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Thursday 5 Dec 2024 | Actualizado a 05:44 AM

Paro indefinido: Comité cruceño se cierra al diálogo por el Censo

El Gobierno se reunirá hoy con los sectores sociales de Santa Cruz.

Concentración convocada por el Comité pro Santa Cruz para evaluar el segundo día de paro.

Por Erika Ibáñez

/ 24 de octubre de 2022 / 06:10

El Comité Interinstitucional cruceño se cierra al diálogo y advierte que no “cederá ni un milímetro” del mandato de Censo en 2023. En tanto, el Gobierno intenta avanzar y este lunes se reunirá con las organizaciones sociales que participaron del ‘Cabildo del Pueblo’.

La postura de no ir al diálogo se mantiene inamovible para el Comité Interinstitucional, que ayer sumó una nueva condición para dialogar: la liberación de los cívicos aprehendidos en Puerto Quijarro acusados de la muerte de un hombre que intentaba desbloquear la vía.

“Este pueblo es rebelde y no se va a ir a su casa si no tiene un Censo en 2023. Fuimos claros y lo vamos a mantener, no nos vamos a sentar a dialogar en mesas técnicas porque eso ya pasó, hace un año estábamos pidiendo mesas y no nos hicieron caso, fruto del cabildo viene el paro y el Censo en 2023. Nos podemos sentar sin ningún problema cuando muevan el decreto y establezcan el Censo en 2023”, dijo anoche el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

En la misma línea, el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, dijo a los pies del Cristo que no negociarán ni un milímetro su pedido de Censo en 2023. “No vamos a negociar un milímetro menos de los que nos ordenó el cabildo y la libertad de los cívicos detenidos”.

El Gobierno manifestó su predisposición para volver a la mesa de negociaciones; sin embargo, su pedido no encuentra eco en las autoridades del Comité Interinstitucional, que aún no se ha pronunciado al respecto.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, anunció que este lunes el Gobierno se reunirá con las organizaciones sociales, indígenas, productores agropecuarios de Santa Cruz, Bartolinas Sisa, Cidob y todo el movimiento campesino para conocer las resoluciones del cabildo del 21 de octubre, hacer conocer su posición sobre la realización del Censo y su preocupación por la economía.

Respecto a la posición de la Iglesia, que se ofreció para mediar en el conflicto, dijo que debe estar en armonía con lo que pregona y no lo está demostrando. “Está bien que se preocupa por que se encuentren salidas; sin embargo, cuando salió a pedir diálogo nosotros los convocamos y no se presentaron y no me acuerdo haber visto reflejada la posición de Iglesia exhortando a que vayan todas las partes y tampoco se pronunció respecto a la actitud cobarde del Gobernador de ir al diálogo”.

Lamentó que en dos días de paro Santa Cruz esté perdiendo $us 3 millones y los más afectados sean los que viven del día a día.

Prada reveló también que le entregaron al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (AUGRM), Vicente Cuéllar, una propuesta de decreto supremo para dejar abierta la fecha del Censo Nacional y esperan que sea analizada y se pueda retomar el camino del diálogo.

“Nuestra propuesta dice: el empadronamiento del Censo de Población y Vivienda será ejecutado por el INE en la fecha que sea determinada producto de un trabajo técnico bajo la dirección del INE con la participación de organismos internacionales y universidades públicas que se acreditan para tal efecto en un plazo no mayor a 30 días calendario”.

La ministra reiteró que Camacho y el Comité Cívico cruceño tienen una posición cerrada y no existe voluntad para dialogar.

“Es una irresponsabilidad con el pueblo cruceño, dijeron (el sábado) primero firmen que el Censo sea en 2023 y después trabajamos técnicamente; es como querer poner el carretón delante de los bueyes, dónde se ha visto eso”.

