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Wednesday 8 Feb 2023 | Actualizado a 05:52 AM

Defensa de Áñez apela ante el TSJ fallo sobre juzgamiento del caso Senkata en la vía ordinaria

El abogado Luis Guillén informó que el juez Marco Amaru, del Juzgado Primero en lo Penal, se declaró competente para procesar a Áñez de esa forma y no en un juicio de responsabilidades, en su calidad de exmandataria.

Familiares recuerdan a sus fallecidos durante los conflictos de 2019. Foto: Archivo La Razón.

Por Luis Mealla

/ 24 de enero de 2023 / 22:29

La defensa legal de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez apeló ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego que un juez de El Alto dictaminó que la exmandataria sea juzgada por la vía ordinaria, por la masacre de Senkata.

El abogado Luis Guillén informó que el juez Marco Amaru, del Juzgado Primero en lo Penal, se declaró competente para procesar a Áñez de esa forma y no en un juicio de responsabilidades, en su calidad de exmandataria.

“Esto está en apelación y tiene que haber elementos que cumpla el Tribunal Supremo de Justicia sobre la decisión de esa autoridad judicial (Amaru). El Tribunal Supremo de Justicia tiene esta facultad de revisar si esta decisión es adecuada o no”, enfatizó.

La decisión se tomó en una audiencia de excepción de inhibitoria, que se realizó este martes por más de cinco horas, a pedido de víctimas de Senkata que son patrocinadas por el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), dependiente del Ministerio de Justicia.

Hace una semana, el Ministerio Publico determinó ampliar la investigación contra la exmandataria, por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, en el caso Senkata.

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De acuerdo con las investigaciones, el 19 de noviembre de 2019 se registraron esos hechos de violencia que derivaron en una decena de fallecidos, por impacto de bala.

En ese marco, la parte acusadora presentó los respectivos argumentos para que el caso se resuelva por la vía ordinaria.

En tanto, la defensa de Áñez solicitó que se active un juicio de responsabilidades, en su calidad de expresidenta, el cual debe ser aprobado por dos tercios de voto en la Asamblea Legislativa.

No obstante, el juez Amaru determinó que la exmandataria vaya a un proceso ordinario, que solo requiere de una acusación de la Fiscalía para proceder al juzgamiento en un tribunal de sentencia.

Guillén calificó esa determinación como “arbitraria e inusual”, pues —en su criterio— el juez de El Alto se arrogó las competencias del TSJ, pese a que ya existe una proposición acusatoria contra Áñez, que fue remitida por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en agosto de 2021, al Legislativo, donde el trámite continúa.

“Su procedimiento ya se inició, ya está en curso (…). Dentro de este proceso, ya se tomó la declaración de la exmandataria, el Tribunal Supremo de Justicia asumió el control jurisdiccional de este proceso y se han realizado varias actuaciones dentro de este proceso”, aseguró Guillén.

El abogado insistió en la irregularidad de esta determinación, pues uno de los principales argumentos del juez Amaru es que él sería la primera autoridad que habría conocido el proceso de Senkata, cuando este caso no involucraba a la exmandataria.

“Él, al considerarse que ha sido la primera autoridad, es bajo este entender que se considera competente”, fustigó Guillén.

Al respecto, la pasada semana, el ministro de Justicia, Iván Lima, apuntó a los líderes de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, respectivamente, de haber bloqueado el juicio de responsabilidades para Áñez en el Legislativo.

Lima argumentó que por esa situación se tuvo que acudir a un juez de El Alto para dilucidar el futuro de este proceso.

De acuerdo con la investigación preliminar, el 19 de noviembre de 2019, policías y militares reprimieron a civiles en El Alto, donde se registraron 31 personas heridas por proyectiles de arma de fuego.

Asimismo, se da cuenta “de 10 personas fallecidas a causa de impacto por proyectil de arma de fuego”.

Según el Ministerio Público, se amplió la responsabilidad en contra de Áñez por la emisión del Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre de 2019, que eximió de responsabilidad penal a personal militar y policial por sus operativos en regiones como Senkata y Sacaba.

