La Defensoría del Pueblo informó que desde el inicio del paro indefinido en Santa Cruz, el 21 de octubre en demanda de la realización del Censo en 2023, en esa región se han registrado 42 casos de vulneración de los derechos de niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores e indígenas.
A través de un comunicado de prensa, desde esta institución se condena todos los actos de violencia registrados en los 23 días de paro indefinido y aquellos que surgieron debido a la inseguridad ciudadana.
“Desde agresiones físicas, ataques a la prensa, violaciones sexuales, asesinatos, el incendio de la Federación de Campesinos, así como el saqueo del inmueble de la Central Obrera Departamental, entre otros casos, no se deben repetir ni tampoco omitir”, dice parte de la nota.
La entidad exhorta a los movilizados a precautelar la seguridad de niños y adolescentes, mujeres en gestación, personas adultas y con discapacidad a no exponerlos a situaciones que puedan vulnerar sus derechos y causarles daños irreversibles que mañana se puede lamentar.
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Asimismo, pide al pueblo movilizado a frenar la violencia, a no seguir confrontando a las familias y practicar la tolerancia y el diálogo, que son base para lograr puntos de reencuentro entre las y los bolivianos para construir nuevas soluciones.
La entidad urge a pacificar el país mediante respuestas efectivas, integrales e inmediatas por parte del Estado como único garante de la vigencia y ejercicio de los derechos humanos, así como de investigar y sancionar los delitos registrados.
“Está establecido que cualquier acción de democracia participativa reconocida en la Constitución Política del Estado (numeral 1, del párrafo II, artículo 11) debe enmarcarse en los fines del Estado Plurinacional que son reafirmar y consolidar la unidad del país y preservar la diversidad plural, así como garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes previstos en la Carta Magna”, indica la institución.