Los jefes de bancada de la Cámara de Senadores y los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural anunciaron el tratamiento del proyecto de una ley corta para extender los plazos, entre 30 y 40 días, para el proceso de preselección para las elecciones judiciales.

El encuentro de los senadores fue dirigido por el presidente de esa instancia camaral, Andrónico Rodríguez, quien además dijo que se insistirá que el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, se involucre como manda la Constitución y cumpla su deber en este tema.

El 30 de abril, la Sala Constitucional de Pando dejó sin efecto el proceso de preselección la semana pasada, luego que la dirigente indígena y abogada Yeny Duri presentará una acción popular el 18 de abril, en el que denunció que la convocatoria de preselección no garantiza los derechos de las mujeres originarias.

La semana pasada, la Asamblea fue notificada con el fallo constitucional que dejó sin efecto el proceso y declaró la “inaplicabilidad” de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Supremo Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

En medio de la denuncia de la Fiscalía contra Israel Huaytari, presidente de la Cámara de Diputados, por el presunto delito de ganancias ilícitas, varios legisladores, tanto del Movimiento Al Socialismo (MAS) como de la oposición le pidieron que dé un paso al costado.

“Pedir que el diputado Huaytari, primeramente, renuncie al cargo de presidente de la Cámara de Diputados y después pueda pedir licencia para seguir el proceso que se le viene solicitando”, exigió Juan José Torrez, diputado de Comunidad Ciudadana (CC) en entrevista con DTV.

El proceso contra Huaytari se denunció por la Fiscalía luego de una pesquisa de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Denunciaron un presunto aumento injustificado en su patrimonio.

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Pese al respaldo ofrecido por el jefe de bancada de su partido, Jerges Mercado, otros legisladores del MAS no se solidarizaron con Huaytari.

Los senadores arcistas Andrés Flores y Felix Ajpi, coincidieron en que el presidente de la Cámara de Diputados debe dejar la presidencia de esta instancia. En criterio de los legisladores, de esta manera, Huaytari podría resolver con mayor tranquilidad el proceso en su contra.

Renán Cabezas, diputado del ala evista del MAS, argumentó que Verónica Challco, primera vicepresidenta de Diputados, podría tomar la presidencia durante la investigación a Huaytari.

“Vamos a exigir que se altere el orden del día y se incorpore un debate para tener una resolución y alejar de su cargo a Israel Huaytari, debería dar un paso al costado, ser suspendido en la Cámara de Diputados”, criticó en conferencia de prensa.

Huaytari, por su parte, insiste en su inocencia. Inclusive, propuso levantar su secreto bancario para corroborar que sus ingresos no se incrementaron.

La Justicia notificó al director del penal de Chonchocoro de La Paz, mayor Marco Gonzales, con la orden para el traslado del gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho a Santa Cruz para el inicio de su audiencia de juicio oral del 27 de mayo.

“El Tribunal de Sentencia Octavo de la Capital, dentro del marco de aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal, se encuentra preparando la audiencia de juicio oral… que sigue el Ministerio Público contra Luis Fernando Camacho Vaca para la presunta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes… su autoridad deberá tomar las previsiones para asegurar la presencia del nombrado… el lunes 27 de mayo a horas 08.15”, señala parte de la notificación.

La notificación se realizó el jueves 9 de mayo por el Tribunal de Sentencia Octavo, que además ordena “al gobernador de Chonchocoro coordinar con Régimen Penitenciario para el traslado de Camacho de La Paz a la ciudad de Santa Cruz, debiendo ser puesto bajo custodia del gobernador de Palmasola un día antes de la celebración del juicio oral”.

En el caso Decretazo, Camacho está imputado por la supuesta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, eso por la aprobación de un decreto departamental antes de un viaje a Brasil, en marzo de 2022.

Entonces, la autoridad cruceña encargó sus funciones al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro. Pero según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, esa responsabilidad le correspondía al vicegobernador Mario Aguilera. Con ese fin, Camacho promulgó el 9 de marzo el Decreto Departamental 373.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, pidió a la Justicia que se llegue a un análisis más profundo, respecto al traslado de Camacho a Santa Cruz, esto en razón a la seguridad del privado de libertad, como de sus custodios.  

“Insistimos como administración penitenciaria… que se llegue a un análisis más profundo, respecto a todos los elementos que ha dado este centro penitenciario. Hay una responsabilidad respecto al cuidado (para que) no haya algún tipo de agresiones, no solo al privado de libertad, sino estamos encargados de precautelar la integridad física, la vida, la salud de cada privado de libertad, pero no solamente eso, sino también la responsabilidad del director de este centro penitenciario es precautelar por la seguridad de sus mismos policías”, dijo Limpias a Unitel.

Señaló que se va a esperar lo que diga la Justicia y que en el transcurso de los días se informará lo que se vaya desarrollando.

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Martín Camacho, defensa del gobernador cruceño, señaló que “no hay una excusa” para el traslado de la autoridad cruceña.

“En realidad, es una obligación, no es una posibilidad. La Ley 2298 en su artículo 110 (señala que) no es una obligación del director nacional, sino del director de cada centro penitenciario el cumplir con las órdenes judiciales para los traslados a las audiencias, en este entendido, no hay una excusa que se pueda presentar”, dijo el jurista.

