El presidente Luis Arce inauguró este lunes la construcción de la carretera doble vía Oruro-Challapata y advirtió que “algunos tienen envidia” por la entrega de obras por parte del Gobierno en todo el país.

En el acto, celebrado en Soracachi, a 60 kilómetros al noreste de la ciudad, el mandatario explicó que la vía, en su primer tramo, unirá Vinto y Cruce Huanuni”, el inicio de la carretera entre Oruro y Potosí.

Al acto asistieron algunos ministros, senadores, diputados, autoridades locales y comunarios, además de varias organizaciones sociales orureñas.

Arce destacó que la obra descongestionará la actual carretera de ese sector, de la que dijo que “parece avenida” por la lenta circulación de vehículos.

Entre sus consideraciones, el jefe de Estado mencionó que el Gobierno impulsa ése y otro tipo de obras, pese al contexto nacional e internacional, y volvió a fustigar a “la nueva derecha”, como calificó a la facción del Movimiento Al Socialismo (MAS) que lidera Evo Morales.

Luis Arce

“No quieren que avancemos y no quieren que hagamos obras, y que no quieren que entreguemos obras. Parece que hay envidia de algunos compañeros. Pero, aquí, no se trata de una sola persona, no es el presidente Lucho que viene a entregar (obras), es el Gobierno democráticamente elegido en las urnas”, reclamó.

Y siguió: “Si hay gente que no le gusta que el gobierno nacional cumpla con el pueblo con estas obras, allá ellos. Vendremos a entregar estas obras, les guste o no les guste”.

Entre otras obras, anunció la pronta entrega de la Planta de Industrialización de Camélidos en el municipio de Turco, capital de la Ganadería Camélida de Bolivia, a 155 kilómetros al oeste de la capital.

Si bien el mandatario no hizo alusiones directas, su mensaje coincide con las constantes críticas de Morales y sus seguidores. Ese bloque lanzó sus dardos contra la gestión de Arce respecto de su administración y la ejecución de obras. “Inaugurar piedras, no es entregar obras”, dijo, por ejemplo, el senador evista del MAS Leonardo Loza.

En cuanto a los datos de la obra como tal, esa construcción demandará una inversión de Bs 508,08 millones, de los que el 20% (Bs 101,6 millones) será otorgado por la Gobernación de Oruro y el restante 80% (Bs 406,4 millones), por el Gobierno.

Según informó el presidente Arce, el contrato con la empresa responsable de la doble vía prevé la entrega final de la obra en un plazo de 570 días.

El comandante general de la Policía Boliviana, Álvaro Álvarez, confirmó que dos policías están investigados por la comisión del supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Ambos están incluidos en la investigación que indaga la supuesta participación del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, en ese ilícito.

“Los procesos investigativos están siendo desarrollados adecuadamente y con objetividad (…). Estos servidores policiales están siendo investigados por la Ley 101, con la Fiscalía Policial, en el Departamento de Investigación Interna en Sant Cruz”, dijo en conferencia de prensa.

Se trata de Raúl C. P. y Rolando G. T. A., además Lizeth P.C.P. e Israel H.M., quienes fueron incluidos en la investigación. Además de eso, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, explicó que entre los investigados en ese caso está Lizeth P. C. P., identificada como hermana de uno de los uniformados.

El comandante Álvarez dijo que se encargó al inspector que lleva adelante la investigación “con objetividad, para que los malos policías sean sancionados si se encuentra responsabilidad en esos actos”.

Ese caso fue abierto por el Ministerio Público de La Paz, a instancias de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), por un supuesto incremento injustificado en el patrimonio de los investigados.

La presunta irregularidad está contenida en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, del 8 de diciembre del 2023; fue remitido a la Fiscalía el 9 de enero de este año.

El viernes, el mismo Lanchipa informó que el caso radica ahora en Santa Cruz, a raíz de un incidente de declinatoria de competencia presentado por uno de los uniformados investigados.

El 54% de los ahorros de los trabajadores está invertido en el sector privado financiero, según el informe de la Rendición Pública de Cuentas Inicial 2024 de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora) publicado el viernes.

