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Wednesday 17 Apr 2024 | Actualizado a 01:01 AM

Héctor Arce fustiga la gestión de Almagro y sugiere la transformación de la OEA

El embajador de Bolivia en la OEA pide una transformación en el organismo internacional y recuerda el papel de esa institución en las elecciones de 2019 en Bolivia.

Héctor Arce Zaconeta en entrevista con Piedra, Papel y Tinta. Foto: La Razón.

/ 20 de junio de 2023 / 16:39

A un día del inicio del 53 Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el embajador de Bolivia ante el organismo, Héctor Arce Zaconeta, aseguró que la organización debe cambiar su rumbo y cuestionó la “nefasta” gestión del secretario general Luis Almagro.

“La OEA amerita una transformación, es fundamental que la organización cambie (de otro modo) muy posiblemente sea remplazada por otro organismo de integración como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)”, dijo en entrevista con Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

Lamentó que Cuba y Nicaragua no formen parte de esa institución y señaló que Colombia, México, Argentina y países del Caribe tienen observaciones serias del manejo de la Secretaría.

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Recordó también que la OEA realizó una auditoria a las elecciones del 2019 en Bolivia con resultados lamentables, en su criterio. “Esta auditoría se manejó de una manera absolutamente irregular (…) la irregularidad más grande fue la publicación de un informe preliminar”, añadió.

Otra vez más cuestionó el papel “nefasto” que jugó en esa ocasión Almagro, ahora salpicado por caso polémicos en su administración.

Así, Arce responsabilizó al líder de la OEA por el derrocamiento del presidente Evo Morales en 2019 y las masacres de Senkata (en El Alto) y Sacaba (en Cochabamba), que se saldaron con 38 vidas humanas y un quiebre constitucional durante los conflictos.

El embajador dijo que, a dos años de gestión, Bolivia logró algunos avances en la búsqueda de justicia, entre ellos el apoyo y respaldo de la Cumbre de las Américas y una resolución que solicita información a la organización, cuya petición fue incumplida por Almagro.

La Asamblea General será la novena del mandato de Almagro. El encuentro tendrá lugar en Washington, Estados Unidos, y el tema que se abordará será el “Fortalecimiento de una cultura de responsabilidad democrática con promoción, protección e igualdad de los derechos humanos en las Américas”.

Según adelantó, la intervención de Bolivia en el foro está prevista para el viernes. La cita comenzará este jueves.

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Crisis, polarización e incertidumbre: informe Delphi de FES detecta preocupación en el país

Según los datos, el 80,9% de los encuestados cree que la situación general del país va por mal camino. Solo el 11,5% considera que el país va por buen camino.

José Luis Exeni expone el informe Delphi de la FES en Piedra, Papel y Tinta. Foto: Miguel Carrasco.

/ 16 de abril de 2024 / 14:51

Un informe Delphi de la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung (FES-Bolivia) develó que la población boliviana está preocupada, principalmente, por la crisis económica, la polarización social y tiene incertidumbre sobre el futuro del país.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, el periodista José Luis Exeni explicó que se trata de un informe cualitativo del estudio Delphi, en el cual se consulta a diversos liderazgos de todo el país que tienen cierta representatividad en la población. 

“Se aplica un cuestionario a través de una plataforma. Nos permite mostrar tendencias y los resultados son trimestrales”, afirmó.

Según los datos, el 80,9% de los encuestados cree que la situación general del país va por mal camino. Solo el 11,5% considera que el país va por buen camino.

“Es la percepción más crítica durante el gobierno de Luis Arce, solo estuvo peor en el régimen de Áñez”, dijo.

Explicó que esta perspectiva pesimista de la población se amplió desde marzo de 2023, debido a la situación económica y política. “Hoy muy pocos creen que vamos por buen camino”.

Respecto a la situación política del país, el 45% de los encuestados considera que es un escenario malo. Un 30,5% cree que la situación es regular; un 19,1%, que es muy mala y; solo un 5,2%, que es buena.

Sobre la situación económica, el 37,4% de los encuestados cree que la situación es mala; un 35,9%, que es regular; un 21,4% que es muy mala y; un 5,3%, que es buena. 

