El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, afirmó este jueves que desconoce quién emitió la orden para el violento operativo policial en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, el 16 de abril de 2009, denominado caso Terrorismo.

“No conozco quién habrá dado la orden, pero, indudablemente, Bolivia estaba en estado de separación”, dijo a los periodistas en La Paz.

Este caso involucra la desarticulación de un grupo armado “con fines separatistas”. La intervención policial ocurrió durante el gobierno de Evo Morales. El fin era desarticular un grupo armado liderado por el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rózsa, fallecido en esa acción junto con el rumano Magyarosi Arpád y el irlandés Michael Dwyer.

También estuvieron implicados Elöd Tóásó y Mario Tadic, que sobrevivieron a la acción policial. Luego, aprehendidos, los investigaron porque formaban parte de un denunciado complot que, además, pretendía un magnicidio.

Jhonny Aguilera

Estos dos últimos comunicaron el 13 de abril que el Estado abrió un proceso penal contra los responsables del operativo del hotel Las Américas.

Aguilera explicó que no participó en el operativo, sino que llego al día siguiente con el excomandante de la Policía Víctor Hugo Escobar Guzmán.

“En aquel momento tenía el grado de mayor y era responsable de la Unidad de Delitos Contra la Seguridad Interior del Estado (…). Yo llego con el excomandante general de la Policía, Víctor Hugo Escobar Guzmán al hotel al día siguiente, a las 14.00, y encontramos los cuerpos sin vida, armamento de guerra, granadas, manuales de insurgencia, armado de explosivos”, contó.

El ahora viceministro insistió en que colaborará con la investigación del caso y remarcó que ya asistió a al menos 15 convocatorias del juez que llevaba el caso en Santa Cruz.

“Vamos a someternos al amparo de la ley, hay que recordar que ese operativo tenía la intención de (realizar) actividades separatistas del país. Ha habido actividades vinculadas al magnicidio”, resaltó.

Un delincuente robó Bs 1 millón a una mujer encargada de una casa de cambios en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
El hecho ocurrió entre las 10.30 y 11.30 de este jueves en la calle Velasco de la capital cruceña.

En videos que circulan en redes sociales se puede observar cómo la víctima llega hasta la puerta del negocio. Al alistarse para abrir la puerta, deja una mochila de color azul en el suelo.

En eso, se ve a un sujeto, que porta un casco de motociclista, cruzar la calle; se acerca y recoge la mochila del suelo y apunta a la mujer con un arma de fuego. Sin mayor forcejeo, el delincuente abandona el lugar.

Según información de testigos, la mujer comenzó a gritar que fue víctima de robo, mientras un cómplice esperaba al delincuente en una motocicleta y huyeron del lugar.

Las cámaras de seguridad de establecimientos cercanos también captaron el momento del delito.

La denuncia se presentó ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el crimen (FELCC) de esa capital y la víctima hizo su declaración.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este jueves que se conformó una comisión de fiscales para investigar el caso de supuestas irregularidades en la instalación de las 18 piscinas de la Planta de Litio en Uyuni, Potosí.

“Este caso radica en la Fiscalía Departamental de La Paz y se ha conformado una comisión de fiscales para la investigación”, dijo el funcionario a los periodistas en Sucre.

Sobre los avances, explicó que se realizaron varias inspecciones en las instalaciones de la planta, además del secuestro de la documentación relativa a la contratación “a la que hacen referencia en la denuncia”.

El caso se investiga a instancias de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), la Procuraduría General del Estado y el Gobierno nacional.

YLB

La actual presidenta ejecutiva de YLB, Karla Calderón, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público en contra de exfuncionarios de la empresa estatal por la supuesta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes; conducta antieconómica e incumplimiento de contrato. Según dijo, hay un daño económico de más de Bs 425 millones.

Indicó que un informe de auditoría interna identificó como responsables a 11 exfuncionarios y a una ejecutiva de una empresa, que se adjudicó las obras.

Por ese caso, el Ministerio Público emitió 12 órdenes de aprehensión, de las que la Policía Boliviana ya ejecutó cuatro.