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Ministro reitera invitación a sectores para sumarse a reglamentación de disposición de PGE

El ministro de Economía aseguró que la propuesta no apunta a los productores, sino a los intermediarios que se benefician con el contrabando, agio y especulación.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Foto: APG

/ 4 de diciembre de 2024 / 22:27

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, defendió este miércoles la disposición adicional séptima del Proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y convocó nuevamente a los sectores que observan la propuesta a sumarse a la elaboración de la reglamentación.

La disposición adicional séptima del PGE 2025 “faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

“Les hemos ofrecido que la reglamentación pueda ser en conjunto con el sector pues ellos conocen muy bien”, indicó la autoridad.

El martes en Santa Cruz, Montenegro explicó a los productores que la disposición no está dirigida a ellos. Sin embargo, ese sector, además de empresarios e industriales objetan la propuesta y exigen su eliminación.

Lea más: Cámaras descartan participar en reglamentación y exigen eliminar disposición sobre decomisos

Disposición

Montenegro argumenta que la disposición es para hacer frente al contrabando, al agio y la especulación. Señaló que se apunta, principalmente, a los intermediarios que serían los que más se benefician.

“¿O nos vamos a inventar que estaban saliendo productos alimenticios por las fronteras? ¿O es un invento del Gobierno que tanto arroz, huevo y carne salen de las fronteras?”, afirmó.

Asimismo, Montenegro aseguró que “se requiere una normativa con rango de ley” y subrayó que “este pedido no es para estigmatizar a los productores”.

El proyecto de ley, actualmente se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento.

Este miércoles, las cámaras agropecuarias, industriales y exportadoras descartaron participar en la reglamentación de la disposición adicional séptima y solicitan la eliminación total de ese texto.

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Comité de Energía evalúa propuestas para ‘clasificar’ entrega de combustible subvencionado

El diputado Juan José Huanca explicó que el objetivo es garantizar una distribución más equitativa y sostenible de los recursos.

El diputado del MAS Juan José Huanca

/ 4 de diciembre de 2024 / 21:46

El secretario del Comité de Energía e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados, Juan José Huanca, informó que, en esa instancia analizan propuestas para optimizar el sistema de subvención de combustible.

El objetivo es garantizar una distribución más equitativa y sostenible de los recursos. Huanca, de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), señaló la necesidad de clasificar a los beneficiarios por sectores.

“Existen vehículos con altas cilindradas y deberán asumir el costo total de los combustibles; mientras que los sectores estratégicos; como la agricultura, tendrán prioridad para beneficiarse”, explicó.

Asimismo, destacó que está coordinando con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para poner en marcha un sistema tecnológico; que permita identificar a los beneficiarios y garantizar el suministro continuo para los productores.

Lea más: El Estado gasta $us 56 millones semanalmente en la subvención de combustibles

Combustible

El legislador subrayó la importancia de elaborar un proyecto de ley consensuado con los sectores afectados.

Respecto a las filas en las estaciones de servicio que persisten en algunas regiones del país, dijo que se convocará a autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para que expliquen las acciones que están asumiendo y el plan para agilizar el normal suministro de carburantes.

En noviembre, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, explicó que la subvención de combustibles le representa al Estado un gasto de aproximadamente $us 56 millones semanalmente.

La subvención de combustible en Bolivia es una política que permite abastecer al mercado interno con gasolina y diésel a precios más bajos. Sin embargo, según autoridades de Gobierno, debido a que el 50% de la gasolina es importada y el 86% del diésel se trae del mercado exterior, los costos son mucho más elevados.

En Bolivia, el litro de gasolina se comercializa a Bs 3,74, mientras que el litro de diésel cuesta Bs 3,72.

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Caen cuatro personas que descargaban 1.000 bolsas de arroz de Emapa en Villa Victoria

El jefe de la División Corrupción de la FELCC dijo que se inició una investigación por agio para determinar el origen y destino del producto.

Las bolsas arroberas que distribuye Emapa. Foto: Archivo

/ 4 de diciembre de 2024 / 21:10

La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) arrestó a cuatro personas que, durante la madrugada de este miércoles, descargaban 1.000 bolsas arroberas de arroz de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) en un domicilio particular de la zona de Villa Victoria, en La Paz.

