El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, señaló este martes que los amparos presentando en las salas constitucionales de Pando y Beni son “procesos precluidos”, debido a que ya terminó el tiempo de las observaciones u objeciones para suspender el proceso de las elecciones judiciales.

“Ambos (procesos) el de Pando y de Beni en realidad resultan ser amparos que se colocan en temas precluidos, ya pasó esa época. Ya hubo las observaciones, las objeciones y todo ya ha pasado. No puedes venir a decir a estar horas, ‘se han olvidado de mi’, ¡no pues! El tribunal debería haber evaluado eso”, indicó la autoridad.

Las salas constitucionales de Pando y Beni determinaron, por separado, declarar desierta la elección de magistrados al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Ambos surgen a raíz de dos amparos constitucionales presentados por expostulantes a magistrados del TSJ, quienes consideran que se vulneraron sus derechos.

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La abogada María Esther Caero hizo un reclamo a la Sala Constitucional de Pando, en el sentido de que fue excluida de la lista de candidatos por otras dos postulantes que no cumplieron con la calificación mínima de 130 puntos.

Además, señaló que se habilitó a otra postulante, sin que ella tenga su residencia en la ciudad de Cobija, sino en Cochabamba.

En el caso de Beni, el abogado Hugo Vargas, postulante al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por Beni, reclamó que fue inhabilitado, pese a que, según afirmó, obtuvo un alto puntaje en su postulación.

Torrico señaló que se está causando un daño económico al Estado, y que “el tribunal” judicial tendrá que correr con este riesgo. “Lo siento por los administradores de justicia”.

Costo

“Alguien tiene que pagar los más de 50 millones (de bolivianos) que ya se ha gastado en este tema. El Tribunal Supremo Electoral tendrá que ver la forma, este no es un tema con el Ejecutivo”, señaló a Wara Tv.

Agregó que el TSE y la Asamblea Legislativa tienen que ver cómo se defienden. Dijo también que la Asamblea ya debía haber interpuesto las medidas cautelares ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ya que “sabía que están ingresando estos temas. Hay negligencia”.

Como parte del seguimiento a la conflictividad en el país, la Delegación Defensorial de Cochabamba, bajo la Defensoría del Pueblo, monitoreó la situación de 13 personas que fueron detenidas el lunes durante el bloqueo del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Parotani.

La delegada defensorial, Marioly Álvarez, informó que una comisión defensorial verificó las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Quillacollo y confirmó que se remitió a las 13 personas a la Fiscalía de Sipe Sipe, donde se emitieron órdenes de liberación, ya que los hechos de su detención se catalogaron como infracciones menores.

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Asimismo, según la Defensoría del Pueblo, este martes, segunda jornada de bloqueos, se detuvo a tres personas. Las mismas, están a la espera de una audiencia para definir su situación jurídica.

Defensoría

La comisión defensorial también sostuvo una reunión con la dirigencia de los evistas movilizados, quienes aseguraron que su vigilia y bloqueo son pacíficos e indefinidos. Garantizaron que permitirán el paso de ambulancias y evitarán limitar los derechos de personas ajenas al conflicto.

Durante el monitoreo, la comisión defensorial acompañó a un funcionario policial hasta el Comando de la Policía del Valle Bajo y pidió a la policía evitar el uso de agentes químicos en el punto de bloqueo.

La Defensoría del Pueblo afirmó que continuará con sus acciones para asegurar el respeto a los derechos humanos en este tipo de conflictos, aunque pidió que se busque el diálogo entre ambas partes.

Sin embargo, el Gobierno rechazó “el condicionamiento” de los bloqueadores evistas, quienes afirmaron que asistirán al diálogo y levantarán medidas cuando se cancelen los procesos en contra de Evo Morales, se lo reconozca como candidato a la Presidencia y se reconozca el congreso evista de Lauca Ñ.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó sobre la crisis que enfrenta el país tras la suspensión del proceso de elecciones judiciales, una medida que pone en peligro el derecho de los bolivianos a elegir a sus autoridades judiciales.