Añadió que los informes a los que hace referencia Limpias fueron presentados el 11 de marzo y los mismos fueron valorados por el Tribunal de Sentencia.

“(Esos informes) fueron considerados como superfluos para no dar conocimiento a una orden judicial, en este entendido lo único que está haciendo es fortalecer el error, pero además instigar a que se cometa incumplimiento de deberes por parte del mayor Gonzales”.

El gobernador cumple detención preventiva en Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I, desde diciembre de 2022. Este proceso indaga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, cuando renunció asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas precisamente por Camacho, un motín policial y la presión de los militares.

Ante el riesgo de que las elecciones primarias cerradas y las elecciones judiciales coincidan en el calendario electoral, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuhichi Tahuichi Quispe, insistió en su propuesta de suspender las primarias y priorizar las judiciales.

“Si no arrancara las elecciones judiciales pronto, habría esta complicación jurídica de impedimento. Ahí viene la propuesta que la hago personal: si anulamos las elecciones primarias cerradas, nos olvidamos, y al año habrá elecciones generales presidenciales directamente en abril y así tendríamos tiempo, desde hoy hasta abril del próximo año, para pensar en judiciales”, propuso este martes en conferencia de prensa.

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El proceso de las elecciones judiciales se paralizó el 30 de abril, cuando una Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Pando falló en favor de una acción popular.

Esta acción la presentó la abogada Yeny Dury, quien denunció que la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, no contemplaba los derechos de las mujeres indígena originario campesinas.

Calendario electoral

Con el calendario desfasado, Tahuichi considera que existe el riesgo de que dos procesos electorales coincidan.

“Se viene inminentemente las elecciones primarias; arrancaría en agosto de este año, cosa de que las elecciones sean en diciembre. La misma ley le da un impedimento, prohíbe que haya dos elecciones paralelas”, afirmó el vocal.

Justamente, el artículo 87 de la Ley del Régimen Electoral establece que “no podrá organizar, dirigir, supervisar, administrar o ejecutar procesos electorales cuyo calendario electoral se superponga con el de procesos electorales”.

“El Tribunal Electoral está ansioso, está deseoso, de poder emprender las elecciones judiciales. Si hoy día nos entregara la Asamblea esta lista de los preseleccionados, hoy mismo arrancamos”, afirmó el vocal.

El 5 de mayo venció el plazo para que la Asamblea Legislativa remita la lista de los candidatos preseleccionados. El TSE tenía 150 días para llevar adelante el proceso electoral.

Ahora, la realización de las judiciales se encuentra, una vez más, en vilo.

La propuesta de Tahuichi Quispe se suma a otras que barajean los actores políticos con el fin de viabilizar elecciones judiciales para este año.

“Bolivia tiene una cuenta pendiente con elegir por sufragio a los magistrados”, insistió.

Los actuales consejeros y magistrados prorrogaron su mandato a finales del 2023, ante la imposibilidad de concretizar elecciones judiciales ese año. En esa oportunidad, fueron otros amparos constitucionales los que imposibilitaron los comicios.

El expresidente Carlos Mesa celebró la abrogación del Decreto Supremo 5143 de Derechos Reales. Afirmó que se trata de una victoria contra la arbitrariedad del Movimiento al Socialismo (MAS).

Asimismo, consideró que la abrogada norma ponía en riesgo la propiedad privada en el país.

“(Es) Una nueva victoria de los bolivianos frente a la arbitrariedad del MAS”, publicó el exmandatario en su cuenta de X.

Al mediodía de este martes, el presidente Luis Arce informó la abrogación del decreto que buscaba transparentar y agilizar los trámites en Derechos Reales, dar claridad a la recaudación de recursos por ese concepto y, además, crear una base interinstitucional de datos única.

El mandatario, en su justificación, dijo que tomó la decisión con el fin de evitar una convulsión que, en su criterio, busca usar “ese u otros temas” para generar movilizaciones y perjuicio.

“Seguramente hemos tocado intereses que no quieren que se modernice Derechos Reales y que ello fue distorsionado y manipulado”, apuntó.

En días pasados, varios sectores se pronunciaron sobre el decreto en cuestión. Especularon acerca de su contenido y advirtieron una supuesta intromisión del Estado en la administración de las propiedades.

Luego del rechazo de sectores y algunos actores políticos, el jefe de Estado dijo que utilizaron “elementos sensibles para confundir” a la población respecto de esa norma y, así, generara su rechazo.

“Lo que menos queremos nosotros es que utilicen este tipo de herramientas para fines políticos”, agregó el mandatario.

Por su parte, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, calificó la abrogación como una “derrota” del presidente y una “señal de esperanza”.

“En todas las regiones del país hubo una respuesta contundente a una medida inconstitucional y antidemocrática. La unidad es el camino para recuperar la democracia y las libertades ciudadanas”, escribió en X.

El presidente Arce brindó su conferencia de prensa rodeado por miembros de la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones sociales que simpatizan con él.

De hecho, la decisión la comunicó luego de una reunión con ellos.

Al respecto, Camacho afirmó que “disimuló su derrota”.

Finalmente, Camacho, detenido preventivamente en Chonchocoro desde diciembre de 2022, acusado en el caso Golpe de estado I, negó el plan de convulsión que advirtió Arce.