Los vecinos del sector dieron la voz de alerta. “En esta casa han repartido arroz a altas horas de la noche a personas que no son de la zona”, denunció una mujer mediante un video mostrando la gran cantidad de bolsas de arroz en minibuses y un camión.

Los choferes no explicaron la procedencia del arroz y por qué estaban descargando en ese inmueble. “Es legalmente para entregar a nuestros afiliados”, dijo uno de los choferes en Unitel.

Minutos después llegó la Policía y arrestó a los cuatro choferes. El Ministerio Público abrió una investigación contra ellos por el delito de agio.

Lea más: Emapa inicia venta móvil de arroz desde las 05.00 para evitar reventa

Arroz

El jefe de la División Corrupción de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), Boris Mendoza, dijo que las bolsas son de Emapa y se investigará el origen y destino del lote.

“Sí, los productos son de Emapa. A denuncia de vecinos se realizó una intervención policial desde la EPI Munaypata a un camión y tres vehículos particulares donde había cuatro personas manipulando bolsas de arroz. Hubo un alboroto en la gente. El hecho se encuentra en investigación por el Ministerio Público”, informó a los medios de comunicación.

El funcionario indicó que se halló 1.000 bolsas en los cuatro vehículos y que los arrestados dijeron que son comerciantes y que el producto era para la venta.

 “La investigación determinará el origen y destino de estos productos. Lo que ellos manifiestan es que son comerciantes y era para la venta, eso se va determinar”, complementó.

En las últimas semanas el precio del arroz se disparó en los mercados, particularmente de La Paz y El Alto, por lo que el Gobierno determinó la venta a Bs 50,50 de bolsas arroberas en las tiendas de Emapa y en camiones que recorren diferentes zonas. La demanda por este producto provoca filas y reclamos.

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Cámaras descartan participar en reglamentación y exigen eliminar disposición sobre decomisos

Las instituciones agropecuarias, industriales y exportadoras del país alertan que la disposición vulnera los derechos fundamentales y la libertad de producción y comercialización

Los productores, empresario e industriales temen decomisos en negocios y almacenes. Foto: RRSS

/ 4 de diciembre de 2024 / 19:42

En un comunicado conjunto, las cámaras agropecuarias, industriales y exportadoras descartaron participar en la reglamentación de la disposición adicional séptima del Proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y solicitan la eliminación total de ese texto.

La disposición adicional séptima del PGE 2025 “faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización; confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Las cámaras manifiestan este miércoles “su firme y categórico rechazo” a esa disposición que “dispone la confiscación y decomiso de producto a las empresas”.

“El sector privado, en ejercicio de su compromiso con el desarrollo económico del país; anuncia que no participará en procesos de reglamentación relacionados con la citada disposición”, dice la nota.

Asimismo, le piden al presidente Luis Arce y a la Asamblea Legislativa no aprobar esa normativa; que “vulnera los derechos fundamentales como libertad de producción y comercialización”.

Alertan que, de aprobarse la norma, se profundizará el clima de inseguridad jurídica, “ahuyentando las inversiones nacionales y extranjeras; en detrimento de la economía nacional, en un escenario en que urge aumentar la producción y exportar”.

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Cámaras

Además, las cámaras advierten que la aplicación de esa disposición generará un entorno propenso a la arbitrariedad; y a la extorsión de funcionarios públicos e incentivará la informalidad. Advierten que también podría generar efectos negativos como el desabastecimiento de productos alimenticios.

El documento está firmado por la Cámara Agropecuaria del Oriente, la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia y la de Santa Cruz, la Cámara Nacional de Industria; la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz y del resto de los departamentos.

El Gobierno defiende la disposición y asegura que todos los niveles del Estado contarán con el respaldo legal para realizar los operativos de control y los productos que sean decomisados serán comercializados a precio justo.

