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Wednesday 8 Feb 2023 | Actualizado a 07:16 AM

División en el MAS: hay dos presidentes en Diputados

División en el MAS: hay dos presidentes en Diputados

Las tres cabezas de tendencia en el MAS: Choquehuanca, Arce y Morales.

Por Iván Bustillos

/ 7 de noviembre de 2022 / 05:44

Se agrava la división en el MAS. Luego de que el viernes 4 fue elegido presidente de Diputados Jerges Mercado, ayer, Freddy Mamani emitió una declaración como “presidente” de la Cámara, dando por válida la sesión de hoy que él convocó el viernes.

Ayer, en el canal estatal Bolivia Tv, el diputado Mercado defendió la “legalidad” de su elección.

Dijo que él fue electo como candidato a la presidencia de la Cámara de Diputados el 28 de octubre en una elección interna, en la que participaron diputados titulares y suplentes. De dos candidatos, Mercado y el paceño Freddy López, el primero obtuvo 75 votos y 55 el adversario. “Hasta ahí, todo bien”, dijo Mercado.

El problema fue cuando, tras instalarse la sesión del viernes 4, convocada específicamente para elegir al presidente de Diputados, a la plancha (lista de candidatos) oficial del MAS se le sumó otra plancha, presentada “por los 10 diputados” que no estaban de acuerdo con Mercado, según relató en la misma Bolivia Tv ayer la diputada Deysi Choque.

También las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos tenían doble plancha.

Fue ante esta situación que el presidente hasta entonces, Freddy Mamani, decidió suspender la sesión determinando cuarto intermedio “sin fecha ni hora”.

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Y es aquí que se plantea el contrapunteo. Mercado sostiene que la reinstalación de la sesión del viernes fue legal porque tras suspenderla Mamani prácticamente desapareció del Legislativo, lo que para fines legales fue considerado como una “ausencia” del presidente de Diputados. Por eso asumió la dirección camaral la primera vicepresidenta, Miriam Martínez.

Mamani, al respecto, señala que no existió la referida ausencia: “Yo no me ausenté del país ni estaba con baja médica”, dijo. Pero el legislador que fue presidente de Diputados dos años aún tiene un mayor argumento para calificar de “ilegal” la sesión reinstalada del viernes: afirma que él emitió una convocatoria para reinstalar la sesión para hoy lunes 7 de noviembre, a horas 14.00, y que lo hizo a las 17.45 del viernes.

Una vez que la sesión fue reinstalada por la vicepresidenta Martínez a las 18.40, alega Mamani, de suyo es ilegal pues ya estaba vigente la convocatoria emitida por el todavía presidente de Diputados. “Hasta ahí, queda claro que esa actuación del viernes fue irregular y apartada de la norma que rige nuestra institución”, destaca la declaración de Mamani.

Además, observa que la propia directiva del viernes no tenía quorum ni respetaba el criterio de género que se mantuvo siempre.

El legislador, que firma su declaración “en calidad de presidente de la Cámara de Diputados”, ratifica la validez de la sesión de hoy, invitando a que “si alguno de los bloques presume ser mayoritario, puede demostrarlo sin ningún problema el día lunes en el reinicio de la primera sesión preparatoria para conformar la directiva camaral”.

Para Mercado, en cambio, se trata de un tema resuelto. Una vez que el presidente nato de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente David Choquehuanca, convocó a la sesión de Informe de gestión del Presidente el martes 8, el diputado cruceño dijo que directamente se asistirá a esta sesión, pues ya hay una presidencia camaral constituida y no hace falta una sesión previa.

Lo que puede parecer solo una pugna entre Mamani y Mercado, adquirió verdadera relevancia el sábado cuando la Dirección Nacional del MAS, presidida estos días por el vicepresidente del partido Gerardo García (porque Evo Morales está en Argentina), emitió un comunicado en que directamente acusa a la “fracción de diputados” que eligieron a Mercado de aliarse “con las bancadas de los golpistas Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho”; que “este grupo de legisladores” fue articulado “por operadores del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca”.

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Legislativo cita al TSE para ver los tiempos de las Judiciales

Pide saber cuánto tiempo tiene la Asamblea para mandar listas de candidatos.

Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados.

Por Iván Bustillos

/ 7 de febrero de 2023 / 06:25

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui (MAS), anunció que se invitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a una reunión para analizar el cronograma general de las próximas elecciones judiciales.

En la medida en que hoy día “hay mucha especulación”, dijo Jáuregui, sobre cuál es el tiempo que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional para elaborar y remitir las listas de candidatos al Órgano Electoral, urge la reunión con los vocales, enfatizó el diputado.

“Por un principio de responsabilidad en la gestión, es que el día de hoy (por ayer, lunes) cursamos una carta de invitación a los vocales del Tribunal Supremo Electoral para que podamos sostener una reunión la siguiente semana, a fin de conocer de manera precisa cuál es el tiempo que necesitan ellos para que les sean remitidas con anticipación las ternas” de candidatos a las elecciones judiciales.

Si bien es cierto que en la norma electoral están señalados en general los tiempos de las elecciones judiciales, es necesaria la coordinación con los máximos vocales electorales. “La norma es clara, te da plazos y tiempos, pero necesitamos de parte de ellos (de los vocales) conocer también esta apreciación, y con esto le vamos a dar un grado de certidumbre a toda la labor (electoral) que se está pretendiendo desarrollar”, apuntó el legislador.

