La pérdida económica por la quema de la infraestructura y mobiliario de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz asciende a Bs 37 millones, datos que fueron avalados por peritos que realizan las investigaciones.
“Se tiene una pérdida de 37 millones de bolivianos de afectación en contra de un patrimonio del Estado, en este caso de Santa Cruz”, dijo el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca.
La autoridad indicó que se ha destruido prácticamente todo el edificio; “se quemaron todos los muebles, equipos de informática y los vehículos”, indicó.
Agregó que los funcionarios de esta institución van a seguir trabajando en diferentes oficinas y por teletrabajo para continuar con la atención de casos.
El 28 de diciembre, la violencia se desbordó en Santa Cruz tras la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho. Entre la tarde y noche de ese día, grupos de manifestantes se dirigieron a las instalaciones de la Fiscalía, donde realizaron destrozos y quemaron la infraestructura, ubicada en la avenida Monseñor Rivero y esquina Fortín Arce.
En cuestión de horas se quemó más del 60% del edificio, así como 30 motorizados que estaban parqueados en el garaje.
Investigación
Mariaca señaló que se tiene una investigación aperturada, en la que el Ministerio Público está ejecutando los actuados necesarios.
“A la fecha se tienen personas con detención preventiva que fueron puestos ante el juez cautelar”, dijo.
Especialistas recomendaron que lo prudente es derribar lo que quedó del edificio porque se corre el riesgo de que en cualquier momento se desplome.
En la infraestructura quemada, según Marica, se tenía una Cámara Gesell para víctimas de violencia, menores de edad, casos de violencia y abuso sexual, donde se tomaban datos que se convertían en pruebas para el juicio; sin embargo, “ahora no solo está afectado el Ministerio Público, sino a las víctimas en general”.
Respecto a la documentación en el edificio, la autoridad aclaró que el Ministerio Público cuenta con un sistema informático Justicia Libre, de primer nivel, en el cual se tenía toda la información y se irá reponiendo cada uno de los casos, en especial de la Fiscalía Anticorrupción.
También señaló que varios fiscales y personal de la Fiscalía están recuperando algunos equipos robados ese día.
“Están vendiendo escáneres, computadoras y otros equipos a precio de ‘gallina muerta’”, detalló.
En la quema de la Fiscalía también fueron incinerados documentos y pruebas de los casos Carro Bombero e Ítems “fantasma”, entre otros, esta información fue difundida por el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, coronel Julio César Cosío.
El jefe policial lamentó el incidente que afecta a la División Anticorrupción de la Policía, que tenía sus oficinas en el quinto piso.
En esas oficinas se investigaban casos como la compra del carro bombero para la Gobernación y denuncias en la Secretaría de Salud de esa institución.
También los ítems “fantasma” de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM), las becas “fantasma” de los indígenas de la misma casa de estudios superiores. De igual manera, los ítems “fantasma” de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, entre otros casos.
Otro caso investigado era el del Bus de Transporte Rápido (BTR), entre otros hechos de corrupción.
“En el incendio provocado en la Fiscalía se han perdido o se han quemado varios de esos documentos y evidencias”, reiteró Cosío.
El Estado Mayor del Pueblo, a la cabeza del Pacto de Unidad afín al expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, ratificó este domingo en el ampliado de Lauca Ñ, Cochabamba, la candidatura del líder cocalero para las elecciones generales 2025, pese al fallo constitucional que prohíbe la reelección continua y discontinua.
Además, en el ampliado se pidió la renuncia de los magistrados “autoprorrogados” del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“Como son ilegales que devuelvan la plata que han recibido desde enero hasta ahora. Todos sus actos son nulos de pleno derecho”, planteó Morales.
En su intervención, el exmandatario dijo que jurídicamente se demostró que “está habilitado” para las elecciones de 2025 y que en el ampliado se ha ratificado que es el “único candidato del MAS-IPSP”.