El proceso, a poco más de un mes de su realización, quedó en suspenso tras un fallo emitido por la Sala Constitucional de Pando, que declaró desierta la convocatoria para la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Esta decisión surge por presuntos incumplimientos en los criterios de equidad de género, plurinacionalidad y representación territorial en la conformación de las listas de candidatos.

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Riesgo

Callisaya, a través de sus redes sociales, expresó su preocupación por lo que calificó como un “riesgo de paralización del proceso electoral judicial”. La autoridad defensorial destacó que este estancamiento profundiza la “fragilidad institucional democrática” del país y advirtió sobre las consecuencias de la prolongación indefinida de los actuales mandatos judiciales.

“El derecho político de los bolivianos a elegir a sus autoridades no debe ser limitado”, enfatizó Callisaya. Además, señaló que la falta de renovación de las autoridades judiciales podría conducir a “salidas no democráticas” si no se actúa con responsabilidad y celeridad.

Fallos

El fallo de la Sala Constitucional de Pando se produjo tras el recurso presentado por María Esther Caero, candidata al TSJ por ese departamento. Caero argumentó que las listas de postulantes no cumplieron con los requisitos establecidos, lo que llevó a la anulación de la convocatoria no solo en Pando, sino en todo el país.

Simultáneamente, otro fallo en el departamento de Beni también ha impactado en el proceso electoral. Hugo Vargas, exaspirante al TSJ por ese departamento, presentó un amparo constitucional tras ser inhabilitado; afirmó haber obtenido un alto puntaje en su postulación. Durante la audiencia, el juez Charles Mejía denunció un intento de amedrentamiento por parte de la Policía.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya había advertido sobre el riesgo de parálisis en el proceso electoral judicial. Además, existen al menos tres amparos constitucionales adicionales en curso que podrían poner en mayor peligro los comicios programados para el 1 de diciembre.

El Defensor del Pueblo cerró su pronunciamiento subrayando la necesidad de que las autoridades actúen con rapidez. Pidió que envíen un “mensaje claro y correcto” a la población, para evitar una crisis de confianza en las instituciones democráticas del país.

Tras los fallos que paralizaron las elecciones judiciales, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, consideró que las resoluciones emanadas por las salas constitucionales de Beni y Pando son un “golpe a la democracia”. 

“Consideramos que este es un golpe a la democracia que no lo hemos visto en los últimos años, quien habla está ligado a procesos electorales en los últimos 10 años y nunca había visto que un proceso electoral tenga tantas trabas».

«Nos preocupa de sobremanera el hecho de que no se dé seguridad jurídica al trabajo que realiza el Órgano Electoral, tanto a los electores como también a los candidatos”, indicó Vargas en conferencia de prensa.

Añadió que no se quisiera “entender” que este es un “golpe judicial” a la ejecución de los procesos electorales. “Esperamos que quienes van a revisar estos fallos puedan actuar precautelando ese derecho que tienen las bolivianas y los bolivianos a decidir, a ir a las urnas este primero de diciembre”.

Demanda

La autoridad demandó a quienes van a revisar estos fallos o vayan a resolver las medidas cautelares que se interponga, se apeguen al principio de partición de decidir el voto de quienes deben estar en los cargos del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y “no sigamos teniendo autoridades que están ejerciendo más allá del mandato constitucional”.

La tarde de este martes, la Sala Constitucional de Pando y la Sala Constitucional Primera de Beni, determinaron, por separado, declarar desierta la elección de magistrados al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Los fallos surgen a raíz de dos amparos constitucionales presentados por expostulantes a magistrados del TSJ, quienes consideran que se vulneraron sus derechos.

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En el caso de Pando, la abogada María Esther Caero hizo un reclamo en el sentido de que fue excluida de la lista de candidatos por otras dos postulantes que no cumplieron con la calificación mínima de 130 puntos. Además, que se habilitó a Silvia Clara Zurita, sin que ella residiera en la ciudad de Cobija, sino en Cochabamba.

