“EEUU le retira la visa a Jaime Paz”, titulaba en primera plana La Razón el sábado 13 de enero de 1996. La noticia causaba escándalo político, que el diario consideraba en su portada que “esto no le pasó nunca a un expresidente de la nación”.
Entonces gobernaba el país Gonzalo Sánchez de Lozada, cuya reacción fue: “Fue una medida unilateral del gobierno de Estados Unidos de América y yo lamento profundamente, como boliviano, que un expresidente sea sometido a una medida de este tipo”.
Cinco días después, Paz Zamora, que presidió el país entre 1989 y 1993, dijo que Estados Unidos tiene derecho de tomar una decisión de ese tipo. “A mí me importan más los votos del pueblo boliviano que los vetos de los Estados Unidos”, admitió, no obstante, en entrevista con radio Fides.
Paz Zamora, sus hermanas y la cúpula del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) —su partido— habían sido involucrados en el caso Narcovínculos por su relación con los capos del narcotráfico Isaac “Oso” Chavarría y Carmelo “Meco” Domínguez.
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Poder político
Quien pagó más las culpas fue el lugarteniente del líder mirista, Óscar Eid Franco. Detenido en una operación comando el 26 de diciembre de 1994, aquel fue sentenciado a cuatro años de prisión por delitos de narcotráfico consignados en la Ley 1008. El ideólogo del MIR cumplió prisión en la cárcel de San Pedro de La Paz hasta finales de diciembre de 1998.
El sábado, sobre la “descertificación” de Estados Unidos a la lucha antidroga en Bolivia, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) afirmó que, mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS) siga gobernando, “el narcotráfico va a seguir creciendo sin control, con protección e impunidad”.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, salió al cruce. “Llamativas palabras del expresidente, sabiendo que, en su corta gestión previa a su renuncia, las mafias vinculadas al narcotráfico hicieron volar por los aires el vehículo de la fiscal Mónica von Borries, acabando con su vida”, escribió en Twitter.
Se refirió al asesinato, en un coche-bomba, de la autoridad ocurrido el 27 de febrero de 2004, durante el gobierno de Mesa. La Policía Boliviana involucró en el atentado al narcotrafricante Marco Marino Diodato, a quien la fiscal había investigado por lavado de dinero, tráfico de armas, espionaje telefónico y gestión de casas de juego ilegales para su posterior detención en 1999.
Semanas antes del atentado dinamitero, entre el 30 y el 31 de enero, el italiano huyó de la clínica Bilbao, adonde había sido trasladado desde Palmasola.
Sin embargo, los antecedentes de Diodato datan de mucho antes de 1999. Casado con una sobrina de Yolanda Prada, viuda fallecida del extinto expresidente Hugo Banzer (1971-1978, dictador, y 1997-2001, elegido), incluso se supo que apoyó a la campaña del partido del exmandatario, Acción Democrática Nacionalista (ADN). Es célebre su historia de haberse lanzado en un paracaídas con la inscripción de “vote por ADN”.
A 10 años de la huida de Diodato, en 2014, el diario El Deber abordó al exministro de Gobierno Wálter Guiteras, quien esgrimió la cercanía del italiano con el expresidente. “Banzer fue frío, dijo que yo haga todo lo que vea conveniente y que, si tenía todas las pruebas, él se iba a excluir”, contó en relación al juicio a Diodato.
El 6 de agosto reciente, en su mensaje a la nación, el presidente Luis Arce afirmó que el narcotráfico y su relación con la política “es un problema de larga data”, Describió una a una las vinculaciones de los gobiernos de Sánchez de Lozada, Paz Zamora y la dictadura de Luis García Meza y Luis Arce Gómez con el ilícito.
Se refirió así el mandatario a las críticas sobre la fuga de otro narcotraficante, el uruguayo Sebastián Marset, buscado en su país, Paraguay y Brasil. En un video, este capo dijo que un director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) le ayudó a escapar el 29 de julio.
