Este jueves, el Congreso de Perú acusó al expresidente Evo Morales por “intromisión indebida”, en el marco de una moción en la que también se le declaró persona no grata en ese país.
Al respecto, el exmandatario afirmó que pese a esa decisión política continuará denunciando las violaciones de Derechos Humanos en ese país, tras una escalada de movilizaciones violentas, luego de la destitución del presidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022.
En el marco de esos hechos, hasta la fecha se registraron más 50 fallecidos, además de decenas de heridos. Las protestas más violentas se reportaron en Juliaca y Puno, donde se reportaron 18 muertes, el 9 de enero.
“Los ataques de congresistas que justifican la represión sangrienta contra su pueblo con tal de aferrarse al poder nos confirman que estamos en el lado correcto de la historia; no nos cansaremos de denunciar las graves violaciones de DDHH que sufren nuestros hermanos peruanos”, escribió Morales en su cuenta de Twitter.
Lea también: Migración de Perú decide ‘impedir el ingreso’ de Evo Morales a su territorio
Horas antes, el Congreso de Perú, con 74 votos a favor, 40 en contra y cuatro abstenciones, aprobó una moción que rechaza la “intromisión indebida” Morales en asuntos internos en ese país, además que se lo declara persona no grata.
“Declarar persona non grata al señor Evo Morales Ayma en el territorio nacional, por sus constantes incitaciones en la política nacional, las mismas que buscan desequilibrar el orden interno del país, en especial la zona sur del Perú”, señala parte del documento congresal.
Asimismo, se instó al Gobierno de Perú a elevar esta resolución a la embajada de Bolivia en Perú para conocimiento y fines pertinentes.
Al respecto, el Gobierno boliviano evitó emitir opiniones al respecto. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, se limitó a expresar que el país es respetuoso de las decisiones que asuman otras naciones, en el marco de la “no injerencia”.
“Somos respetuosos de la no injerencia en temas internos”, afirmó la viceministra.
Esta reciente decisión por parte de autoridades peruanas se suma a una serie de acciones que se asumió en torno a polémicas con el expresidente boliviano.
Por ejemplo, el 6 de enero, la presidenta Boluarte, determinó cesar de sus funciones a la embajadora de ese país en Bolivia, Carina Palacios.
Tres días después, la Superintendencia Nacional de Migraciones decidió “impedir” el ingreso del expresidente Morales y otros ocho bolivianos a ese país, para evitar “actividades de índole política y proselitista”.