“En la reunión de ayer, jurídica, si así fuera legal, constitucional la sentencia de los autoprorrogados, esa sentencia no se puede aplicar para el 2025, sino eso tiene que aplicarse para el 2030. Igual estamos habilitados como candidato”, enfatizó.
Mencionó que con esta sentencia del TCP lo que busca el Gobierno es desmoralizar, espantar y crear desconfianza para que la militancia se “busque” otro partido. “El Gobierno va a intentar sacar de esto algún candidato para dividirnos, mucho ojo y mucha reflexión”.
Asimismo, el ampliado demandó la liberación inmediata de los 104 detenidos. El líder cocalero recordó que “solo” están en un cuarto intermedio, pero que el estado de emergencia continúa.
“Mañana vamos a continuar (en reunión), se planifica estratégicamente de cómo vamos a movilizarnos para liberar a nuestros hermanos”.
Además, pidieron sancionar a quienes intentaron asesinar a Morales e incluso el líder cocalero señaló que ya tiene la “nómica” de los policías que participaron.
Entre los otros puntos está el reconocimiento al congreso de Lauca Ñ, además del pedido de créditos, combustible y el rechazo a la privatización de litio.
López y Kaliman, el ‘punto final’ que Camacho planeó para la renuncia de Morales
A las 13.30 del 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, renunció a su cargo. Lo hizo bajo presión, iban a matar a su hermano en medio de la crisis poselectoral.
William Kalima lee la sugerencia de renuncia del presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019.
A las 13.30 del 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, renunció a su cargo. Lo hizo bajo presión, iban a matar a su hermano en medio de la crisis poselectoral.
”No ha sido casualidad; no querían que ningún masista asuma el poder. Yo era el último eslabón constitucional”, contó el 23 de junio de 2021 a La Razón el otrora diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Entonces, el país se encontraba en una grave situación de conflicto luego de las elecciones generales del 20 de octubre, descalificadas por la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Un motín policial, tres fallecidos —un joven contratado por la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) que manipulaba una bomba casera y dos personas en una trifulca civil en Montero— y una movilización en La Paz del entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, eran los hechos precedentes.
Muy temprano de ese domingo, seguidores del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) habían tomado de rehén a su hermano Marco Antonio. “Me llaman a las 10.00 de un celular y me dicen que renuncie al cargo; me hacen hablar con mi hermano. Yo, escéptico, no acepto la renuncia. Mi plan era refugiarme en la embajada de México”, recordó Borda.
“Me dan un ultimátum; si no, lo iban a quemar. Para que presente mi renuncia. En ese interín lo llamo al presidente Morales. Le digo llorando y acongojado: ‘Voy a tener que presentar mi renuncia’.
Borda fue el primero de la línea de sucesión constitucional en renunciar. Luego lo hicieron la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, y el primer vicepresidente de ese órgano camaral, Rubén Medinacelli.
“Adriana (Salvatierra) nos dijo que la estaban esperando con una citación de aprehensión en el aeropuerto y tuvo que irse a asilar a la Embajada de México, a Medinaceli le pusieron dinamita en su casa de Oruro, iban a hacer explotar si no renunciaba”, contó también a La Razón la entonces senadora del MAS Eva Copa, ahora alcaldesa de El Alto.
El orden de prelación para una eventual sucesión establecido en la Constitución de 2009 es éste: Presidente, Vicepresidenta y presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados.
Mientras Borda sufría la presión, Camacho, movilizado en La Paz, trabajaba arduamente en la caída de Morales. Según las investigaciones judiciales, había encomendado a su amigo Luis Fernando López, ahora asilado en Paraguay, un cabildeo con las Fuerzas Armadas.
Además de un flujo de llamadas, López —posteriormente ministro de Defensa en el régimen de Jeanine Áñez— se reunió ese domingo con el entonces comandante de la institución castrense, William Kaliman, en el mismo Comando de las Fuerzas Armadas en la zona de Obrajes, en La Paz.
