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Monday 3 Oct 2022 | Actualizado a 16:29 PM

Estándares internacionales deben ser la referencia para el cronograma del Censo

El viceministro David Guachalla dijo a La Razón que solo cumpliendo con una base técnica internacional se podrá asegurar "información de calidad" del Censo.

El viceministro Davich Guachalla en La Razón Radio.

/ 17 de agosto de 2022 / 14:03

El Gobierno, a través del viceministro de Planificación, David Guachalla, ratificó que para el cronograma del Censo la referencia obligada son los estándares internacionales.

En entrevista con La Razón Radio, el funcionario destacó que la insistencia sobre los estándares internacionales tiene que ver directamente con el hecho de asegurar que los resultados sean «de calidad» y idóneos.

En el caso, por ejemplo, de la propuesta de cronograma de Santa Cruz (que ve viable realizar el Censo en el primer semestre de 2023), Guachalla dijo que en ciertos aspectos precisamente no cumplía con dichos estándares, de modo que sus propios proponentes veían que debían complementar la información para adecuar los tiempos.

En este sentido, defendió el cronograma que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) elaboró al respecto y que considera el Censo para el primer semestre de 2024.

Guachalla reveló que, por la importancia de los estándares internacionales, también, en la reunión de Santa Cruz, se decidió establecer una nueva mesa técnica con organismos internacionales, específicamente con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) y con el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), unidad especializada parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Recordó que, por ejemplo, UNFPA asesoró en más de 100 países del mundo la organización de censos. Por tanto, dicho organismo tiene alta experiencia en el asunto, necesaria para acompañar el empadronamiento en Bolivia.

El Viceministro adelantó que el cronograma del INE finalmente será publicado al final de las actuales reuniones de «socialización» que el Gobierno efectúa en los nueve departamentos.

Un dato que se reveló en la reunión de Santa Cruz fue que hay 700 actividades que se debe cumplir en este proceso.

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La letra chica del reporteeeuu sobre 2019

Afirma que en 2019 hubo un corte del internet o no distingue entre el TREP y el cómputo oficial. Mala promesa.

El jueves se conoció el reporte para el Congreso estadounidense sobre el ‘fraude’ en 2019. Aparte de repetir la tesis de la OEA, siembra más dudas que certezas

Por Iván Bustillos

/ 2 de octubre de 2022 / 07:45

El punto sobre la i

El jueves 29 finalmente se conoció el “Reporte al Congreso sobre las Elecciones Generales de Bolivia 2019. Sección 7019(e) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones en el Extranjero, y Programas Relacionados, 2022 (Div. K, P.L.117-103) y la Declaración Explicativa”. Un reporte, más que un “informe”, tanto por su brevedad (cuatro páginas), como por la naturaleza de la información: es una relación de hechos con base en lo que otros organismos o personas investigaron. Por eso, en su primera parte, referida a las elecciones fallidas de 2019 en Bolivia, de entrada aclara que lo suyo es una evaluación de “la transparencia y legitimidad de las Elecciones Generales de Bolivia del 2019 mediante la solicitud de información a expertos independientes y con reconocimiento internacional”. Y, en la segunda parte, sobre las violaciones de derechos humanos “en ese periodo”, sobre todo, dice, evalúa “los avances en las investigaciones de las responsabilidades” de dichas violaciones.

Así, en la primera parte, sus fuentes son los Informes, de Integridad Electoral de la OEA (diciembre de 2019), el de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y el de auditoría de Ethical Hacking. Y, en la segunda, acude a las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Human Rights Watch, Amnistía Internacional y al Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Así, sobre todo en la primera parte, resulta tan inapropiado poner el reporte en el mismo nivel que, podría decirse, el Informe de Integridad Electoral de la OEA o el de la Unión Europea, siendo apenas un apretado resumen de estos dos últimos.

ORIGEN. Para entender el reporte, acaso sea bueno repasar su origen. Si bien, como lo recordó el representante de Bolivia en la OEA, Héctor Arce Zaconeta, este “informe” fue presupuestado en marzo de 2022, ya había sido pedido y tramitado por lo menos desde septiembre de 2020, cuando al menos 28 congresistas estadounidenses, entre los que estaba el veterano Berny Sanders, demandaron a su gobierno a que pida cuentas a la Secretaría General de la OEA sobre su actuación en la crisis política boliviana de octubre de 2019.

