Cuatro frentes del MAS atacan al Gobierno por las cuentas falsas reveladas por Meta, empresa que administra Facebook e Instagram. La entidad involucró a los denominados “guerreros digitales”. En el partido oficialista indican que se usan para ataques contra sus líderes y militantes.
Los cuestionamientos van desde el expresidente Evo Morales, la dirección nacional del MAS, legisladores “evistas” y exministros. Todos expresaron críticas y denunciaron manejos irregulares de recursos públicos para pagar estas actividades.
La polémica derivó de nuevo en un intercambio de críticas entre los propios miembros del MAS, situación que ahondó las diferencias en el frente oficialista.
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Incluso, los “guerreros digitales” fueron calificados como “mercenarios digitales”, promovidos por el actual Gobierno. Se dijo que es labor se realiza a través de los ministerios de la Presidencia, de Gobierno y del Viceministerio de Comunicación.
La pasada semana, Meta anunció que se desmanteló cuentas falsas en Bolivia, en Facebook e Instagram, vinculadas con el Gobierno, para enviar mensajes oficialistas que desacreditan a opositores.
MAS
En ese marco, Morales denunció el uso de recursos del Estado para el pago de cuentas en esas redes sociales, para atacarlo a él y a legisladores “evistas”, además de militantes del MAS, y pidió investigar el hecho.
Después, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón afirmó que su despacho tiene cuentas oficiales en redes sociales y ordenó auditar la difusión de información en medios de comunicación y redes sociales.
Este jueves, la autoridad negó de nuevo un uso irregular de recursos públicos y afirmó que las denuncias sobre “mercenarios digitales”, atribuidos al Gobierno, busca la desestabilización de la administración de Luis Arce.
“Son acusaciones sin pruebas, mentira tras mentira, que derivan en discursos de odio”, afirmó.
Gobierno
En tanto, legisladores afines a Morales reivindicaron la labor de los “guerreros digitales”, creados durante el mandato del expresidente.
El diputado Héctor Arce (MAS) afirmó que antes esas personas hacían “un trabajo patriota”, pero que ahora se convirtieron en “mercenarios digitales”, para atacar a la dirigencia de ese frente político.
En su criterio, ese grupo arremete contra los legisladores que hacen “trabajo de fiscalización” y buscan “destruir a la dirigencia nacional” liderada por Morales.
En tanto, la dirección nacional del MAS negó que las cuentas eliminadas por Meta pertenezcan a ese partido.
Denunció actos de “terrorismo mediático” por parte de funcionarios públicos, a los que denominó “mercenarios digitales”.
“Ninguna de las 1.041 cuentas, 450 páginas y 14 grupos de Facebook, ni las 130 cuentas en Instagram eliminadas por Meta, al ser identificadas como falsas, pertenecen a nuestra organización política”, indicó el MAS, a través de un comunicado.
El más reciente dardo contra el Gobierno fue lanzado por los exministros Carlos Romero y Teresa Morales, quienes sugirieron la conformación de una comisión legislativa para investigar las cuentas falsas y su financiamiento.
Guerreros
Romero afirmó que una red nacional de televisión está implicada en el “financiamiento irregular”. Habló de cerca de 1.600 cuentas progubernamentales y antiopositoras en Facebook e Instagram.
Habló de varios contratos por distintos montos “que llegan a sumar casi Bs 30 millones en 2022”.
Por su parte, la exministra Morales lamentó “la derechización y las prácticas corruptas en las que ha caído el Gobierno actual, en el uso de las redes sociales”.
Este hecho se suma a una serie de situaciones que ahondaron la crisis y la división interna en el MAS, desde 2022.
Digitales
Entre octubre y noviembre, la Ley del Censo generó una evidente fractura en el frente oficialista al interior del Legislativo.
Los denominados “renovadores”, afines al presidente Arce, promovieron la aprobación de la norma, que fijó el empadronamiento para 2024.
Esa acción generó molestia en el bloque “evista”, que acusó a sus colegas de traidores por un presunto “pacto” con la derecha.
A este escenario de crisis le siguió la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE), batalla que también se libró en el Legislativo, entre “renovadores” y “evistas”.