En la Asamblea Legislativa, remarcó el diputado masista del ala renovadora, la Comisión de Constitución pretende concluir, hasta fines de marzo, el reglamento y la correspondiente convocatoria a las elecciones judiciales. Esto con el objetivo de que la misma pueda ser “objeto de aprobación en el pleno de la Asamblea por simple mayoría”.

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“Esta elección debe realizarse en el mes de octubre de 2023 a objeto de que a aquellas personas que resulten electas puedan asumir sus funciones en enero de 2024”, indicó a fines de 2022 el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel.

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‘Reforma de la justicia’, ese proceso

La reforma de la justicia no se reduce a un cambio de la Constitución, ni a una ‘cumbre’; es un proceso de nunca acabar.

Bolivia reforma su justicia desde hace al menos 30 años; por supuesto con avances y retrocesos; el punto hoy día es continuar, acelerar.

Por Iván Bustillos

/ 5 de febrero de 2023 / 08:22

El punto sobre la i

En relación al referendo de reforma parcial de la Constitución que “juristas independientes” intentan que haya antes de las elecciones y que a la fecha está en su fase de recolección de firmas, existe la polémica sobre si este proceso concluirá a tiempo para modificar la forma de selección de los candidatos a la elección de octubre- noviembre de 2023. Se viene instalando en los medios que si no se logra esto, la “reforma de la justicia” será postergada hasta las próximas elecciones judiciales, en 2029.

No es cierto. Como se verá en las siguientes líneas, la reforma de la justicia no es tal o cual evento, cumbre o reforma parcial de la Constitución; ante todo es un proceso que empezó hace más de 30 años, que, claro está, no ha sido lineal y progresivo, sino complejo, de altas y bajas, de avances y retrocesos. Y el futuro de la reforma, no cabe duda, seguirá siendo así, mal que bien, paso a paso.

Desde el año pasado se vienen llevando a cabo los llamados “Diálogos plurales para la transformación de la justicia en Bolivia”, un esfuerzo entre la Vicepresidencia del Estado, el Ministerio de Justicia y la representación del Sistema de Naciones Unidas en el país (en el primero también estuvo la Fundación Friedrich Ebert, FES-Bolivia). En 2022 se efectuaron cuatro de estos diálogos; para 2023 se proyectan al menos cuatro. No deja de ser oportuno lo debatido allí. Va, entonces, una síntesis con base tanto en el texto Justicia, la reforma impostergable que publicó FES-Bolivia en agosto sobre el primer encuentro, como el resumen de los cuatro diálogos que gentilmente la representación de Naciones Unidas proporcionó a Animal Político.

Como cierre, va un “derecho a la defensa” del Tribunal Supremo de Justicia.

¿NADA? El primer llamado de atención que hacen los Diálogos es que de una vez hay que desechar la idea de que en el país no se ha hecho nada en la reforma de la justicia. “Se advierten coincidencias en sentido de que Bolivia desde hace 30 años inició un proceso de reforma del sistema de justicia, y si bien se identifican avances importantes, es necesario generar un proceso de autocrítica constructiva”, apunta el Resumen de Naciones Unidas.

Al respecto, el oficial de la Fundación para el debido proceso, Ramiro Orías Arredondo, en el primer encuentro (julio de 2022) observaba que “en un primer momento se focalizó el esfuerzo a cambiar su diseño organizacional, luego se intentó mejorar la gestión judicial; también se ha buscado reformar sus procedimientos e incluso se han experimentado los más diversos modelos de nombramiento de sus máximas autoridades. (…) Se han promovido reformas procesales, se han aprobado nuevos códigos, nuevas instituciones, reformas legislativas inacabadas, mecanismos de acceso a la justicia… Parece que hemos intentado de todo, pero nada ha funcionado de manera satisfactoria y para todos”.

Con mayores o menores avances en esta serie de transformaciones, Orías Arredondo acusa directamente al sistema político: “Lo que ocurre es que en este tiempo no se ha enfrentado con decisión la agenda de independencia, transparencia, probidad e integridad judicial. Sin esto cualquier iniciativa de reforma no será sostenible ni duradera en el largo plazo. Así, la reforma judicial no solo es impostergable, sino que constituye tal vez la deuda pendiente que tiene el sistema político con la democracia boliviana”.

En coincidencia, el ministro de Justicia, Iván Lima, enfatiza en el carácter incremental de las reformas: “Yo estoy convencido de que lo que hemos hecho en el país es acumulativo. Los últimos 30 años hemos hecho reformas y estamos en una mejor situación”. El ministro cuenta que cuando él empezó su carrera, en 1997, había prisión por deudas, una persona podía quedarse en las celdas policiales más de 30 días, y la gente en verdad no tenía certeza de que sus procesos algún día terminarían. “Entonces, decir que estamos tan mal y que estamos en el peor momento de la historia no es decirle la verdad al pueblo boliviano”, sentencia el ministro.

