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Saturday 2 Mar 2024 | Actualizado a 01:34 AM

Vocal del TSE afirma que la distribución de escaños está sustentada en la ley y la Constitución

“Existe mucha desinformación” en algunos actores “que buscan forzar la democracia en relación a la deslegitimación del padrón electoral que tenemos”, afirmó Francisco Vargas.

El vocal del TSE Francisco Vargas en diálogo con La Razón Radio.

/ 25 de noviembre de 2022 / 14:30

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Francisco Vargas afirmó que la distribución de escaños legislativos está normada en la Ley 026, de Régimen Electoral y en la propia Constitución Política del Estado.

Consultado este viernes en La Razón Radio —conducido por los periodistas Rubén Atahuichi y Antonio Dalence— sobre las declaraciones del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, el juez electoral apeló a ambas normas para su respuesta.

También dejó en claro que no existe una relación jurídica entre el Censo de Población y Vivienda y el padrón electoral biométrico

Aseveró que el padrón electoral es “altamente confiable” y que “existe mucha desinformación” en algunos actores “que buscan forzar la democracia en relación a la deslegitimación del padrón electoral que tenemos”.

A la pregunta de si hay diferencias entre los votos rural y urbano, Vargas reivindicó el principio de “un ciudadano, un voto”, lo que está inscrito en la Constitución Política del Estado.

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Escaños

—¿Valía la pena llegar a este clima de situación crítica en el país con la discusión sobre la fecha del Censo?

—La Constitución es clara, el artículo 146 establece que para la redistribución de escaños se utilizarán los datos del último Censo de Población y Vivienda.

Si el Censo se realiza de manera previa a la convocatoria a la realización de una elección general, todos los órganos del Estado deben hacer los esfuerzos necesarios para dar cumplimiento a esta disposición constitucional, además, llevar adelante el proceso de nueva distribución de escaños parlamentarios.

—El senador Andrónico Rodríguez decía que no se necesita una ley específica para la redistribución de escaños porque la Ley 026, de Régimen Electoral, ya plantea ese trámite una vez conocidos los datos del Censo

—La Constitución y la Ley 026 establecen quiénes son las instancias que son parte de este proceso de elaboración de la ley, porque una ley de distribución de escaños debe tener un sustento técnico, salir del Tribunal Supremo, debe ser remitida a la Asamblea Legislativa y es esta instancia que deliberará su aprobación.

La distribución de escaños parlamentarios no se basa solamente en el criterio de población o de cierta cantidad de población para establecer una circunscripción o representación política.

Nuestra Constitución también habla del criterio de equidad basado en otorgar escaños a departamentos que tienen menor grado de desarrollo económico y menor población.

Son dos criterios adicionales que deben ser considerados para la nueva distribución de escaños.

La distribución de escaños sí debe llevarse adelante con una ley debidamente aprobada y promulgada con carácter previo a la emisión de una convocatoria para un proceso electoral general.

Ley

—¿Si ya está todo definido, ustedes no necesitan una ley para comenzar a aplicar una redistribución con base en estos dos criterios?

—El Órgano Electoral requiere los datos oficiales que se vayan a dar después del Censo, deben ser oficializados por el Órgano Ejecutivo, que es la instancia de la que depende el Instituto Nacional de Estadística (INE) para que podamos realizar nuestro trabajo.

En cuanto a la ley que se está debatiendo, corresponde que los miembros del Órgano Legislativo puedan dar a conocer sus fundamentos y opiniones.

Como Órgano Electoral, somos muy respetuosos de las atribuciones de cada uno de los órganos del Estado.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ya hizo un pronunciamiento en días pasados en el que hizo conocer que requiere tener datos oficiales en el mes de septiembre (2024) para llevar adelante el proceso de elaboración de una ley debidamente sustentada para la distribución de escaños, y, luego de aprobarse dicha ley, proceder a la delimitación de circunscripciones uninominales.

Padrón electoral

—Una discusión que se ha desatado es el saneamiento del padrón electoral, incluso autoridades electas con el padrón actual cuestionan su transparencia. ¿Hay un criterio previo en este sentido del Tribunal Supremo?

—Existe mucha desinformación y se genera desconfianza en torno al registro electoral.

No existe relación jurídica entre el Censo de Población y Vivienda y el padrón electoral biométrico; son dos cosas diferentes.