La FES también analizó la futura situación política, el 51,9% considera que empeorará algo; el 26,7% que empeorará mucho; el 15,3%, que estará igual y; solo el 6,1%, que mejorará algo.

Respecto a la sensación de la población sobre el futuro del país, el 70,9% tiene un sentimiento de incertidumbre; el13,4%, de miedo; el 6,3%, de enojo; el 7,9% de esperanza y; el 0,8%, de diferencia.

Exeni indicó que los resultados tienen que ver sobre cómo se está mirando la economía y política con la “alta preocupación” sobre la conflictividad en diversos ámbitos. Afirmó que lo que más le preocupa a la población es la crisis económica, desempleo, la polarización y la crisis en el sistema judicial.

El documento, con datos obtenidos entre el 15 de marzo al 7 de abril de este año, abordó entrevistas con 131 personas, un grupo selecto y plural de actores políticos, analistas, periodistas y especialistas en distintos ámbitos.

Se siguieron criterios de diversidad y pluralismo en posicionamiento político, género, región y edad.

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Caso Terrorismo: Raúl García recuerda que la proyección era 8.000 muertos y 30.000 heridos

El caso Terrorismo se refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado contra un supuesto grupo terrorista en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, el 16 de abril de 2009.

Raúl García Linera en Piedra, Papel y Tinta. Foto: Miguel Carrasco.

/ 16 de abril de 2024 / 14:42

Raúl García Linera develó que el grupo de “mercenarios” abatido en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, el 16 de abril de 2009, planificaba un operativo separatista con 8.000 muertos y más de 30.000 heridos.

En 2009, se llevó adelante un operativo policial en dicho hotel, que terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Eduardo Rózsa, identificado como el líder de esa “célula irregular”. Junto a él cayeron Michael Dwyer (irlandés) y Magyarosi Árpád (húngaro).

Tras la intervención, salieron con vida Mario Tadic (boliviano) y Elôt Tóásó (húngaro), quienes se sometieron a un juicio abreviado y admitieron su culpa por los delitos.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, García indicó que, según el informe de la investigación de la Comisión Especial Multipartidaria de la Cámara de Diputados, el grupo de Rózsa solicitó ametralladoras 7,62; ametralladoras 50, morteros 60, morteros 82, cañones sin retroceso, lanzadores, granadas RPG-7, granadas 40 mm, lanzagases y otras municiones de guerra.

Todo ello —según García— con el fin de generar una guerra civil en el país para consolidar la “independencia de Santa Cruz” y la separación de ese departamento con el resto de Bolivia, Además, forzar una intervención extranjera.

“No era un juego, no era una represión. Era una guerra”, dijo.

Recordó las declaraciones de Carlos Subirana, quien, en una entrevista, acusó a las familias Matkovic, Foianini y otras de la elite cruceña de planificar una guerra civil.

“¿Quieren que empiece cuando sacaron el arsenal de armas en Cotas? ¿Quieren que empiece cuando tenían programada una guerra civil? (…). Esteban Foianini, dueño de la clínica Foianini, tenía previstos siete centros hospitalarios para 30.000 heridos. Había que pedir 8.000 bolsas de cadáveres”, afirmó el abogado.

García recordó que se calcularon bolsas de cadáveres que iban a ser producto de su planificada guerra civil. “Subirana habla de un doctor Foianini que tiene que comprar 8.000 bolsas de cadáveres, eso a mí me espanta”, admitió.

Afirmó que los bolivianos “no tenemos idea” de una guerra con esa cantidad de muertos y heridos en tres o cuatro meses (tiempo previsto según lo planificado). “Solo lo puede calcular con la Guerra del Chaco”.

“No tenemos idea, pero esa era la voluntad dispuesta para hacer una acción separatista era de esta dimensión”, insistió.

En su criterio, en 2009 hubo un intento de separatismo, “latente en un esquema de la dirección política” de Santa Cruz. Explicó que el entonces gobernador Rubén Costas lo confirmó cuando dijo en un cabildo: “Si los indios quieren un presidente indio, que lo tengan; nosotros queremos nuestro propio presidente”. 