El monto alcanzado a esa fecha fue de Bs 179.582 millones, lo que significa que se invirtieron unos Bs 96.974 millones en ese ámbito.

El documento también muestra otros tres ámbitos en lo que la administradora estatal invirtió esos recursos. En el sector estatal se invirtió el 31% (Bs 55.670 millones); en el privado no financiero, 13% (Bs 26.345 millones) y en el estatal extranjero, 2% (Bs 3.591 millones).

Asimismo, incluye un cuadro en el que se detalla la cartera de inversiones así como una lista de 15 destinos de los Bs 179.582 millones administrados por la Gestora.

Se destinaron Bs 90.599 millones (50,45%) a Depósitos a Plazo Fijo (DPF); Bs 48.864 millones (27,21%) a la compra de Bonos del Tesoro (BTS); en el caso de las Cuotas de Fondos Cerrados (CFC), la inversión alcanzó a Bs 15.551 millones (8,66%) de los recursos al 30 de abril de este año. (Ver cuadro).

En menor porcentaje, la Gestora también realizó inversiones, todas a través de la Bolsa de Valores, en Bonos Bancarios Bursátiles (BBB), Bonos de Largo Plazo (BLP) y Cupones (CUP), entre otros.

El rendimiento de esos recursos, a abril de este año, alcanzó el 4,11%, según informó el gerente general de la Gestora Pública en el acto de rendición pública de cuentas del viernes, en La Paz.

“Esta estructura es similar a las que dejaron las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Conforme información publicada por la Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros (APS), al 30 de abril de 2023, que fue el último cierre de mes administrado por las AFP, el Valor de los Fondos del SIP ascendía a Bs 168.329 millones”, respondió la Gestora ante una consulta de La Razón.

“En algún momento se nos ha indicado que, con la (implementación) de la Gestora, todo se iba a invertir en el sector estatal, pero eso es totalmente falso. Hemos estado invirtiendo en ese sector, pero estableciendo un equilibrio para que los recursos puedan rendir lo que se necesita”, aclaró el gerente general de la Gestora, Jaime Durán.

Asimismo, explicó que la entidad estatal recibió de manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) una Cartera de Inversiones de Bs 164.969 millones ($us 24.048 millones) que se incrementó a 179.582 millones ($us 26.178 millones), lo que representa un aumento de Bs 14.613 millones. “Es decir que, durante la administración de la Gestora, los fondos han crecido en $us 2.130 millones”, destacó.

El titular de la gestora también destacó el crecimiento de los aportes para la jubilación que, a un año de gestión, tuvo un crecimiento de Bs 41.620 millones, lo que significa un incremento de 3,5%.

Explicó que fueron incorporados 116.545 nuevos afiliados, entre trabajadores dependientes, independientes y consultores, por lo que el universo alcanzó un total de 2.690.397. En cuanto a los empleadores, la Gestora registró a 46.575.

“Es importante decir que los fondos, cada vez, están creciendo más. Por un lado, las inversiones y (por otro) que estamos ampliando la base de gente que está aportando y eso hace crecer los fondos y eso permite que más personas puedan acceder a la jubilación”, relievó Durán.

Pero existen factores que “contribuyeron” a que más personas naturales y empresas formen parte de la Gestora. Por ejemplo, entre los beneficios que ahora tienen los jubilados y los derechohabientes es el cobro de sus rentas mensuales a través de 39 entidades financieras que realizan el pago y el pago anticipado para todos los beneficiarios, que normalmente se realiza el último día de cada mes y no el primero, como se acostumbraba

A diferencia de las AFP, la Gestora Pública dejó de cobrar una comisión del 1,31% por la administración de los ahorros de los trabajadores. Esa eliminación, según explicó Durán, representaba un costo aproximado de Bs 9 millones mensuales y Bs 90 millones anuales.

La Razón consultó a algunos jubilados respecto de si conoce o no que la Gestora invierte los aportes de los trabajadores y consideran “justo” que el rendimiento positivo debiera ser “redistribuido entre los rentistas”.