La única relación que pueda existir es de tipo estadística en el sentido de que el Censo puede arrojar datos de cierta cantidad de personas mayores de 18 años, que deberían estar en el padrón, versus los datos que cuenta el Órgano Electoral del padrón electoral, que solo registra a personas mayores de 18 años.

A lo largo de la historia nunca ha existido una mayor cantidad de personas empadronadas versus los datos que ha arrojado los diferentes censos de Población y Vivienda.

Al contrario, los datos de ciudadanos empadronados son inferiores a los datos de ciudadanos censados mayores de 18 años, porque en nuestro país aún existe un subregistro electoral de algunas personas que por diferentes cuestiones han decidido no empadronarse.

A pesar de los esfuerzos del Órgano Electoral, aún hay personas que no son parte del padrón electoral, como la comunidad de menonitas o personas en situación de calle o en comunidades alejadas.

No existe una relación jurídica y no ha permitido nunca los datos del Censo determinar que un padrón electoral sea invalidado; es más una cuestión de desinformación de algunos actores políticos que buscan forzar el tema de la democracia en relación a la deslegitimación del padrón electoral que tenemos.

Nuestro padrón es altamente confiable, en 2017 fue sometido a una auditoría integral por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y confluye que es confiable para la realización de diferentes procesos electorales.

Se trabaja en las recomendaciones como mayor eficiencia en la depuración de fallecidos, llevar adelante mejores procesos de saneamiento o la actualización de la plataforma tecnológica y es lo que el Órgano Electoral lleva adelante.

Votos

—Otra de las observaciones de actores políticos es la diferenciación entre votos del campo y ciudad, ¿existe esto?

—Nuestro sistema electoral es mixto, no todos los diputados se eligen en circunscripciones uninominales, la mitad de los diputados se elige bajo el sistema proporcional en una circunscripción departamental.

60 de los 130 diputados se eligen en circunscripción departamental bajo el sistema proporcional. O sea, el partido que gana en el departamento, bajo este sistema proporcional, gana mayor cantidad de diputados plurinominales.

Otra cierta cantidad, que son 63 diputados, se elige por mayoría de votos en la circunscripción. Una circunscripción está conformada por ciudadanos que habitan en un determinado territorio.

En algunos casos, varias circunscripciones son parte de una ciudad y, en otros casos, una circunscripción tiene varios municipios que son las circunscripciones rurales.

Otros siete diputados se eligen bajo el criterio de plurinacionalidad; son siete diputados de las circunscripciones especiales indígenas que representan el 4% del total de miembros de la Asamblea Legislativa.

Nuestra representación política no solamente está basada en el criterio de representación por circunscripciones uninominales; la mitad de los diputados, o poco menos de la mitad, se elige bajo el sistema proporcional.

Una organización política que gane en un departamento va a ganar más diputados que la otra organización política que hubiera tenido menos votos y 63 diputados se eligen en circunscripciones uninominales.

Hay circunscripciones que se diseñan en base a diferentes criterios; es el segundo trabajo que llevará adelante el Órgano Electoral una vez que cuente con la ley de distribución de escaños, y esto tiene que ver con delimitar las circunscripciones.

Voto rural y urbano

—El expresidente del TSE Salvador Romero decía en 2020 que el voto rural y urbano es lo mismo, sobre el mismo principio de ‘un boliviano un voto’. ¿Coincide con esa consideración? ¿amerita una reconsideración de esas diferencias?

—Un ciudadano es un voto, eso está determinado en la Constitución. Para que existan cambios en el sistema electoral boliviano, deberían cambiarse y modificarse muchos aspectos de la Constitución.

Están también redefinidos y definidos en la Ley del Régimen Electoral

Lo que lleva adelante el Órgano Electoral es aplicar dichas disposiciones que no son de ahora, de esta Constitución.

El sistema de representación política viene desde los años 90 y es el mismo que se ha aplicado, a excepción de la incorporación de siete circunscripciones especiales indígenas

Eso ha sido lo que ha incorporado la nueva Constitución, que ha respondido a una demanda histórica de participación política de los pueblos indígenas que constituyen minorías étnicas en el país y que bajo el sistema de representación de ‘un ciudadano un voto’ un miembro, un representante del pueblo ayoreo, no tuviera nunca la posibilidad de acceder a la representación política.

La Constitución sí ha incorporado las circunscripciones especiales indígenas que tienen que ver con las elecciones que tienen los pueblos indígenas en siete departamentos, de sus diputados que los representan.