“Esa afirmación resume la voluntad y una tendencia separatista”, añadió García.

Contó que Rózsa llegó a Bolivia con un grupo de “mercenarios” para lograr una intervención de la Organización de Naciones Unidas para que permitan la separación de Santa Cruz, pero, para ello, había que provocar una guerra civil.

“¿A quién se le ocurre que el separatismo es un tema secundario? Es mucho más que un delito penal”, reclamó.

La Razón recordó este martes en su edición impresa que Rósza apostaba por conformar “urgentemente” un “núcleo”. Será “dentro de la nada el núcleo de lo que en el futuro convertirá en milicia, cuya tarea principal será la autodefensa” y señalar la “fuerza”. No obstante, Rózsa aclaró: “Pues no se trata de que los chicos vayan marchando en las calles con banderas y barras de bambú, sino que hacen falta armas”.

El extranjero declaró todo ello en una entrevista con el periodista András Kepes, en 2008.

Por ello, García denunció que, en este caso, el intento de separatismo pasaba por un esquema genocida. El grupo planteó zonas de aislamiento, cordones sanitarios (guetos al estilo de la Alemania Nazi) y una estructura para condicionar una intervención extranjera luego de una guerra civil.

Los mercenarios contaban con mapas en sus computadores de cómo iban a ser distribuidas las zonas de aislamiento para las personas. “Son lugares donde aíslas a la gente, donde pueden ser eliminados”.

“Era la documentación que se encontró en la computadora de los abatidos”, dijo.

Contó que buscaban ejecutar el plan bajo el separatismo y el lema de “el colla es tu enemigo, el indio es tu enemigo”.

“Ellos decían: ‘generamos un combate, resistimos y la indiada bajando de la parte alta y logramos que intervenga Naciones Unidas y logramos la independencia’, lo dice Rósza cuando lo entrevistan en el extranjero”, dijo.

Luego del operativo policial, autorizado por el entonces presidente Evo Morales y su gobierno, se abrió una investigación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por tortura y ejecuciones extrajudiciales contra el grupo de extranjeros.

En 2022, la CIDH concluyó que en el operativo en el hotel Las Américas se produjeron ejecuciones extrajudiciales y torturas. El organismo instó al Estado boliviano a investigar a la administración de Morales por las muertes en el operativo para evitar un juicio internacional.

El informe identificó a más de una decena de personas, incluyendo a Evo Morales y a Álvaro García Linera, que deberían ser investigadas por las “graves violaciones” a los derechos humanos en el caso de «terrorismo».

Al respecto, Raúl García admitió que la intervención fue un acto estatal altamente riesgoso, pero aseguró que la situación en el hotel no era nada tranquila. “Yo me pongo en sus zapatos (de la Policía)”.

Dijo que nadie hubiera deseado que haya muertos en el operativo, pero cuestionó: ¿cómo tocas las puertas de una persona que duerme armada?

“Si ellos hubieran entrado disparando, todo hubieran muerto, no hubiera habido ningún sobreviviente como hubo”, añadió.

Asimismo, descartó la figura de tortura en el operativo, debido a que en todo momento estuvo presente la prensa. Desde que los extranjeros salieron del hotel hasta que llegaron a La Paz. Indicó que el único lugar donde estaban sin cámaras fue en el vuelo.

“Tortura es estar cinco o 17 días desparecido, no cuatro horas. Suena ridículo”, cuestionó. 

Proceso

García lamentó que en 11 años no se haya establecido una sentencia para los acusados sobrevivientes y que ni siquiera se haya avanzado en el proceso. “Es tan abundante la prueba que uno no entiende como es que no hubo sentencia”.

Reclamó que a Arturo Murillo (ministro de Gobierno durante el gobierno de Jeanine Áñez) se le puede entender que haya desistido en el caso Terrorismo, pero no al fiscal general, Juan Lanchipa.

En 2020, Murillo cerró el caso Terrorismo I y II sobre de la irrupción Rózsa en el país. Lo hizo al desistir del proceso como institución estatal del Ministerio de Gobierno, que en el gobierno de Morales era la parte acusadora.

