Hay una creciente expectativa por el avance de las elecciones judiciales. A siete días para que la Asamblea Legislativa agote su plazo para la preselección de postulantes, una acción popular amenaza su continuidad.

El 16 de febrero, con la publicación de la convocatoria al proceso de postulaciones, la Asamblea Legislativa comenzó su trabajo para la preselección de 192 aspirantes a las elecciones judiciales.

Son 404 profesionales que vencieron las ocho fases previas a la evaluación de méritos, cuya revisión de formación académica, experiencia laboral y producción intelectual se cumplió con aparente normalidad sobre 100 de los 200 puntos previstos por la ley.

El inicio de la etapa de exámenes orales y escritos de los postulantes, que también se calificará sobre 100 puntos, estaba previsto para el martes 17 de abril. Para entonces, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Santa Cruz había dictado una medida cautelar sobre la preselección, a instancias de Margarita Medrano, abogada rechazada en su postulación al Consejo de la Magistratura, quien denunció la supuesta vulneración de sus derechos a participar en ese proceso de preselección.

Desde entonces, no se avanzó en la preselección de postulantes.

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Acción popular

La amenaza que acecha el proceso data del 18 de abril. La abogada Yeny Dury Bautista presentó ante la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando una acción popular en contra de la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

La denuncia expone la supuesta vulneración de los derechos de las mujeres indígenas en el proceso de preselección. Asimismo, Solicita la paralización del cronograma de preselección para que “no se vulneren los derechos colectivos demandados”.

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, confirmó a La Razón que dicha acción popular se resolverá mañana, a las 09.00, en una audiencia virtual.

Aparte de esa acción, indicó que se presentaron al menos 12 amparos contra la preselección, cuyas audiencias serán resueltas entre hoy y mañana.

¿Esta acción popular, de salir a favor de la demandante, frena el proceso de preselección?

Dato

Los alcances de la determinación del Tribunal de Garantías podrían tener esa connotación, de paralizar incluso todo el proceso hasta que se pueda adecuar a las determinaciones del Tribunal de Garantías, en el peor de los escenarios, en el sentido de la ley. Pero eso es adelantarse demasiado. Es una posibilidad. Así como también es una posibilidad que se niegue la tutela y se prosiga todo el proceso, siga mudando la actividad de la comisión.

Ayer, en Bolivia Tv, el legislador del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) indicó que “podrían ampliarse los plazos” asignados a la Asamblea Legislativa, mientras “se resuelven y adecúan” las observaciones.

“Si se ha paralizado este proceso es precisamente por la interposición de recursos constitucionales de postulantes que, en varios de los casos, han visto el poco elemento de motivación que han tenido las resoluciones que han sido construidas desde las comisiones”, dijo Jáuregui.

Terminada la fase de preselección, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) alistará la tercera elección judicial en el país. La primera se celebró el 16 de octubre de 2011 y las segunda, el 3 de diciembre de 2017.

Se elegirán 23 magistrados, titulares y suplentes, para los tribunales Constitucional, Supremo de Justicia, Agroambiental y tres consejeros a la Magistraturas, con las mismas condiciones.

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, pidió este domingo que las instituciones que elaboraron las preguntas para los postulantes a las elecciones judiciales “decir su verdad” sobre a la supuesta “filtración” de esa batería.

“Nosotros exhortamos a estas instancias que se encargaron de la elaboración de estas preguntas a que puedan decir su verdad; (y que puedan) señalar si hay o no la garantía de que estas preguntas realmente no estén circulando en otras manos que no sea solamente los de la comisión”, afirmó en entrevista con Bolivia Tv.

Fueron las facultades de Derecho de las universidades, los colegios de Abogados y otras más las encargadas de elaborar la batería de preguntas para los 404 profesionales que llegaron a la fase de evaluación de méritos de la preselección a las elecciones judiciales.

Postulantes

Esa fase debió comenzar el martes 17 de abril, el mismo día que llegaron las preguntas a las presidencias de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural. Recibidas, una Notaría de Fe Publica las tomó en custodia y fueron guardadas en una oficina en el edificio antiguo de la Asamblea Legislativa, cuyo ambiente, sin ventanas, fue precintado.

Para entonces, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Santa Cruz había dictado una medida cautelar sobre la preselección, a instancias de Margarita Medrano, postulante rechazada en su postulación al Consejo de la Magistratura, quien denunció la supuesta vulneración de sus derechos a participar en ese proceso.

El legislador del ala arcista explicó que son 12 recursos legales interpuestos contra la preselección, “pero uno reviste riesgo, porque cuestiona la falta de cupo indígena entre las candidatas de Pando hacia el Tribunal Constitucional. De ser adverso, podría paralizar definitivamente el proceso”.

Preselección

Jáuregui se refirió al recurso de acción popular presentado por la abogada Yeny Dury Bautista, que denunció la supuesta vulneración de los derechos de las mujeres indígenas en el proceso de preselección a las judiciales.

Ese recurso fue presentado por la profesional el 18 de abril, en Cobija, Pando, ante la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia. Solicitó la paralización del cronograma de preselección para que “no se vulneren los derechos colectivos demandados”.

Según la denuncia, no existen candidatas pertenecientes a los pueblos indígena originario campesinos de Pando habilitadas al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como dispone la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

Jáuregui indicó que la audiencia para la resolución de ese amparo está programada para el martes y la calificó de “clave” para la continuidad o no del proceso.

El senador Leonardo Loza, del Movimiento Al Socialismo (MAS) evista, afirmó este domingo que el gobierno del presidente Luis Arce hace “emputar” a la militancia de ese partido y consideró que eso “une” a sus bases.