Investigación

Precisamente, una de las órdenes fue dictada contra el exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú; ahora tiene detención domiciliario y pagó una fianza de Bs 30.000.

También investigado, el gerente de YLB Juan Carlos Montenegro fue hallado sin vida y con una carta póstuma. La Fiscalía estableció, luego de la autopsia médico legal, que el hombre falleció con un infarto agudo; aunque aún se espera los resultados de un examen toxicológico y un estudio grafológico, esto sobre la carta.

El expresidente Evo Morales pidió al Gobierno investigar la muerte del exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) Juan Carlos Montenegro, deceso del que dijo que fue “un suicidio inducido.

“Duele mucho, que se investigue (…). Es un suicidio inducido. (La muestra es) la carta de despedida de su familia, explicando (los motivos de su muerte) detalladamente. Es un suicidio inducido en mi interpretación”, dijo el exmandatario en una conferencia de prensa en Shinaota, Cochabamba.

La mañana de este jueves, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, develó que el deceso de Montenegro, hallado sin vida la mañana del miércoles, se debió a un infarto agudo. Asimismo, señaló que se espera el informe del examen toxicológico y el estudio grafológico de la carta póstuma del infortunado.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de La Paz es la oficina encargada de esa tarea.

El caso de “irregularidades” y las “fallas” en la construcción de las 18 piscinas de la planta de litio en Uyuni, Potosí, y la calidad del material que se utilizaron en ella. Según la denuncia, a instancias de YLB, la Procuraduría General del Estado y el Gobierno, eso generó un daño al Estado de al menos Bs 425 millones.

Evo Morales

Al respecto, Morales hizo una serie de críticas a las políticas del Gobierno para la extracción y la industrialización del litio. Calificó de “fracaso” esas acciones y dijo que “se ha generado una falsa expectativa”.

“Cuando el Gobierno fracasa con su extracción del litio, nos echan la culpa a nosotros; es mentira tras mentira”, agregó Morales en su rueda de prensa.

Montenegro era una de las 12 personas contra las que el Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión. Hasta el miércoles, la Policía Boliviana ejecutó cuatro de esas órdenes.

Uno de los exfuncionarios aprehendidos es el exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú, que luego de su audiencia de medidas cautelares, cumple con detención domiciliaria y el pago de una fianza de Bs 30.000.

Los otros tres aprehendidos aún espera por la audiencia que determine su situación judicial.

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La autopsia realizada al cuerpo del exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) develó que el motivo de su deceso fue un “infarto agudo”, según informó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) fue el encargado del análisis. Además, se espera el resultado del informe de la prueba toxicológica, que, según anunció, se conocerá en las próximas horas.

“El resultado de protocolo de autopsia da cuenta de que la causa de la muerte ha sido producto de un infarto cardiaco. Asimismo, dentro del protocolo de autopsia se han tomado muestras que han sido remitidas al laboratorio de toxicología”, dijo Lanchipa, citado en una nota de la Fiscalía.

Las muestras fueron derivadas a los laboratorios del IDIF en La Paz.

Montenegro

Además del informe de toxicología, Lanchipa solicitó que se practique un estudio grafológico para determinar si la carta póstuma que lleva una firma corresponde o no al exfuncionario fallecido.

Investigado por el caso de las fallas en las piscinas de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, Montenegro era una de las 12 personas contra las que el Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión.

La Policía ejecutó hasta el martes cuatro de esas órdenes; todas en contra de exfuncionarios de la estatal de litio.

Uno de los aprehendidos es fue exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú. En su audiencia cautelar, un juez resolvió otorgarle el beneficio de detención domiciliaria y el pago de una fianza de Bs 30.000.

‘Irregularidades’

El caso, que se abrió a instancias de YLB, la Procuraduría General del Estado y el Gobierno, investiga “fallas” en la construcción de las 18 piscinas de la planta de litio en Uyuni, Potosí, y la calidad del material que se utilizaron en ella. Eso, según la gerente de YLB, Karla Calderón, generó un daño al Estado de más de Bs 452 millones.

Los 12 implicados están investigados por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes; conducta antieconómica, incumplimiento de contratos, contratos lesivos al Estado, según explicó el procurador general de Estado, César Siles.

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