Tras los hechos de violencia y quema y saqueo de instituciones en Santa Cruz, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, pidió al presidente Luis Arce actuar con “mano dura” para evitar un “golpe de Estado” que puede gestarse desde esa región.
El dirigente de esa entidad apuntó al gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, al líder cívico Rómulo Calvo y al rector Vicente Cuéllar, como los principales responsables de la crisis en ese departamento.
En ese marco, pidió al Gobierno activar un “estado de excepción” y que se conforme una comisión de fiscales para investigar y procesar a los promotores del paro indefinido y las movilizaciones en Santa Cruz.
Además, la COB acusó a esos líderes cruceños de financiar a “grupos paramilitares”, como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC).
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Huarachi afirmó que desde Santa Cruz se está gestando “un nuevo golpe de Estado”, en referencia a la crisis de 2019, que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
“De una vez, el Gobierno debe poner mano dura y declarar estado de excepción en el departamento de Santa Cruz”, afirmó el máximo representante de la COB.
Asimismo, exigió la conformación de una “comisión nacional de fiscales” para investigar los hechos de violencia registrados recientemente en Santa Cruz.
Entre el mediodía y la tarde de este viernes, grupos de movilizados incendiaron y saquearon oficinas de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, ubicada en la avenida Irala del primer anillo.
En el mismo inmueble, funcionaban también oficinas de la Federación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa” y cerca de ahí, había predios de la Central Obrera Departamental (COD), que también resultaron afectados.
La secretaria ejecutiva de las “Bartolina Sisa”, Flora Aguilar, responsabilizó a Calvo y Camacho por esos actos violentos, por lo que también demandó dictar “estado de excepción” en la región cruceña y pidió procesar a los promotores de la violencia.
En ese marco, luego, Huarachi demandó que la Justicia actúe de manera inmediata ante lo que calificó como “actos de sedición y terrorismo”.
Reiteró que los líderes cruceños buscan reeditar la crisis de 2019 y ante esa eventualidad, también pidió a las autoridades tomar recaudos para procesar y encarcelar a los policías que “se presten a un nuevo motín policial”.
Esa organización de trabajadores se declaró en “estado de emergencia” y en defensa de la “unidad del Estado y la democracia”.