Este miércoles, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, defendió la propuesta y convocó a los sectores a sumarse al diseño de la reglamentación.

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La Cainco dice que el Presupuesto 2025 es una ‘carta blanca para el endeudamiento’

Mediante un comunicado, la entidad cruceña expone cinco argumentos para rechazar el proyecto. Protestan por la decisión de continuar “con un modelo agotado”.

El Gobierno apunta a endeudarse, dice la Cainco. Foto: Archivo

/ 4 de diciembre de 2024 / 18:33

La Cámara de Industria y Comercio (Cainco) de Santa Cruz, señala que el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, es “una carta blanca para la emisión, endeudamiento y desinstitucionalización”.

Mediante un comunicado, indica que la actual situación económica del país demanda ajustes que respondan de manera efectiva a las necesidades urgentes del país.

“El Proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo a la ALP (Asamblea Legislativa Plurinacional) refleja, una vez más, la decisión irresponsable de continuar con un modelo agotado; y que, además, atenta de manera contundente contra la institucionalidad del país”.

La entidad cruceña considera que el Legislativo debería rechazar el proyecto y le plantea cinco argumentos:

El primero es que se trata de un atentado directo a la estabilidad macroeconómica, pues contempla un déficit fiscal de Bs 35.000 millones; lo que equivale al 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB), que “solo puede financiarse por dos alternativas, ambas altamente nocivas”.

La primera-explica-es el financiamiento interno provisto por el Banco Central de Bolivia (BCB) y la Gestora Pública de Pensiones (GPP), «según el presupuesto, por Bs 60.000 millones bajo la línea de endeudamiento interno”.

“Esto implicaría tomar Bs 10.000 millones de los aportes de los trabajadores a las pensiones y otros Bs 50.000 millones como crédito del BCB. En términos sencillos, esto constituye emisión inorgánica, cuya consecuencia directa es mayor inflación”.

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Argumentos

El segundo argumento es la insostenibilidad. La Cainco explica que la segunda forma de financiar el déficit fiscal es mediante endeudamiento externo. “Según el proyecto del PGE, este será de Bs 14.000millones; equivalente a $us 2.000 millones, solo mediante títulos de deuda con el sector privado”.

La entidad reconoce que temporalmente y dentro de límites prudenciales, se puede usar el endeudamiento externo, principalmente para la importación de combustibles, dice que la estrategia del Estado no puede concentrarse “únicamente en el endeudamiento como única fuente de divisas”.

El tercer argumento es la transgresión a la institucionalidad y explica que en “los últimos años, el Ejecutivo ha seguido prácticas nocivas, incorporando artículos específicos en la Ley Financial para dejar sin efecto otras leyes. Un ejemplo de ello ha sido la constante vulneración de la Ley del Banco Central para obtener financiamiento más allá de los límites prudentes”.

El argumento cuarto es la represión y distorsión del mercado. El documento dice que los controles de precios son medidas represivas, distorsionan el mercado e incentivan la creación de mercados negros. Además, dice “son vehículo para la imposición de multas y medidas arbitrarias a las empresas formales”.

Crisis

Según la Cainco si se quiere controlar la inflación las herramientas son las políticas monetaria, fiscal y cambiaria. Además, justifica, el PGE excede sus atribuciones.

El quinto argumento es la desconexión de la realidad nacional y de la crisis y explica que el documento desconoce “la profunda crisis que enfrenta el país desde 2023. En esencia, es una paráfrasis del proyecto de 2024, casi una copia en términos de estructura y fundamentos”.

En los últimos días, varios sectores y actores políticos critican el PGE 2025, tildándolo de centralista y reclaman el gasto público, el déficit fiscal y una disposición sobre el decomiso de productos, la que califican como atentatoria contra las actividades comerciales y la economía.

El proyecto fue entregado a fines de octubre y está en tratamiento en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados. En caso de no ser analizado en 90 días por el Legislativo, será aprobado por decreto.

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