En ese septiembre, el senador Sanders había escrito en su cuenta de Twitter que la OEA —financiada por EEUU— afirmó “falsamente que las elecciones del año pasado en Bolivia habían sido ‘fraudulentas’ (…) Después vino un golpe militar y represión. Necesitamos una rendición de cuentas AHORA para asegurar elecciones libres y justas en Bolivia el próximo mes”. (Animal Político, 27 de septiembre de 2020)

La demanda y protesta por información sobre lo que pasó en Bolivia en 2019 y el rol de la OEA, por parte de los congresistas estadounidenses, se remonta a poco más del mes de la elección, cuando el 25 de noviembre de 2019, mediante una carta dirigida a la Misión de Observación Electoral de la OEA, entonces dirigida por el excanciller de Costa Rica Manuel González, los congresistas demócratas Jan Schakowsky, Jared Huffman, Bobby L. Rush y Jesús García cuestionaron los pronunciamientos que éste hizo a propósito de los comicios del 20 de octubre de 2019. La MOE de la OEA, se pronunció en sentido del “cambio drástico y difícil de explicar” antes de que los votos hubieran terminado de ser contados; lo hizo sobre resultados preliminares: “después de una interrupción en el informe de los resultados preliminares”, destacaron ya en esa oportunidad los congresistas estadounidenses. (AP, 27/09/20)

Por estos antecedentes, por la “densidad” de información que pedían los congresistas, será bueno saber la reacción de estos parlamentarios ante el reporte que se conoció en estos días.

En lo que sigue, sin tratar de ser exhaustivos, Animal Político le ofrece un repaso de la primera parte del reporte a la luz de la cobertura que hizo el suplemento de los hechos narrados.

Puede pasar como un descuido por parte del investigador que al sistema TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), el reporte le llame “Centro de Transmisión de Resultados Preliminares”. Lo preocupante es que al describir la situación crítica de la noche del domingo 20 de octubre de 2019, cuando el “corte” del TREP, el reporte tienda a confundir y mezclar lo que es el TREP y el cómputo oficial: Luego de que el “primer conteo rápido” del TREP “mostró” que Morales no había ganado en primera vuelta, dice el reporte, “con el conteo oficial en marcha, el servicio de internet fue cortado intencionalmente en el centro de conteo, incluso en el TREP”.

INTERNET.

Además, ¿corte del “servicio de internet”? Como el propio vicepresidente del TSE de entonces, Antonio Costas, lo decía en su carta de renuncia (22 de octubre de 2019), él se iba por la desatinada decisión del TSE de suspender la “publicación de los resultados” del TREP. De hecho, el TREP siguió funcionando. En entrevista con Animal Político del 15 de agosto de 2021, Costas decía que “en 2019 el TREP ha sido tan eficiente, que el primer día hemos alcanzado al 98% de transmisiones, nunca habíamos alcanzado eso, el primer día teníamos las imágenes y los datos del 98%, y no, como dice el informe de la OEA, el 95%. (…) El 20 (de octubre de 2019) se han transmitido 34.101 (actas), 98,69%, el primer día ya se tenían todas las actas y los datos. ¿Qué loco va a ir a alterar un acta si yo ya tengo su imagen?”

Luego, el reporte les informa a los congresistas estadounidenses que “según múltiples fuentes de observación confiables, incluidas la OEA y la UE, el corte en la conexión a internet ocurrió no solo inexplicablemente sino también intencionalmente, sin un culpable identificable”.

Pero pasa que la suspensión de la publicación de los resultados del TREP, no el presunto “corte en la conexión a internet”, tienen autores bien identificados: los vocales del TSE de entonces menos Costas. Lo han testimoniado Álvaro Andrade, gerente de Ethical Hacking (la empresa auditora del TREP), en noviembre de 2019 en entrevista con el Canal Universitario y en su Informe consolidado de Producto 1 y Producto 2 Línea de Tiempo de la Consultoría al OEP, y Marcel Guzmán de Rojas, gerente de Neotec (la empresa gestora del TREP) en su Informe Final Elecciones Generales 2019, del 28 de octubre de 2019. Los vocales ordenaron suspender la publicación porque rato antes, a las 19.30 del domingo 20, Ethical advirtió de la existencia de un “servidor oculto” que estaba generando un alto tráfico para verificar actas, y que los vocales al enterarse de eso se habían alarmado y hasta acusado a Guzmán de Rojas de intentar un fraude, aunque éste luego explicó que creó el servidor BO1 (el servidor oculto) y generó ese alto tráfico para verificar actas “para cumplir con la solicitud que los vocales y la presidenta le habían pedido, que deseaban ver primero ellos los resultados previamente a la publicación de los mismos”. Pese a explicar la función del servidor BO1 y de lo normal de la evolución del conteo, concluye Guzmán de Rojas, “los vocales decidieron no continuar con el TREP, a excepción del vocal Antonio Costas”. (AP, 06/06/21)

