Ante la polémica aún vigente sobre quién debe hacerse cargo de la gobernación de Santa Cruz, mientras Luis Fernando Camacho está encarcelado, el portavoz presidencial Jorge Richter, instó a aplicar un criterio jurídico y no una “posición política”.
“La Gobernación y la Asamblea Legislativa cruceña tienen las facultades de realizar aquello y en esas facultades tienen que asumir un criterio normativo jurídico, no un criterio de posición política, no un criterio de acción política”.
Apeló a que se realice una “interpretación” adecuada de la Ley de Autonomías y el Estatuto Autonómico de Santa Cruz para resolver esta situación y así esa gobernación goce de “normalidad y estabilidad”.
“No hay que hacer unas interpretaciones forzadas porque la experiencia del pasado inmediato señala que esas interpretaciones tan personales de unos y otros, no dan buenos resultados (…). Interpretaciones erróneas tienen consecuencias legales”.
En ese marco, Richter hizo referencia a la toma del poder por parte de Jeanine Áñez, el 12 de noviembre de 2019, luego de la renuncia de Evo Morales, tras denuncias de fraude electoral.
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Actualmente la exmandataria es procesada por el caso Golpe de Estado I y cumple 10 años de cárcel por el caso Golpe de Estado II, sobre su proclamación irregular, tal como estableció la Fiscalía.
Ante ese escenario, el portavoz presidencial sugirió a las autoridades cruceñas “apegarse a la norma”.
Esa postura se registra luego que la clase política expresó tres argumentos respecto a la continuidad o no de Camacho al mando de la Gobernación de Santa Cruz.
Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Iván Lima, mencionó opciones, desde la suplencia hasta la posibilidad de nuevas elecciones en ese departamento.
En tanto, desde el MAS afirman que se debe aplicar la figura de la “suplencia”, es decir que el vicegobernador Mario Aguilera asuma el cargo de Camacho.
El artículo 25 del estatuto cruceño, vigente desde 2018, establece que “ante la ausencia temporal de la Gobernadora o el Gobernador se produce la suplencia gubernamental, asumiendo la Vicegobernadora o el Vicegobernador las funciones de Gobernadora o de Gobernador” (sic).
En tanto, el artículo 26 señala que el mandato de gobernador cesará “únicamente en caso de muerte, renuncia formal presentada ante la Asamblea Legislativa Departamental, ausencia o impedimento definitivo, sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal en su contra y revocatoria del mandato”.
Sobre esa base jurídica, la Gobernación de Santa Cruz y políticos de oposición ratificaron el tercer argumento, en el entendido que Camacho continúa ejerciendo funciones y seguirá al mando de la gobernación, desde la cárcel.
Esta polémica por el cargo del gobernador cruceño se registra desde fines de diciembre, luego que un juzgado cautelar determinó su detención preventiva por cuatro meses, en el penal de Chonchocoro, luego que fue imputado por terrorismo.
Desde entonces, se registraron movilizaciones violentas en esa región, además que se abrió una controversia sobre la persona que reemplazará a Camacho, mientras esté encarcelado, por el caso Golpe de Estado I.