El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando activó 100 procesos o “sumarios informativos”, entre 2021 y 2022, en contra de militares que debían luchar contra ese ilícito; a la fecha, 10 fueron enviados a la cárcel y cinco han sido dados de baja.
Daniel Vargas, viceministro del área, explicó a La Razón que estas acciones corresponden a un plan para atacar “de raíz” a la corrupción en esa entidad y garantizar que los funcionarios que trabajan para luchar contra el contrabando eviten cometer estos ilícitos, ante estos precedentes.
“Entre 2021 y 2022 debemos tener más de 100 sumarios informativos militares; a la fecha, tenemos 10 efectivos que están con detención preventiva de seis meses, tanto en la cárcel de San Pedro de La Paz como en San Pedro de Oruro por estos actos de corrupción. Además, tenemos cinco efectivos militares que han sido dados de baja del Ejército por estar en esta situación”, explicó.
INFORME.
La autoridad brindó esos datos en el marco de una evaluación de cierre de la gestión 2022, que concluyó con importantes labores cumplidas y objetivos ejecutados en el marco de la lucha contra el contrabando.
Una de esas tareas también fue aplicar mecanismos de control internos para evitar que se cometan actos irregulares en esa entidad.
“La política de transparencia y cero corrupción que el Gobierno ha instruido la estamos ejecutando y con seguridad este tipo de sanciones, de alguna manera, va a limitar que el personal se meta en este tipo de actos delictivos para favorecer al contrabando. En 2022 hemos sido más drásticos”, precisó el viceministro.
Anunció que en 2023, los controles serán más estrictos y aplicarán nuevos mecanismos y estrategias para evitar estos hechos.
“Se van a establecer sanciones más drásticas (…), pero al margen de estas acciones, se están generando ciertas recompensas para que el personal sea motivado a que no incurra en esta situación. Se está estableciendo algunos certificados, compensaciones económicas para el personal, que son motivaciones para que no incurran en el favorecimiento al contrabando”, complementó Vargas.
En tanto, el viceministro también hizo una evaluación de los resultados logrados por esa entidad en otras áreas durante 2022.
Un informe oficial establece que, entre enero y diciembre del año pasado, se realizaron 19.315 operativos de lucha contra el contrabando, en las fronteras con Chile, Perú, Argentina y Brasil, donde se llevaron a cabo intervenciones en varios ámbitos. (Ver cuadro)
Asimismo, se ejecutó un total de 2.475 decomisos de mercadería perecedera y no perecedera, además de vehículos que transportaban mercadería ilegal, que fueron inutilizados o incinerados. (Ver la infografía adjunta)
En ese marco, el viceministro Vargas explicó que el área más crítica para el contrabando es la frontera con Chile, por donde ingresan vehículos, artefactos de línea blanca y línea negra (televisores, celulares y computadoras).
Le sigue Perú, por donde ingresan insumos agrícolas, sobre todo cebolla y papa, que afectan las actividades de los productores del valle oriental y el sur de Tarija.
La frontera con Argentina también se ha tornado crítica por el ingreso de diferentes productos comestibles, que registran precios bajos debido a la crisis en ese país.
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El área limítrofe con Brasil también es complicada, pues se caracteriza por la salida de combustibles y GLP hacia el exterior, donde el precio se triplica, además que de ese país ingresa, de forma ilegal, bebidas alcohólicas, sobre todo.
A esta situación, se suma el hecho de que se identificó 20 empresas de transporte implicadas de manera recurrente en actividades de “contrabando hormiga”, pues casi ninguna trasporta pasajeros y modificaron su estructura para trasladar más mercancía. De ese total, seis transgredieron en más de 20 oportunidades la normativa.
Ante esa situación, el viceministerio coordina con la ATT las eventuales sanciones. Primero, se establece una sanción de 200 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) y luego se puede suspender las licencias de funcionamiento.