Nacional

Sunday 28 Apr 2024 | Actualizado a 01:17 AM

Richter afirma que el Comité buscó una ‘salida medianamente digna’ a su fracaso

De acuerdo con Jorge Richter, el objetivo del paro indefinido en Santa Cruz era activar el paro indefinido con connotaciones nacionales, como ocurrió en 2019.

El cabildo se realizó el domingo en la rotonda del Cristo Redentor.

Por Roberto Medina

/ 14 de noviembre de 2022 / 14:19

De acuerdo con el vocero presidencial, Jorge Richter, el Comité pro Santa Cruz trató de encontrar una “salida medianamente digna” a su fracaso por la demanda de Censo en 2023.

“Para encontrar una salida diseñaron que ahora van más allá del simple Censo en 2023, apelado a lo que está enraizado en determinados sectores de Santa Cruz como federalismo, independencia y autonomías”, dijo a Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

El Decreto Supremo 4824 garantiza la realización del Censo el 23 de marzo de 2024.

La redistribución de recursos será desde septiembre de ese año.

Lea también: Cabildo termina en trifulca y hostigamiento en casa de Calvo, al que tildan de traidor

Con este decreto se esperaba que la dirigencia cruceña deponga su medida de presión; sin embargo, el domingo, Rómulo Calvo, modificó su radical discurso.

Demandas

Desde su domicilio, aseguró que Santa Cruz no había sido atendida en sus demandas y calificó de “mezquino” el Decreto 4824.

En el cabildo se había exigido que ese decreto se formalice en una ley que incluya la distribución de recursos con los datos finales y no con los parciales.

Asimismo, que la nueva cartografía electoral esté lista antes de 2025.

El plazo de 72 horas al Gobierno para liberar a los aprehendidos.

La convocatoria a una comisión constitucional que revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano.

También exigió la unión de los demás departamentos a su demanda, entre otras.

Traición

La multitud congregada en el Cristo Redentor quedó más confundida con la postura de Calvo porque entendió que su demanda de Censo en 2023 había sido traicionada.

En la tarima hubo reclamos y amagues de enfrentamientos entre los asistentes al considerar que su lucha por el Censo en 2023 viró a exigir redistribución de dinero y escaños.

“Vendidos, traidores”, se escuchó desde varios sectores.

La multitud fue a la casa de Calvo para exigir una explicación.

El cívico trató de calmar los ánimos explicándoles que la lucha continuaba por el bien de Santa Cruz, que no se había perdido nada.

Federalismo

Calvo trató de calmarlos indicando que, al margen del Censo, se trabaja en la demanda de federalismo.

“Creo que es necesario ir por etapas, nosotros hemos desafiado al Gobierno diciéndole que si no nos escuchan vamos a tomar las acciones para iniciar el camino al federalismo”, aseveró.

“Un Estado confederado o alguna forma que nos pueda librar del centralismo abusivo en que estamos viviendo”, acotó.

De acuerdo con Richter, esa “mirada utópica” fue utilizada para encontrar “una salida medianamente digna al paro insostenible que ya cumple 24 días.

“Como no tenían otra posibilidad, trataron de instalar aquello y recorrieron sus preguntas, para tratar de cambiar el escenario y buscar una salida digna”, aseguró.

El paro

Recordó que hace varios días atrás el Gobierno propuso al Comité Interinstitucional definir la fecha del Censo en una mesa técnica y la distribución de recursos en octubre de 2024.

La propuesta fue rechazada porque, de acuerdo a los promotores del paro, el pueblo cruceño exigía Censo en 2023.

Se inició el paro indefinido que ocasionó millonarias pérdidas económicas, la molestia de miles de cruceños y hasta enfrentamientos entre distintos sectores.

Al final, implícitamente se aceptó el Decreto 4824.

Fracaso

En el análisis del vocero, en el imaginario del Comité Interinstitucional inicialmente se pretendió activar el paro con connotaciones nacionales, como ocurrió en 2019.

Incluso trató de validar una herramienta metodológica de tensionamiento y conflicto político para generar inestabilidad.

Sin embargo, esa herramienta de rupturas institucionales y constitucionales esta vez tuvo una respuesta distinta desde la población porque el contexto político, económico y social era diferente.

“Como sus temas, que eran Censo y recursos económicos, han sido atendidos, no lograron que el factor de indignación colectiva pueda ser exacerbado. Como no lograron que el Censo pueda encender al resto del país, buscaron una salida más decorosa”, enfatizó.

La medida

Richter pidió que el paro se levante de manera inmediata porque no existe un solo elemento que lo justifique.