Por estos hechos, la exmandataria ahora es acusada por los delitos de “genocidio, homicidio y lesiones graves y leyes previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano”.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investigó los hechos de la crisis de 2019 y determinó que hubo masacres en Senkata y Sacaba.

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Presidente recuerda los 14 años de la Constitución y destaca el nacimiento de la Bolivia Plurinacional

“Hoy levantamos con orgullo la Tricolor y la Wiphala, como símbolos de soberanía y unidad de nuestro pueblo”, agregó Luis Arce.

El presidente Luis Arce. Foto: APG.

Por Luis Mealla

/ 7 de febrero de 2023 / 23:40

El presidente Luis Arce recordó este martes los 14 años de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado. El proceso se logró tras la realización de una Asamblea Constituyente.

“El 7 de febrero de 2009, el Estado Plurinacional de Bolivia se abrió camino a través de un gran pacto social entre bolivianas y bolivianos». «Se convirtió en un ejemplo de inclusión y lucha contra el racismo y discriminación ante los pueblos del mundo”, escribió el Jefe del Estado en sus cuentas de redes sociales.

Así, Arce recordó que hace 14 años nació la Bolivia Plurinacional, con la promulgación de la nueva Constitución, en el marco de la diversidad.

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“Hoy levantamos con orgullo la Tricolor y la Wiphala, como símbolos de soberanía y unidad de nuestro pueblo”, agregó el mandatario.

La convocatoria a la Asamblea Constituyente trajo consigo una nueva Constitución Política del Estado y la refundación del país.

La Carta Magna recupera los saberes de las múltiples culturas que conviven en el país, avanza para acabar con la postergación y desarrolla políticas públicas que respeten los derechos humanos y las diferencias entre mujeres y hombres.

Asimismo, declaró a Bolivia como “Estado Plurinacional” y reconoció a 36 naciones o pueblos indígenas, que representan más del 60% de la población y el derecho a la libre autodeterminación.

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Reclutamiento concluyó dos días antes de lo previsto en 136 unidades militares

El reclutamiento de jóvenes para el servicio obligatorio inició el 16 de enero y debía concluir el 9 de febrero, pero finalizó dos días antes.

El proceso de reclutamiento para el servicio militar. Foto: APG.

Por Luis Mealla

/ 7 de febrero de 2023 / 23:15

El reclutamiento del servicio militar obligatorio 2023 concluyó dos días antes de lo previsto. El informe fue ofrecido este martes por el director general Territorial Militar, general Miguel Ángel Romero.

Para este proceso se habilitó 136 unidades militares de todo el país, pertenecientes a la Armada, Fuerza Aérea y del Ejército.

Al respecto, el jefe militar afirmó que este proceso acelerado demuestra la “confianza” de la población en las Fuerzas Armadas.

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El reclutamiento de jóvenes para el servicio obligatorio inició el 16 de enero y debía concluir el 9 de febrero, pero finalizó dos días antes.

De acuerdo con Romero, las mujeres y jóvenes conscriptos deben considerar a este servicio “como un deber constitucional”. En su criterio, los cuarteles se forman para fines de seguridad y defensa.

Además, reciben una formación integral para el apoyo en la prevención y manejo de desastres naturales y cursos de alfabetización, entre otros.

FFAA

Afirmó que una “buena cantidad” de mujeres se enlistaron y recibirán una instrucción para formarse en el nivel técnico medio.
“Se reciben con una profesión, aparte de realizar su servicio militar”, aseveró Romero.

Los jóvenes y señoritas cumplieron con los requisitos de presentación del certificado de nacimiento actualizado, cédula de identidad (fotocopia), además de documentos de salvaguarda (carta notariada) para postulantes de 17 años.

Asimismo, cumplieron con los análisis del grupo sanguíneo y las pruebas de embarazo en sangre, que debían ser tomadas en la semana de presentación, en el caso de las damas.

Este reclutamiento tuvo una etapa de prerregistro computarizado de los aspirantes, en enero, para la categoría Primer Escalón 2023.

