El expresidente Eduardo Rodríguez (2005-2006) consideró que la principal prueba de legitimidad de una autoridad pública es su desempeño y no solo la forma cómo fue elegida o designada.
Su opinión sucede a la elección del nuevo Defensor del Pueblo, el viernes, cuando la bancada de senadores y diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) sorprendió a la de la oposición con la elección en el puesto de Pedro Callisaya Aro.
“La principal prueba de legitimidad de una autoridad pública es su desempeño y vocación de servicio a la colectividad, antes que a partido político alguno. No es sólo la modalidad de su elección o designación”, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.
Rodríguez Veltzé fue presidente de Bolivia por sucesión constitucional; sustituyó el 9 de junio de 2005 al dimisionario presidente Carlos Mesa (2003-2005).
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Sucesión en 2005
Llegó al gobierno luego de las renuncias sucesivas de los entonces presidentes de las cámaras de Senadores, Hormando Vaca Díez, y de Diputados, Mario Cossío. Siendo presidente del Poder Judicial, era la quinta autoridad en la línea de sucesión, según la Constitución de entonces.
El viernes, cuando el orden del día de la sesión bicameral de la Asamblea Legislativa consignaba la consideración de observaciones a dos leyes, una sobre la restitución laboral y otra sobre la cesión de terrenos en El Alto, el MAS aprobó la dispensación de trámite para la elección.
Dispensación de trámite
El diputado Juan José Jáuregui planteó la iniciativa que recibió el respaldo en votos necesario, que abrió el camino para la elección, fallida en cinco sesiones previas debido a que Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos bloquearon los dos tercios y el MAS no pudo convencerlos.
Callisaya Aro, que en la fase de calificación había recibido tres “excelente” y uno “bueno” de parte de legisladores de todas las fuerzas, fue elegido finalmente con 95 de 97 votos ese día, sesión a la que no asistieron 32 senadores y diputados de oposición.
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Licencias
A esa lista se sumaron dos legisladores del MAS. Todos pidieron licencia entre el 22, el día de la convocatoria a la sesión, y 23 de septiembre, en vísperas de la efeméride de Santa Cruz.
Ocho de los legisladores con licencia arguyó baja médica y la mayoría, asistencia a los actos oficiales de la celebración de los 212 años de la gesta libertaria de Santa Cruz.