Como Órgano Electoral, hemos abierto la posibilidad de que no solamente tengan el monopolio los partidos políticos para presentar candidatos y candidatas en estas circunscripciones.

Sino también se ha abierto la posibilidad de que las organizaciones de los pueblos indígenas también puedan postular candidatos en las circunscripciones especiales indígenas.

Es parte del reconocimiento a la diversidad cultural y a la preexistencia de las naciones y pueblos indígenas.

—¿Considera que puede resultar un falso debate hablar de diferencias entre el voto rural y urbano?

—Nuestro sistema electoral es mixto, combina la representación proporcional con la territorial en las uninominales.

Cerca de la mitad de los diputados son elegidos bajo el sistema proporcional y la otra mitad, por circunscripciones uninominales.

—¿Considera que las divergencias sobre la fecha del Censo afectan a la democracia? ¿Ameritaba un paro, una ley o un conflicto tan divergente como el que vimos estos días?

—Todas las acciones que se enmarquen en la Constitución y la democracia le hacen bien a la democracia.

Pero las acciones que se desmarquen de la democracia, de la Constitución y se traduzcan en medidas de hecho, no ayudan, no fortalecen nuestro sistema democrático.

Ahí, los actores políticos tienen que ser muy responsables en las acciones, en lo que dicen y plantean.

Han sido elegidos por los ciudadanos para gobernar y deben garantizar una gobernanza debidamente responsable para todos y todas, no solo para aquellos que han votado a favor, sino también para toda la ciudadanía.

Es necesario mayor reflexión de los diferentes actores políticos en torno a los diferentes hechos, diferentes situaciones que de aquí en adelante se van a venir.

Son una serie de acontecimientos que en el futuro, con seguridad, van a ser objeto de debate y creo que es necesario que existan espacios abiertos de respeto para poder alcanzar consensos.

—¿Cómo va a responder el Tribunal Supremo a la demanda que, a propósito del conflicto por el Censo, surge en relación al saneamiento del padrón electoral?

—Se está llevando adelante todo un proceso de saneamiento desde que la actual sala plena asume funciones en diciembre de 2019, que tiene que ver con el saneamiento permanente, la participación de jóvenes, depuración de fallecidos.

Se han realizado diferentes acciones para que los ciudadanos puedan coadyuvar en las depuraciones de personas fallecidas en el padrón.

Ese padrón se ha utilizado en 2020 y no ha sido objeto de mayor observación por las diferentes misiones de acompañamiento y observación electoral que han llegado al país.

El informe de auditoría integral a las elecciones que realizó la OEA en 2019 tampoco menciona o hace alguna observación al padrón electoral.

En el informe no se encuentra observación alguna al padrón electoral.

En el informe de auditoría de 2019 y 2020 más bien las diferentes misiones han valorado la organización y administración del proceso electoral y el padrón ha servido para la elección y administración de la elección subnacional de 2021

Donde vemos un ramillete de autoridades electas de diferentes tiendas políticas con dicho padrón electoral y bajo las reglas del sistema democrático que tenemos actualmente vigente en el país.

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Tras la aprobación de cinco créditos, Huaytari suspende debate de las leyes antiprórroga

En una sesión maratónica fijada por tiempo y materia, la Cámara de Diputados aprobó ayer seis de los siete créditos externos.

Sesión de la Cámara de Diputados

Por Boris Góngora

/ 1 de marzo de 2024 / 22:01

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, aplazó el tratamiento de los proyectos de Ley 073 y 075, referidos a la suspensión de plazos procesales y la prórroga de magistrados, luego de la aprobación de cinco créditos externos.

“Colegas diputados, yo creo que no vamos a discutir, creo que la nota está clara, no estamos fuera de marco, yo acabo de conocer. En tal sentido vamos a aplazar el (proyecto de ley) 073 y 075. Asimismo, sin tener puntos a tratar en asuntos en mesa, la presente convocatoria se levanta hasta la siguiente sesión”, dijo Huaytari.

Noticia en desarrollo…

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El Gobierno repudia ataque contra policías antidroga en el Chapare y anuncia investigación

Tres policías fueron atacados por una turba de personas en Villa Tunari, que tenían el rostro tapado.

Policías de la FELCN ejecutan la destrucción de una fábrica de droga.

Por Boris Góngora

/ 1 de marzo de 2024 / 20:40

El viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, repudió el ataque contra efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) cuando se disponían a destruir una fábrica de droga en el municipio de Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba. Anunció que se activarán investigaciones para dar con los responsables.