Según conoció La Razón, a las 14.53’57 de ese día, Kaliman llamó a López. También hubo dos llamadas anteriores, a las 14.43’52 y a las 14.46’19, y luego otras dos a través del número de su ayudante, José Luis Torrico; una a las 14.55’19 y otra a las 14.59’13.
Casi dos horas después, se conoció el desenlace de esas conversaciones presenciales y a través del teléfono.
A las 15.48, Kaliman leyó un comunicado del Alto Mando de las Fuerzas Armadas cuya parte final demandaba: “Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”.
Para entonces, el comandante de las Fuerzas Armadas había suspendido el contacto con el aún Presidente. Una “triangulación” de llamadas, conocida por La Razón, estableció que Morales no logró contactarse con Kaliman —celular 73243045— entre las 16.37’27 y 16.46’39; lo hizo personalmente desde su número, 72000006, en cuatro ocasiones y, a través de su ayudante (71540791), seis veces. Las 10 llamadas tuvieron origen en Lauca Ñ, Cochabamba.
Segundos después de la última llamada a Kaliman, a las 16.48, Morales y García renunciaron a su mandato desde Chimoré. Estaban acompañados por la ministra de Salud, Gabriela Montaño.
“Lamento mucho este golpe cívico y que algunos sectores de la Policía puedan replegarse para atentar contra la democracia. Quiero decirles, hermanas y hermanos: la lucha no termina acá”, decía Morales.
En esos momentos, en la Universidad Católica Boliviana, en La Paz, a convocatoria de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), analizaban la situación del país el clero de la Iglesia Católica, algunos embajadores y representantes de la oposición.
Asistían Jerges Justiniano, en representación de Camacho; Waldo Albarracín, del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), y Ricardo Paz, por Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC).
Presidía el encuentro el arzobispo de El Alto, monseñor Eugenio Scarpellini.
“El diálogo se centró en la ruptura del orden constitucional producida por la renuncia del Presidente y toda la línea de sucesión”, recuerda la memoria de la CEB sobre los hechos, presentada más de un año después de los sucesos de 2019.
En esa reunión extralegislativa surgió el nombre de Jeanine Áñez.
La memoria recuerda un pasaje clave de la cita. Paz llamó a Áñez, a quien, “con micrófono abierto, y le preguntó acerca de su disponibilidad para asumir la Presidencial del Estado”.
“Ella respondió: ‘Si es para servir al país, aquí estoy’”, relatar el informe.
A partir de entonces, la entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores se supo presidenta por sucesión y comenzó a hablar con los medios en esa línea.
“No busqué la Presidencia, me tocó asumirla”, admitió Áñez en 2023 en su libro, Jeanine, de puño y letra, sobre los sucesos de entonces.
Dos días después de la renuncia de Morales, Áñez se autoproclamó, primero, presidenta del Senado y, luego, mandataria en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin quorum ni asistencia del MAS. “Al no haber quorum, suspendimos la sesión, no había tiempo de esperar formalidades”, admitió en su libro.
Todo comenzó el 2 de noviembre de ese año, a dos semanas de paro en Santa Cruz. En un furibundo discurso de Camacho en el cabildo del Cristo Redentor. Entonces, anunció el “punto final”, en referencia al propósito de los 14 días de protestas que hasta entonces lideraba.
Conminó a Morales a renunciar en 48 horas. Hay que esperar, “pero que el día lunes, se va a ir, se va a ir; se los garantizo”, arengó.
Es domingo 10 de noviembre, López había hecho la tarea.
Minutos antes de la renuncia de Morales, Camacho esperaba que el entonces comandante de la Policía Boliviana, Yuri Calderón, se sume a la posición de Kaliman. Así fue.
Con la noticia, Camacho pudo irrumpir a las 16.00 en el Palacio Quemado, acompañado por el presidente de Comcipo, Marco Pumari, y el abogado Eduardo León. Plantaron en el hall la carta de renuncia de Morales redactada que el líder cruceño, una tricolor y la Biblia.
Sabido de su cabildeo ante Kaliman, López jugó un rol crucial en la crisis poselectoral de 2019. Camacho lo cita en el video que fue difundido el 28 de diciembre de ese año sobre las movilizaciones y la caída de Morales.