Los investigadores del Departamento de Estado no lo dicen abiertamente, pero adoptan la tesis de la OEA: el corte del TREP fue una “decisión arbitraria que atentó contra la integridad y transparencia del proceso electoral”, que tuvo motivaciones “cuyo propósito incluyó la manipulación de la infraestructura informática a través del desvío del flujo del TREP hacia servidores externos” (página 14 del Informe de Integridad). En otras palabras, se provocó el corte para cambiar el resultado.

Aquí vale la pena contar lo que pasó luego del corte. Andrade relata que luego de que se instruyó cortar el TREP, él y Guzmán de Rojas se tomaron varios minutos para revisar el servidor oculto (BO1); se llamó nuevamente a reunión, y allí Ethical, además de reclamar el proceder de Guzmán de Rojas y de aclarar que no da fe de la integridad de los datos, sin embargo, se vio que dicho servidor “no contenía software malicioso, estaba libre de crons y scripts que pudieran alterar posteriormente alguna información, que no existían usuarios adicionales a los que deberían existir, que las comunicaciones se realizan solo por certificado, etc.” (AP, 06/06/21)

OCULTA. El corte para cambiar el resultado. El reporte le dice a los rcongresistas que el equipo de auditoría de la OEA encontró que para lograr esto último “se construyó deliberadamente una infraestructura informática oculta con la capacidad de cambiar los resultados de la elección y borrar cualquier rastro de haberlo hecho”.

De nuevo, en entrevista con Animal Político, el ingeniero Costas, acaso una de las personas que más conocía el sistema informático del TSE , decía: “Todo el sistema del cómputo está bajo una estructura de altísima seguridad. Cuando la OEA dice que el sistema de cómputo no era confiable, miente. (…) Las bases de datos (del TREP y del cómputo) no almacenan la información directamente, los datos son parametrizados; solamente una persona que domine el sistema puede cambiarlo. En la base de datos del TREP, por ejemplo, en la lista de la votación, cada acta tiene su ID, y el ID se va generando de manera secuencial; entonces, si tú borras un archivo, hay un salto; tú no puedes cambiar; si anulas, borras, extraes alguno de los archivos, queda el vacío. Para hacer ese cambio y que luego no se note, luego tienes que reinstalar el sistema, hacer un proceso de readecuación… imposible. Por esto precisamente, cuando la pericia (de Salamanca) analiza esto, dice, ‘no, pues, no han modificado’. Y es que así se diseñan las bases de datos; los sistemas son autocontrolables”.

“—¿Y los servidores externos?

—La OEA habla de una red externa. Pero el servidor B01 estaba dentro de la red interna; era conocido, no estaba monitoreado, efectivamente, pero estaba evaluado. El servidor B020 ha sido autorizado por la Sala Plena, por los cinco vocales. Entonces, no es que le ocultaron a la OEA, mentira; no le ocultaron, la OEA no supo preguntar, porque la OEA no sabía cómo era la infraestructura; ellos no conocían esto, y menos del cómputo. Hay un acuerdo de Sala Plena que autoriza; yo no estaba en esa reunión. Y se lo hizo para acabar de verificar 1.500 actas; entonces, en lugar de hacerlas pasar por el B01, las han hecho pasar por el B020”. (AP, 15/08/21)

ACTAS.

De similar forma que lo hizo la OEA, el reporte informa a los parlamentarios estadounidenses que en la elección boliviana de 2019 hubo irregularidades en “la legalidad e integridad de las actas electorales”, que “en 5,5 por ciento de todas las actas de escrutinio revisadas mostraba ‘irregularidades’, lo que evidenciaba la probable manipulación de las actas”.

Al respecto, como se hacía notar en Animal Político del 11 de septiembre de 2022, la OEA informó que revisó una muestra de 4.692 actas (de un total de 34.555 actas del país más del exterior), de las cuales en 226 encontró “una acción intencional y sistemática para manipular los resultados electorales”, esto porque entre dichas 226 actas se vio que “dos o más actas de un mismo centro de votación fueron llenadas por una misma persona”.