“Expresamos nuestro total repudio y rechazo a las acciones violentas y delictivas de grupos criminales dedicados al narcotráfico, que el 29 de febrero obstruyeron el trabajo de nuestros efectivos de la FELCN, cuando procedían a destruir e incinerar una fábrica móvil de pasta base de cocaína en inmediaciones de la Central Nueva Tacopaya del municipio de Villa Tunari, provincia Chapare”, señaló.

Lea más: Arce pide a países luchar contra el consumo y la producción de drogas, no solo ‘un lado

Según el reporte policial, tres policías fueron atacados por una turba de personas en Villa Tunari, que tenían el rostro tapado. Mamani indicó que los implicados se encontraban armados de piedras, palos, machetes y picotas.

“Rodearon y agredieron físicamente a efectivos de la FELCN, llegando incluso a rociarles con gasolina, amenazándolos con quemarlos vivos; sin embargo, gracias al oportuno refuerzo de otras patrullas de la FELCN lograron ser exfiltrados y los heridos trasladados al hospital de tercer nivel de Villa Tunari”.

Los heridos fueron identificados como el subteniente Edson C. P. y los sargentos mayores Sergio M. T. y Edwin Q. L. “Iniciaremos todas las acciones investigativas necesarias en contra de los autores intelectuales y materiales, hasta que sean sancionados con todo el peso de la ley”, añadió Mamani.

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Lidia Paredes es la primera mujer en registrar su postulación para las judiciales

La Comisión Mixta de Constitución registró a otros dos postulantes para el TSJ y la Comisión Mixta de Justicia Plural también recibió otras dos postulaciones. 

La abogada chuquisaqueña Lidia Paredes presenta sus documentos en la Asamblea.

Por Boris Góngora

/ 1 de marzo de 2024 / 20:26

En la undécima jornada de recepción de postulantes para magistrados y consejeros del Tribunal Constitucional (TCP) y otras instancias del Órgano Judicial, la chuquisaqueña Lidia Paredes se convirtió en la primera mujer en postularse para las judiciales, al cargo de magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“La primera mujer registra su postulación al TSJ. Se trata de Lilian Paredes Gonzales, de profesión abogada y de 64 años, por el departamento de Chuquisaca”, indicó la Cámara de Senadores, en su cuenta de redes sociales. 

Además, la Comisión Mixta de Constitución registró a otros dos postulantes para el TSJ y la Comisión Mixta de Justicia Plural también recibió otras dos postulaciones. 

Desde el inicio de la preinscripción, hasta este viernes hay 16 abogados inscritos: nueve para el TSJ, tres para el Tribunal Agroambiental (TA), dos para el TCP y dos para el Consejo de la Magistratura.

El lunes, el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla, dijo que los siguientes días se seguirán presentando los demás postulantes y ratificó que el plazo para la entrega de documentación es hasta el 10 de marzo.

“Hay dos semanas más para que nuestros profesionales se postulen a estos cargos muy importantes”, indicó.

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Las inscripciones se reciben de 08.30 a 12.00 y de 14.30 a 18.00 de lunes a viernes; los sábados, domingos y feriados, el horario es de 08.00 a 12.00 en el antiguo hemiciclo de las cámaras de Senadores y de Diputados. 

La etapa de presentación de postulaciones tiene una duración de 20 días, para luego ingresar a la verificación de requisitos comunes y específicos por un periodo de cinco jornadas, los cuales deberán ser aprobados por dos tercios de los miembros de cada comisión.

Posteriormente, se llevarán a cabo las impugnaciones, la revisión de éstas, las evaluaciones orales y de méritos, y se emitirá un informe por parte de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural al pleno de la Asamblea Legislativa.

Al final, se tendrá una lista de entre 36 y 72 postulantes para cada tribunal, garantizando la equidad de género y la representación indígena originaria campesina.

El proceso de preselección y elección de las nuevas autoridades del Órgano Judicial se realizará en un plazo máximo de 230 días.

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Diputados piden informe para aprobación de séptimo crédito, ahora comienza el debate de la prórroga

Así, se concluyó con el debate de los siete créditos externos demandados por el Gobierno. Ahora, comenzó la pulseta para el tratamiento de proyectos de ley 073 y 075, referidos a los plazos procesales y la prórroga de los magistrados. 

