Miércoles 28 de diciembre de 2022. A las 14.15, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, firmaba la ejecución de la orden de aprehensión en su contra. Su equipo de 45 personas distribuidas en dos anillos de seguridad, no pudieron evitarlo.
Hoy se cumplen cinco meses de lo sucedido, cuando el hombre fuerte de la oposición regional contra el Gobierno fue capturado en un operativo sorpresivo de la Policía. El mandamiento emitido por la Fiscalía llevaba dos meses sin poder cumplirse, desde el 31 de octubre. Y se transportó a la autoridad a la ciudad de La Paz.
Una celda de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) la esperaba. Más aún, la comisión de fiscales que varias veces Camacho había eludido, sea con su inasistencia a las convocatorias o inclusive por la presión de sus simpatizantes para que no declare, como ocurrió en julio del año pasado en la capital oriental.
PODER.
Se lo imputó por el delito de terrorismo en el caso Golpe de Estado I, aquel que fue abierto por Lidia Patty, exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), a finales de 2020, apenas cerró las cortinas el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, a quien Camacho ayudó a llegar al poder tras la caída del presidente Evo Morales.
Dos días después de su detención, el exmandamás del Comité pro Santa Cruz fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, con detención preventiva de cuatro meses. Desde allí dirige a la Gobernación cruceña, en medio de polémica, tras haber sido “blindado” en su cargo por la Asamblea Legislativa Departamental mediante una ley.
Funcionarios del gobierno departamental y seguidores de Camacho protagonizaron protestas por lo sucedido. Lo catalogaron como un “secuestro”, dijeron que la Policía hizo uso excesivo de la fuerza. Y más. Todo esto fue rechazado por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en su interpelación realizada el martes.
La autoridad aclaró, ante la Asamblea Legislativa, que el Gobernador sabía de la orden de aprehensión, que fue emitida por la Fiscalía para que sea ejecutada por la Policía. Remarcó que la Policía elaboró un plan que resguardó la integridad y la seguridad física de las personas involucradas, ya que la detención fue en vía pública.
Martes 12 de noviembre de 2019. Áñez tomaba las riendas del Estado en una polémica sesión en el Legislativo. Hoy, la exsenadora está encarcelada precisamente por ello, en el caso Golpe de Estado II. La Fiscalía la acusa de haber llevado a cabo una sesión sin quórum y no haber respetado el reglamento del Senado. Se la condenó a 10 años de prisión, en primera instancia.
CÍVICO.
Camacho fue su aliado, porque empujó al derrocamiento del entonces presidente Morales, en medio de denuncias de fraude en las elecciones que le dieron por ganador en octubre para una nueva reelección. El entonces cívico dirigió las protestas, que se alimentaron de un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.
Más tarde, Camacho, en una bocanada de sinceridad que fue plasmada en un video, admitió que antes de dar a Morales el ultimátum para su renuncia en 48 horas, su padre, José Luis Camacho, había “cerrado” con efectivos policiales y militares para que permitan esto. Es todo ello lo que investiga el caso Golpe de Estado I.
Martes 23 de mayo de 2023. En su interpelación por el arresto del Gobernador, el ministro Del Castillo respondió 11 preguntas lanzadas por asambleístas de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC). El acto legislativo fue empañado por un bochorno entre diputadas del oficialismo y la oposición, que llegaron a los golpes. Al final, la autoridad fue ratificada.
La noticia fue el escándalo. Pero hay algo que pasó casi desapercibido. El informe de Del Castillo sobre el equipo de seguridad que tenía Camacho hasta ese 28 de diciembre de 2022, el cual fue desnudado por un documento de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía, en concordancia con uno del Departamento Nacional de Planeamiento y Operaciones.
Ese día se organizó el operativo meticulosamente. No era para menos. El Gobernador tenía 45 personas a cargo de resguardarlo, “algunas con entrenamiento militar y con autorizaciones de porte de armas de fuego”. Se desplazaban en caravanas de entre tres y seis vehículos “de alta gama y cilindrada, todos con vidrios obscuros”.
“Estos elementos fueron analizados para dar cumplimiento a la orden de aprehensión”, dijo Del Castillo. “De esto no se habla… Se pudo evidenciar que el equipo tenía instrucción policial, gente entrenada en Israel, capacitada en el (equipo de élite) SWAT (de Estados Unidos) y probablemente en la CIA (Agencia Central de Inteligencia)”.
De los 45 integrantes, continuó el ministro, había cuatro choferes. El primer anillo de seguridad comprendía hasta ocho personas, y la restante treintena estaba en el segundo círculo. Del Castillo describió a siete miembros (ver cuadro de la otra página). “Algunos ejercían y ejercen cargos en la Gobernación” de Santa Cruz, remató.
“Estos sujetos armados… pudieron haber impedido el trabajo de la Policía y la Fiscalía”. Asimismo, reveló que Camacho tiene seis armas que figuran en el Registro de Armas de Fuego y Municiones de Uso Civil (REAFUC), y que las primeras fueron inscritas precisamente en el gobierno de Áñez, cuando el ministro era Arturo Murillo.
Todo este equipo no pudo impedir la aprehensión del Gobernador, quien ya sufrió varios reveses judiciales a la hora de buscar su libertad. Más aún, se le amplió la imputación por los delitos de financiamiento al terrorismo, seducción de tropa, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa… Y su detención preventiva en la cárcel fue extendida por cuatro meses, hasta el 28 de agosto.
Seis procesos en su contra y varios reveses judiciales
Los reveses judiciales han golpeado al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, desde que fue aprehendido el 28 de diciembre de 2022, al presentar recursos para defenderse sin estar tras las rejas. El último sucedió el jueves 25 de mayo, cuando la Justicia le rechazó una nueva acción de libertad.
Tienes seis procesos abiertos en su contra. El principal es el caso Golpe de Estado I, que investiga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019. Por esta investigación se encuentra en la cárcel de Chonchocoro en La Paz, acusado de terrorismo, seducción de tropa y otros delitos.
Otro es el caso Decretazo, por el cual es sindicado por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. La denuncia es de marzo y se refiere al Decreto Departamental 373 que evitó que el Vicegobernador asuma en su lugar, cuando él realizó un viaje al exterior.
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La polémica comenzó tras la decisión de que la Gobernación esté al mando del secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, y no así el vicegobernador Mario Aguilera. Lo llamativo es que la norma fue posteriormente retirada del sistema de la Gaceta Departamental.
El tercero es el caso Carro Bombero, por los delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. Según el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, fue abierto en agosto de 2022 y se vulneró las normas de licitación pública. Hay sospechas de un sobreprecio y el vehículo hasta el momento no fue entregado.
PARO.
Otro proceso es por los 36 días de violencia en el paro por el Censo, en Santa Cruz. Se lo acusa de terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución, racismo y discriminación, entre otros. Los hechos ocurrieron entre octubre y noviembre del año pasado, cuando la medida de presión dejó cuatro muertos, heridos y violaciones a los derechos humanos.
La quinta investigación es por el caso llamado Acuíferos, por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Cosntitución y las leyes, por supuestos asentamientos ilegales en el parque Lomas de Arena, que es un territorio protegido. Por último, está una denuncia de violación; Del Castillo ofreció a la víctima colaboración de parte del Ministerio de Gobierno y la Policía. Camacho indicó que esto es una calumnia.