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Procurador insta al consenso en el Legislativo para viabilizar las elecciones judiciales

En esos comicios se elegirán a las máximas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El Procurador se refirió a las elecciones judiciales. Foto: APG.

Por Luis Mealla

/ 7 de febrero de 2023 / 21:34

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, instó a que se genere un escenario de consenso en la Asamblea Legislativa. Se busca allanar la preselección de los candidatos, rumbo a las elecciones judiciales.

En esos comicios se elegirán a las máximas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Hemos planteado que se genere un consenso». Se debe contar en la preselección «a los mejores candidatos y candidatas a los altos cargos del Órgano Judicial”, afirmó.

Esperemos “que esto sea abordado por la Asamblea Legislativa como se ha hecho en experiencias anteriores». «Es algo que se puede hacer sin cambiar la Constitución”, agregó Chávez.

La autoridad hizo esas afirmaciones en momentos que un grupo de abogados “independientes” promueve el llenado de libros.

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El fin es hacer ajustes parciales de la Constitución Política del Estado (CPE), para promover una reforma judicial, mediante referéndum constitucional.

Asimismo, se presentó un proyecto de reforma parcial de la Constitución y los fundamentos jurídicos. Ello implica cambiar la forma de elegir magistrados, entre otras cosas.

Cambio

El artículo 158 de la Constitución Política señala que la Asamblea Legislativa realizará la preselección de “las candidatas y a los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura”.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui (MAS), dijo que el reglamento de preselección debe ser concluido hasta marzo, junto con la correspondiente convocatoria a las elecciones judiciales.

Para ese fin, el diputado convocó a los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para analizar el cronograma del futuro proceso electoral, el tercero de su tipo. El primero se realizó en 2011 y el segundo, en 2017.

El TSE ya elaboró el plan de desarrollo de las elecciones judiciales, que deben realizarse en octubre. Solicitó al Órgano Ejecutivo un presupuesto de Bs 204 millones.

En opinión de Chávez, la iniciativa de los abogados “independientes” no es sería, porque sus promotores son “representantes políticos” que ocuparon distintos cargos y no hicieron nada en su momento.

El Procurador aseguró que “de ninguna manera da el tiempo para un planteamiento de reforma constitucional parcial y menos aún total, porque pasa por un tema constitucional”.

A fines de enero, el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, explicó que por los procedimientos la consulta por iniciativa ciudadana se podría celebrar recién en diciembre, dos meses después de las elecciones judiciales previstas para octubre.

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Justicia admite recurso y define este miércoles si se despoja o no del cargo de gobernador a Camacho

La acción de cumplimiento fue presentada por asambleístas departamentales del MAS y plantea que ante el encarcelamiento del gobernador de Santa Cruz, asuma el vicegobernador Mario Aguilera.

El gobernador Camacho asumió su mandato en 2021. Foto: APG.

Por Luis Mealla

/ 7 de febrero de 2023 / 21:10

En una audiencia, este miércoles, la Justicia definirá si da curso o no al recurso de acción de cumplimiento que presentaron asambleístas del MAS en Santa Cruz. Buscan que el vicegobernador Mario Aguilera asuma en lugar del gobernador Luis Fernando Camacho.

Keyla García, asambleísta de Creemos, informó que la notificación llegó a la Asamblea Legislativa Departamental para que un juzgado defina el futuro de Camacho.

“En esa audiencia, el MAS va a querer consumar el golpe judicial que se le está queriendo dar a la Gobernación». «Intentan despojar a nuestro gobernador, Luis Fernando Camacho, de su cargo”, explicó en declaraciones a la televisora DTV.

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Agregó que el gobernador cruceño sigue ejerciendo el cargo, pese a estar recluido en la cárcel de Chonchocoro. Fue acusado por terrorismo en el caso Golpe de Estado I.

Argumentó que el artículo 26 del Estatuto Autonómico de Santa Cruz establece la renuncia, muerte, revocatoria o sentencia ejecutoriada como causales de pérdida de mandato, las que no se han cumplido.

La Sala Penal Tercera de Santa Cruz admitió la acción de cumplimiento. El recurso busca que la Asamblea Legislativa Departamental nombre a Aguilera como gobernador, ante la ausencia de Camacho.

