La ministra Prada afirma que Santa Cruz perdió $us 720 millones en 20 días de paro
Prada lamentó la “irresponsabilidad” de las personas que promovieron esta medida de presión, pues ellos no son quienes asumen las consecuencias, sino los "sectores más vulnerables" de esa región.
Movilizados cerraron las principales vías en la capital cruceña. Foto: APG.
Imagen: APG.
El Gobierno informó este jueves que Santa Cruz perdió $us 720 millones en 20 días de paro indefinido.
La medida de presión es promovida por el Comité Interinstitucional cruceño, que demanda que el Censo se realice en 2023.
Al respecto, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, lamentó las pérdidas económicas que sufre esa región, además de la escalada de violencia que se registró hasta la fecha.
“Se ha generado, en estos 20 días de paro, un daño económico aproximado de más de 720 millones de dólares al departamento de Santa Cruz. Cerca de 36 millones de dólares por día. Este terrible daño económico se lo ha cargado al pueblo cruceño”, detalló la ministra.
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Prada lamentó la “irresponsabilidad” de las personas que promovieron esta medida de presión, pues ellos no son quienes asumen las consecuencias, sino los «sectores más vulnerables» de esa región.
“El gobernador de Santa Cruz (Luis Fernando Camacho) ha estado de campaña política, visitando lugares, sin pasar un día de hambre y sin ver mermado su salario, porque va a recibir su sueldo sin hacer nada”, cuestionó la funcionaria.
La Gobernación y los cívicos cruceños, aglutinados en el Comité Interinstitucional, llevan adelante esta medida de presión desde el 22 de octubre, demandando que el Censo se realice el próximo año.
Esto derivó en el cierre de negocios, cercos, bloqueos de carreteras interdepartamentales y otros conflictos que afectan también a otras regiones del país.
Ante ese escenario de crisis, el Gobierno convocó a todas las autoridades del país a una mesa técnica, en Beni, para consensuar una fecha para el empadronamiento nacional.
Sin embargo, los representantes de Santa Cruz abandonaron ese escenario de diálogo.
El Gobierno afirmó que ninguna propuesta pudo sustentar que el Censo se pueda realizar en 2023, por lo que ratificó que el proceso debe ejecutarse en 2024, aunque con la salvedad de adelantarlo hasta marzo o abril, como máximo.
La propuesta fue rechazada de nuevo por el Comité Interinstitucional. El gobernador Camacho ratificó la continuidad de paro y la planificación de nuevas medidas de presión.
Prada lamentó esa determinación y ratificó que esa medida implica un “alto costo económico” que fue “cargado” a las familias más pobres, a las comunidades indígenas como las ayoreas, gremiales, transportistas y a los sectores productivos.
“También se afectó a micro, pequeños y grandes empresarios, que están teniendo pérdidas elevadísimas, que van a tener que pagar salarios, este mes, sin haber generado ingresos (…). Contra ellos se ha cargado este paro cívico”, deploró la ministra de la Presidencia.