“Finalmente, es el aporte de todos los jubilados lo que se invierte, lo correcto sería que, al existir un incremento, una utilidad que también se refleje en nuestras rentas”, dijo Rocío S., trabajadora jubilada de La Paz.

Indicó que su renta mensual es un poco más de Bs 3.200 y que tuvo incrementos Bs 0,50 y Bs 0,80 en anteriores gestiones.

Por otra parte, Roberto G., también jubilado de La Paz, dijo que no tiene conocimiento de las inversiones que realiza la Gestora, sin embargo, destacó que existan medidas que “hacen más fácil el cobro”.

Explicó que él recibe su pago mensual a través de la modalidad de abono en cuenta, opción que calificó como “segura”. “Además, nos pagan un día antes que termine el mes, entonces, en mi caso, me permite distribuir y programar mejor mis gastos”, celebró.

Uno de los objetivos de la Gestora, dijo Durán, es “animar” a los trabajadores independientes a que realicen sus aportes en esa entidad, “porque hay beneficios” como la edad de jubilación y los la cantidad de cuotas.

Invitó a ese sector a informarse sobre los beneficios que brinda la Gestora Pública.

En un año, la renta dignidad alcanzó a 1,17 MM de personas

Entre abril de 2023 y abril de 2024, 1.171.000 personas mayores de 60 años cobraron la Renta Dignidad en todo el país, según la Rendición Pública de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora).

El documento que contiene esa información fue publicado por la entidad estatal que comparó la cifra con abril de 2023. La diferencia entre ambas gestiones da un incremento de 41.620 beneficiarios.

El pago mensual de este beneficio para las personas que no tienen una pensión de jubilación es de Bs 4.550 (incluido el aguinaldo), a razón de un pago mensual de Bs 350. Ahora, para las personas que tienen una renta, el pago mensual, incluido el aguinaldo, es de Bs 3.900. Cada pago mensual es de Bs 300.

“Hay personas que prefieren acumular hasta seis meses antes de cobrar”, explicó el gerente general de la Gestora Pública, Jaime Durán.

El mismo informe da cuenta que hasta abril de este año, la Gestora realizó 10.249 pagos por gastos funerales, esa cifra refleja una reducción de 234 pagos respecto de 2023.

En este caso el pago de Bs 1.800 por una sola vez, que puede solicitarse ante el fallecimiento de una persona beneficiaria de la Renta Dignidad.

La Razón consultó a la Gestora sobre cuál es la cantidad de personas que accedieron a esos beneficios y la distribución por departamentos, pero la respuesta contiene los datos hasta marzo de este año.

Así, se conoció que 1.229.439 personas fueron las beneficiarias. De ese total, el 31% se pagó en el departamento de La Paz, el 20% en Santa Cruz, el 18% en Cochabamba, 6% en Chuquisaca, 6% en Oruro, 9% en Potosí y el 6%, 4% y 1%, en Tarija, Beni y Pando, respectivamente.

Desde que la Gestora asumió la administración plena de los fondos, hubo un incremento de 17% en la cantidad de beneficiarios de la Renta Dignidad y de los gastos funerales.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, defendió el proyecto de ley denominado “Lo ajeno no se toca”, que contiene un nuevo tipo penal para casos de robo flagrante y un procedimiento sumarísimo, que permitirá que el Ministerio Público emita, directamente, una imputación contra delincuentes acusados de robo en flagrancia.

“No queremos que los administradores de Justicia vayan a beneficiar a estos delincuentes con chicanerías (…). Tenemos que seguir sacando a los delincuentes de las calles y tienen que estar donde tiene que estar: en las cárceles del país”, dijo en entrevista con Bolivia Tv.

El tipo penal que incluye el proyecto impulsado por el Gobierno se llama apoderamiento flagrante de la cosa ajena, cuya pena será de siete años de prisión. Incluye una agravante por reincidencia, cuya pena adicional será de dos años, es decir que, en caso de que un delincuente vuelva a cometer ese ilícito, la sanción con privación de libertad será de nueve años.

Del Castillo

La norma, además, prevé una sanción de ocho años para los extranjeros que cometan ese tipo de ilícitos.