INDEPENDENCIA. En lo relativo a la independencia judicial, que para muchos es el problema, Lima plantea no mitificar el hecho como un eterno inalcanzable: “Cuando dicen que hay un discurso de independencia judicial y que no hay independencia judicial en el país, están diciendo algo que no es real. Cada juez es el que construye su independencia, y eso se lo van a decir todos los tratados de derecho judicial. Entonces, creo que la independencia de la justicia se va construyendo con la actitud de todos y cada uno de los que quieren ir a hacer esa transformación de la justicia, no con discursos de café”.

Con respecto a la falta de independencia judicial, el expresidente de la otrora Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez Veltzé fustigó el rol que tuvo, por ejemplo, la Fiscalía en la crisis de 2019; “Si habíamos tenido estos episodios de vulneración del orden constitucional, ¿dónde estaba la autoridad llamada a impugnarlos?, ¿dónde estaba el titular de la acción penal pública, el señor Fiscal General del Estado? Al contrario, no lo hizo, se puso a perseguir a otras autoridades y exautoridades y esos jueces también procesaron a los ciudadanos. Hace pocos días, en Argentina, nuestro Presidente reclamaba y decía: ‘Pero si son los mismos jueces y fiscales que nos juzgan’. Ese es el problema, esa fue una manifestación de falta de independencia”.

El tema del segundo diálogo fue la “Asignación presupuestaria del Órgano Judicial y su administración”.

Como era natural, de entrada se afirma la baja asignación de recursos al sistema judicial en relación al Presupuesto General del Estado (PGE).

“El presupuesto asignado al Órgano Judicial por parte del TGN en los últimos cinco años osciló entre 0,24% y 0,35%, es decir, que no alcanzó ni el 1% del PGE, ese monto solo representa casi 40%, mientras que el restante 60% proviene de recursos propios; no obstante, en los últimos años se advirtió que estos recursos llegan a una ejecución promedio de 90%; el Órgano Judicial solo tiene presencia en 49% de los municipios, lo cual implica que en el restante 51% la ciudadanía no cuenta con un acceso directo a la justicia ordinaria; por otra parte, 62% de los juzgados y tribunales se encuentran en ciudades capitales y 38% en provincias, por lo cual, la posibilidad de incrementar el presupuesto debería estar destinado a ampliar el derecho de acceso a la justicia de la ciudadanía”, apunte el Resumen de la ONU.

Al respecto, el ministro Lima cuestiona. Desde 2006, dice, el presupuesto del Órgano Judicial “se ha incrementado de 200 millones a más de mil millones de bolivianos”; con todo, si bien reconoce la baja asignación en relación al presupuesto total, no deja de cuestionar a la administración judicial: “Asignamos el 0,5% del presupuesto, de verdad. Piden el 3%. ¿En qué se va a gastar ese presupuesto?, ¿cómo vamos a ir construyendo ese presupuesto para que nos garantice acceso a la justicia?”.

Un aspecto que destaca el Resumen de Naciones Unidas es la demanda de los participantes de “introducir la perspectiva de género con un enfoque interseccional en la planificación y programación del presupuesto, lo cual implica no solo medidas en resguardo de mujeres que requieren acceder al sistema de justicia sino también en remover todas las barreras para que una población diferenciada pueda acceder a la justicia desde sus diferencias; de acuerdo a estándares internacionales y las recomendaciones efectuadas por organismos internacionales de derechos humanos”.

PRESUPUESTO.

Un punto intermedio inmediato para encarar la limitación presupuestaria, se sugirió en el encuentro, puede ser “asignar un presupuesto fijo para todas las entidades del sector justicia, eso implica el Órgano Judicial, Ministerio Público y Defensa Pública”. Un porcentaje fijo que no pueda ser reducido y que deba ser asignado “aun en tiempos en que el Estado está afrontando restricciones presupuestarias, circunstancia que solo se podría garantizar a partir de normas que fijen esos presupuestos”.

El tercer conversatorio fue vinculado al fortalecimiento de la Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC). No deja de ser importante el planteamiento del tema: “Identificar el estado de situación de la JIOC, su reconocimiento, institucionalidad, su relación con la justicia ordinaria y los mecanismos de cooperación y coordinación”.

En la cita, destaca el apunte ONU, se recordó que el proceso constituyente dio al menos tres mandatos: “que para la jurisprudencia constitucional deberían ser esenciales: la restitución territorial para los pueblos indígenas; la reconstitución de sus instituciones, lo que implica el ejercicio pleno de sus sistemas jurídicos y políticos; y, generar procesos de igualación, porque se tienen históricas relaciones de asimetría, especialmente en relación a pueblos indígenas y mujeres indígenas”.

