El segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, informó la tarde de este martes que una “comisión de notables” ya inició el trabajo para analizar la relación entre Santa Cruz y el Estado boliviano.
Se trata de uno de los mandatos del cabildo cruceño del pasado 13 noviembre, en el que también se exigió la aprobación de una Ley del Censo, norma que este martes fue sancionada en el Senado.
“Se está trabajando en todos los aspectos, es un equipo multidisciplinario donde hay abogados, sociólogos, hay gente de todas las profesiones (…). Aquí se está hablando del área productiva, del área tecnológica, de todo lo que Santa Cruz es y hacia dónde va ir”, explicó el dirigente cívico.
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Agregó que, de momento, los nombres de esos “notables” se los mantendrá en reserva y que “pronto” se darán a conocer los avances que tiene esa comisión.
“El trabajo ya está avanzando, hemos decidido en un cabildo fijar un nuevo horizonte para todos los bolivianos que viven en Santa Cruz, y por eso el proyecto está avanzando, está en curso y en su momento se conocerá a las personas”, reiteró Cochamanidis.
La pasada semana, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, explicó —de manera escueta— que esa propuesta es una forma de decir que “vamos a buscar la forma de autodeterminarnos”.
Para el Gobierno, esa determinación quedó “fuera de contexto”, pues además del decreto 4824, que fija el Censo para el 23 de marzo de 2024, el debate para solucionar esta crisis se dilucidó en el Legislativo.
En ese escenario, se sancionó este martes la Ley para la Distribución de Escaños en Base a los Resultados del Censo de Población y Vivienda 2024.
La propuesta pasó al Ejecutivo para su correspondiente promulgación.
En función a esa norma, en septiembre de 2024, se realizará la redistribución de los recursos de coparticipación a los nueve departamentos y se realizará la reasignación de escaños, para las elecciones generales del 2025.
Si bien el conflicto por el Censo ya fue superado, las instituciones cruceñas anunciaron que aún está en pie el mandato del cabildo: revisar la relación con el Estado.
El asesor del Comité Interinstitucional, José Luis Santiestevan, explicó que esto implica analizar las labores que desempeña la Policía, Fiscalía, Justicia, el Defensor del Pueblo, Contraloría y otras entidades.
Asimismo, se prevé hacer un diagnóstico de la “autonomía profundizada, diferenciada, segmentada por departamentos o una forma o cambio de modelo de Gobierno”.