Según la explicación de Del Castillo sobre la aplicación de esa norma, cuando un delincuente sea encontrado en flagrancia, puede ser aprehendido por particulares, ciudadanos o la Policía. Luego, el investigador policial emitirá un informe de acción directa “dentro del procedimiento sumarísimos penal”.

Eso permitirá, según dijo, que las autoridades judiciales no emitirán una imputación, sino una acusación penal. “La primera y la última audiencia que tengan estos delincuentes se los va a sentenciar a siete años”, dijo Del castillo.

“Es un hartazgo contra los administradores de Justicia”, apuntó el ministro de Gobierno y explicó que varias víctimas denunciaron que muchos delincuentes recuperan su libertad “a horas de su captura”.

También dijo que se creará una unidad específica con efectivos que operarán de incógnito en diferentes zonas con gran concurrencia de personas, como la Ceja de El Alto, la Cancha en Cochabamba.

Delincuentes

“Se creará una unidad especial antirrobos donde policías actuarán de incógnito en los mercados populosos del país”, remarcó la autoridad.

Difundido el contenido de la norma, varios sectores advirtieron que ese procedimiento vulnera los derechos como el debido proceso, pero la autoridad respondió: “Este anteproyecto de ley ha sido trabajado y estudiado durante casi un año para evitar que se vulnere cualquier derecho humano. Los acusados tendrán derecho a la apelación y a una siguiente instancia”.

Una vez más, Del Castillo llamó a los miembros de la Asamblea Legislativa a que prioricen y aprueben el anteproyecto de ley y sobrepongan los intereses colectivos sobre los particulares y partidarios.

El expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, condicionó un congreso de unido de ese partido a que el presidente Luis Arce se comprometa públicamente a no proscribir su partido ni a inhabilitar a su líder en las elecciones generales de 2025.

“Si de veras Lucho (Arce) quiere un nuevo congreso de unidad, yo quiero que públicamente diga: ‘Lucho no va a impulsar ni la proscripción del MAS-IPSP ni la inhabilitación de Evo’”, dijo este domingo en su programa dominical de radio Kawsachun Coca.

Las declaraciones del líder cocalero ocurren una semana después de que el ala arcista del MAS eligiera a Grover García como nuevo jefe nacional del MAS en un congreso convocado por el Pacto de Unidad, que respalda a Arce, en El Alto.

Evo Morales

Si bien el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) supervisó el evento, aún resta conocer su informe para validar o no las determinaciones. Para ello esa oficina debe verificar si los convocantes cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley 1096, de Organizaciones Políticas, y el reglamento de supervisión.

Dicho informe, según informó el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila, se conocerá esta semana. Luego de eso, pasará al debate en la sala plena de ese órgano, para que defina si registra o no ante el Órgano Electoral las resoluciones del cónclave arcista.

“El TSE no puede reconocer el congreso (de El Alto). Reconocer (sus resoluciones) es un suicidio para la Sala Plena”, agregó Morales.

Asimismo, volvió a decir que el congreso del ala arcista tuvo la asistencia masiva de funcionarios, a los que incluso, según voz del mismo Morales, “obligaron a sacar vacaciones para asistir”.

Congreso

Por su parte, el TSE emitió esta semana la primera amonestación contra el MAS por incumplir con la conminatoria para convocar a un congreso nacional para la renovación de su directiva nacional.

Se trata de una primera “tarjeta amarilla” para el partido de Morales. Según explicó el vocal Tahuichi Tahuichi a La Razón, las organizaciones políticas pueden acumular hasta dos amonestaciones graves, pero ante una tercera, pierde su personería jurídica.

Morales, en repetidas ocasiones, acusó al Gobierno de buscar “eliminar” al MAS e inhabilitarlo como candidato en los siguientes comicios presidenciales.

Aún está pendiente el pronunciamiento del TSE respecto de la convocatoria evista a un congreso, que está previsto para el 10 de julio en Villa Tunari, Cochabamba.

Ambas facciones reclaman la legitimidad de sus congresos y defiende haber cumplido con los requisitos que exige el TSE.