Y he aquí la insistencia que hubo al primordial rol que en este punto debiera tener el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Aparte de mantener su “composición plural” (representación indígena, pero también “de una lógica de paridad y complementariedad del chacha warmi”), en la resolución de controversias que le lleguen acerca de la relación justicia ordinaria versus justicia indígena, el TCP debería “sostener una línea jurisprudencial que respete los estándares más altos en pluralismo jurídico de tipo igualitario, materializando la Constitución, dejando de lado interpretaciones formalistas y ritualismos extremos que niegan el acceso a la justicia constitucional a los pueblos indígenas”. (Resumen de ONU)

También se le recomienda al TCP fortalecer los procedimientos de consulta de las autoridades de las naciones y pueblos indígenas en relación a la aplicación de sus normas, “tomando como premisa que, de acuerdo al modelo constitucional, la ley ya no es la única fuente directa de derecho, que lo son también las normas, procedimientos, principios y valores de los pueblos indígenas”; además de “fortalecer los mecanismos de interacción entre la jurisdicción indígena, ordinaria y agroambiental, a través de los diálogos interjurisdiccionales”; y, algo capital, recursos: “Se requiere que el Estado invierta en la institucionalización de la JIOC, destinando presupuesto para la administración de la jurisdicción indígena, dotando de infraestructura o casas de justicia a nivel nacional, introduciendo los principios y valores de la justicia indígena en la formación y capacitación de los operadores del sistema de justicia”.

Pero también hubo miradas críticas a las propias comunidades indígenas: prevenir el “latente peligro de la politización de la jurisdicción indígena originaria campesina, y que se asimile las taras de la administración de la justicia ordinaria”. Problema para la justicia indígena también es, apunta el Resumen, el que hay una “resistencia al cambio judicial por parte de las propias bases indígenas, que siguen demandando sus pleitos directamente en la justicia ordinaria”, restando validez a las formas originarias de resolver tale o cuales conflictos.

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ACCESO. Finalmente, el cuarto encuentro en 2022, que abordó el “Acceso a la Justicia priorizando grupos en situación de vulnerabilidad”. La virtud de esta mesa fue mostrar que el esfuerzo “para transformar el sistema de justicia no puede seguir enfocándose solo en el diseño o en la modificación de leyes o códigos, sino que también se debe enfocar en los procesos de implementación de la norma, de una gestión por resultados, lo cual implica el uso de información a través de los sistemas informáticos que sirvan para la toma de decisiones para mejorar el servicio; generar procesos de evaluación sobre la implementación de diferentes diseños normativos a fin de promover adecuaciones prontas y pertinentes”.

Interesa prestar especial atención, se insistió, en “identificar cuáles deberían ser las potenciales rutas críticas en materia de acceso a la justicia por parte de población en situación de vulnerabilidad: mujeres, niños, indígenas, personas con discapacidad, población LGBT, personas privadas de libertad, víctimas de violencia basada en género, entre otros”.

En 2023, informó el viceministro de Justicia, César Siles, se prevé continuar con encuentros sobre independencia judicial, la elección de las máximas autoridades, la carrera judicial y, para cerrar, una revisión de la estructura misma del Órgano Judicial, “a partir de posibles modificaciones a la Ley del Órgano Judicial, que incluso el propio Tribunal Supremo de Justicia ya presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa”.

DEFENSA. En el ya habitual Informe de Gestión 2022 e Inauguración del Año Judicial 2023, que cada año publica el Tribunal Supremo de Justicia, es de mucha utilidad el Informe de la Presidencia.

En su discurso de inauguración del Año Judicial, el presidente del TSJ, Ricardo Torres Echalar, de entrada reclama que “lo pertinente no es hablar de la crisis del Órgano Judicial, sino de la crisis del Sistema de Justicia de Bolivia”, implicando esta crisis por lo menos al Ministerio Público, a la Policía Nacional y al Régimen Penitenciario, además del Órgano Judicial.

En cuanto a la retardación de justicia, que simplemente es, dice, no tramitar los procesos judiciales dentro los plazos establecidos por la ley, un problema de fondo es la carga procesal, destaca: por ejemplo, en Santa Cruz, hay un juez para 22.603 habitantes, para 24.483 en Pando, para 15.774 en Cochabamba, cuando la recomendación internacional es que “por cada 10.000 habitantes haya un juez”.

En lo relativo a la independencia judicial, el magistrado Torres Echalar aún lamenta que “de los 1.098 jueces de la Jurisdicción Ordinaria, 489 jueces no son de carrera, lo que, sin lugar a dudas afecta directamente a la independencia judicial”.

En cuanto a la modernización del sistema con la incorporación de nuevas tecnologías, el magistrado apunta a que pese a que ya se cuenta con un Sistema de Registro de Causas (Sirej) y varios programas informáticos que ayudan en dar mayor celeridad a los trámites, “sin embargo, todo esto es insuficiente, no tenemos aún un Sistema de Gestión de Causas como Órgano Judicial, que nos permita interoperar con otros entes, e incorporar en todas las materias, la firma digital, la ciudadanía digital, herramientas que sin lugar a dudas generarán mayor transparencia en la labor judicial”.

Y, para encarar la mora judicial, Torres Echalar, relieva que lo que pudo hacer el TSJ fue refuncionalizar, ampliar o reasignar competencias a 147 jueces (14% del total de jueces ordinarios), con lo que se logró:

– “Hasta antes del 18 de agosto de 2022, no existía ningún Juez Instructor especializado en Violencia hacia la Mujer; ahora existen 10 nuevos jueces”.

– “Hasta antes de la referida fecha, no existía ni un solo juez de instrucción anticorrupción; ahora existen cuatro jueces”.

– “Hasta antes que se implemente esta iniciativa, a nivel nacional existían 70 jueces de Sentencia Penal; ahora existen 86”.