Recordó que fueron atendidos sus requerimientos económicos y de escaños, por lo que no tiene sentido la medida.

“Ahora, si quieren escalar en temas como desafío al federalismo, nos muestra que en los hechos sociales no era paro por el censo, sino que ocultan otras intenciones de orden político”, dijo.

Aclaró que el Gobierno está siempre dispuesto a dialogar de cualquier tema, aunque no es necesario someter a la violencia y daño económico a la población

Comparte y opina:

La CIDH amplía al Estado el plazo para cumplir recomendaciones en el caso Terrorismo

Dos sobrevivientes al violento operativo policial del hotel Las Américas, en abril de 2009, comunicaron que el Estado boliviano reabrió el caso para dar con los responsables de esa acción.

Personal de la CIDH

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 27 de abril de 2024 / 17:17

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió, a favor del Estado boliviano, el plazo para el cumplimiento de las recomendaciones en el caso Terrorismo. Ahora Bolivia tiene tres meses más.

La información fue confirmada por la Procuraduría General del Estado en un comunicado publicado este sábado.

La CIDH “ha dispuesto la prórroga del plazo inicialmente fijado hasta el próximo 26 de julio de 2024, manteniéndose, por tanto, el seguimiento a las recomendaciones en fase aún no contenciosa”, dice parte del comunicado.

El caso cuyo plazo fue ampliado por tres meses lleva por nombre Mario Francisco Tadic Astorga y otros. Está referido a los hechos posteriores al violento operativo policial del 16 de abril en el hotel Las Américas, en Santa Cruz.

Caso Terrorismo

El fin de dicha operación era desarticular un grupo armado liderado por el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rózsa, fallecido en esa acción junto con el rumano Magyarosi Arpád y el irlandés Michael Dwyer.

También estuvieron implicados Elöd Tóásó y Mario Tadic, que sobrevivieron a la acción policial. Luego, aprehendidos, los investigaron porque formaban parte de un denunciado complot que, además, pretendía un magnicidio.

Estos dos últimos comunicaron el 13 de abril que el Estado abrió un proceso penal contra los responsables del operativo del hotel Las Américas.

Investigación

El comunicado de la Procuraduría señala que “los argumentos presentados por el Estado boliviano, la asistencia técnica requerida y la respuesta favorable en cuanto a las posibles reparaciones económicas que facilitará el dialogo entre partes, fueron fundamentales para la extensión del plazo”.

Reabierto el caso Terrorismo, el exvicepresidente Álvaro García Linera pidió que también se investigue a los financiadores que, según dijo, propiciaron la llegada de la “célula terrorista”.

Incluso, sin decir nombre, afirmó que “un grupo de empresarios” dotó de recursos para hospedaje, y compra de armas “de todo tipo”.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Viceministro Villca dice que congreso de mayo dará fin a la presidencia de Morales en el MAS

“No estamos peleando entre grupos, estamos velando por los derechos (político) de más de un millón de militantes”, dijo el viceministro Villca respecto de la convocatoria a congreso del MAS.

El presidente Luis Arce junto al expresidente Evo Morales. Foto de archivo: La Razón.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 27 de abril de 2024 / 17:00

El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, Juan Villca, afirmó que el congreso del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) cesará de la presidencia de ese partido a Evo Morales.

Anulado un congreso celebrado en octubre del año pasado de Lauca Ñ, el tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió no registrar sus resoluciones y amplió el mandato de la dirigencia del MAS electa en 2017.

“Aún no se han percatado que este paraguas que le ha hecho el Órgano Electoral, que le ha permitido seguir prorrogándose hasta el 5 de mayo, se acaba el 5 de mayo. Después del 5 de mayo, no es más presidente”, dijo a los periodistas.

Así, Villca se refirió al plazo fatal que el TSE emitió para que los 11 partidos de alcance nacional presenten sus nuevas directivas.

Congreso del MAS

En ese afán, el ala evista del MAS presentó una convocatoria para un congreso nacional y cumplir con lo dispuesto por la Sala Plena del TSE, pero su llamado fue observado por incumplimientos a su estatuto. Ese encuentro está previsto para el 10 de julio en el estadio Bicentenario del municipio de Villa Tunari, en Cochabamba.

Por su parte, alertadas por una posible “proscripción” del MAS, las organizaciones matrices del Pacto de Unidad, que respalda al presidente Luis Arce, decidieron convocar a un congreso el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto. Ese llamado también fue observado.

Ambas facciones afirman que cuentan con el apoyo de las organizaciones sociales y la militancia de ese partido que, según Villca, “supera el millón”.