“Como se dio el lujo Murillo de desistir de la acusación. No puedes esperar mucho de él, pero el fiscal no pudo desistir de la acusación”, reclamó García.

Explicó que más allá de que el Ministerio de Gobierno haya retirado la denuncia, la Fiscalía debió seguir la investigación de oficio. “De 2009 a 2020, son 11 años de juicios donde nunca prosperó el proceso”.

“Hubo un manejo perverso de la justicia”, insistió.

Apuntó a los fiscales, encargados del caso, de trabar e imposibilitar el avance del caso, cuando se tenían casi todos los elementos. “En un año o dos tenía que haber una sentencia y no hubo, ni quiera en primer grado”.

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Cruz considera que ‘bajan’ casos de feminicidio debido a la opción cruel de infanticidios

La violencia vicaria es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y, especialmente, de sus hijas e hijos.

La viceministra Cruz explicó los alcances del plan.

Por Andrea Condori

/ 16 de abril de 2024 / 13:07

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, lamentó que ahora los padres les quitan la vida a sus hijos “a modo de castigar” a las madres con el dolor por perder a sus seres más queridos. “Uno de estos móviles es la violencia vicaria”.

La violencia vicaria es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y, especialmente, de sus hijas e hijos. El padre ejerce una violencia extrema contra sus hijos y utiliza recursos de particular crueldad.

El asesinato de las hijas o hijos es la parte más visible de esta forma de violencia extrema que destruye a las mujeres.

En entrevista con La Razón Radio, Cruz explicó que los agresores ya no recurren a los feminicidios, sino que ahora optan por cometer infanticidio “como una forma de castigar a la madre sobreviviente”.

“Es una corriente que la hemos notado en esta gestión, pero que está viniendo de otras olas. En España se ha identificado y en otra parte de la región y ahora en Bolivia”, comentó la viceministra.

Confirmó que hubo una reducción de casos de feminicidios, pero los infanticidios han ascendido. “Hemos evidenciado que sí corresponde a la violencia vicaria”.

Puso como ejemplo el caso del infanticidio ocurrido el 5 de marzo en la zona de Villa Satélite, en El Alto. Un hombre, sentenciado luego a 30 años de prisión, mató a cuchilladas a sus dos hijos en medio de un conflicto marital.

Cruz lamentó que existe un “ascenso preocupante” de infanticidios que, hasta la fecha, la cifra ala cazó 14 casos en los primeros cuatro meses de gestión. “Hay un ascenso preocupante principalmente entre 2023 y 2024”, dijo.

Informó que no solo las cifras de infanticidio son alarmantes, sino también los casos de abuso sexual y violación contra niños y adolescentes. Hasta el momento, se han reportado más de 800 casos en el país.

Cruz aseguró que se necesita endurecer las penas, generar protocolos de prevención e investigar con perspectiva de género, además de realizar proyectos específicos para la niñez.

“Es urgente fortalecer el sistema de protección en el ámbito municipal y educativo”, exhortó la viceministra.

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Asamblea Legislativa fusiona tres proyectos de ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales

El resultado de la fusión es el proyecto de ley para garantizar el acceso a la justicia a víctimas de los delitos de infanticidio y violencia sexual.

Asamblea Legislativa. Foto: Archivo

/ 16 de abril de 2024 / 12:59

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, develó que la Asamblea Legislativa decidió fusionar tres proyectos de ley sobre la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra infantes, niños, niñas y adolescentes.

Se trata de una “buena combinación”, dijo a La Razón Radio la funcionaria respecto de la unificación de los proyectos presentados por el presidente Luis Arce, la Cámara de Senadores y la ministra de la Presidencia, María Nela Prada. 

La viceministra destacó el trabajo, de la semana pasada, y dijo que el objetivo es garantizar el acceso a la justicia a víctimas de los delitos de infanticidio y violencia sexual.

Cruz afirmó que del debate y fusión del documento participaron las las tres principales fuerzas políticas: Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

El primer proyecto fue presentado por Prada, en mayo de 2023, luego de revelarse el diario del fallecido jesuita Alfonso Pedrajas (+), en el que confiesa que violó a 85 menores.