Como hizo notar el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR por sus siglas en inglés) en su momento, el llenado de varias actas por una misma persona “lejos de ser una señal de fraude o de manipulación ‘deliberada’ de los resultados, se trata de un fenómeno ampliamente conocido: en áreas rurales y recintos más pequeños no es inusual que una misma persona llene la información correspondiente y que posteriormente estas personas firmen el acta”.

Además, La falsificación de las actas (con el correspondiente cambio de resultados) además tendría que haber superado la prueba de la existencia de 12 copias, aparte de la original: 9 para cada uno de los partidos que terciaban en la elección, una para el presidente de mesa, una para el notario y una para el funcionario del TREP.

Pero, finalmente, como la OEA en su informe, los investigadores del Departamento de Estado previsiblemente tendrán un problema a la hora de intentar afirmar ante los congresistas el “fraude” mismo: todo el escenario montado para cambiar los resultados derivó en tal o cual cambio. Tendrán que explicar cómo es que habiendo presumido el cambio de resultado en el TREP, al final éste coincide con el del cómputo oficial, siendo que ambos son dos procesos diferentes. En lo relativo a la distancia que había entre el MAS y CC, el resultado oficial final y el proporcionado por el TREP eran similares; hay una diferencia de apenas una centésima: mientras el TREP dio 10,56%, el cómputo oficial, 10,57%.

Precisamente, para ver si hubo un cambio de resultado, en octubre de 2020, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció que se iba a contratar una “pericia informática internacional”.

Como se sabe, dicha pericia fue presentada el 27 de julio de 2021; había sido elaborada por el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España. Su principal conclusión fue que si bien detectó innumerables errores, negligencias y hasta algunas acciones de alto riesgo en el manejo informático, al final se concluyó en la inexistencia de manipulación de los datos y, por tanto, de la modificación del resultado. Por esto precisamente, la Fiscalía no tuvo más que sobreseer a los exvocales del Tribunal Supremo Electoral; no había la “prueba plena” para instalar un juicio.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Quinta dirigente cocalera es detenida y otros dos huyen

Aprehendida se quejó de detención violenta.

La dirigente de Cofecay es conducida por la Policía tras su detención en la zona de Miraflores

Por Iván Bustillos

/ 29 de septiembre de 2022 / 06:05

Ayer, una quinta dirigente yungueña fue detenida por la Policía; otros dos, una mujer y un varón, que también tienen orden de aprehensión, huyeron y ahora están en la clandestinidad. Una cocalera que les acompañaba dijo que fue golpeada.

La detenida, Gudelia Botitano, es dirigente del Consejo de Federaciones Campesinas de Los Yungas (Cofecay) vinculado a la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca) presidida por Freddy Machicado.

“Confirmamos que la señora Gudelia Botitano ha sido aprehendida en horas de la mañana”, informó uno de los abogados de Adepcoca, Gualberto Cusi.

Añadió que a la directiva se la detuvo con violencia. “La señora manifiesta que ha sido víctima de una agresión al momento de la aprehensión; este caso lo valorará un médico forense”, dijo Cusi.

Botitano habría sido detenida después de haber dejado, junto con sus compañeros, una carta a la Defensoría del Pueblo. Los dirigentes habría sido interceptados en al zona de Miraflores, cuando retornaban en un vehículo a su sede en Villa Fátima.

Por la tarde, Botitano declaró ante la Fiscalía y, a diferencia de sus antecesores, ella no se acogió al silencio. Según contó luego la diputada María Elena Reque, de Comunidad Ciudadana (CC), Botitano habría afirmado que el 8 de septiembre (cuando ocurrió le destrucción del ‘mercado paralelo’) ella se encontraba “en un preste en una población yungueña”.

Con la captura de Botitano suman cinco los cocaleros aprehendidos. El primero fue el presidente de Adepcoca, Freddy Machicado, seguido de Raúl Uría, dirigente de la Unión Juvenil de los Yungas

El tercero fue Jhonny Díaz, a quien se le encontró con artefactos explosivos el día de la marcha, y que en un principio dijo ser pagado por Arnold Alanes, aunque luego cambió su versión.

El cuarto, y según se denunció, también de forma violenta, fue el presidente del Comité de Autodefensa, César Apaza; Botitano es la quinta sindicada por la toma y destrucción del mercado de coca de Villa El Carmen.

Los dirigentes que ahora están en la clandestinidad son la vicepresidenta del Comité de Autodefensa, Rosalba Vargas, y el directivo de Cofecay, Carlos Choque.