También cuenta el rol de su padre. “La historia fue tan hermosa en el transcurso de todo, que fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan; fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ellos y coordinar todo fue Fernando López, actual ministro de Defensa; es por eso que está de ministros de Defensa para cumplir los compromisos. En la Policía, fue de la misma manera mi padre”, dice Camacho.
Por estos hechos, Camacho fue acusado en al caso Golpe de Estado I, que investiga los sucesos precedentes al derrocamiento de Morales. Recientemente, Áñez fue apartada del expediente. La otrora senadora, no obstante, purga 10 años de prisión por delitos relativos a su autoproclamación, el caso llamado Golpe de Estado II.
Evo: El ampliado se lo realiza con una Bolivia semiparalizada y un Gobierno agotado
Morales indicó que este ampliado también se realiza con 104 detenidos “injustamente”, los cuales fueron trasladados desde el Trópico, Cochabamba y Santa Cruz a la sede de Gobierno.
El expresidente Evo Morales, en Lauca Ñ, Cochabamba.
En el encuentro de Lauca Ñ, Cochabamba, el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, indicó que este ampliado de emergencia, convocado por el Estado Mayor del Pueblo, se lo realiza con una Bolivia “semiparalizada” y un gobierno “totalmente” agotado.
“Este ampliado estamos realizando con una Bolivia semiparalizada, con un gobierno totalmente agotado, sin propuesta para resolver la situación económica, no respeta la institucionalidad, con un plan de cómo proscribir y eliminar al MAS-IPSP. Si no puede eliminar, (ahora analiza) cómo quitarnos la sigla acordando con algunos grupos autoprorrogados”, dijo el líder cocalero.
Morales indicó que este ampliado también se realiza con 104 detenidos “injustamente”, los cuales fueron trasladados desde el Trópico, Cochabamba y Santa Cruz a la sede de Gobierno. “El Trópico tiene 76 detenidos, Mairana tiene 17 y Cochabamba, 11”.
Represión
Indicó que, en sus años de dirigencia, nunca vio, desde 1988, este tipo de represión ejercido por policías y militares.
Recordó que, con la “Marcha para Salvar Bolivia”, que partió desde Caracollo, Oruro, para llegar a la ciudad de La Paz, se advirtió al Gobierno para de los que resuelva el tema combustibles, la canasta familiar y el tema de las importaciones.
Añadió que el año pasado sugirió en bajar la “subvención exagerada” a los carburantes, pero la respuesta del Gobierno fue que “la economía está bien y no se tocará la subvención”.
“El presidente (Luis Arce) debe convocar a todos los bolivianos, a los actores políticos, a los movimientos sociales, que tienen convocatoria y no dirigentes prebendales”.
Reiteró que con la marcha se pidió al Gobierno que resuelva esta problemática y su respuesta fue calificar la movilización de “Marcha de la muerte”.
Ampliado
En la concentración, el expresidente pidió debatir y proponer “cómo salvar a Bolivia”.
El Estado Mayor del Pueblo, a la cabeza del Pacto de Unidad afín a Morales, convocó a un ampliado nacional de emergencia para evaluar la situación social, política y económica del país.
En el inicio del día 24 del bloqueo de caminos, la dirigencia del Pacto de Unidad declaró un cuarto intermedio de 72 horas, esto luego que el expresidente solicitara por segunda vez una pausa a las medidas de presión asumidas, con el fin buscar un diálogo “sincero” con el Gobierno.
A minutos de iniciar el ampliado de emergencia del evismo en Lauca Ñ, Cochabamba, Ponciano Santos, ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), afín al expresidente Evo Morales, dijo que los sectores sociales y el pueblo fue engañado con el compromiso de que se iba a abastecer de combustible al país.
“Hasta ahora no hay, nos han hecho creer que estamos estables económicamente, estamos creciendo y avanzamos a esa industrialización. ¿Dónde está esa industrialización?, ¿dónde está ese movimiento económico?, no existe”, indicó Santos.
