El Gobierno reivindicó el respeto” a los Derechos Humanos (DDHH), luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las denuncias de uso excesivo de la fuerza pública y los actos violentos de grupos organizados en las protestas en Santa Cruz.
La entidad internacional, este martes, emitió un comunicado en el que se refiere a la crisis social que se activó en esa región, tras la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho, que derivó en destrozos a inmuebles públicos y privados, además de agresiones a trabajadores de la prensa.
Horas después, el ministro de Justicia, Iván Lima, respondió al comunicado la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), y afirmó que el Gobierno está “abierto a la observación internacional”.
“La @CIDH y la @RELE_CIDH monitorean la situación en Santa Cruz de la Sierra, el Gobierno del Presidente @LuchoXBolivia es respetuoso de los derechos humanos y abierto a la observación internacional” (sic), escribió la autoridad, en su cuenta de Twitter.
Mediante un comunicado, la CIDH indicó que “se debe hacer un esfuerzo para identificar si existen grupos violentos que, apartados del derecho de protesta, puedan desnaturalizarlo o bien utilicen dicho contexto para otros fines alejados de la misma, y con ello evitar escenarios de enfrentamiento y violencia extrema. Los actos de violencia o violencia sistémica no son parte del derecho de la protesta”.
El documento señala que esas entidades hicieron un seguimiento a las manifestaciones que iniciaron en Santa Cruz el 28 de diciembre, cuando Camacho fue aprehendido, por el caso Golpe de Estado I.
Esa acción judicial desencadenó una serie de acciones violentas, enfrentamientos entre la Policía y grupos movilizados, quema y saqueos de oficinas públicas, además de destrozos en la casa del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.
A esto se suman las amenazas y agresiones físicas que sufrieron trabajadores de la prensa, de medios privados y del Estado, mientras realizaban la cobertura informativa de las protestas.
Ante este escenario, la entidad internacional condenó la violencia y rechazó “las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, como los actos violentos cometidos por grupos organizados”, que fueron denunciados en su momento por periodistas.
“Protestas en Bolivia: CIDH monitorean la situación en Santa Cruz de la Sierra. Condena … ‘los actos violentos cometidos por grupos organizados en el marco de las protestas…’ El Informe GIEI recomendó la desarticulación de grupos parapoliciales”, agregó Lima en otro tuit.
Así, el ministro de Justicia hizo referencia al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que sugirió la desarticulación de grupos paraestatales que generaron violencia, racismo y vulneración a los derechos humanos, durante la crisis de 2019.
La CIDH también se refirió al informe que brindó hace poco el Gobierno, sobre los daños producidos a 44 vehículos y 27 infraestructuras, sobre todo oficinas públicas, así como intentos de toma de instalaciones policiales.
En ese marco, el Ministerio de Gobierno reportó que 76 personas fueron aprehendidas por destrucción o deterioro a bienes del Estado, entre otros delitos; de ese total, “24 ya habrían sido sentenciadas”.
Al respecto, el viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani, afirmó que las fuerzas del orden actuaron para precautelar el Estado de derecho y el “ejercicio de los derechos fundamentales de los bolivianos, cumpliendo estándares nacionales e internacionales de uso de la fuerza”.
“Las denuncias del supuesto exceso referidas en el comunicado son investigadas por las instancias competentes como corresponde”, complementó.
En ese marco, Mamani comunicó la llegada de una misión técnica de la mesa de seguimiento a la implementación de las recomendaciones del informe final del GIEI, sobre los hechos de fines de 2019.
Así, precisó que ese grupo desarrollará sus actividades —en función al plan de trabajo acordado con el Estado—, entre el 24 y 26 de enero.