En tanto que la cocalera que habría sido golpeada, Mónica López, denunció que los policías le habrían sustraído Bs 30.000.

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Justicia informa que Informe CIDH-Rósza está en reserva

Lo que sí es público es el Informe de Admisibilidad de 2018.

Traslado de los cuerpos de los supuestos terroristas abatidos en el hotel cruceño. (Foto archivo).

Por Iván Bustillos

/ 27 de septiembre de 2022 / 05:40

Ayer por la tarde, finalmente el Gobierno se pronunció acerca de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dispondría la obligación de que la administración de Luis Arce enjuicie al exmandatario Evo Morales. En un escueto comunicado, el Ministerio de Justicia señala que dicho informe está “en reserva”.

“Respecto al Informe Final de la CIDH, CASO 13.546 se informa que el mismo se encuentra bajo reserva y confidencialidad”, destaca el ministerio, añadiendo que por esto no emitirá mayor criterio o información: “Por lo que el Gobierno Nacional respetuoso del Pacto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, no puede emitir ningún criterio ya que el mismo aún se encuentra en el marco de la reserva”.

En el comunicado ministerial, el despacho de Justicia además recuerda que el denominado caso Terrorismo-Separatismo fue cerrado durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

“En relación a distintas versiones referidas al proceso penal seguido por los delitos de Separatismo y Terrorismo en nuestro país, por acciones ocurridas el año 2009, es menester recordar que el mismo fue archivado arbitrariamente durante el gobierno de facto de Jeanine Añez”.

Justicia reconoce, además, que hay una denuncia en proceso en la CIDH: “Dichas acciones son objeto de tramitación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por denuncia presentada por los entonces acusados del caso”.

CUIDADO.

También ayer la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, al referirse al tema pidió a los medios y sectores políticos tener mucho cuidado al manejar esta información.

“Hasta donde yo tengo conocimiento, de manera preliminar, el Informe en ningún momento señala que se deba iniciar un juicio a nuestro hermano expresidente Evo Morales; entonces, creo que hay que ser bastante cuidadosos en el manejo de la información”, destacó Prada.

Si bien el ministerio de Justicia señaló la reserva del Informe Final 13.546, lo que sí es público es el Informe de Admisibilidad 6/18 Petición 1172-09, del 24 de febrero de 2018 Mario Francisco Tadic Astorga y otros, aprobado por la Comisión en su 167 periodo extraordinario de sesiones.

En su parte resolutiva, el Informe dice que la Comisión decidió: “1. Declarar admisible la presente petición en relación con los artículos 4, 5, 7, 8, 9, 11, 21, 24 y 25 en concordancia con el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana; y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; y, 2. Notificar a las partes la presente decisión; continuar con el análisis del fondo de la cuestión; y publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos”.

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¿‘Revive’ caso Terrorismo?: Evo y Arce advierten de ‘amenazas internas y externas’ al MAS

Morales ve esas amenazas como un ataque; Arce llama a unirse.

El presidente Luis Arce convocó a la unidad del partido ante las amenazas de desestabilización.

Por Iván Bustillos

/ 27 de septiembre de 2022 / 03:55

Cada cual desde su lugar, el presidente Arce y el exmandatario Morales advirtieron de “amenazas internas y externas” para el MAS y el Gobierno. La tensión volvió al partido tras aparecer una supuesta ‘obligación’ de enjuiciar a Evo por el caso Rósza.

El domingo, el periódico cruceño El Deber señaló la existencia de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el que el gobierno del presidente Luis Arce “tendría” que enjuiciar al exmandatario Evo Morales por “ejecuciones extrajudiciales y torturas” en el operativo policial del hotel Las Américas de abril de 2009, en Santa Cruz.

Al respecto, ayer a mediodía el expresidente Morales, mediante su cuenta de Twitter, dijo que aquello es la puesta en marcha de un ‘lawfare’ en su contra a través de denuncias “falsas” y la reaparición del caso Terrorismo, abordado en las últimas horas por algunos medios de información.

“Como hemos advertido anteriormente, el ‘lawfare’ o instrumentalización de la justicia con fines políticos es un método de la derecha interna y externa”, escribió el también presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS).

GUERRA.

Usó el término “guerra judicial” para referirse a denuncias en su contra a partir del “plan negro” que develó el 3 de septiembre.

“Operadores del ‘plan negro’, al ver que fracasó investigación y acusación con cartas falsificadas para proscribir al MAS-IPSP y su dirigencia nacional, ahora tratan de direccionar caso de Terrorismo separatista en nuestra contra”, escribió en su cuenta de Twitter.