Por el contrario, el dirigente denunció que el alza de la canasta familiar está afectando “gravemente” al pueblo. “No sabía, en Potosí el arroz está a 700 bolivianos” el quintal.
“Bolivia está yendo a un quebrantamiento económicamente. Al año, Bolivia no va a producir en su cabalidad y va a haber hambre, va a faltar comida y a eso nos está llevando este Gobierno”.
Indicó también que esos temas serán analizados en el ampliado de este domingo y del cónclave saldrán las demandas de las regiones.
El dirigente Enrique Mamani, de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), también afín a Morales, denunció al Gobierno por desprestigiar y satanizar a las organizaciones sociales que exigieron una respuesta a la crisis económica y política del país.
“Por humanidad hemos dado un plazo de 72 horas y el Gobierno garantizó el combustible en 72 horas; pero vemos que ahora día que pasa, el pueblo agoniza. No solo es eso, sino también restringe la venta de bidones a los hermanos de las comunidades”.
El dirigente señaló que lo único que hizo el Gobierno fue mentir y engañar al pueblo.
El Estado Mayor del Pueblo, a la cabeza del Pacto de Unidad afín a Morales, convocó a un ampliado nacional de emergencia para este domingo a horas 11.00 en Lauca Ñ para evaluar la situación social, política y económica del país.
Cuarto intermedio
En el inicio del día 24 del bloqueo de caminos, la dirigencia del Pacto de Unidad declaró un cuarto intermedio de 72 horas, esto luego de que el expresidente solicitara por segunda vez una pausa a las medidas de presión asumidas, con el fin buscar un diálogo “sincero” con el Gobierno.
Pese a los intentos de diálogo, el Gobierno informó el viernes que no asistirán al encuentro con el evismo mientras no se den las garantías necesarias.
El expresidente Evo Morales se refirió al Auto Constitucional 0083/2024 de la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que cierra el debate sobre la elección continua o discontinua, indicando que las autoridades de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial solo pueden ocupar su cargo por dos mandatos, sin importar la continuidad.
Sin embargo, en criterio del exmandatario, los dos magistrados que emitieron el auto constitucional interpretaron la Constitución Política del Estado de manera arbitraria y la modificaron.
“Interesante, se equivocan totalmente. Creo que estos dos magistrados hasta modificaron la Constitución”, protestó Morales este domingo en su programa en radio Kawsachun Coca.
En su criterio, en la Constitución no se prohíbe la reelección discontinua. Por ello, insistió en que está habilitado para ser candidato a la Presidencia en las elecciones de 2025.
Además, indicó que el mandato de los “autoprorrogados” concluyó el “31 de diciembre de 2023”, por lo que ninguna resolución que emita tiene validez. Por el contrario, advirtió a los magistrados que deberán devolver sus sueldos y que deberían estar presos por usurpar funciones.
Asimismo, Morales indicó que el Gobierno intentó eliminarlo por todas las vías y al ver que no lograron su objetivo ahora intentarán inhabilitarlo.
“No pudieron destrozarme moralmente, la gente no cree esa batalla sucia (los procesos en su contra por estupro); no han podido derrotarme políticamente, jurídicamente, intentaron matarme físicamente y ahora dicen que Evo está inhabilitado”, criticó.
Sin embargo, pidió a sus oyentes no creer ese tipo de “tergiversaciones” sobre su inhabilitación y reiteró que la Constitución no le prohíbe ser candidato.
El diputado Santos Quispe, que también estuvo en el programa, explicó que la Opinión Consultiva 28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) también permite la habilitación de Morales, puesto que entiende a la reelección como la extensión del mandato de la persona que está en el cargo de presidente, lo cual no aplica con el exmandatario.
Además, señalaron que los vocales Yván Espada y Miguel Hurtado, que emitieron la sentencia, son “serviles al Gobierno y a la derecha”, motivo por el que, a poco de las elecciones de 2025, buscarán impedir que Morales participe.