales del 1 de diciembre.

Ese día serán elegidos 23 magistrados de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Agroambiental (TA) y Constitucional Plurinacional (TCP), y tres miembros del Consejo de la Magistratura. En ambos casos, serán elegidos titulares y suplentes.

“A partir de la actividad de mañana (hoy), vamos a iniciar la última fase de lo que es conformar un padrón electoral. Para ello, se hará la publicación de las listas de ciudadanos inhabilitados”, dijo el sábado el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas en conferencia de prensa.

Vargas explicó que 407.022 ciudadanos fueron inhabilitados por no haber votado en los dos últimos procesos electorales o por no cumplir con la obligación de haber sido jurado electoral, como estipula la normativa.

Para verificar si una persona está habilitada o inhabilitada puede consultar en la aplicación Yo Participo o en la página web www.oep.org.bo.

El Órgano Electoral señaló que si una persona considera que fue injustamente inhabilitada puede presentar su reclamo el 14 y 15 de octubre en los Tribunales Electorales Departamentales o en el Servicio de Registro Cívico (Serecí) más cercano a su domicilio.

Para iniciar con este trámite se debe adjuntar el Formulario de Reclamos, disponible en www.oep.org.bo, copia vigente de la cédula de identidad (fotocopia o escaneada) y documentos adicionales que acrediten que la inhabilitación es remediable (pasajes, certificados médicos, etc.)

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Entre las causales de inhabilitación están el no haber acudido a votar en los dos procesos electorales de nivel nacional (Elecciones Generales 2020 y Elección de Autoridades Políticas, Departamentales, Regionales y Municipales 2021).

Una inhabilitación también se puede dar porque existen casos donde el notario operador efectuó el registro con datos incompletos o errores, que no fueron advertidos por el inscrito al momento de firmar su boleta de empadronamiento.

El TSE aclaró que, si no pueden ser subsanados por el departamento de tecnologías, “el registro no reúne las condiciones para formar parte del Padrón Electoral, por lo que el ciudadano deberá inscribirse nuevamente para un próximo proceso electoral”.

Otra de las causales también se da cuando el ciudadano se registró utilizando un documento caducado o que no corresponde a una cédula de identidad válida, y el notario electoral no detectó esta situación. “Dado que el registro no se realizó con un documento idóneo, no cumple con los requisitos para formar parte del Padrón Electoral. Por lo tanto, el ciudadano deberá registrarse nuevamente para el próximo proceso electoral”.

Vargas también informó que 7.315.060 de votantes están habilitados para sufragar en las elecciones judiciales del 1 de diciembre.