A finales del 2020, la exdiputada Lidia Patty (MAS) interpuso una querella penal contra los políticos que promovieron la dimisión del entonces presidente Evo Morales, en 2019, al que se denominó caso Golpe de Estado I. Ahora solo se indaga el delito de terrorismo.
En este caso se investiga, principalmente, a seis personas: la expresidenta transitoria Jeanine Áñez; los exministros Arturo Carlos Murillo Prijic, Yerko Martín Núñez Negrette y Luis Fernando López; además de Luis Fernando Camacho Vaca y su padre, José Luis Camacho Parada.
En un principio, Patty presentó la denuncia por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo, contra los que considera que fueron promotores de la crisis política y social en 2019. Este año, se dejó sin efecto los primeros dos delitos.
En ese proceso, la exmandataria es la principal acusada, por lo que desde 2021 guarda detención preventiva en espera del respectivo juicio, que deberá ventilarse por la vía ordinaria.
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En la querella también se incluyó a exjefes militares y policiales.
Desde 2020, también se requirió la presencia de Camacho, quien un año después ganó las elecciones subnacionales y se convirtió en el nuevo gobernador de Santa Cruz.
Sin embargo, su declaración fue suspendida en dos oportunidades, la primera en La Paz y la segunda en Santa Cruz, ante presuntas amenazas de muerte que recibió la comisión de fiscales.
Tras una serie de dilaciones, en octubre de este año la Fiscalía emitió una orden de aprehensión en contra de la actual autoridad gubernamental, que fue ejecutada este miércoles.
Camacho fue capturado en Santa Cruz y trasladado a La Paz, para comparecer ante el Ministerio Público, y así se definirá su situación jurídica.
Con todo, en el transcurso de estos años la justicia determinó dejar sin efecto dos de los tres delitos por los cuales se procesa a los principales implicados. En ese marco, se determinó que el único delito en pie es el de terrorismo.
En agosto de este año, la Fiscalía rechazó la denuncia por sedición y conspiración, luego que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucional y expulsó del ordenamiento jurídico el delito de sedición, a través de la Sentencia Constitucional 04/2022.
En ese marco, la denuncia de Patty por esos delitos fue declarada inviable, pero se ratificó que la investigación del caso Golpe de Estado I continúa por el delito de terrorismo en contra de las personas mencionadas.
Este caso tiene relación con los hechos de 2019, que derivaron en la dimisión de Morales, además de las protestas alentadas por cívicos liderados por Camacho.
A esto se suma el motín policial y la “sugerencia” de la cúpula militar para la dimisión presidencial, lo que desembocó en la proclamación de Áñez, primero, como presidenta del Senado y luego como presidenta del Estado.
En este tiempo también se activó el denominado caso Golpe de Estado II, el cuál sí registró mayores avances, pues en junio de este año la exmandataria transitoria ya fue sentenciada, en primera instancia, a 10 años de cárcel.