El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDH-B), Édgar Salazar, cree que la CIDH llamará la atención al Estado boliviano por el escaso avance de las investigaciones de la violencia en 2019.
Para este miércoles está prevista una reunión entre el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández García, con el Órgano Judicial, en Sucre.
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Salazar prevé que el organismo internacional principalmente observe el trabajo del Ministerio Público y del Órgano Judicial en el caso.
“Percibimos que se va a llamar la atención al Estado por la falta de trabajo del Ministerio Público y de la Justicia», dijo a La Razón Radio.
«Eso hemos identificado, porque el informe (36 recomendaciones del GIEI) es claro respecto a lo ocurrido», señaló.
«Están identificadas las instituciones que debería hacer su trabajo”, acotó.
Encuentro
Salazar dijo que durante la reunión que el martes sostuvo la APDH-B con la misión de la CIDH, se hizo conocer las observaciones al trabajo del Ministerio Público y la Justicia.
Ese trabajo respecto al cumplimiento de las 36 recomendaciones del GIEI-Bolivia.
“Se ha hecho el reclamo al trabajo deficiente del Ministerio Público y de la Justicia porque no existe sentenciados a la fecha por las masacres de 2019 y las violaciones a los derechos humanos”, detalló.
Dijo que solicitó a la misión la colaboración para la aprobación de una ley de reparación integral a las víctimas de las masacres de 2019.
“Hay necesidad de que se levante un censo y se identifique a todas las víctimas”, afirmó el activista.
Además, señaló que se hizo referencia a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre la desarticulación de “grupos paraestatales que han generado violencia y terror” en la crisis de 2019.
Representación
Antes de su reunión con la misión de la CIDH, la APDH-B ya había planteado esta preocupación al Ministerio Público.
“Esa situación tiene que ser investigada e iniciarse los procesos», dijo.
«Pero existe falta de voluntad de las instituciones que deben investigar y procesar los delitos penales y las violaciones a derechos humanos cometidos en 2019”, insistió.
Crisis
Luego de las elecciones de 2019, consideradas fraudulentas, se desató un conflicto en el país.
Ello degeneró en la caída del presidente Evo Morales y la proclamación de la senadora Jeanine Áñez.
Las protestas derivaron el violencia y violación derechos humanos, como estableció en su informe el GIEI. Los casos más graves fueron las masacres de Sacaba y Senkata, con una veintena de fallecidos a bala.
Entonces, Áñez firmó el Decreto Supremo 4078, con el que las Fuerzas Armadas actuó sin reparos sobre una eventual sanción penal.