– “Antes existían 2 jueces de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer; ahora existen 9, y, desde el punto de vista de la especialidad, antes no existía ni un solo Juez de Sentencia que atienda únicamente violencia hacia la mujer; ahora existen 15 nuevos jueces de Sentencia”.

 (*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Reclaman que Camacho no presente denuncia por espionaje

No se manejó con propiedad la principal prueba, la cámara, señalan.

Circunstancia en que los abogados de Camacho reclaman no poder presentar la denuncia por acoso sexual

Por Iván Bustillos

/ 31 de enero de 2023 / 06:21

Autoridades del Ejecutivo exigieron que Luis Fernando Camacho formalice a la Fiscalía la denuncia por espionaje en su celda, entregando la cámara que habría encontrado; y que muestre que ésta transmitía datos, toda vez que no se halló un cableado.

El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, ayer, en entrevista en el programa televisivo Piedra, papel y tinta de La Razón, dijo que hasta la fecha no se tiene un registro documentado de la cámara dentro del penal, que ésta salió del mismo de la mano del abogado Martín Camacho, que la mostró por primera vez a los medios.

Y aquí cuestiona Limpias al abogado: terminada su presentación de la cámara, ¿por qué no la entregó al investigador presente allí, el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP)?

“Terminada la conferencia de prensa, cualquiera pensaría que (el abogado) iba a volver a entrar y decir ‘ésta es la cámara, aquí está mi denuncia’; no lo hace así, y hasta ahora desconocemos la cámara y sus características”, detalló.

CABLEADO.

Una vez que el informe elaborado por el IITCUP —reveló Limpias— dio cuenta de que en la celda no había ningún cableado (necesario para transmitir las imágenes y alimentar de energía al aparato), el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, convocó ayer a que los abogados de Camacho entreguen la cámara y muestren si tiene la autonomía de transmitir señal sin cableado:

“La cámara va de mano en mano, menos a donde tiene que ir. Hay que ver si ésta transmitía o no transmitía, porque tendría que ser como un celular, más o menos, que lo pongas y conectes”, inquirió el viceministro.

En cuanto a la autonomía de la cámara, al presentarla a los medios en la puerta del penal, el viernes 27, el bogado Martín Camacho había dicho: “Esto es a cable, tenía corriente, el cable quedó colgado, aparentemente, transmitía, no es una cámara que sea reemplazada porque tenía su corriente, aquí están los lentes, lo pueden ver es una cámara, tiene dos antenas de transmisión y esto estaba transmitiendo a otro lugar”.

El viernes 27, la prima de Camacho, Natalia Ibáñez —según reportó la televisora Unitel— había logrado entrar al penal y hablar con Camacho y su esposa; al salir, ratificó la denuncia de la cámara espía, añadiendo que Camacho tenía testigos del retiro de la cámara: “Vamos a pedir que se presenten como testigos un oficial de apellido Laura, en su delante Luis Fernando extrae la cámara (de la pared); que se presente el médico de turno, delante de él se extrae la cámara; que se presente como testigo el oficial a cargo de la celda y el oficial de seguridad de turno”, afirmó Ibáñez, señala Unitel.

INGRESO.

Bajo la sospecha de que la cámara más bien ingresó irregularmente al penal, Régimen Penitenciario pidió ampliar la investigación a las visitas y funcionarios que podrían haber introducido el artefacto.

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Limpias dijo que al menos un tiempo Camacho tenía visitas sin pasar la correspondiente requisa, lo que se tuvo que hacer para evadir las vigilias de organizaciones sociales. “La familia decía que no podía ingresar, que tenía miedo. (Por eso) hemos permitido el ingreso directo (con automóviles) hasta la Gobernación, pasando por alto los controles”, indicó.

Limpias reveló, además, que la defensa legal del gobernador Luis Fernando Camacho sacó la cámara de Chonchocoro de forma irregular, con la ayuda de “buenos policías”, según los calificó el abogado Martín Camacho.

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Muere el dirigente cívico potosino Juan Carlos Manuel

Juna Carlos Manuel se había declarado en la clandestinidad a finales de 2021; se presume que falleció por complicaciones de la diabetes que padecía.

Juan Carlos Manuel

Por Iván Bustillos

/ 29 de enero de 2023 / 16:11

Este domingo, en la ciudad de Potosí son velados los restos del presidente del Comité Civico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel, quién falleció, según fuentes locales, presumiblemente por la diabetes que padecía.

Según el periódico El Potosí, el dirigente murió la tarde sábado. Se había declarado en la clandestinidad a raíz de una orden de aprehensión dictada contra desde noviembre de 2021.

Lo llamativo es que por la mañana habló por teléfono con el dirigente Ramiro Subía, también en la clandestinidad, con quien compartió su deseo de que los cívicos se pronuncien contra la presunta cooptación de la justicia por parte del Gobierno y de la necesidad de unificar la lucha del pueblo potosino.

Siempre según El Potosí, Subia dijo que lo escuchó «cansado y respirando dificultosamente».

En esa conversación, sin embargo, Manuel «no habló de estar enfermo, por lo que se presume que su muerte fue repentina, probablemente asociada a su diabetes», apunta el medio local.

El diario dice que «se sabe que Manuel estuvo en sus últimos días en una casa del área rural, probablemente con acceso limitado a los centros de salud».