Accionante

En el caso de Beni, el abogado Hugo Vargas, postulante al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por Beni, reclamó que fue inhabilitado, pese a que, según afirmó, obtuvo un alto puntaje en su postulación.

Vargas indicó que el miércoles el TSE tendrá una sesión de sala plena para analizar los alcances y se asumirá un pronunciamiento como Órgano Electoral. “Entendemos que la decisión sería de paralizar la elección del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional más no así del Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura (CM), sin embargo, esto va a ser analizado por sala plena el día de mañana”.

Ante la cuestionaste de si se “podría” paralizar las elecciones judiciales, dijo que se esperará los informes del equipo jurídico para sumir las acciones legales que correspondan.

Indicó que una acción con “probabilidad es asumir una medida cautelar y pedir al Tribunal Constitucional que pueda de manera inmediata revisar estos fallos, a objeto de dar la seguridad jurídica a la ejecución de los procesos electorales”.

Proceso

Agregó que ambos fallos no “afectarían” a la elección del Tribunal Agroambiental (TA) ni del Consejo de la Magistratura (CM), empero, aclaró que se hará un análisis en la sala plena si corresponde continuar con el proceso electoral para estas dos instancias o “alguna” otra acción que corresponda.

Sobre la acción constitucional y la audiencia de Pando, aclaró que no estaban enterados y no se los había notificado, mucho menos la decisión que se habría tomado. «Nos llama poderosamente la atención, que no hubiéramos sido notificados, que no hubiéramos conocido de esta audiencia».

La Sala Constitucional Primera de Beni declaró este martes desierta la convocatoria para las elecciones judiciales e instruyó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que remita las observaciones a la Asamblea Legislativa para que retire a los candidatos que incumplieron los requisitos meritocráticos y subsanen las listas.

«Al evidenciarse la ausencia de equidad, género, idoneidad, meritocracia y participación originaria indígena campesina, tanto en las listas del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto a los departamentos; se debe establecer la declaratoria de desierta las convocatorias a magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional ante el incumplimiento de las exigencias constitucionales de género y representación plural, así como el de representación departamental y el número de dichos tribunales» (sic), señala parte de la resolución de la Sala Constitucional.

Asimismo, se ordena al Tribunal Supremo Electoral la remisión a la Asamblea Legislativa de todas las listas de candidatos a efecto «de que si consideran pertinente puedan ser subsanadas, respetando todos los parámetros establecidos en la presente resolución».

Accionante

Hugo Vargas, expostulante al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por el departamento de Beni, presentó un amparo constitucional en una sala constitucional de Beni, debido a que fue inhabilitado, pese a que; según afirmó, obtuvo un alto puntaje en su postulación.

En el proceso de la audiencia, el vocal constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Beni (DTB), Charles Mejía, denunció este martes un intento de amedrentamiento por parte de la Policía y del Ministerio de Gobierno, luego que los uniformados rodearan la sede judicial mientras se realizaba una acción de amparo constitucional contra las elecciones judiciales. 

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“Como verán estamos rodeados de policías. Nos quieren aprehender por ejercer la función jurisdiccional. Estamos llevando un amparo constitucional que resuelve las elecciones judiciales y nos vemos sorprendido con la presencia de más de 30 efectivos policiales que pretenden aprehendernos y privarnos de la libertad en una clara injerencia a la actividad del juez”, denunció Mejía.

Los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ya advertían de un riesgo al proceso electoral judicial, no solo con este amparo, sino otros tres en curso.

Fallo

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Jorge Sotelo, informó este martes que la sala constitucional de Pando concedió la tutela a una accionante en el que se dispuso declarar desierta la convocatoria para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no solo para ese departamento, sino a nivel nacional.

El proceso judicial está en vilo, pese a que ya cumplieron con varias actividades del calendario electoral para los comicios fijados para el 1 de diciembre.

Incluso, se hizo la presentación de las 10 boletas de sufragio que se entregarán a los ciudadanos para elegir a las máximas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Órgano Judicial.