Narcoestado
En su libro El rey de la cocaína. Mi vida con Roberto Suárez Gómez y el nacimiento del primer narco Estado (Debate, 2012), Ayda Levy, esposa ahora fallecida del narcotraficante Roberto Suárez Gómez, contó detalles de la relación de éste con García Meza, Arce Gómez y el golpe de Estado contra Lidia Gueiler.
El capo contribuyó incluso con una “friolera” de $us 5 millones a la asonada. “Para garantizar el éxito del sedicioso plan, Roberto estaba dispuesto a pagar cualquier precio”, contó Levy.
Entonces, había formado “La Corporación”, llamada así el negocio de Suárez Gómez por la red de protección y silencio que había logrado de parte del Gobierno, jefes militares, jueces, fiscales y hasta monjas y curas en todo el país.
La “General Motors del narcotráfico”, calificó Estados Unidos.
Había nacido “el primer narcoestado”, describió Levy.
Su vínculo con el poder había comenzado en una cena a la que la pareja había sido invitada por el general Alberto Natusch Busch, una noche de octubre de 1979 y días antes del golpe de Estado de éste contra Wálter Guevara.
En la comida, alguien abordó al matrimonio, era Klaus Altmann (así lo cita Levy a Klaus Barbie). Éste se había convertido en el nexo de Suárez Gómez con la naciente narcodictadura.
Luego, el Rey de la Cocaína trascendió a casi todos los gobiernos hasta 2000, el año de su muerte. Levy contó que el presidente Hernán Siles Zuazo buscó a su esposo para concertar una reunión “lo más antes posible”. Que mandó a buscarlo con su ministro antidroga Rafael Otazo, de quien dijo que fue llevado de El Alto hacia una hacienda en Beni con los ojos vendados.
“Desafortunadamente, los índices inflacionarios estaban fuera de control. Los más de 150 millones de dólares no reembolsables, erogados por Roberto durante los 12 meses siguientes, no sirvieron más que para equilibrar una pequeña parte de la balanza fiscal”.
En 1962, en el segundo periodo de gobierno de Víctor Paz Estenssoro, Suárez Gómez había sido subprefecto de la provincia Yacuma, Beni. Ya en el cuarto gobierno del líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), en 1985, al narcotraficante buscó un “pacto de agresión”, y la condición del mandatario fue que éste “no vuelva ni siquiera a mirar un gramo de cocaína”.
Sin embargo, en 1988, el hombre se entregó en El Sujo (Beni), donde “esperaba con chocolate caliente” a los policías.
También contribuyó a la campaña de Banzer. Levy recordó sus reuniones con los dirigentes de ADN Alfredo Arce Carpio y Mario Vargas Salinas. En el libro El dictador elegido, el periodista Martín Sivak citó $us 200.000.
Y el MIR impidió la salida del recluso Suárez Gómez a una clínica privada “por temor a que el Rey hablara con la prensa”.
En 1986, el último gobierno de Paz Estenssoro fue manchado también por el “escándalo Huanchaca” con el asesinato del científico Noel Kempff Mercado.
Ese mismo año fue asesinado el diputado Edmundo Salazar Terceros, que investigaba el caso.
Narcoavión
En 1993, en el primer gobierno de Sánchez de Lozada fue descubierto el “narcoavión”, un avión interceptado en el aeropuerto de Lima con 4.100 kilos de cocaína. Entonces, algunos funcionarios del gobierno, entre ellos el ministro Carlos Sánchez Berzaín, fueron señalados de facilitar el transporte de la mercancía.
Fue señalado Luis Amado Pacheco, alias el “Barbaschocas”.
Afectado por escándalos de narcotráfico en su entorno político, como el de las hermanas Juana y Elba Terán, en 2010, el entonces presidente Evo Morales admitió la penetración del flagelo en instituciones del Estado. “No creía que era tan grande el narcotráfico, no pensaba que el narcotráfico tenía tanto poder económico; pero también siento que se infiltra en los poderes, en las estructuras del Estado, no solamente de Bolivia”, admitió en un acto militar.
A finales de enero de 2020, en el gobierno de Jeanine Áñez, un avión con un cargamento de droga fue interceptado en la isla Cozumel, México. Había partido de Guayaramerín, en Beni.