Sesión de diputados en el tratamiento de los proyectos de ley de los créditos.

Por Boris Góngora

/ 1 de marzo de 2024 / 18:27

La Cámara de Diputados aprobó solo en grande el séptimo proyecto de ley de créditos externos, referido al “Programa de Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo II”, por $us 52 millones, y pidió un informe para su tratamiento en detalle.

“Este proyecto de Ley 268/2022-2023 vamos a aplazar para que los de la comisión y también de la antigua directiva del año pasado podamos tener mejor información. Entonces queda aplazado este proyecto para la posterior sesión”, dijo el presidente de la Cámara Baja, Israel Huaytari (MAS).

Las observaciones señalan que este documento fue avalado en la anterior legislatura, cuando el presidente de la instancia camaral era Jerges Mercado, actual presidente de la bancada del MAS. Por ello, se solicitó un informe.

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Así, se concluyó con el debate de los siete créditos externos demandados por el Gobierno. Ahora, comenzó la pulseta para el tratamiento de proyectos de ley 073 y 075, referidos a los plazos procesales y la prórroga de los magistrados. 

En una sesión maratónica y luego de registrarse bochornos, incluso con golpes entre legisladores, Huaytari reinstaló el debate el jueves.

El viernes ya había sido aprobado un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que fue frenado en el Senado hasta que se emita un informe sobre supuestas irregularidades en la votación.

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El Pacto de Unidad afín a Arce llama a congreso del MAS en El Alto para mayo

La Dirección Nacional del MAS, que respalda a Morales, aclaró esta semana que cualquier llamado a un cónclave debe ser hecho por el presidente de esta instancia, por lo cual restó valor a las determinaciones del Pacto de Unidad que apoya a Arce.

La directiva del Pacto de Unidad arcista en el ampliado de La Paz.

Por Boris Góngora

/ 1 de marzo de 2024 / 17:55

El Pacto de Unidad afín al presidente Luis Arce, luego de un ampliado en La Paz, definió este viernes que del 3 al 5 mayo se realizará el IX Congreso Ordinario del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), en la ciudad de El Alto.

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Lucio Quispe, indicó que este evento se realizará en el coliseo Héroes del Pacífico. 

“Como Pacto de Unidad hemos convocado a este ampliado, han llegado todas las organizaciones y hermanos del instrumento político. Ya está lanzada la convocatoria”, dijo, en contacto con la prensa.

Esteban Alavi, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), invitó a la dirigencia nacional, departamental y demás regionales a participar de esta convocatoria.

“Después de un debate se elabora la convocatoria al nuevo congreso en El Alto. Hay una unidad del país y unidad de la militancia. Ahí estaremos juntos, la familia intercultural está unida siempre para rescatar lo que estaba desviado el instrumento político”.

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Felipa Montenegro, ejecutiva departamental de la Federación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, indicó que se realizó un ampliado “muy democrático”, en consenso, donde se vio la madurez y la responsabilidad de cada sector de las organizaciones sociales.

“Ahora al fin nuestras organizaciones sociales van a ser respetadas a la cabeza del Pacto de Unidad y le damos ese respaldo para que sigan adelante y a la comisión política. Ya tenemos fecha y ahora, hay que trabajar para la unidad”.

De acuerdo con el número de acreditados, las direcciones departamentales del MAS deberán registrarse con 80 delegados. Las organizaciones sociales fundadoras del partido: (CSUTCB, CSCIB y Bartolinas) con 200 delegados cada una, la Central Obrera Boliviana (COB) con 20 y otras confederaciones y federaciones nacionales, con entre 100 y 50 delegados.

En octubre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) desconoció el congreso realizado en Lauca Ñ, en el Chapare de Cochabamba, donde se había ratificado el liderazgo del expresidente Evo Morales y se lo nombró como “único candidato” con miras a las presidenciales 2025. Por ello, dispuso que se realice otro encuentro que tome en cuenta a las organizaciones fundadoras del frente político.

Dispuso que la directiva actual del MAS, registrada en 2017, adopte todas las medidas para emitir una nueva convocatoria a un congreso dentro de las determinaciones de su propio estatuto y las determinaciones del TSE.

La Dirección Nacional del MAS, que respalda a Morales, aclaró esta semana que cualquier llamado a un cónclave debe ser hecho por el presidente de esta instancia, por lo cual restó valor a las determinaciones del Pacto de Unidad que apoya a Arce.

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