El acuerdo de declaración de culpable de lavado de dinero de Arturo Murillo establece la confiscación, por parte de Estados Unidos, de todos sus bienes adquiridos con la comisión del delito. Además, el exministro debe pagar una multa $us 530.000.
El 20 de octubre, el otrora ministro de Gobierno de Jeanine Áñez firmó un “acuerdo de declaración” ante las autoridades judiciales de Estados Unidos en el que admitió el delito de “conspiración para el lavado de dinero”, cuya pena es de hasta 10 años de prisión.
El documento al que accedió LA RAZÓN, que permitirá al hombre fuerte del régimen transitorio abreviar el juicio, consta de 20 puntos, uno de los cuales, el 18, incluso consigna su eventual deportación luego de la sentencia, prevista para el 4 de enero.
Se presume que Murillo recibió un soborno de al menos $us 532.000 de parte de la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS), a la que en 2019 ayudó “de forma corrupta” a adjudicarse la compra de material antidisturbios por un valor total de $us 5,6 millones.
Sin embargo, dicha firma —de Bryan y Luis Berkman— compró los insumos a la empresa brasileña Cóndor a un precio de $us 3,3 millones. Se supone que hubo un sobreprecio de $us 2,3 millones.
El punto 12 del acta que firmó Murillo el 20 de octubre dicta: “El acusado se compromete a pagar como multa de manera individual y en cualquier posibilidad, a Estados Unidos, de manera voluntaria e inmediata, cualquier título valor, e interés de alguna propiedad, real o personal, relacionada a la violación del Código Penal”.
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No solo eso. También dispone que “el acusado se compromete a pagar una multa de $us 532.000 en moneda estadounidense, que representa el monto de las ganancias rastreables obtenidas a través de la conspiración perpetrada por el acusado” en el delito.
“El demandado también acepta que el decomiso es independiente de cualquier tasación, multa, costo, restitución o sanción que pueda imponer el Tribunal”, señala el documento.
Además, el acuerdo de Murillo y las autoridades judiciales de Estados Unidos dispone que el demandado “se compromete a revelar completa y verazmente la existencia, naturaleza y ubicación de todos los bienes” involucrados en el delito que se condena.
También establece otras disposiciones duras contra el demandado, como mantener cualquier bien valorado en más de $us 10.000, y no vender, ocultar, malgastar, gravar, destruir o devaluar dicho activo sin la aprobación previa de Estados Unidos.
Murillo fue detenido junto a su otrora jefe de gabinete Sergio Méndez, entre el 20 y 21 de marzo de 2021, acusado, inicialmente, de intento de soborno y lavado de dinero, que en Estados Unidos se trata del delito “conspiración para el lavado de dinero”.
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En enero de 2020, Murillo se encontraba en Estados Unidos, donde antes de la operación había abierto una cuenta. Esos días se había reunido también con Bryan Berkman.
El 17 de marzo, el Ministerio de Defensa, luego de un primer intento fallido, consiguió enviar el dinero después de dividirlo en dos partidas: $us 3,9 millones fueron para BTS y $us 1,7 millones para otros “pagos y gastos”.
Ante movilizaciones sociales contra su gobierno, en noviembre de 2019, Áñez y su gabinete firmaron el Decreto Supremo 4090, que autorizó al Ministerio de Defensa la “adquisición excepcional” de armamento no letal.