“El Gobierno está haciendo emputar a nuestra gente, eso está uniendo más a los compañeros de base”, dijo en el programa dominical del expresidente Evo Morales, en radio Kawsachun coca.

Loza cuestionó el ampliado del MAS arcista celebrado el sábado en Tarija. El encuentro terminó en trifulca entre dirigentes que llegaron a agarrarse a puños.

Según informaron medios locales, se intentó bajar de la testera a la ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Julia Ramos, y rechazan su incorporación al comité ad hoc que llevará adelante la elección de la nueva directiva del MAS en Tarija.

Gobierno

Por su parte, Morales calificó de “congresos chutos e ilegales” los encuentros propiciados por el sector arcista del MAS. “El Gobierno nacional organiza estos encuentros forzando (a dirigente y militantes) y pagando (la asistencia) con plata del pueblo”, señaló.

Acusó al Gobierno de “obligar” a funcionarios para que asistan a esos encuentros, incluso, bajo amenazas y, en el caso de alcaldes, bajo “prebendas y chantajes” con obras a cambio.

Tanto Loza como Morales compararon el encuentro de Tarija con otro del ala evista, que tuvo sede en Chayanta, en el municipio de Ocurí del departamento de Potosí, propiciado por dirigentes evistas.

“Aquí no hay pelea, era pura fiesta”, celebró.

Ambos encuentros se celebraron en medio de la disputa por la “legitimidad” de las bases y militancia del MAS. Por un lado, Morales afirmó que sus seguidores son la militancia “real” del MAS; mientras que Arce defiende que sus seguidores, dirigentes miembros del pacto de unidad “son dueños” de ese partido.

El presidente, Luis Arce, admitió este domingo que el Gobierno no tiene recursos económicos para ejecutar obras y que Bolivia ya no tiene gas, por eso debe hacer nuevas exploraciones para ver si existen nuevas reservas.

“Hay tanto por hacer, pero hoy no tenemos la plata que teníamos antes, el gas se ha agotado, estamos recién volviendo a hacer exploraciones para ver si hay más gas”, dijo en la apertura del Congreso Departamental de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa, en Sapahaqui, La Paz.

Recordó que el Gobierno solicitó varios créditos extranjeros para la ejecución de obras; sin embargo, lamentó que la Asamblea Legislativa aún no haya viabilizado la aprobación de esos recursos.

“Cuando nos queremos prestar (dinero), la Asamblea Legislativa, y hay que decir la verdad, la derecha y el ala evista nos niegan la aprobación de créditos y, por lo tanto, cuando hay demandas de los hermanos por más obras, no hay de dónde sacar plata”, subrayó.

Luis Arce

A su juicio, el rechazo de esos créditos tiene un fin político, el de desprestigiar al Gobierno. “Ellos son los que estrangulan, ellos son los que ahorcan la economía del pueblo boliviano”, fustigó.

Además, cuestionó que los legisladores incumplen la labor para la que fueron elegidos. “Tenemos varios diputados, asambleístas nacionales, (pero) no todos cumplen su labor en la Asamblea Legislativa; hay gente que boicotea, hay gente que no aprueba, hay gente que parece que no ha entendido por qué ha ido a la Asamblea a aprobar los créditos”, sentenció.

Las duras críticas de Arce al evismo cobraron fuerza a cinco días del congreso nacional convocado por el Pacto de Unidad y que está previsto para el 3, 4 y 5 de mayo, en El Alto.

Hay otra convocatoria, con el llamado de la dirección nacional del MAS, para el 10 de julio, pero ambas están a la espera de la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) respecto de la “legitimidad” o no de los congresos.

La viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, Jessica Saravia, explicó que el Decreto Supremo 5143 apunta a la desburocratización de los trámites en las oficinas de Derechos Reales (DDRR) a través del uso de la tecnología.

“Al poder hacer uso de la tecnología, este decreto pretende la desburocratización (de Derechos Reales). El momento en que este sistema empiece a funcionar, le va a dar muchas posibilidades a la gente de tener un trámite certero, que tenga información correcta, que los plazos se reduzcan”, dijo en entrevista con Bolivia Tv.

El decreto en cuestión plantea la creación del Sistema Único de Derechos Reales y fue promulgado el 10 de abril por el presidente Luis Arce.

La norma pretende crear una base de datos única, y con “estándares internacionales”, para que usuarios accedan a información “cruzada” entre varias instituciones, entre ellas, la Dirección del Notariado Plurinacional (Dirnoplu) y hasta los gobiernos municipales y departamentales.

Trámites

“Va a haber seguridad jurídica, porque los datos son inalterables y se va a poder evidenciar quién ha sido la persona que ha generado los registros. Eso, por supuesto, va a generar mayor transparencia” explicó Saravia.

Explicó que la norma “es una respuesta” a varias quejas y reclamos por casos de corrupción y de trámites que, según contó, tardaban hasta tres años en concluir.

Planteó, además, una serie de beneficios, aparte de la “rapidez” de los trámites; por ejemplo, el pago que ahora podrá realizarse con tarjeta de débito o crédito y también a través del uso de QR.

Otro de los puntos que explicó la funcionaria es la “institucionalización de Derechos reales” y explicó que eso implica una evaluación meritocrática del personal de esa institución.

Registro

“Al ser un registro tan importante, es necesario que el personal tenga conocimiento suficiente. Se va a realizar una convocatoria que valore la meritocracia (…). También cuando hablamos de servidores con conocimiento pleno de la norma; van a tener una mayor y mejor información y evitar los trámites de dos o hasta tres años”, complementó.

Los datos de los usuarios, indicó, migrarán del formato tradicional al digital de manera “automática”; esa tarea está a cargo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).

Varios sectores reclamaron que el contenido de esta norma no fue socializada, por lo que pidieron a las autoridades informar sobre sus alcances.