El TSE aún no definió la “legitimidad” de ninguna de las dos convocatorias.

“Estamos en puertas de la irresponsabilidad de Evo morales de proscribir al MAS; le pusieron el límite y las organizaciones decidieron salvar al instrumento político”, agregó Villca.

Evo Morales

En criterio del viceministro, a los simpatizantes de Morales “solo le interesa que Evo Morales siga sobreviviendo (políticamente)”.

Una vez más reclamó para las organizaciones sociales la “propiedad del MAS” y dijo que son ellas las que deben definir qué ocurre en adelante.

“El MAS es de las organizaciones (…). No estamos peleando entre grupos, estamos velando por los derechos de más de un millón de militantes. El 5 de mayo ya no existe esa dirección nacional”, insistió.

Consideró que “no solo va a ser derrotado el evismo, sino las formas verticales de gobierno”

Aún pendiente la respuesta del TSE sobre el congreso del MAS, ambas facciones defendieron, por separado, tener la razón y el respaldo de la militancia del “instrumento político”.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

El presidente Arce impulsa el congreso de El Alto para ‘recuperar’ el MAS

El presidente Luis Arce defendió otra vez a las organizaciones sociales como dueñas del MAS, esta vez en un ampliado de ese partido en Tarija.

El presidente Luis Arce en Tarija.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 27 de abril de 2024 / 15:15

El presidente Luis Arce impulsa el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) convocado por el Pacto de Unidad para mayo en El Alto y dijo que ese encuentro permitirá a las organizaciones “recuperar” el denominado “instrumento político”.

“La próxima semana tenemos un congreso, donde estamos seguros que vamos a mostrar la verdadera fuerza de las organizaciones sociales y recuperar el instrumento político”, dijo el mandatario en la inauguración del ampliado extraordinario del MAS en Tarija.

Arropado por organizaciones sociales de esa región, Arce volvió a reivindicar a las organizaciones sociales como “dueñas” del MAS-IPSP (Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos).

Las declaraciones de Arce ocurren en medio de la discusión sobre la legitimidad de la convocatoria a un congreso nacional de esa organización política.

Congreso

Por un lado, la facción liderada por el jefe del MAS, Evo Morales, confirmó su encuentro para el 10 de julio de este año, en Villa Tunari, Cochabamba. Mientras que el bloque arcista ratificó su congreso para el 3, 4 y 5 de mayo, en El Alto.

Ambas convocatorias se enfrentan a la presión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que conminó al MAS a presentar su convocatoria hasta el pasado lunes, luego de una serie de observaciones.

Aún no se conoce la respuesta del TSE sobre cuál de las convocatorias goza de “legitimidad”.

“No hay nadie que se crea dueño del instrumento político, no hay dueño del MAS nacional ni del MAS de Tarija; los únicos dueños son las organizaciones sociales”, agregó el mandatario y volvió a defender el congreso previsto para mayo.

La discusión por la legitimidad de ambas convocatorias generó un intercambio de críticas entre ambas facciones del MAS.

Luis Arce

Miembros del arcismo calificaron de “caudillo” a Morales, de quien además dijeron que no es dueño de ese partido. Incluso, el vicepresidente David Choquehuanca, sin alusiones directas, defendió el cambio de liderazgos en esa fuerza. “Deben ser líderes sanos, apegados a la verdad y comprometidos con su pueblo”, pidió en varias ocasiones.

Por otro lado, la facción evista y el mismo Morales calificaron a Arce de “traidor” y de “derechizador” del llamado proceso de cambio. En medio del quiebre interno, el exmandatario y sus seguidores denunciaron un supuesto plan negro que, según dijeron, busca la inhabilitación de Morales a las elecciones presidenciales de 2025.

“No vamos a retroceder, sus amenazas y críticas no nos amedrentan”, arengó Arce.

Distanciados políticamente, Arce y Morales promueven la legitimidad del congreso, pero el TSE determinara aquello, cuando comunique su decisión respecto de las dos convocatorias.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Una audiencia ‘determinante’ de amparo resolverá el lunes si las judiciales marchan o no

Hasta el jueves, se presentaron ocho amparos constitucionales sobre el proceso de preselección, de los que cuatro frenan la actividad.

La Comisión Mixta de Constitución revisa las carpetas de los postulantes.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 27 de abril de 2024 / 14:54

La audiencia para la resolución de una acción popular en contra de la Ley 1549 fue fijada para el lunes a las 09.00 en Cochabamba. Se trata de un recurso de acción popular presentado por la abogada Yeny Dury Bautista, que denuncia la supuesta vulneración de los derechos de las mujeres indígenas en el proceso de preselección a las elecciones judiciales.

