La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, Perú, dispuso abrir una investigación preliminar contra el expresidente boliviano Evo Morales por el delito de “seguridad nacional – traición a la patria, en la modalidad de atentado contra la integridad nacional”, entre otros.
Según el diario El Comercio de Perú, la investigación preliminar se abrió tras la denuncia penal presentada la semana pasada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular).
La denuncia establece que una supuesta acción como “el propósito de unir la región de Puno al Runasur, organización creada por Evo Morales”.
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En la demanda también se señala que “se ha generado un grave conflicto social que viene siendo utilizado, incentivado y aprovechado por intereses subalternos de los denunciados y sus asociados, cuyo objetivo es la secesión de parte de nuestro territorio para formar un estado independiente”.
La denuncia se argumenta con pronunciamientos en universidades, asambleas y mensajes en Twitter, “arengando a las masa a llevar adelanto la separación” de regiones como Puno, Arequipa, Madre de Dios, Apurímac, Ayacucho, Moquegua y Tacna, con “la finalidad de formar un nueva república”.
Restricción
El 9 de enero, el gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, determinó la prohibición del ingreso a ese país a Evo Morales y ocho bolivianos más debido a que “habrían ingresado a territorio peruano para efectuar actividades de índole política proselitista”.
En tanto, Morales, a través de su cuenta de Twitter, lamentó que congresistas “procesados” le inicien un proceso penal con el objetivo de ocultar el genocidio que se registra en Perú.
“Congresistas procesados por sedición al desconocer el voto del pueblo, cometen delito de actos hostiles contra Estado extranjero y tratan de acusarnos penalmente; todo con tal de tratar de ocultar crímenes de genocidio, tortura y discriminación contra nuestros hermanos peruanos”, escribió Morales.
Desde el 7 de diciembre de 2022, cuando se destituyó y encarceló a Pedro Castillo, ahora expresidente de Perú, hasta el 12 de enero, se registraron 49 personas asesinadas por armas de fuego que pedían la renuncia de Boluarte.
La demanda del congresista Montoya también es contra del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón; y el exgobernador regional de Puno Germán Alejo Apaza.