La misión de 25 personas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) termina este viernes su visita al país con una reunión con el presidente Luis Arce. Críticas, demandas y conflictos caracterizaron su estancia en el país.
A las 11.15, la delegación ingresó a la Casa Grande del Pueblo, donde se reunió con el mandatario para una breve evaluación de su periplo en Bolivia. Estaba previsto que a las 16.00 los delegados ofrezcan una conferencia de prensa.
“Reafirmamos nuestro más firme e inquebrantable compromiso con el cumplimiento y garantía de los derechos humanos”, escribió Arce en su cuenta de Twitter al finalizar el encuentro, poco después de las 13.00.
Cinco de siete altos comisionados, dos relatores especiales, tres secretarios ejecutivos y personal de apoyo comenzaron el lunes una serie de reuniones con distintos actores del país. Su objetivo fue evaluar in loco la situación de los derechos humanos en Bolivia.
Expectativa
Causó mucha expectativa la visita de la CIDH a las cárceles de Chonchocoro, San Pedro y Miraflores, donde escuchó uno a uno a los reclusos, en especial a quienes se consideran perseguidos políticos. Los más visibles fueron el gobernador Luis Fernando Camacho, la expresidenta Jeanine Áñez y el dirigente cocalero César Apaza.
En entrevista con Piedra, Papel y Tinta, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, contó que Camacho y Áñez se reunieron por una hora cada uno con los delegados, mientras que Apaza, una hora.
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Camacho, recluido en Chonchocoro desde el 30 de diciembre de 2022, guarda detención preventiva acusado por terrorismo en el caso Golpe de Estado I. Se trata de su participación directa en los hechos precedentes al derrocamiento del presidente Evo Morales en 2019.
Según dijo en una carta manuscrita el gobernador de Santa Cruz, su caso es “persecución política” y que pidió a la CIDH conformar una especie de GIEI para investigar la violencia en el paro de 36 días por Censo 2023 entre octubre y noviembre de 2022.
GIEI
La misma CIDH conformó entre 2019 y 2020 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la violencia y la violación de derechos humanos en 2019. En su informe presentado el 17 de agosto de 2021, el órgano estableció que hubo masacres en Sacaba y Senkata en 2019, durante la administración de Áñez.
Por su parte, Áñez reclamó a la CIDH que el gobierno de Luis Arce manipula la justicia en su contra y que los casos debieran resolverse a través de juicios de responsabilidades, no por la penal. Está acusada además de la contratación irregular de una ejecutiva de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) y la masacre de Senkata.
En Santa Cruz, la misión se reunió con la familia de Camacho. Al término de la cita, el martes, desde un atril de la Gobernación, su hijo mayor desafió a la CIDH emitir un informe “imparcial”.
Entorno de Camacho
En entorno del gobernador también tuvo reuniones con la delegación. El organismo se reunió con el presidente de la Asamblea Departamental, Zvonko Matkovic, y los asambleístas. Persecución política fue el asunto más comentado.
También tuvo oportunidad el vicegobernador Mario Aguilera, con quien Camacho mantiene una fuerte tensión, al punto de evitar que lo reemplace mientras dure su detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro.
Entre los interlocutores de la CIDH también estuvieron el gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, y de Chuquisaca, Damián Condori. Este último denunció ante los delegados la ausencia de independencia en la administración de justicia en el país.
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En Sucre, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, también recibió la visita de parte de la misión, como los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos su presidente, Ricardo Torres.
La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre
En La Paz, la CIDH se reunió con las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata, y el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya. Además, con el jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, quien cuestionó también la administración de justicia y, según se supo, abogó por los “perseguidos políticos”.
Uno de los aludidos, el expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) Marco Pumari, encarcelado en Cantumarca por la presunta quema del Tribunal Electoral Departamental en 2019, no consiguió una audiencia. Incluso rompió en llanto de impotencia.
Al comenzar el periplo de la CIDH, el lunes, el Ministerio de Justicia organizó un acto de desagravio a favor de seis exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que entre 2019 y 2021 fueron víctimas de violación de sus derechos durante su detención y encarcelamiento debido su rol en las elecciones generales de 2019. Los comicios fueron anulados y los exvocales fueron acusados de “operar” un presunto fraude electoral.
Participó del acto el relator de la CIDH Joel Hernández, quien fue el primer blanco de las protestas políticas que argumentaron que, con su participación, “lavó la imagen” del TSE. Mesa, quien en 2019 consideró que hubo “fraude monumental”, afirmó que la asistencia al acto de Hernández “fue desacertada y cuestionable éticamente”.
Serie de reuniones
Nada más al comenzar su evaluación en el país, la delegación se reunió con el vicepresidente David Choquehuanca. La serie de reuniones continuó con parte del gabinete de Arce, entre ellos los ministros Eduardo del Castillo, Iván Lima y Sabina Orellana.
La visita de los comisionados coincidió con las protestas del magisterio urbano del país, que cuestionan los nuevos contenidos de la malla curricular, reclaman ítems o la “deuda histórica” y demandan otros puntos. Las movilizaciones violentas amainaron en los últimos días, aunque el paro de 48 horas continúa.
Según informó a La Razón el viceministro de Justicia, César Siles, una misión así de la CIDH visita Bolivia desde 2006. No es una visita relativa a un caso particular, sino más integral, de revisión de la situación de los derechos humanos.
La CIDH tiene mucha animadversión de sectores de oposición en Bolivia debido a que, en sus conclusiones sobre la violencia y violación de derechos humanos en 2019, concluyó que hubo masacres y ejecuciones sumarias atribuibles al gobierno de Áñez.
Es organismo independiente de la OEA fue el que, a petición de la administración anterior y la de Arce, conformó el GIEI, cuyo trabajo estableció graves violaciones de derechos humanos entre 2019 y 2020.