Se trataba de la Ley de Lucha Contra la Impunidad en Delitos Sexuales Contra Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes. El proyecto fue rechazado por la Cámara de Diputados debido a una pugna política entre las bancadas.

El segundo proyecto fue presentado por Arce en marzo reciente. El documento declara la imprescriptibilidad de los delitos contra menores de edad en los casos de infanticidio, violencia y abuso sexual, con el fin de “reforzar” los castigos en contra de los agresores.

El tercer proyecto, que se adjuntó al documento final, fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores, también está relacionado con los delitos de violencia sexual e imprescriptibilidad.

“La Comisión de Derechos Humanos ha tomado una decisión de fusionar los proyectos para aminorar el trámite de observaciones en las cámaras de Diputados y Senadores”, informó Cruz.

Explicó que en la ley se mantiene la imprescriptibilidad de la acción y de la pena de infanticidio y violencia sexual. “Se ha establecido el derecho a la verdad en el ámbito judicial para que los casos que hayan prescrito, puedan ir al sistema judicial”.

El derecho a la verdad está orientado a los graves delitos y graves afectaciones contra menores. Si bien no se podrá generar sanciones penales contra los agresores, se podrá abrir una investigación de casos prescritos.

“Se puede investigar y hacer establecimiento de los hechos. En materia de derechos humanos puede constituirse una medida de reparación para esclarecer los hechos”, añadió.

También, la ley comprende la obligatoriedad de asistencia integral a las víctimas, desde la atención psicológica, psiquiátrica, legal y médica. Además, se generó un fortalecimiento a los siete más de información para que las víctimas puedan seguir sus casos.

Cruz destacó que es un proyecto fusionado, consolidado y cuenta con el apoyo de las fuerzas políticas. Espera que puede ser aprobado sin mayores problemas.

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El novio de Odalys rompió reglas al conceder entrevista en prisión y fue sancionado

Odalys Vaquiata desapareció en los Yungas de La Paz el 30 de marzo, hasta la fecha no se conoce su paradero.

Joel Pérez junto a Odalys en una fotografía de redes sociales

Por Andrea Condori

/ 16 de abril de 2024 / 10:36

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, develó este martes que la entrevista a Joel Pérez, novio de la desparecida Odalys Vaquiata, no fue autorizada por su despacho y no siguió con el conducto regular y legal.

Pérez habló con la periodista Melania Torrico en una entrevista de 59 minutos y 43 segundos desde el Centro de Reinserción Social para Jóvenes Qalauma, ubicado en el municipio de Viacha, La Paz. En la entrevista dijo que Odalys está viva y que alguien la retiene.

“Esta entrevista no estaba contemplada ni autorizada. Hay conductos que hay que seguir y canales que la ley establece”, dijo en entrevista con La Razón Radio.

Lamentó que el personal de seguridad que no tomó atención al caso no realizó la requisa y permitió el ingreso de la grabadora de la periodista, cuya herramienta está prohibida. “Hubo una omisión respecto a la seguridad del centro penitenciario”.

“Lastimosamente, era una periodista que no tenía autorización y, peor aún, tenía un objeto, en este caso, una grabadora”, reclamó.

A raíz del hecho, el Régimen Penitenciario sancionó a Pérez con una “falta grave” en el centro penitenciario.

“No es que están prohibidas (las entrevistas), el tema es que la ley establece una solitud de autorización y, sobre todo, al hablar ciertos temas más concernientes al centro penitenciario”, aclaró Limpias.

Al ser consultado sobre las razones de por qué Joel fue trasladado a Qalahuma, afirmó que la Justicia fue la que determinó su reclusión en centro de jóvenes. “La situación fue extraña”, admitió.

Afirmó que muchas veces, Régimen Penitenciario tiene que corregir los destinos de los reclusos. “Recordarán el caso de Richard Choque (violador y asesino serial), hemos hecho una resolución que la ley no faculta para trasladarlo al penal de Chonchcocoro porque los reos de San Pedro no lo querían”, explicó.

Afirmó que Régimen Penitenciario no recibió ningún tipo de presión por parte de la familia de Pérez, pero sí le extraña que haya habido una omisión de requisa del personal de seguridad al no revisar a la periodista.

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