Defensa de Áñez apela ante el TSJ fallo sobre juzgamiento del caso Senkata en la vía ordinaria
El abogado Luis Guillén informó que el juez Marco Amaru, del Juzgado Primero en lo Penal, se declaró competente para procesar a Áñez de esa forma y no en un juicio de responsabilidades, en su calidad de exmandataria.
Familiares recuerdan a sus fallecidos durante los conflictos de 2019. Foto: Archivo La Razón.
Imagen: Archivo La Razón.
La defensa legal de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez apeló ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego que un juez de El Alto dictaminó que la exmandataria sea juzgada por la vía ordinaria, por la masacre de Senkata.
El abogado Luis Guillén informó que el juez Marco Amaru, del Juzgado Primero en lo Penal, se declaró competente para procesar a Áñez de esa forma y no en un juicio de responsabilidades, en su calidad de exmandataria.
“Esto está en apelación y tiene que haber elementos que cumpla el Tribunal Supremo de Justicia sobre la decisión de esa autoridad judicial (Amaru). El Tribunal Supremo de Justicia tiene esta facultad de revisar si esta decisión es adecuada o no”, enfatizó.
La decisión se tomó en una audiencia de excepción de inhibitoria, que se realizó este martes por más de cinco horas, a pedido de víctimas de Senkata que son patrocinadas por el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), dependiente del Ministerio de Justicia.
Hace una semana, el Ministerio Publico determinó ampliar la investigación contra la exmandataria, por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, en el caso Senkata.
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De acuerdo con las investigaciones, el 19 de noviembre de 2019 se registraron esos hechos de violencia que derivaron en una decena de fallecidos, por impacto de bala.
En ese marco, la parte acusadora presentó los respectivos argumentos para que el caso se resuelva por la vía ordinaria.
En tanto, la defensa de Áñez solicitó que se active un juicio de responsabilidades, en su calidad de expresidenta, el cual debe ser aprobado por dos tercios de voto en la Asamblea Legislativa.
No obstante, el juez Amaru determinó que la exmandataria vaya a un proceso ordinario, que solo requiere de una acusación de la Fiscalía para proceder al juzgamiento en un tribunal de sentencia.
Guillén calificó esa determinación como “arbitraria e inusual”, pues —en su criterio— el juez de El Alto se arrogó las competencias del TSJ, pese a que ya existe una proposición acusatoria contra Áñez, que fue remitida por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en agosto de 2021, al Legislativo, donde el trámite continúa.
“Su procedimiento ya se inició, ya está en curso (…). Dentro de este proceso, ya se tomó la declaración de la exmandataria, el Tribunal Supremo de Justicia asumió el control jurisdiccional de este proceso y se han realizado varias actuaciones dentro de este proceso”, aseguró Guillén.
El abogado insistió en la irregularidad de esta determinación, pues uno de los principales argumentos del juez Amaru es que él sería la primera autoridad que habría conocido el proceso de Senkata, cuando este caso no involucraba a la exmandataria.
“Él, al considerarse que ha sido la primera autoridad, es bajo este entender que se considera competente”, fustigó Guillén.
Al respecto, la pasada semana, el ministro de Justicia, Iván Lima, apuntó a los líderes de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, respectivamente, de haber bloqueado el juicio de responsabilidades para Áñez en el Legislativo.
Lima argumentó que por esa situación se tuvo que acudir a un juez de El Alto para dilucidar el futuro de este proceso.
De acuerdo con la investigación preliminar, el 19 de noviembre de 2019, policías y militares reprimieron a civiles en El Alto, donde se registraron 31 personas heridas por proyectiles de arma de fuego.
Asimismo, se da cuenta “de 10 personas fallecidas a causa de impacto por proyectil de arma de fuego”.
Según el Ministerio Público, se amplió la responsabilidad en contra de Áñez por la emisión del Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre de 2019, que eximió de responsabilidad penal a personal militar y policial por sus operativos en regiones como Senkata y Sacaba.
Por estos hechos, la exmandataria ahora es acusada por los delitos de “genocidio, homicidio y lesiones graves y leyes previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investigó los hechos de la crisis de 2019 y determinó que hubo masacres en Senkata y Sacaba.