De ahí que se presume que su muerte está asociada a la diabetes y la falta de tratamiento.

Manuel, que se declaró en la clandestinidad a finales de 2021, tenía orden de aprehensión debido a los disturbios contra la ahora abrogada Ley 1386, de interdicción a la legitimación de ganancias ilícitas.

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El estado debe cumplir de buena fe lo recomendado por el GIEI

Los Estados, el Estado boliviano, tienen el compromiso por los DDHH desde 1969. En este marco, hay que entender el cumplir con las recomendaciones del GIEI.

/ 29 de enero de 2023 / 07:25

RazaPolítica

En virtud de un diálogo entre el Gobierno boliviano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 22 de marzo de 2022 se constituyó la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI-Bolivia (Meseg Bolivia), con el exclusivo fin de ver cómo cumple Bolivia lo recomendado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su Informe Final sobre la crisis de 2019. En la semana que termina, estuvo en el país un equipo de la CIDH presidido por el relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia de la CIDH, el jurista y diplomático mexicano Joel Hernández García. Animal Político tuvo la oportunidad de sostener una entrevista con el Comisionado justo cuando iba cerrando su agenda de reuniones en el país. Acaso podía obtenerse un adelanto de la evaluación en curso, pero el comisionado —algo que se entiende— prefirió más bien describir el trabajo de la Meseg Bolivia en los tres días de su visita. Con todo, era imperativo desmenuzar hasta donde se pueda las recomendaciones del GIEI y su cumplimiento. Será el lector quien juzgue si se logró o no la meta. Una de las mayores certezas, sin embargo, que aseveró Hernández fue aquella de que el carácter vinculante de las recomendaciones del GIEI no debería significar la obligación meramente jurídica, legal, que tiene el país de cumplirlas, como a regañadientes; sino más bien, como firmante soberano de la histórica Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969), el Estado boliviano debería cumplir con las recomendaciones con la mejor buena fe, por compromiso, si vale, moral con la defensa de los derechos humanos en el continente, y esto no se traduce sino en velar y ocuparse de que las recomendaciones del GIEI tengan, como dice Hernández, “un efecto útil”.

Un breve apunte aparte: vertemos la entrevista en su totalidad en razón de despejar un malentendido que se habría generado por un adelanto de la misma en la edición diaria del periódico.

—La Mesa se ha conformado el 22 de marzo de 2022. Parece que su misión termina en marzo de 2023, con un informe final, que ésta quizás sea su primera y última visita.

—No. El acuerdo que firmamos en marzo de 2022 es por dos años; tenemos todavía todo 2023 por delante, y también tenemos la posibilidad de poder extender el acuerdo por un año más. Nos encontramos a mitad del término. El siguiente paso para esta mesa es producir un informe, el informe de medio término, para poder medir dónde nos encontramos. Nos encontramos en términos de avances, de desafíos, y la visita de ahora es para ir recopilando esa información, corroborando información que ya tenemos, en miras a preparar ese informe de medio término.

—Le pido ir por el listado de recomendaciones…

—Es muy fácil de explicarlo, porque lo hemos agrupado en tres grandes rubros: el primero tiene que ver con reparación a víctimas; el segundo, con investigaciones de los delitos cubiertos en el Informe del GIEI, es decir, sobre los hechos que sucedieron en Bolivia entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2019; y, el tercero tiene que ver con medidas estructurales, son recomendaciones de largo plazo, para que se tomen medidas de no repetición. Esos son los tres rubros en que hemos dividido las 36 recomendaciones.

—Las reparaciones. Parece que es donde más se ha avanzado, por lo menos es lo que dice el ministro de Justicia, Iván Lima. ¿Cómo es la evaluación de la reparación?

Joel-Hernández
El Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia de la CIDH en La Paz, el jueves 26 Foto. oswaldo aguirre

—Por su propia naturaleza, cada uno de estos rubros tiene distintos plazos; el primero y más urgente es el que tiene que ver con las reparaciones; el segundo, por su propia naturaleza toma más tiempo, son las investigaciones y los enjuiciamientos. Y uno de largo calado es el que tiene que ver con las medidas estructurales, porque implican cambios a nivel legal o constitucional. Por eso las reparaciones, por su propia naturaleza, tienen que ser mayormente atendidas. Aquí el avance que ha habido es en la elaboración de una política de reparación integral; el Estado ha estado también con la Asamblea Legislativa en la elaboración de una ley de reparación de víctimas, y, en tercer lugar, se ha estado trabajando un registro o censo de víctimas. Son instrumentos que ha venido desarrollando el Estado con el fin último de poder dar una reparación integral. Efectivamente, ya se ha venido otorgando algún tipo de apoyos. Lo que es muy importante para la Comisión es poder constatar que han sido atendidas todas las víctimas de estos sucesos, no solamente las personas que fueron heridas, no solamente las familias de personas fallecidas, sino también otras víctimas de otros delitos, como víctimas de torturas o de detenciones arbitrarias. Y, también muy importante, que en este universo de víctimas se les dé a todos lo que en derecho internacional es la reparación integral.

—Ahí es clave el censo, porque determina finalmente quiénes son a los que hay que reparar. Y no es un censo solo de los afectados directos, sino también entornos, familiares. ¿Eso cómo está?

