Este martes en la noche, un juez determinó que los 10 aprehendidos por la violenta quema de la sede de los campesinos en Santa Cruz, el viernes 11 de noviembre, sean liberados.
La información fue proveída por el abogado Hugo Vaca, quien indicó que se expedirán los “mandamientos de libertad” porque la Fiscalía no pudo sostener sus acusaciones.
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El viernes 11, en medio del paro indefinido que entonces exigía que el Censo sea en 2023, un grupo quemó la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (FSUTCB).
Más aún, luego los movilizados saquearon la sede de la Central Obrera Departamental (COD) e intentaron hacer lo mismo con las oficinas del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La Policía evitó que sucediera lo mismo en la sede del INE. La medida de presión suma 25 días, mientras el Gobierno emitió un decreto que definió el Censo para el 23 de marzo de 2024.
Vaca señaló que los 10 liberados tienen medidas sustitutivas, o sea fueron arraigados, deben pagar una fianza, tienen detención domiciliaria de 21.00 a 06.00 y no deben acercarse a personas involucradas con el caso.
Eso sí, el abogado anunció que se apeló esa determinación y denunció que al menos ocho de los implicados no se encontraban el viernes 11 en el lugar donde sucedió el incendio.
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Por su parte, el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, celebró esta decisión judicial. “Nos alegramos”, remarcó, y pidió que se acaben las injusticias.
La anterior semana, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, había denunciado que incluso había un plan para asesinar a las personas que se encontraban en la sede campesina.
En el caso de la toma y el saqueo de las instalaciones de la COD, cinco de los aprehendidos fueron beneficiados con detención domiciliaria, y otros dos se acogieron a un juicio abreviado.
O sea, fueron sentenciados este martes a cuatro años de cárcel tras admitir la comisión de los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y robo agravado.
El presidente Luis Arce definió que el proceso censal se realizará en marzo de 2024 y que los recursos para las regiones, con base a los datos preliminares, se distribuirán en septiembre.
No obstante, ahora el Comité Interinstitucional cruceño exige que esto se garantice con una ley; más aún, se anunció un proyecto de ley para que el Censo se realice en octubre de 2023.
Asimismo, se busca que los resultados finales del proceso sean entregados hasta antes del tercer trimestre de 2024 y que se aplique la distribución de recursos para las regiones y la reasignación de escaños parlamentarios hasta antes de las elecciones de 2025.