Ese recurso fue presentado por la profesional el 18 de abril, en Cobija, Pando, ante la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia. Solicita la paralización del cronograma de preselección para que “no se vulneren los derechos colectivos demandados”.

Según la denuncia, no existen candidatas pertenecientes a los pueblos indígenas, originarios, campesinos de Pando habilitadas al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como dispone la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

Elecciones judiciales

Al respecto, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui advirtió que ese amparo puede afectar no solo parcialmente la fase de preselección, sino el proceso en su conjunto. Explicó que, en este caso, la denuncia no es por una vulneración a un derecho del postulante, sino por atropellos e irregularidades contrarias a lo establecido en la Ley de Elecciones Judiciales.

“Es un poco más complejo, porque no se está hablando de un tema particular con relación a una o un postulante. Se está hablando, alegando, que los criterios de igualdad que contendría la Ley 1549 no estuviese permitiendo que en el caso de algunos departamentos puedan sus postulantes tener las mismas oportunidades (…); esa acción popular sí es para preocuparse”, sostuvo.

Proceso

El reclamo de la abogada está basado en el artículo 4 de la Ley 1549, que “garantiza una preselección equitativa de hombres y mujeres (…). En la presentación de postulaciones, supone el acceso y participación de ciudadanos de naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades interculturales y afrobolivianas”.

Sobre eso, Jáuregui señaló que la determinación de esa acción popular puede “determinar la continuidad o la paralización” definitiva del proceso.

Hasta el jueves, se presentaron ocho los amparos constitucionales de postulantes inhabilitados para las judiciales; la Justicia otorgó tutela en cuatro casos, según informó el presidente de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, Miguel Rejas.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

La Defensoría identifica 103 conflictos en el primer trimestre de este año

Un informe publicado por la Defensoría del Pueblo da cuenta que 35 de los 103 conflictos del primer trimestre de este año ocurrieron en La Paz y Santa Cruz.

Un bloqueo en Cochabamba.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 27 de abril de 2024 / 10:40

Un informe de la Defensoría del Pueblo identificó 103 conflictos en el primer trimestre de este año. La mayoría de esos hechos ocurrieron en los departamentos de La Paz y Santa Cruz.

“De 103 conflictos, los departamentos de La Paz y Santa Cruz, reportan respectivamente 18 y 17 hechos de conflictividad, determinando los que mayor cantidad de demandas plantean, seguidos de los departamentos de Potosí y Beni, con 16 y con 15 el departamento de Cochabamba”, dice el informe del Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT), citado en una nota de la Defensoría.

Del total de esos casos, según el SIMAT, 75 fueron conflictos sociales como tal, mientras que 27 fueron alertas tempranas y hubo un acuerdo de resolución de conflicto.

Defensoría del Pueblo

El informe muestra que el principal motivo por las movilizaciones está relacionado con el ámbito laboral, “por la falta de pagos de haberes devengados; la suspensión y extinción de fuentes laborales por parte de los tres niveles del Estado.

“Los hechos de conflictividad en regiones han persistido con mayor prolongación de tiempo y mayor intensidad en sus medidas de presión”, añade la nota.

Entre sus ejemplos, cita los bloqueos de carreteras propiciados por sectores afines al expresidente Luis Arce que exigieron la realización de elecciones judiciales y la renuncia de los magistrados y consejeros electos en 2017.

Asimismo, el informe muestra que, de la totalidad de reportes presentados, la mayor medida de presión utilizada por los actores demandantes es el bloqueo, como forma determinativa de exigencia de demandas.

Derechos

Aparte de lo expuesto, el documento identificó 39 casos del derecho al trabajo y empleo “que se han determinado por las tipologías laborales y económicas, lo que agrava más la situación del problema de estabilidad laboral o creación de fuentes de empleo.

También, advirtió la vulneración del derecho a la educación, principal función suprema del Estado, debe garantizar el acceso a este derecho humano y otros que se presentan en las gráficas del informe de conflictividad en Bolivia.

La Defensoría, según la nota, intervino en la resolución de conflictos “estratégicos”, entre ellos, elecciones judiciales y prórroga de autoridades judiciales, desabastecimiento de combustible, modificación a Ley de Pensiones, censo y límites municipales y departamentales, “elecciones primarias a través de las verificaciones in situ”, seguimiento y acciones para restablecer los derechos humanos.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Últimas Noticias