A fines de enero, asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) interpusieron ese recurso legal. Argumentaron que “al estar el gobernador Luis Fernando Camacho preso en Chonchocoro no puede ejercer el cargo”.

La acción legal se basa en el artículo 25 del Estatuto Autonómico, que señala que ante la ausencia del Gobernador se produce “la suplencia gubernamental, asumiendo la Vicegobernadora o el Vicegobernador las funciones del Gobernador o Gobernadora”.

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Comisión legislativa se declara ‘imposibilitada’ de debatir juicio de responsabilidades contra Áñez

El senador Luis Adolfo Flores afirmó que desde 2021 hasta la fecha, el Ministerio Público no completó el requerimiento que solicitó su comisión, es decir, documentación que avale que el mandato presidencial de Áñez se enmarcó en la Constitución Política.

El presidente de la comisión mixta, Luis Adolfo Flores. Foto: Cámara de Senadores.

Por Luis Mealla

/ 7 de febrero de 2023 / 20:08

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia y Ministerio Público de la Asamblea Legislativa, senador Luis Adolfo Flores (MAS), informó que esa entidad está “imposibilitada” para debatir la aprobación de un juicio de responsabilidades contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez.

Explicó que desde 2021 hasta la fecha, el Ministerio Público no completó el requerimiento que solicitó esa comisión. Es decir, documentación que avale que el mandato presidencial de Áñez se enmarcó en la Constitución Política.

En criterio de Flores, la Fiscalía no acreditó la condición de Áñez como presidenta del Estado y tampoco se pronunció al respecto.

Por tanto, “la comisión mixta no puede cubrir la ausencia identificada, por lo que se encuentra imposibilitada de seguir en el trámite correspondiente». «No podemos complementar las pruebas presentadas por el Ministerio Público”, enfatizó.

En ese marco, dijo que el control jurisdiccional de este caso le corresponde a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Por tanto, debe solicitar a la Fiscalía General del Estado que se pronuncie sobre la observación hecha por esa comisión.

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“La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia es la que debe pronunciarse sobre esta observación”, enfatizó.

Por tanto, la comisión mixta remitió la documentación para que suplan o puedan complementar las pruebas suficientes, a fin de que esa entidad camaral apruebe o no un juicio de responsabilidades.

“No hay suficientes pruebas fundamentadas de que Áñez haya sido presidenta del Estado Plurinacional (…). Ella tampoco ha presentado pruebas”, agregó el senador Flores.

En caso de que las autoridades judiciales remitan la documentación requerida, se reanudará el debate de este tema, aunque aclaró que “no hay plazos específicos en estos procesos”.

TSJ

Según Flores, a la fecha, la Comisión Mixta de Justicia tomó conocimiento de tres proposiciones acusatorias contra la exmandataria, remitidas por el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia.

Uno tiene que ver con un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), por más de $us 200 millones; otro referido a la ampliación de un contrato de Fundempresa; y el tercero sobre la vulneración del derecho al trabajo y a la libertad de expresión, interpuesto por ciudadanos bolivianos que venían de Chile, en la época de la pandemia.

La defensa legal de Jeanine Áñez presentó este martes una acción de cumplimiento. Busca que la Asamblea Legislativa, a través de la Comisión Mixta de Justicia y Ministerio Público, reactive el debate para autorizar un juicio de responsabilidades contra la exmandataria, por las masacres de Sacaba y Senkata, en 2019.

Medida

Este recurso se planteó en contra del presidente nato de la Asamblea y vicepresidente del Estado, David Choquehuanca; además contra todos los miembros de la mencionada comisión, en el entendido que hay un “incumplimiento de deberes”.

Áñez se encuentra encarcelada en Miraflores, en La Paz. Fue sentenciada en primera instancia a 10 años de prisión, en el caso Golpe de Estado II. La Fiscalía expuso que asumió el poder de forma irregular, sin el quórum respectivo en la Asamblea y sin respetar el reglamento del Senado. El proceso está en apelación.

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