—Ese es uno de los aspectos que hemos dialogado con el Ministro de Justicia para saber cuáles son los avances. Necesitamos todavía mayor intercambio de información para poder valorar los avances y poder formular nuestras recomendaciones para que este proceso avance.

—Pero les han dicho que se está haciendo ya ese censo. Hay un tema que siempre ha sido problemático. A las víctimas se les puede reparar, pero hay el tema de garantizar la no repetición de estas masacres. Eso toca aspectos estructurales pero también inmediatos. ¿Cómo están en eso?

—Ahí hay temas fundamentales que tienen que ser abordados. Una de las preocupaciones del GIEI, que quedó plasmada en su informe es la existencia de discursos estigmatizantes que hay, de un racismo estructural que existe en la sociedad, que ahí tiene que haber medidas que avancen hacia la reconciliación nacional, que impulsen la mayor inclusión social, una cultura de igualdad de accesos a derechos. Entonces, sí forma parte de políticas públicas que tienen que avanzarse para recomponer el tejido social. Porque lo que sucedió en este periodo de la historia de Bolivia es un rompimiento del tejido social. Entonces, esas políticas públicas tienen que avanzar en esa dirección.

—Quizás por lo polarizados que todavía estamos en el país, hay una serie de encuentros de reconciliación que recomienda el GIEI (que no hemos hecho). Por ejemplo, que los periodistas se reúnan con las víctimas para que digan por qué han informado como han informado, digamos, u otros sectores. Eso no hemos visto mucho, la verdad. Parece que es una de las cosas que hay que trabajar también.

—Este tercer rubro, de medidas estructurales, es el siguiente foco de la mesa de seguimiento. No hemos todavía empezado, no quiere decir que el Estado no haya ya empezado a trabajar, y por el Estado me refiero a los distintos poderes públicos. Va a llegar el momento en que la CIDH debe de tomar conocimiento de lo que se ha realizado, ver cómo eso se está adecuando al informe, y a partir de ahí formular recomendaciones.

Joel-Hernández
Fotos. oswaldo aguirre

—Hay unas recomendaciones que son muy insistentes en el documento, al Ministerio Público, a la Fiscalía; ‘si tiene que reabrir casos, reábralos; haga una exhaustiva revisión de cómo están los casos, si se han llegado a resolver, sentencias, etcétera’. ¿En Fiscalía, cómo está el avance?

—Bueno, tuvimos ayer una reunión con el Fiscal nacional; fue una reunión muy productiva; él nos presentó información muy completa de los avances de las investigaciones y de los estados en que se encuentran los distintos casos relacionados. Yo creo que aquí es muy importante que la Fiscalía continúe haciendo su trabajo; hay recomendaciones muy específicas en el informe, que incluye la formación de fiscales en materia de derechos humanos. Ya se ha avanzado en la conformación de un comité de fiscales; hay una priorización de casos. Recibimos ayer una información muy útil que tenemos ahora que analizar para ver precisamente qué es lo que falta en esa materia.

—Hay un tema que sí debe ser para largo también; esto de adecuar los tipos de delitos: terrorismo, sedición, financiación al terrorismo. Sedición ya hemos retirado del ordenamiento jurídico. Pero todavía persisten terrorismo y financiación. ¿Sobre eso le ha adelantado algo?

—Tiene razón. En nuestra evaluación hemos constatado que se ha expulsado la figura de la sedición, a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional. Está pendiente el abordaje al tema de terrorismo y financiación al terrorismo. Esas son recomendaciones que hizo el Grupo de expertos a nivel legislativo, compete a la Asamblea Legislativa la enmienda de las leyes, pero la sentencia del Tribunal Constitucional nos demuestra que también existen otras vías para desaplicar figuras penales que no se ajustan a la normatividad internacional.

Los tipos penales deben de ser específicos, no ambiguos, que permitan al juzgador poder ubicar las conductas dentro de los parámetros jurídicos, sin que haya lugar a ambigüedad. Efectivamente, no hemos visto avances en el tema de terrorismo y financiación al terrorismo.

—Lo que me está diciendo es que no se necesitaría siempre del Tribunal Constitucional para proceder.

—No. Bolivia, como un Estado democrático, que tiene poderes públicos, hay siempre esta conjunción de esfuerzos entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y, bueno, compete a ustedes, bolivianas y bolivianos y a las autoridades nacionales, ver cómo atienden este tema. El punto central es evitar figuras ambiguas.

—Correcto. Hay un tema que bien harto le insiste el GIEI al país: el rol de las Fuerzas Armadas. Dice: rezago democrático son las Fuerzas Armadas y la Justicia. En las recomendaciones está que las Fuerzas Armadas informen lo que han hecho, se transparenten, la Policía igual, y que haya un mecanismo que regule el uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas. ¿Le han informado de esto?, ¿cómo está?

—También forma parte de estas medidas estructurales. Tenemos que entrar aún a esta última parte, ver los reglamentos de Policía, del uso de la fuerza, ver qué planes existen de modernización de las policías. La Policía tiene un rol fundamental en la seguridad ciudadana. La comunidad internacional ha desarrollado estándares de actuación de las policías desde hace tiempo. Entonces, tenemos que llegar todavía a ese punto, por ahora no puedo anticipar ningún juicio de valor.