Horas después, el presidente Luis Arce en un acto público aludió directamente a mencionadas “amenazas internas y externas” de que habló Morales, y que se ciernen contra el MAS y el Gobierno nacional; el Jefe de Estado llamó a cerrar filas ante ello.

“Hay que mantener la unidad, es muy importante. Esa unidad hoy demanda, más que nunca, que cerremos filas, para defender nuestro proceso de cambio. Siempre nuestro proceso (de cambio) va a tener amenazas externas e internas”, dijo el mandatario en un acto por los 40 años de la Confederación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa”.

El presidente Arce resaltó la necesidad de que las organizaciones sociales se unan, porque “la unidad de las organizaciones las hace fuertes y, así, el Gobierno también es fuerte”, señaló el mandatario en su discurso.

El domingo, Morales cuestionó que no gobernar para su partido es “desconocer al movimiento indígena” y a toda su militancia.

“Estamos identificando a los enemigos internos y externos, como siempre; que (no saben que) cuestionar, observar o investigar al MAS-IPSP es investigar al movimiento indígena”, dijo en su programa dominical Evo Pueblo, difundido por la radio cochabambina Kawsachun Coca.

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Elección sorpresiva: Reivindican la legitimidad del nuevo Defensor

Los opositores, sin embargo, insisten en que la legitimidad del nuevo Defensor del Pueblo está dañada ya de origen, no solo por la forma en que fue electo el viernes, sino por ser el “Defensor del masismo”.

El bochorno en la elección del Defensor del Pueblo, el viernes.

Por Iván Bustillos

/ 26 de septiembre de 2022 / 06:39

El ministro de Justicia, Iván Lima, y el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé coincidieron en que la verdadera legitimidad del nuevo Defensor del Pueblo estará en lo que haga y no tanto en su origen. La oposición cuestiona la legitimidad del origen.

Aparte de la legalidad de la elección, el viernes 23, el debate que ahora se abre es la legitimidad del electo defensor del Pueblo, Pedro Francisco Callisaya Aro.

El expresidente Rodríguez Veltzé (2005-2006) afirma que, en perspectiva, la principal prueba de legitimidad de una autoridad es su desempeño y no tanto la forma cómo fue elegida o designada.

“La principal prueba de legitimidad de una autoridad pública es su desempeño y vocación de servicio a la colectividad, antes que a partido político alguno. No es solo la modalidad de su elección o designación”, posteó el expresidente en Twitter.

También le puede interesar: ¿Por qué 34 legisladores no estuvieron en la elección del Defensor del Pueblo?

La opinión del exmandatario sucede luego de la elección del nuevo Defensor, el viernes, cuando la bancada de senadores y diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) sorprendió a la de la oposición con la elección en el puesto de Callisaya Aro.

Sucesión

Hay que recordar que también el mandato de Rodríguez Veltzé fue producto de un azaroso proceso de sucesión presidencial: fue la quinta y última autoridad que según la anterior Constitución tuvo que asumir la Presidencia, tras las renuncias de los presidentes del Senado (Hormando Vaca Díez) y de Diputados (Mario Cossío).

El desafío “no está en el origen sino en su mandato, en lo que haga y que dé legitimidad a su gestión”, dijo de la nueva designación el ministro Lima mediante una nota de prensa de Justicia.

El ministro fue más allá: consideró legítimo el golpe de timón que de todos modos fue el modificar de manera abrupta el orden del día de la sesión del viernes 23.

Fue una respuesta política imprevista para sortear un bloqueo de hecho, dijo. “Había que romper con el cerco impuesto por Luis Fernando Camacho (de Creemos) y Carlos Mesa (de Comunidad Ciudadana). Había un bloqueo sistemático y un interinato de bastante tiempo”, subrayó.

Los opositores, sin embargo, insisten en que la legitimidad del nuevo Defensor del Pueblo está dañada ya de origen, no solo por la forma en que fue electo el viernes, sino —como desde el principio le acusaron— por ser el “Defensor del masismo”.

“Este Defensor del Pueblo no tiene ninguna legitimidad; es el Defensor del MAS; apócrifo. Es una persona que definitivamente estaría aceptando, si es que asume el cargo, ser un azul que ha golpeado al Parlamento y a la democracia”, señaló airada la senadora de Creemos Centa Rek.

Callisaya Aro fue elegido con 95 de 97 votos, que hicieron dos tercios suficientes.

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