—Varios informes sobre 2019 han recomendado esto, el GIEI también: lo de los grupos paraestatales. ¿Les han informado algo de eso, de cómo se está tratando?

—A la Comisión le causa mucha preocupación la existencia de grupos parapoliciales, paramilitares, cualquier denominación que se le quiera dar; es decir, actores no estatales que pueden estar afectando los derechos de las personas. Sí, el informe del GIEI dio cuenta de la existencia de esos grupos. No ha sido un tema específico de abordaje en esta oportunidad, pero es un tema de observación general de la Comisión.

—Una cosa que siempre se ha señalado es el racismo en la represión en 2019. Seguro que es de hace mucho tiempo, pero ¿hay algo que le han informado que se ha avanzado o están quedando en avanzar?

—Hay esfuerzos que se han realizado. Hemos tenido conocimiento de la realización de una cumbre contra el racismo; son esfuerzos importantes porque van sentando el camino, la ruta a seguir, las políticas públicas que se tienen que avanzar. Es un punto central en el Informe. Igual, perdón que insista, forma parte de estos temas estructurales, y es parte de la siguiente, de la segunda parte de nuestra observación y del acompañamiento que le tenemos que hacer al Estado.

—En reforma de la justicia ¿les han informado algo?

—Creo que ese es el gran clamor de toda la sociedad y de todos los actores políticos; aquí sí encuentro un consenso, es que todo el mundo quiere un sistema de justicia fortalecido, que sea independiente e imparcial, y eso pasa por un propósito de muchos actores políticos, que es alcanzar la reforma judicial.

Somos respetuosos de la manera en la cual autoridades, sociedad civil, emprendan un proceso de reforma judicial; lo importante, y ese es el objetivo último, y es lo que la Comisión estará observando, es que el sistema judicial se adhiera a los principios de independencia judicial. Ese es el fin último que se quiere alcanzar.

—Sea como fuere que alcance, o sea, Bolivia tiene sus particularidades.

—Que sea eficiente, colaborativo, que este proceso incluya la voz de la sociedad civil, que se escuchen las mejores prácticas, que sea un proceso que genere consenso, un proceso bien establecido sobre una hoja de ruta, que no sea algo abstracto que no termine de encaminarse. Son partes de un proceso que creemos que debe de impulsarse. Ya los medios mismos ya competen, entran dentro de la esfera doméstica.

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—Ahorita está en debate esto de la amnistía. Claramente, el Informe del GIEI, su recomendación dice no amnistía a quienes han cometido violaciones de derechos humanos. Ese es el principio, digamos.

—El principio del Informe del GIEI justamente es que se lleve a cabo la investigación, el enjuiciamiento, la sanción de las personas que resulten responsables de las violaciones incluidas y que haya reparación a las víctimas; ese es el principio básico del derecho internacional, y eso es lo que está plasmado en el Informe.

—Claro, proporcionalmente igual se tiene que hacer justicia, digamos.

—Ese es el tema, acceso a la justicia.

—Lo último, le ruego. ¿Qué significa esto de ‘vinculante’? Siempre hemos dicho acá: el Informe del GIEI es vinculante; la evaluación que están haciendo ustedes, ¿qué significa vinculante, qué alcance tiene?

—Es una buena pregunta, y siempre está en el debate público, en el debate académico, si las recomendaciones de la Comisión son vinculantes o no, es decir, que si tienen fuerza jurídica por sí mismas. Yo francamente creo que este es un debate académico que pasa a un segundo plano. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que los Estados han suscrito obligaciones internacionales por decisión soberana, y conforme a un principio de derecho internacional, los Estados deben de cumplir sus obligaciones de buena fe, y para que esas obligaciones se cumplan de buena fe, deben de posibilitar que la Comisión tenga un efecto útil; es decir, que los Estados deben de hacer todo esfuerzo necesario para dar cumplimiento a las recomendaciones en virtud de la obligación que han adquirido al ser firmantes de la Convención Americana de los derechos humanos, de cumplir con las obligaciones ahí contenidas, de buena fe. Entonces, es más una cuestión de un compromiso expresado por los Estados frente a la Convención Americana y frente a la CIDH, más que una cuestión de la naturaleza jurídica misma de las recomendaciones. No sé si me he dejado entender…

—¿Algo así como un compromiso moral estatal, digamos?

—Un compromiso político con la comunidad internacional.

—Una yapita. ¿Habrá alguna colaboración de la CIDH en la elección de magistrados?

—Bueno, en nuestras conversaciones yo he puesto a disposición del ministro el trabajo que ha realizado la Relatoría de la CIDH para personas defensoras y operadores de justicia. Es una relatoría que está a mi cargo y he puesto a su disposición el trabajo que ha avanzado la relatoría en el desarrollo de estándares para la independencia judicial; no hemos hablado de ninguna otra manera de colaboración específica.

—La experiencia que tienen del estándar internacional.

—Son estándares interamericanos de independencia ya muy desarrollados; inclusive algunos de ellos son resultado de las sentencias de la Corte Interamericana; pero, insisto, eso es muy importante, ya los medios y arbitrios cómo esto se ejecuta forma parte del orden interno.

— A la boliviana, digamos.

— Exactamente.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón.

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